Panorama Económico Latinoamericano – Del 5 al 12 de febrero de 2025
YPF: juicio millonario en tribunales extranjeros, soberanía en peligro
Horacio Rovelli *
La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
La Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación de nuestro país a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia.
En nuestra Constitución nacional consta en su art. 75, inciso 22: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
Por ende, que este gobierno asuma facultades del Congreso de la Nación es inconstitucional, nulo de nulidad absoluta y causal de juicio político por haber incurrido en acciones incompatibles con los principios republicanos de la Constitución.
Este gobierno designó a Santiago Castro Videla al frente del cuerpo de abogados del Estado (Procuración General del Tesoro) en reemplazo de Rodolfo Barra, quien en el juicio contra el Estado argentino por YPF S. A. había continuado con la tarea que realizaban sus antecesores.
Castro Videla es socio de Alberto B. Bianchi, quién fue presentado como testigo por Burford Capital en el juicio en Manhattan contra Argentina por YPF S. A., en su condición de experto constitucionalista, hecho que representa un flagrante conflicto de intereses (no nombraron a Alberto Bianchi porque hubiera sido evidente [1] y prefieren nombrar a un socio menor de su estudio).
YPF
YPF fue creada el 3 de junio de 1922 a los efectos de que el Estado argentino se apropiase de parte de la renta petrolera, que se disputaban en nuestro país la Royal Shell y la Standard Oil. Se construyó la refinería de Ensenada en 1925, que en esa época era una de las más grandes del mundo, y una amplia red de distribución de combustible en todo el territorio nacional (donde los surtidores de Shell y Standard Oil no llegaban).
En la campaña presidencial de 1928, Hipólito Yrigoyen prometió nacionalizar el petróleo en la Argentina. En septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general José F. Uriburu, y en su gobierno de facto nombró en lugares claves a conspicuos representantes de las dos petroleras: como Vicepresidente a Enrique Santamarina, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil; ministro del Interior a Matías Sánchez Sorondo, abogado de la Standard Oil; ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo, subsidiaria de la Anglo-Persian Oil Company (controlada por Royal Shell) y presidente de la Sociedad Rural.
Pese a la situación creada por el golpe militar en beneficio de las dos grandes compañías extranjeras, YPF siguió siendo referente de precios y distribuyendo el combustible en todo el país. Logró su “cenit” durante el peronismo, que fortaleció la empresa estatal y nacionalizó la distribución del gas con la creación de Gas del Estado, con la que realizó el gasoducto en su momento más largo del planeta, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, por lo que se dejó de “ventear” gas y se generó con ello energía.
Política que se plasmó en el art. 40 de la Constitución nacional de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
La “revolución fusiladora” y el gobierno de Arturo Frondizi acordaron con el FMI, cuya primera condición fue favorecer el desembarco del capital trasnacional y esencialmente en el área energética, que incluyó los contratos de exploración y producción firmados con empresas extranjeras, que el gobierno del Dr. Arturo Illia derogó no bien asumió en octubre de 1963.
El golpe militar del 28 de junio de 1966 retomó la política de contratos petroleros de Frondizi. El tercer gobierno peronista volvió a centrar y regular la actividad energética por el Estado, pero un nuevo golpe militar en marzo de 1976 comenzó a desandar el camino y realizó nuevos contratos a los que Martínez de Hoz denominó “privatización periférica”, principalmente con grupos locales (Pérez Companc; Bulgheroni; el grupo Astra —en esa época de la familia Grüneisen, luego vendida a Repsol en 1999—; el grupo Eurnekian con Compañía General de Combustible S. A.; Pluspetrol de la familia Rey-Rodríguez; etc.).
En forma sinuosa, con avances y retrocesos, el gobierno de Alfonsín llevó adelante el mismo camino que la dictadura. Con Menem, YPF se convirtió en sociedad anónima, mediante el Decreto 2778/90, y fue privatizada al ser vendido el 82% de su paquete accionario a la española Repsol en 1999. Entre 1999 y 2012, Repsol se encargó de dilapidar las reservas de hidrocarburos y sobreexplotar los pozos, sin casi realizar tareas de exploración, provocando una fuerte caída de las reservas conocidas.
Sin embargo, en noviembre de 2011, los técnicos de YPF anunciaron el redescubrimiento de petróleo y de gas (shale oil y gasoil) que se extrae de formaciones rocosas de esquisto bituminoso en Vaca Muerta. YPF S. A., en lugar de invertir en máquinas y equipos para tal fin, continuó con su plan de sobreexplotación y distribuyendo generosas utilidades.
En ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF S. A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional, que dio lugar a la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario.
El juicio a YPF
La familia Eskenazi, a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, poseía acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, una a fines del año 2007 y la otra en el año 2011. Adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera (acción aprobada por Acta del Directorio de YPF S. A. de esa época).
Según la familia Eskenazi, el pago de los créditos adeudados por el grupo Petersen-Eskenazi se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF porque la nueva administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra del grupo [2], y no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
La quiebra de las dos compañías del grupo Petersen-Eskenazi recayó en el Juzgado Mercantil N.º 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue el estudio jurídico Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.
Burford le pidió a la jueza Preska que pasen a su nombre las acciones que tiene el Estado argentino
La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF S. A. (con los que se presentó en los mercados de capitales de Nueva York y de Buenos Aires a vender sus acciones), si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Y alega perjuicio porque, tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas, como si el acuerdo de Repsol y Eskenazi no pudiera ser modificado por un nuevo directorio, constituido por la compra del 51% de las acciones por el Estado argentino.
Burford Capital elige para realizar el litigio el juzgado del Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), que fuera presidido por el juez Thomas Griesa hasta su muerte en diciembre de 2017 y reemplazado por la jueza Loretta Preska.
La jueza determinó que la República Argentina ejerció control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así sus obligaciones de oferta pública de adquisición. Por lo que el 31 de mayo de 2023 culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la magistrada confirmó que la Argentina debería pagar la suma de 16.099 millones de dólares más intereses (que es el valor presente del total de las acciones de YPF S. A.).
En febrero de 2024 (con la firma de Rodolfo Barra), el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisaran la sentencia de Preska; dicha Corte, a enero de 2025, no se expidió.
Hay varios errores. Desde no contemplar lo que decía el Estatuto de YPF S. A. hasta aceptar mansamente ser juzgados por un distrito municipal como es el Distrito Sur de Manhattan. Además, el gobierno argentino no inició juicio ni en el país ni en el extranjero contra el grupo Eskenazi, claramente favorecido por la venta del litigio por 16 millones de dólares a Burford Capital, estudio que, de cobrar la demanda, lo resarciría con un 30% de esta, cuando su proceder ha sido contra la Nación argentina. Y tampoco inició juicio, ni en el país ni en el extranjero, contra Repsol S. A.
