La política ambiental de Estados Unidos es en realidad muy clara, pero ignorada
William S. Becker-The Hill
No está claro qué tenía en mente la Corte Suprema de los EE. UU. recientemente cuando dictaminó que la Autoridad de Protección Ambiental (EPA) aún no tiene la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el clima. ¿Estaba protegiendo la autoridad del Congreso de la incursión del poder ejecutivo? ¿O su objetivo era devolver a los lobos la represión de la contaminación de las centrales eléctricas?
Algo más no está claro, también. ¿Cuál es la obligación de los tres poderes del gobierno federal de respetar los precedentes establecidos por sus antecesores? Por un lado, los tiempos cambian. Algunos fallos, leyes y acciones ejecutivas también deben cambiar para seguir siendo relevantes.
Por otro lado, el respeto insuficiente por los precedentes provoca inestabilidad en la economía, la gestión ambiental, la gobernabilidad y la sociedad.
En cuanto al Congreso, ¿qué peso debe darle a la intención de los congresos anteriores, no solo expresada en el texto de los “estatutos establecidos”, sino también en lo que el Congreso tenía en mente cuando los aprobó? Para evitar la incertidumbre sobre sus motivos, el Congreso suele incluir explicaciones de sus intenciones en las leyes que aprueba.
A veces, sus intenciones, así como sus leyes, se ven superadas por las circunstancias a medida que pasa el tiempo. Pero otras veces, el Congreso tiene la intención de aclarar sus intenciones para los siglos, explicando obligaciones fundamentales para los valores y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Ese es el caso de la ley ambiental central que aprobó el Congreso y que un presidente republicano firmó hace 53 años, la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA). Lo he citado muchas veces:
“El Congreso, reconociendo el profundo impacto de la actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del entorno natural, en particular las profundas influencias del crecimiento demográfico, la urbanización de alta densidad, la expansión industrial, la explotación de recursos y los avances tecnológicos nuevos y en expansión, y reconociendo aún más la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad ambiental para el 
bienestar general y el desarrollo del hombre, declara que es la política continua del Gobierno Federal, en cooperación con los gobiernos estatales y locales, y otras organizaciones públicas y privadas interesadas, utilizar todos los medios posibles medios y medidas, incluida la asistencia financiera y técnica, de manera calculada para fomentar y promover el bienestar general,crear y mantener condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con los requisitos sociales, económicos y de otro tipo de las generaciones presentes y futuras de estadounidenses”.
La “política continua del Gobierno Federal” es clara, atemporal e incluso más relevante hoy en día, ya que la nación lidia con su creciente impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad dentro y más allá de sus fronteras.
Por lo tanto, al interpretar las leyes existentes, la separación de poderes y otros asuntos de gobierno, los jueces de la Corte Suprema nos servirían mejor si tuvieran en cuenta las palabras iniciales de la NEPA. Lo mismo es cierto para las otras dos ramas porque la civilización moderna ha creado un futuro que nos pondrá a prueba severamente.
Si el presidente de los Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema o los miembros del Congreso tienen alguna pregunta sobre lo que la rama legislativa del gobierno tenía en mente sobre nuestras obligaciones mutuas y el mundo natural del que dependemos, solo tienen que ir Volvamos a las palabras iniciales de NEPA.
Las masas reunidas también podemos referirnos a esas palabras para juzgar qué tan bien el gobierno nos está ayudando a lograr la armonía productiva que el Congreso imaginó hace 26 sesiones.
*Ex director regional central del Departamento de Energía de EEUU que administró programas de tecnologías de energía renovable y eficiencia energética, y también se desempeñó como asistente especial del subsecretario de eficiencia energética y energía renovable del departamento. También es director ejecutivo del Proyecto Presidencial de Acción Climática, una iniciativa no partidista fundada en 2007 que trabaja con líderes de pensamiento nacionales para desarrollar recomendaciones para la Casa Blanca, así como para los comités de la Cámara y el Senado sobre políticas climáticas y energéticas. El proyecto no está afiliado a la Casa Blanca.