Existe un principio jurídico que manifiesta que un Estado no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros, salvo que expresamente lo acepte; se trata del exequatur, que es el conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación.
Y un antecedente valioso de inmunidad de ejecución nos salvaguarda de ser juzgados con normas ajenas a nuestra legislación, y nos preserva de fallos discrecionales o arbitrarios. Nuestro país ya aplicó esta doctrina cuando se afectó el orden público constitucional argentino (CSJN ante el fallo del juez Thomas Griesa, caso “Clarence Corporation”, 2014). Fue así que desconocimos el reclamo de los holdouts, que solo fue reconocido y aceptado por ley nacional en el gobierno de Macri.
Por lo tanto, el fallo debería ser aceptado por ley por el Congreso de la Nación y, dado que no se respeta nuestra Constitución nacional y nuestro derecho soberano, se debe realizar una campaña de esclarecimiento del caso y que se llame a una consulta popular para que se acepte o se rechace el juicio.
En síntesis
En defensa de la posición del Estado argentino, en su momento, Santiago Pérez Teruel, abogado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que la ley 26.741 de declarar de utilidad pública a YPF S. A. se basó en la Constitución de la Nación Argentina, que es superior al estatuto privado de la empresa y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esa decisión se tomó porque había un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país.
Los tratados internacionales, el principio de exequatur y el valioso antecedente de la CSJN ante el dictamen de la Procuración General del Tesoro de la Dra. Alejandra Gils Carbó del 5 de abril de 2013 [3] avalan no aceptar el fallo de la jueza Loretta Preska, que es el camino que estaba transitando el procurador Rodolfo Barra.
La pregunta es por qué el gobierno de Milei decide pedirle la renuncia a Rodolfo Barra. Cuál es el interés de este gobierno de pagar un juicio absurdo. Pretende con ello congraciarse con quién.
Y si ello no es también plausible de juicio político al Presidente por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.
Notas
[1] Es más, los trascendidos periodísticos aseveraron que primero el gobierno le ofreció el cargo al Dr. Ricardo Rojas, que fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987-1993), que por obvias razones no aceptó.
[2] La familia Eskenazi es dueña de la Constructora Petersen, Thiele y Cruz S. A., que realizó importantes obras públicas en la dictadura militar y en el gobierno de Raúl Alfonsín, en la época del menemismo diversificó su accionar y adquirió la mayor parte del paquete accionario de los bancos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, bancos que continúan en sus funciones.
[3] La Corte Suprema de Justicia de la Nación remarcó que el dictamen de la jefa de los fiscales encontraba sustento y era concorde con su jurisprudencia, señalando que, en su dictamen, la procuradora general Alejandra Gils Carbó (del 5 de abril de 2013) había remarcado que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sujeta el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia extranjera a que esta “no afecte los principios de orden público del derecho argentino”. Luego, la jefa de los fiscales había destacado que “tal control está previsto en una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la gran mayoría de las legislaciones internas que supeditan el reconocimiento y la ejecución de las decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público o las políticas públicas fundamentales de los respectivos países”.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
¿Alto el fuego en la guerra comercial de EEUU con México y Canadá?
La guerra comercial entre Estados Unidos y sus dos vecinos y socios, Canadá y México, experimentó un súbito alto el fuego antes de iniciarse, tras una conversación telefónica entre su promotor, el presidente Donald Trump, y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
“Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora”, anunció Sheinbaum a través de cuenta en la red X, y “nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio”.
Trump había ordenado imponer desde el martes 4 un arancel de 25 % ad valorem sobre todos los bienes provenientes de México, un flujo que el año pasado alcanzó a 466 600 millones de dólares, tras culpar al gobierno mexicano de nexos con los carteles de droga y de no hacer lo suficiente para frenar la inmigración irregular a Estados Unidos.
Luego de la conversación telefónica “México reforzará la frontera norte con 10 000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo”, anunció Sheinbaum.
A cambio, “Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México”, agregó la mandataria.
La víspera, en un duro mensaje, Sheinbaum afirmó que “rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”.
“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año”, agregó.
Trump escribió en su red Thruth que el diálogo con Sheinbaum “fue una conversación muy amistosa en la que acordó suministrar inmediatamente 10 000 soldados mexicanos en la frontera que separa México de Estados Unidos”.
“Estos soldados serán designados específicamente para detener el flujo de fentanilo, y los migrantes ilegales en nuestro país. Asimismo, acordamos suspender de inmediato los aranceles anticipados por un periodo de un mes, durante el cual sostendremos negociaciones”, agregó el gobernante republicano.
Mientras gobernantes, empresarios -y consumidores- de México y Estados Unidos respiraban con el temporal alivio, la tensión se mantenía al otro lado de la frontera estadounidense, con un duro intercambio protagonizado por Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
“Acabo de hablar con Justin Trudeau. Volveré a hablar con él a las 3:00 de la tarde”, escribió Trump al mediodía de la jornada, con las bolsas de todo el mundo revolucionadas por sus anuncios y mientras el dólar se apreciaba ante otras monedas.
También sobre los bienes canadienses que importa -337 200 millones de dólares en 2024- dispuso Trump un arancel de 25 %, (energía y petróleo solo 10 %), a lo que Justin replicó anunciando una medida similar que gravará bienes anuales comprados a Estados Unidos por 155 000 millones de dólares anuales.
“Canadá ni siquiera permite a los bancos estadounidenses abrir o hacer negocios allí”, se quejó Trump. “¿A qué se debe todo esto? Muchas cosas, pero también es una guerra de drogas”, agregó.
Según el mandatario estadounidense “cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos debido a las drogas que se vierten a través de las fronteras de México y Canadá”.
Anualmente, en Estados Unidos más de 100 000 personas mueren por sobredosis de drogas, y las autoridades decomisan más de 100 millones de pastillas de fentanilo, un opioide sintético mucho más fuerte que la heroína. En la frontera sur, los decomisos alcanzan hasta 10 toneladas en un año; en la del norte, apenas unos 20 kilos.
El comercio de los tres países está regido desde 2020 por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que respondió a las exigencias de reforma de Trump durante su primr mandato (2017-2021) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que regía entre los tres vecinos desde 1994.
Trudeau ha anunciado que Canadá resistirá la avanzada estadounidense prácticamente toda la clase política de su país le acompaña. Gobernadores de provincias están cortando negociaciones con firmas de Estados Unidos.
En el país surge una campaña “mira la etiqueta” para preferir productos canadienses en vez de estadounidenses. Y al inicio de partidos de béisbol y de hockey sobre hielo de ambos países por primera vez el público de Canadá ha abucheado la interpretación del himno de Estados Unidos.
Al paso de las horas y las declaraciones va quedando cada vez más claro que las quejas por los temas de seguridad cubren una lucha comercial que se mantiene.
La negociación con Trudeau parece ser más compleja que con Sheinbaum, aunque se entiende que al final la suspensión con Otawa también está por concretarse, para que el alza de aranceles no se active este martes 4, como era la amenaza inicial.
Fuera de la región, también China será alcanzada por nuevos aranceles de parte de Estados Unidos, y Beijing ya anunció que tomará medidas para salvaguardar sus intereses tras advertir que “en una guerra comercial no hay ganadores”.
La amenaza igualmente pende sobre la Unión Europea, otro socio y aliado sometido al nuevo escrutinio comercial por parte de Washington, y cuyos líderes se reúnen informalmente en Bruselas este lunes para analizar la nueva realidad planteada desde la otra orilla del Atlántico.
Probablemente el “alto el fuego” en la guerra comercial también alcance la actual confrontación entre Estados Unidos y Canadá, a la espera de un nuevo “acuerdo de paz” en el que Washington tratará de conseguir nuevas concesiones y ventajas.
En Perú, año tras año crece la minería de oro informal e ilegal
La semana pasada, el precio del oro alcanzó un nuevo máximo al superar los 2,800 dólares la onza. En los últimos 12 meses el valor del metal precioso se ha disparado en más de 39% y en su mayoría estos precios están siendo aprovechados por la minería informal, que depreda, genera trata de personas, no paga derechos laborales, y menos utilidades; ni qué decir de pagar impuestos. Sin embargo, existen varios proyectos formales a la espera.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Perú cuenta con una cartera de cinco proyectos de oro como metal principal por un total de US$6,842 millones, que este Gobierno puede promover.
Uno de esos proyectos es San Gabriel, de Compañía de Minas Buenaventura, el cual se ubica en Moquegua y cuyo monto de inversión asciende a US$470 millones. El presidente del directorio de la empresa, Roque Benavides, manifestó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) que esta mina comenzará a operar entre julio y agosto de este año.
Otro proyecto de la cartera es Reposición Inmaculada, de Compañía Minera Ares, ubicado en Ayacucho. Actualmente, se encuentra en etapa de ejecución y su inversión aproximada es de US$1,319 millones.
Otra mina en cartera es Reposición Tantahuatay, de Compañía Minera Coimolache S.A. (Cajamarca) con US$127 millones. También se encuentra el proyecto Conga, de Minera Yanacocha, con una inversión de alrededor de US$4,800 millones. Este último tiene casi 15 años paralizado.
Por último, la lista incluye a Ollachea, de minera Kuri Kullu, en Puno. Actualmente, se encuentra en etapa de prefactibilidad y la inversión estimada es de US$126 millones.
Menos trabas
Para que estos proyectos salgan adelante, hay un trabajo pendiente que se debe hacer desde el Ejecutivo. El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, señaló que es necesario que se agilicen los procesos y los permisos para que las minas comiencen a producir. “Lo que se necesitan son acciones concretas”, dijo.
El ministro José Arista unos días antes de su dimisión salió a los cuatro vientos a decir que su cartera implementará un “shock de desregulación”. El nuevo ministro de Economía, José Salardi, ¿dejará huella con esta tarea que le heredó Arista?
Aguas fósiles: el tesoro del desierto de Atacama que peligra con el litio
Francisca López
Bajo la aridez del desierto de Atacama, en el norte de Chile, un frágil sistema de aguas subterráneas sustenta lagunas, salares y humedales, patrimonio natural milenario que hoy se ve amenazado por la incesante extracción de litio y una limitada investigación científica que impide concebir su impacto en el futuro.
Aunque Chile se propone proteger 33 % de estos atávicos ecosistemas, persisten dudas sobre qué se preserva realmente y bajo qué criterios, en un paisaje dominado por la actividad minera.
Los paisajes del desierto de Atacama evocan tiempos primitivos en el norte de Chile. Sus aguas son vestigios de un pasado remoto, reservas cargadas de múltiples formas de vida que resisten hasta hoy en muchas formas y tamaños. Numerosas lagunas teñidas de rojos intensos, amarillos y verdes, dependiendo de los minerales que convocan, dan forma a un gran ecosistema asombroso y delicado.
Hace millones de años, los salares eran vastos lagos que cubrían extensas áreas del desierto y el altiplano. Con el paso del tiempo, la actividad volcánica, la erosión de las rocas, y la intensa radiación solar devinieron su evaporación, originando los espejos de agua prístina y costras salinas que conocemos hoy. Más abajo, los acuíferos se ramifican dentro de la tierra, dando sustento a este profundo entramado hídrico.
Estas aguas fósiles, o paleoaguas, sustentan diversas plantas nativas como la chachacoma, el pingo pingo y la yareta; al igual que los hábitats de especies emblemáticas como flamencos, gaviotas, vicuñas y microorganismos como las cianobacterias y los estromatolitos, asociados directamente al origen de la vida en la Tierra.
Asimismo, estos cuerpos hídricos han sido esenciales para las comunidades humanas desde que comenzaron a habitar el desierto hace miles de años, formando un sutil equilibrio ecológico y social en uno de los ecosistemas más áridos del planeta, del cual aún sabemos muy poco.
“Chile, un país profundamente vulnerable al estrés hídrico y a las sequías, encuentra en estos ecosistemas altiplánicos un símbolo de resiliencia, donde la vida persiste, se adapta y florece incluso en los entornos más inhóspitos”, señaló la experta en biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Manzur.
“Proteger estos paisajes es proteger un legado viviente de resistencia, equilibrio y memoria natural”, subrayó la especialista, y es que proteger se ha vuelto una tarea especialmente compleja, porque estos pretéritos entornos son hoy el destino de la ambición global por el litio, un mineral abundante allí como en ningún otro lugar del mundo y clave para la transición energética.
En este contexto, Chile se propuso proteger 33 % de la superficie total de sus salares, lo que equivale a 1,5 millones de hectáreas. El resto, según la estrategia nacional trazada durante el actual gobierno de Gabriel Boric, serán abiertos a la explotación por parte del Estado o empresas privadas.
Proteger sin ciencia
Según el Código Minero de Chile, los salares son legalmente clasificados como depósitos de minerales no metálicos, lo cual permite su explotación para extraer litio, boro y otras sales. Esta definición ha sido cuestionada por la comunidad científica, que ven en ellos mucho más que recursos mineros.
“Los salares funcionan como sistemas integrados, donde cada parte está interconectada. Protegerlos de manera fragmentada equivale a desatender su complejidad ecológica”, explicó Manzur, en referencia, por ejemplo, a lo que ocurre en los salares Surire, Atacama y Maricunga, que solo reciben protección parcial.
Es como sacar agua de una tina: al extraer agua de un lado, el nivel desciende en toda la superficie, sin importar desde dónde se saque. “La línea que separa lo protegido de lo explotado resulta una ilusión, ya que un salar forma parte de una cuenca hidrográfica, un sistema integral e interconectado donde cada extracción afecta al todo”, puntualizó la experta.
El impacto del desconocimiento
En Chil
e, los salares se distribuyen en las norteñas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Sin embargo, la investigación sobre estos ecosistemas ha sido históricamente limitada debido a factores culturales, la centralización del conocimiento y la falta de financiamiento.
Además, “estos territorios han sido percibidos principalmente como recursos para la industria minera”, indicó la microbióloga de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador.
“Esta visión ha dificultado el desarrollo de investigaciones científicas necesarias para tomar decisiones ambientales informadas”, señaló la académica.
Por su parte, la encargada de investigación de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), Javiera Pérez, advirtió que existe una deuda histórica en términos de investigación y conservación de las aguas del desierto.
“El territorio ha sido relegado principalmente a la explotación minera, el vertido de relaves y, más recientemente, a la instalación masiva de infraestructuras de energía eólica y solar”, comentó.
Ambas investigadoras coinciden en que aún se desconocen los impactos ambientales de muchas tecnologías promovidas como “innovadoras”.
“Es fundamental realizar estudios exhaustivos, establecer líneas de base y coordinar acciones de manera transparente, incluyendo la participación ciudadana y la consulta a los pueblos originarios, quienes han habitado estos territorios durante milenios y poseen un conocimiento profundo de su entorno”, argumentó Pérez.
En este contexto, Dorador enfatizó la necesidad urgente de avanzar en investigaciones que permitan comprender mejor estos ecosistemas y diseñar estrategias de manejo sostenible para mitigar la pérdida de biodiversidad y preservar el patrimonio biocultural del altiplano.
“Con cada cuenca que se agota, también desaparece una historia y un legado que el desierto ha conservado durante siglos”, señaló la microbióloga.
Antes de irse, Lacalle quiere asegurar la privatización del agua
Luvis Hochimín Pareja *
A poco más de un mes de terminar su mandato, el derechista presidente uruguayo Luis Lacalle insiste en firmar el contrato con el consorcio privado para la realización del proyecto Arazatí (también conocido como Neptuno), con la excusa de asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.
El Poder Ejecutivo avanzó con la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, pese a los cuestionamientos desde el gobierno entrante, en medio de una de las polémicas más grandes de la transición: continuar o no con la construcción de la planta potabilizadora en el departamento de San José en las actuales condiciones de la iniciativa..
Para el designado ministro de Ambiente del próximo gobierno del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, la nueva propuesta no representa “una modificación sustancial ni levanta el grueso de los cuestionamientos».
El proyecto plantea la construcción de una nueva planta potabilizadora en el departamento de San José, en la localidad de Arazatí-. Fue anunciado en noviembre de 2022 por el saliente presidente Lacalle, como la inversión en infraestructura para agua potable más grande en la historia del país, con un costo estimado inicial del Estado de 288,7 millones de dólares que, luego, fueron reducidos a 210 millones y más adelante, establecidos en 250 millones de dólares.
El objetivo es garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana —actualmente abastecida a partir de la planta que OSE tiene en Aguas Corrientes— para 2045, estimado en 840.000 metros cúbicos diarios, con una capacidad de producción de 169.000 metros cúbicos por día, a partir de una toma de agua en el Río de la Plata; un pólder para la reserva de agua dulce que se utilizará en aquellos momentos en que la salinidad sea superior a la permitida —con una capacidad de 4,0 hectómetros cúbicos y un almacenaje para 25 días.
En agosto de 2023, Arazatí fue adjudicado al consorcio Aguas de Montevideo,, conformado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast. El gobierno también, recurrió n a otras fuentes de financiamiento: emitió el Fondod e Deuda para Infreatructura V por 300 millones de dólares, gestionado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la construcción de la nueva planta potabilizadora.
Se trata de una obra propuesta por el gobierno saliente, descartado durante más de 50 años por diversas razones (fundamentalmente la salinidad) que llevaron a que se realizara otro tipo de obras. Además de la intrusión salina, existen múltiples variables de contaminación a tomar en cuenta que hacen más descartable esta ubicación.
El proyecto Arazatí se convirtió en uno de los aspectos más tensos en el período de transición entre los gobiernos entrante y saliente. El actual Ejecutivo había mostrado mesura en un primer lugar respecto de firmar el contrato por una obra millonaria que debería encarar una próxima administración. Sobre todo, porque el Frente Amplio ya había especificado que la nueva planta no sería su prioridad, sino que concentraría sus esfuerzos inmediatos en la construcción del embalse de Casupá.
Desde el punto de vista ambiental, los científicos señalan no solamente los problemas de salinidad, sino también los riesgos biológicos para la calidad del agua y otras afectaciones al ambiente. Y, además, sólo alcanzaría para cubrir apenas el 30% con mucha suerte, pero además el estado deberá pagar un canon si no se utiliza.
“Sobre todo esto se ha escrito y publicado abundante literatura, a pesar de la clara intención del gobierno de fingir demencia frente a todos estos aspectos que, ya sea individualmente o en su conjunto, demuestran la inhabilidad e inconveniencia del señalado proyecto”, señala Ladiaria.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto también mereció numerosas objeciones, ya que los esfuerzos por dar solución al problema que el lugar por sí presenta, así como la realización de un pólder para evitar los episodios de salinidad u otros eventos, terminaron encareciendo la obra en forma importantísima y generando enfrentamiento con los vecinos y productores de la zona.
La gestión privada de la obra fue una de los aspectos cuestionados como el causante de un sobrecosto de 300 millones de dólares respecto de la alternativa de que fuera la misma empresa pública de agua la que llevara a cabo la iniciativa. Asimismo fue criticado el pólder o laguna artificial, que modificaría «escorrentías superficiales y el régimen hidráulico de cursos de agua», lo cual desencadenaría en «erosiones» de suelo y la potencial «contaminación» de aguas subterráneas, entre otros problemas.
Asimismo, se constató que la obra requerirá de la expropiación de unas 250 hectáreas, y que las tuberías deberán pasar por unos 114 padrones, en una zona de producción agro-forestal, ocasionando un impacto socioeconómico sobre la población de la zona.
En junio de 2024, el juez Alejandro Recarey ordenó a OSE no firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí ante las «bases» que permitieron suponer la presencia de un proceso de privatización parcial del suministro del agua potable para la zona metropolitana, tras una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida , ante una posible privatización del servicio de agua corriente y una pérdida en la calidad de la misma.
Pero el 20 de noviembre pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno revocó la medida cautelar que mantenía paralizado el proyecto. A los pocos días, el Ministerio de Ambiente también: emitió la Autorización Ambiental Previa (AAP).
Durante años, distintas organizaciones sociales, de la academia, de los trabajadores de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y del gobierno electo, Lacalle mantiene la terca decisión de lacalle de firmar un contrato que ha reunido desde distintos puntos de vista un concierto de valoraciones negativas poco comunes a cualquier obra de política pública.
La iniciativa se ha realizado en primer lugar violando la clara y terminante normativa constitucional, al menos en tres aspectos.
Uno, es el desconocimiento absoluto de la participación de la sociedad civil prevista en el artículo 47 de la Constitución de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en 2004 por amplia mayoría:nunca se permitió participar a los diversos sectores de la sociedad en forma real, violando la exigencia de que la misma debía participar en el proyecto y la ejecución de las obras referentes al agua potable.
El proyecto impone la utilización parcial de la actividad privada, violando el monopolio estatal de carácter constitucional establecido en la norma, y la utilización de la ley de inversiones que resulta inaplicable de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional. Pero el problema no es solamente jurídico.
Durante 70 años la estatal OSE ha asegurado a todos lo uruguayos agua potable a un precio razonable. La crisis hídrica del año 2023, sin perjuicio de señalar la negligencia previsional del gobierno de Lacalle, dejó en claro que el problema del abastecimiento del agua potable en el área metropolitana era de agua bruta, o sea de materia prima para que la planta de Aguas Corrientes la pudiera potabilizar.
Jamás el problema ha estado en la capacidad de producción de la planta de Aguas Corrientes, sino en la falta de agua para potabilizar. Por ello, la opción que los técnicos de OSE estimaron como más lógica – ratificada por estudios de la Facultad de Ingeniería- es la creación de una nueva represa en la zona de Casupá, plan que reibió el gobierno de Lacalle y que negligentemente descartó para priorizar un proyecto totalmente cuestionado.
El proyecto Neptuno ha reunido desde distintos puntos de vista un concierto de valoraciones negativas poco comunes a cualquier obra de política pública. Este proyecto se financiaría con pagos en el entorno de 57 millones de dólares por año, durante 17,5 años. Se estima un total en el período de contrato de entre 900 y 1.000 millones de dólares. A esto debe agregarse un compromiso de saneamiento por préstamos de más de 400 millones de dólares. Lacalle ya se va: no tendrá que hacer frente a todo eso.
Los gastos en bienes, servicios y tercerizaciones pasaron en cinco años de 33 a 70 millones de dólares. El cálculo más optimista es que OSE estará perdiendo en los próximos cinco años un aproximado de 80 millones de dólares por año, sin tomar en cuenta que el dólar ha venido subiendo más que la inflación y que la mayor parte de la deuda es en dólares y OSE tiene ingresos en pesos.
Los economistas se pregunta cómo el gobierno saliente pensó que se podía sostener esta inversión con los ingresos de OSE, si no es con el aumento brutal de tarifa o con subsidios importantes de rentas generales que en definitiva afectarán a todos, en beneficio de una empresa privada extranjera. Quizá lo que se intenta, con este contrato cuando muere su mandato, es justificar la desaparición de OSE como empresa pública, patrimonio de todos los uruguayos
El proyecto Neptuno, junto a otros compromisos financieramente insostenibles en materia de saneamiento, lejos de conducir a las soluciones que necesita el país en materia de agua potable, se parece más a un proyecto Titanic destinado a hundirse, –señala el abogado Daoiz Uriarte–, llevándose con él las esperanzas de los miles de uruguayos que votaron hace 20 años por una gestión justa, democrática, solidaria y sustentable del agua potable.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Avances, desafíos y el papel de la biotecnología en la agricultura boliviana
Horacio Guido Valle Santa Cruz
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios al Consumidor, lo que comúnmente conocemos como inflación, al mes de octubre acumuló un incremento del 7,26%, siendo que el componente que tuvo mayor incidencia sobre el alza es el que corresponde al sector alimentos y bebidas no alcohólicas. En efecto, aspectos coyunturales relacionados a la política, energía, monetario, entre otros, explican su impacto en el aumento del nivel general de precios de los alimentos. Sin embargo, existe un factor estructural al que se debe prestar especial atención y es el que se vincula a la productividad y medioambiente, cuestión que invita a realizar la siguiente reflexión.
El informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que desde la pandemia en 2020 se han desplazado a umbrales de pobreza y hambruna a entre 713 y 757 millones de seres humanos, manteniéndose estas cifras hasta el 2023, mencionando además que el gasto público que realizan los gobiernos en seguridad alimentaria y nutrición se destina principalmente al consumo de alimentos, existiendo una escasa capacidad de gasto para hacer frente a los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, rasgo que no es indiferente al caso boliviano. Existen ciertas diferencias importantes que es necesario mencionarlas al momento de identificar las medidas que se asumen para afrontar esta cuestión.
Durante los últimos años, y en concordancia a los principios constitucionales que señalan que el Estado tiene la obligación de “garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”, se dedicaron esfuerzos a mejorar y ampliar la producción de alimentos a nivel nacional a través de diversos programas, así como con la creación de empresas y ampliación de unidades de negocio de empresas públicas existentes.
Algunos casos concretos refieren a la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (Eepaf), cuya función principal es la de producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria, prestando servicios de tratamiento de residuos biodegradables para la producción de abonos, además de comercializar fertilizantes de distinta índole, lo que permitió que la empresa aumentara sus ingresos percibidos llegando a registrar 95,8 millones de Bs en 2022 y 122 millones de Bs en 2023, derivando en una utilidad neta de 19,1 millones y 23,5 millones en moneda boliviana respectivamente. Asimismo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió su giro de negocio a través de inversiones para la producción de urea y amoniaco que permite ser utilizada como fertilizante para la producción de alimentos e incrementar el rendimiento.
Un caso similar refiere a la Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS), dedicada principalmente a producir, acopiar, almacenar y comercializar semillas, grano comercial y derivados, apoyando el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios potenciales. Los resultados que obtuvo durante la gestión 2022 y 2023 señalan ingresos por 29,4 millones y 38 millones de Bs, lo que se plasmó en una utilidad de gestión de 14,3 millones y 1,6 millones respectivamente. A su vez, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), contribuye a la cadena productiva alimentaria apoyando tanto la producción agropecuaria como agroindustrial y estabilizando el mercado interno de productos agropecuarios.
Sin embargo, a pesar de estas políticas e inversiones realizadas, según la FAO, el rendimiento agrícola en Bolivia es uno de los más bajos de la Región cuando nos referimos a la producción de maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo, trigo, papa, quinua, maní, entre otros, ocupando únicamente un cuarto lugar en la producción de grano de soja.
Si se observan datos sobre balance alimenticio, el país cuenta con 617 kg por persona al año, lo que sitúa al país solamente por encima de Ecuador y Venezuela, razón por la cual, para cubrir la demanda insatisfecha, se importan y consumen alimentos de países como Perú, Brasil, Argentina y Chile, que adoptaron biotecnología, por lo cual nuestra dieta ya incluye este tipo de alimentos. Actualmente el país ha quedado rezagado en cuanto a la producción de este tipo de cultivos, a excepción de la soja, siendo importante destacar que el uso de biotecnología en la producción de alimentos no está prohibido por la Constitución, siempre y cuando se demuestre que no representa riesgos para el medio ambiente ni la salud humana.
Bolivia no debe mantenerse ajena a las experiencias globales, donde millones de hectáreas están dedicadas al cultivo de alimentos transgénicos que no han demostrado afectar negativamente el medio ambiente ni la salud humana, más al contrario ayudan a cuidar la naturaleza como el caso del maíz modificado que posee cualidades que impiden la proliferación de plagas, lo que reduce el uso de pesticidas y disminuyen los costos, además de evitar los daños a la salud que conlleva el uso excesivo de estos. Conjuntamente, algunos cultivos son más resistentes a condiciones climáticas adversas, lo que aumenta el rendimiento por hectárea, e incluso pueden ser enriquecidos con vitaminas y minerales para combatir la desnutrición, así como disminuir o evitar la ampliación de la frontera agrícola al existir un mejor rendimiento en menores áreas.
Finalmente, para mitigar los riesgos asociados al uso de biotecnología, es necesario que el Estado en el marco de sus competencias mejore los procesos de evaluación a productos que pudieran representar riesgos a la salud de la población, disminuir la afectación de otras especies a través de la aplicación de tecnología e infraestructura adecuada y monitoreo de un comercio adecuado entre los proveedores de semillas y los productores, ante la necesidad de modernizar la agricultura boliviana, adoptando biotecnología para incrementar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria, mientras se promueve una regulación efectiva para evitar posibles efectos negativos.
Panorama Internacional
1.- La de Trump, ¿la guerra comercial más tonta de la historia?
Beverly Fanon-Clay*
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, constructores de viviendas, el sindicato nacional automotriz, el Wall Street Journal, reconocidos economistas y decenas de legisladores federales demócratas alzaron sus voces para reprobar la decisión de Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a México y Canadá, y 10 por ciento sobre China, medidas plenas de incoherencias y que sigue sumando resistencias en su patio trasero.
En sus primeros 15 días de gobierno, el presidente de EEUU dejó atrás los conatos neoliberales de su primer mandato, para poner en marcha un manual autoritario para arrasar con políticas como la energética o la migratoria, mientras trata de doblegar países y principios como el del libre comercio.
Con ello ha elevado su grado de autoridad, señalar Foreign Policy (FP) , que asegura que “el uso liberal de poderes” de su primer mandato “está siendo replicado” aunque con «una mayor dosis de unilateralidad”, si cabe. «Al apelar a la “emergencia nacional el presidente puede aumentar su potestad y sus recursos para abordar crisis” con el respaldo que le confieren no pocas leyes y varios usos de ámbito federal, añade, Trump parece convencido de que podrá imponer al mundo su voluntad, instaurar una doctrina unilateral en el orden mundial y doblegar a cuantos países se opongan a sus designios autoritarios.
“Desde Sudamérica hasta el Ártico, el mundo está recibiendo un curso intensivo de trumpismo”, escribe Edward Alden en FP. A su juicio, el líder republicano trata de exigir su recetario de forma “inmediata y contundente”, en alusión a las reivindicaciones de comprar Groenlandia a Dinamarca, de adhesión de Canadá o de renombrar el Golfo de México. Tres de las picas que ha querido imponer como retos expansionistas de su segundo mandato.
Su brusca maniobra de aterrizaje en la Casa Blanca “ha dejado a varios líderes de otros países desorientados”. La estrategia de Trump pasa, “casi siempre, por mantener a sus interlocutores, rivales y adeptos en un permanente juego de adivinar sus intenciones”, añade
La guerra comercial más tonta de la historia, fue el titulo del editorial del Wall Street Journal, al opinar sobre los aranceles y detallando los beneficios económicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su sucesor, el T-MEC, como también la integración del sector automotriz regional.
Uno de los misterios de esta maniobra de Trump es qué quiere de México y Canadá a cambio de anular los aranceles. La orden ejecutiva firmada el sábado indica que los aranceles serán retirados sólo después de que México emprenda suficiente acción para aliviar la crisis de la inmigración y las drogas ilegales. La imposición de aranceles a México, Canadá y China , así como las calumnias del mandatario sobre una imaginaria alianza de las organizaciones mexicanas del tráfico de drogas con el gobierno de México, han exhibido un discurso inconexo e incoherente que debilita la actuación de la Casa Blanca.
La supuesta preocupación trumpista por la llegada de drogas sintéticas a Estados Unidos contrasta con su absoluto desinterés por resolver desde una perspectiva de salud pública la epidemia de adicciones que azota a ese país (y causa más de 100 mil muertes al año) y que no fue originada por los cárteles mexicanos, sino por el inescrupuloso mercantilismo de empresas farmacéuticas y mafias médicas estadounidenses que en años anteriores vendieron y recetaron en exceso y sin justificación toda suerte de sustancias adictivas.
Esta ofensiva tendrá efectos negativos inevitables no sólo en las economías de los países que la padecen, sino también en la propia economía de EEUU: varios sectores podrían colapsar, no sólo por la expulsión de una fuerza de trabajo difícilmente reemplazable, sino también por el brusco encarecimiento de innumerables insumos y productos como consecuencia de los gravámenes a las importaciones.
El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers y el ex senador republicano Phil Gramm, en un artículo de opinión conjunto, llamaron a que el presidente anule los aranceles e instaron al Congreso a que los rechace. Centros de investigación y expertos elaboraron listas de los productos importados que serían afectados de inmediato.
Todos advierten que las medidas tendrán un efecto inflacionario, frenarán el crecimiento económico de este país y no harían nada para resolver los problemas que el mandatario dice que quiere abordar con estas medidas, mientras los medios reportan que los cálculos del incremento de precios para hogares como resultado de los aranceles son de entre 830 a tres mil dólares por año.
Pero la Casa Blanca de Trump no tolera ciertas críticas y después de descartar afirmaciones de que los aranceles podrían incrementar los precios, Trump fue obligado a reconocer que sus medidas podrían tener algunas consecuencias. ¿Habrá algún dolor? Si, tal vez (y tal vez no), afirmó Trump en su red Truth Social. Pero sí haremos grande a Estados Unidos otra vez, y valdrá el precio que se tiene que pagar.
El grupo de expertos Fundación Fiscal, con sede en Washington, señaló que la mitad del total de todas las importaciones estadounidenses provienen de México, Canadá y China. Calcula que los aranceles podrían costar a los consumidores más de un billón de dólares a lo largo de los próximos 10 años y reducirá el crecimiento económico por hasta medio punto porcentual. La Cámara de Comercio de EEUU, que se define como la organización empresarial más grande del mundo, afirmó que los aranceles sólo elevaran precios para las familias estadounidenses e interrumpirán las cadenas de suministro.
Por su parte, el presidente de la Oficina Agrícola Estadounidense, la organización más grande de granjeros de este país, Zippy Duvall, también expresó su alarma sobre los daños potenciales de los aranceles para los agroproductores. Asociaciones industriales, en representación de constructores de vivienda, vendedores de bebidas alcohólicas al mayoreo, supermercados y empresas petroleras, también emitieron comunicados advirtiendo sobre las consecuencias económicas negativas de los aranceles.
Por su parte, el sindicato automotriz UAW aplaudió el concepto de aranceles para proteger el empleo en Estados Unidos, pero advirtió que la emergencia nacional que enfrentemos no se trata de drogas o inmigración, sino sobre una clase trabajadora que se está quedando atrás por generaciones, mientras el empresariado explota a trabajadores en el extranjero y consumidores en casa para obtener ganancias masivas en Wall Street.
Después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, amenazó con responder con aranceles contra estados republicanos, el gobernador de Texas, Greg Abbott (aliado de Trump), tuiteó en respuesta: cuidado, Trudeau, la economía de Texas es más grande que la de Canadá. Y estamos preparados para usarla.
* Socióloga estadounidense, profesora universitaria, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
India prepara el “sorpasso” a la economía de Japón en 2025
Ignacio J. Domingo
En el último trienio India ha saltado dos muros: desplazó a China como el país más poblado y a Reino Unido como quinto PIB global. En 2025, su economía rozará los cinco billones de dólares, rebasará a la de Japón, pisará los talones a la tercera -Alemania- y se posicionará junto a su rival regional, el gigante asiático, como únicas alternativas para arrebatar a EEUU la hegemonía económica mundial
Los movimientos en la cúspide de la economía global se suceden sin solución de continuidad en los últimos tiempos. Aunque EEUU, según la reciente revisión del FMI, continúa manteniendo la supremacía mundial por la dimensión del PIB, que alcanzó los 30,3 billones de dólares al término de 2024 a precios corrientes de mercado y China se ha acomodado como segunda superpotencia con sus 19,5 billones, la lucha de sus inmediatos perseguidores es encarnizada. Tanto, que India se ha aficionado a escalar posiciones a una velocidad inusitada. Si en 2023 superó a Reino Unido, en 2025 lo hará sobre Japón que, durante casi 40 años, fue el mercado dominante de los ciclos de negocios del continente asiático.
China ya lo hizo en 2010 sobre el PIB del país del Sol Naciente. Ahora, lo hará India, que juega sus bazas geoestratégicas para rivalizar con Pekín y Tokio como potencia regional -y global- de primer orden en un tablero diplomático que se tambaleará este año por varios movimientos telúricos. Entre otros, el retorno de Donald Trump y su versión 2.0 más radical, mejor armada y con claros signos de revanchismo de su primera estancia en la Casa Blanca; la carrera competitiva por el cetro tecnológico mundial sin las más elementales reglas de juego y, por supuesto, los riesgos geopolíticos reales y latentes.
Pero más allá de los peligros de una vuelta al proteccionismo, de nuevas alianzas diplomáticas o de misterios sin resolver como los avances de la Inteligencia Artificial (IA) o las más que posibles epidemias futuras, aparecen determinadas certezas en el horizonte. India será la segunda mayor economía de Asia y la cuarta del planeta. Su PIB rozará superará los cinco billones de dólares antes de que culmine esta década -en 2028- y sus exportaciones de mercancías y servicios alcanzarán en 2030 el billón de dólares.
Toda una hazaña que se suma a otro doble sorpasso, el protagonizado sobre China para adquirir el estatus de país más poblado del planeta, en 2022, y sobre la Bolsa de Hong-Kong, por el mayor volumen de capitalización -4,33 billones de capitalización, similar al tamaño de la economía de Japón-, del National Stock Exchange (NSE) de Mumbai, en 2024. En medio, en 2023, arrebató el quinto puesto a Reino Unido en el ranking de los PIB del planeta.
Las tensiones geopolíticas entre EEUU y China “han trasladado capitales de forma masiva desde su vecino asiático hacia India y edificado un refugio inversor y manufacturero” estable con el beneplácito de su primer ministro, el nacionalista Narendra Mori que, a los ojos de cada vez más aliados occidentales, sirve como contrapunto frente al régimen de Xi Jinping, dice la firma de investigación de mercado Canalys, desde donde enfatizan que “Apple fabricará la quinta parte de sus iPhones en India a finales de este año”.
Son solo varios botones de muestra de la agitación que revela la arquitectura de la globalización, a la que la Administración Trump someterá, en cualquier caso, a una profunda revisión de daños y efectos difíciles de calificar y cuantificar. Todos, con India como protagonista. Aunque no son los únicos. Porque, por ejemplo, Japón, al que se ha etiquetado como enfermo económico global durante más de dos decenios por su persistente estancamiento de la actividad con propensión a la deflación de precios, ha pasado de representar el 8% del PIB mundial en 2010 a menos del 4% en 2024.
Los mercados emergentes ganan músculo global
Esta transferencia de músculo económico de las potencias industrializadas a grandes mercados emergentes queda patente al visualizar el tamaño de las trece economías que siguen a EEUU y a China en el escalafón. Con Alemania en recesión -y un PIB de 4,9 billones- la dinámica actividad india se encaramaría al pódium antes de 2028; ambas, conformarían, junto a Japón, otro selecto club, el de los 4 billones de dólares. Por debajo, con más de 3, figuran en la actualidad el dúo de viejas potencias europeas: Reino Unido (3,7) y Francia (3,2). Las dos de capa caída después de la Gran Pandemia.
Todas ellas anteceden a un nutrido grupo que evoluciona con una brecha productiva que supera ligeramente el medio billón de dólares y que va desde los 2,4 billones de Italia (octava economía global) hasta los 1,81 de la decimoquinta, México, que antecede a España (1,82). En medio y por orden decreciente aparecen Canadá, Brasil y Rusia y, sin tocar el umbral de los 2 billones, Corea del Sur y Australia.
Pero India tiene un arma sin emplear, la de una extensa población femenina que todavía acapara una escasa cuota de su mercado laboral, a pesar de los cambios sociales -tímidos y sin demasiada intensidad- que ha emprendido el Gobierno de Delhi. De hecho, su fuerza de trabajo solo supone las tres cuartas partes de la que opera en China. De modo que las predicciones de instituciones multilaterales como la OCDE auguran que el sorpasso de la población activa india sobre la china no se consumará antes del ecuador del siglo.
Sin embargo, la inclusión de dinámicas de igualdad de género en el circuito laboral dejaría atrás el objetivo oficial de alcanzar el 3% de las exportaciones globales en 2030, con 1 billón de dólares de factura de su sector exterior. Los analistas de Citigroup recuerdan que esa cota y ese cheque ya lo consiguió hace diez años Corea del Sur, sin tantas opciones como India de convertirse en la nueva factoría mundial. En su opinión, las ventas a otros mercados de Delhi podrían rebasar el 6% en los próximos 6 años, dada la creciente afluencia de multinacionales y de demandas de empleos técnicos y profesionales.
El ascenso de India al cuarto escalafón del ranking mundial en 2025 se adelanta en dos ejercicios a las predicciones del comienzo del ciclo post-Covid y relega otro puesto más a Japón, que perdió el tercer lugar en 2023 en beneficio de Alemania. El FMI anticipa un PIB de 4,34 billones a India -la misma cifra que el valor de capitalización de la NSE de Mumbai- y de 4,31 billones a Japón a finales de 2025. Aunque ambas economías del G-7 soportan bajos niveles de crecimiento en los últimos dos ejercicios, con episodios de recesión, en el caso germano, y de contracción en el del PIB nipón. Por contra, India es el único PIB de entre los socios del G-20 -de las grandes potencias de rentas altas y mercados emergentes- que coquetea con dinamismos anuales cercanos a los dobles dígitos. Remontó un 7,8% en 2023.
El impulso indio se ha asentado, sobre todo, en una fuerte demanda interna; en especial, por la rúbrica del consumo, con 1.400 millones de potenciales clientes en un mercado que aumenta a dobles dígitos sus tasas anuales de gasto en acero, cemento y manufacturas del automóvil y que usa preferentemente la rupia con 27 países, en detrimento del dólar. En gran medida, debido a las más de 134.000 millones de cuentas de pago online y que realizan el 46% de las transacciones digitales globales, explica Marcel Thieliant, responsable para Asia-Pacífico en Capital Economics, uno de los economistas que presagia el sorpasso indio sobre Japón este año.
Reanimación japonesa, desafíos chinos y emergencia india
Aunque también surgen explicaciones demográficas. Para 2027, China “habrá perdido 8 millones de ciudadanos, mientras India albergará otros 75 millones y superará el ritmo del PIB chino en más de 2 puntos hasta entonces”. En contraste con el 1,5% que, de promedio anual, sobrepasó durante la pasada década la segunda economía global a la actividad india, aclara la consultora Focus Economics. Por tres factores: por un lado, por el retroceso y envejecimiento demográfico de China frente a la relativamente joven sociedad de su rival asiático; por otro, por la menor renta per cápita india, que genera más dinamismo que las economías de ingresos medios y, en tercer término, por el creciente aislacionismo empresarial e internacional hacia China.
En un reciente debate en el Institute for Management Development (IMD), varios analistas entre las que se encontraban Yumiko Murakami, de MPower Partners Fund, y Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Nataxis, convinieron en que el continente más poblado y con mayor vigor comercial, “ha entrado en una dinámica económica favorable” en la que Japón “parece haber revitalizado su bienestar y su prosperidad”, China “se enfrenta a nuevos desafíos” geopolíticos y económicos e India “emerge como otra alternativa al liderazgo regional”.
Murakami achaca “la reanimación” nipona a su contracción demográfica y al boom tecnológico en un periodo de cierto pulso económico con tibias muestras de gasto de los consumidores en ecosistemas digitales que han puesto a empresas y gobierno en una misma longitud de onda: apelar a la inmigración para la mano de obra manufacturera y atraer talento cualificado para cubrir las vacantes de índole profesional del exterior.
Herrero, por su parte, mostró un lado pesimista de China. Ha caído en la trampa de la deflación -explicó- con la que tanto ha sufrido Japón, si bien el gigante asiático “se encamina a un déficit presupuestario del 12%, al que ni siquiera se aproximó la economía nipona, mientras su peso exterior se resiente en mercados como EEUU, el destino preferente de Japón, Corea del Sur y de gran parte de los socios de la Asean en 2024”. El voltaje geopolítico y la ralentización del ritmo de su PIB puede llevar a la segunda economía del planeta “a crecer alrededor del 1% en 2035”.
En cambio para Garima Mohan, investigadora en el programa Indo-Pacific del German Marshall Fund, “India es el mercado de las oportunidades” con una fuerza laboral cada vez más preparada un progreso tecnológico sin parangón en una economía con un notable lastre de desigualdad a sus espaldas, pero con una visión estratégica para captar inversiones extranjeras directas y para colocar manufacturas y mercancías en el exterior que han impulsado un desarrollo empresarial, aunque sobre todo industrial, en áreas como la electrónica, el sector farmacéutico o las marcas automovilísticas, que aporta más del 13% al PIB del país.