La deuda del Estado como parte del enriquecimiento privado

José Menezes Gomes

En esta sección abordaremos el proceso de endeudamiento de las unidades federales, su relación con el endeudamiento externo desde la década de 1970, su conexión con el flujo internacional de capital y los ciclos de endeudamiento de los estados nacionales, y especialmente el papel de los bancos estatales en la financiación de las burguesías regionales.

Cuando hablamos del origen de la deuda de los Estados, debemos responder inicialmente a una pregunta fundamental: ¿por qué los Estados nacionales y las unidades federativas se convirtieron en grandes prestatarios de la banca privada e incluso de las instituciones multilaterales?

La respuesta a esta pregunta nos remite al proceso de acumulación de capital y sus impasses, ya que el destino de la plusvalía debería ser su reconversión en capital productivo, con la adquisición de capital constante y variable y a su vez el aumento del Producto Interno Bruto. Originalmente, los bancos tenían como función fundamental centralizar el capital-dinero de los distintos sectores y poner a disposición del sector privado capital-dinero para ayudar en el proceso de producción.

Sin embargo, la llegada del capitalismo a su fase monopolista, con la eliminación de la libre competencia y la sustitución de la exportación de mercancías por la exportación de capitales y el creciente parasitismo privado, tenemos el alejamiento de parte del capital de la actividad productiva y la entrada de los estados nacionales como prestatarios, ya sea para financiar una nueva etapa de infraestructuras necesarias para la acumulación de capital, ya sea para atraer divisas para obtener reservas de divisas o asegurar la refinanciación de la deuda pública.

Para comprender mejor el proceso de endeudamiento externo y público, hay que entender lo que está ocurriendo en los países industrializados como resultado del agravamiento de las contradicciones internas del capitalismo, que provocan una crisis de sobreproducción y a su vez la necesidad de exportar capital, ya sea en forma de producción, mercancías o dinero.

Según Eichengreen (2000) apud Gomes (2005) las crisis cambiarias y el ciclo de endeudamiento de los países subdesarrollados están asociados a las etapas de las crisis capitalistas en los países centrales y su búsqueda de nuevos mercados en los países subdesarrollados. Esto queda más claro cuando recordamos el proceso de endeudamiento externo brasileño desde la década de 1970, durante el Régimen Cívico Militar. Este hecho se repitió en el endeudamiento externo de Alagoas y en la financiación del polo cloroquímico.

En esta dirección tenemos que ver cómo el capital inactivo se convierte en capital productivo. Xavier (1995) afirmó que este proceso de conversión del capital ocioso en capital productivo se produce por cuenta y riesgo del Estado. . Rosa Luxemburgo, en el libro Acumulación de Capital ya había percibido este proceso. En Brasil, en particular, la aparición de capital productivo se debió en gran medida a la aparición de bancos estatales: BNDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, BASA y otros bancos estatales. Los bancos privados tenían como principal marca el alejamiento de los préstamos a largo plazo y la proximidad a los mecanismos de refinanciación de la deuda pública.

En el régimen Cívico Militar posterior a 1964, el Estado brasileño impulsó una fase de expansión denominada Milagro Brasileño (1968 a 1973), que en parte fue resultado del endeudamiento externo de la Unión, los estados, los municipios y las empresas estatales. Este proceso permitió convertir el capital inactivo del euromercado en capital productivo, lo que determinó las elevadas tasas de crecimiento del PIB. De este modo, los Estados acabaron convirtiéndose en grandes prestatarios para impulsar la acumulación privada. Este hecho allanó el camino para el dominio del sistema de deuda sobre la gestión pública, priorizando siempre el pago del servicio de la deuda y dejando en un segundo plano las políticas sociales.

Por otro lado, este proceso de endeudamiento externo, a partir de la crisis del euromercado con la moratoria mexicana y argentina en 1982, acabó desembocando en la intervención del Banco Mundial y del FMI, que buscaron recrear las condiciones para la reanudación del pago del servicio de la deuda a través de préstamos y condicionalidades. Después de experimentar varios planes de estabilización que fracasaron en la lucha contra la inflación (cruzado en febrero de 1986, Bresser en abril de 1987, verão en 1989 y Collor) y la aparición y desaparición de varias monedas, tuvimos la introducción del Plan Real en julio de 1994.

Antes tuvimos la moratoria brasileña de 1987, el Plan Brady, que renegoció las deudas externas de América Latina y el proceso de conversión de las deudas externas en deudas internas, preparatorio de la introducción del ancla cambiaria (Plan Real). La implantación del Plan Real con la apertura económica y la introducción de políticas neoliberales, reforma del Estado, privatizaciones, desregulación financiera, acabó estabilizando la moneda, pero desestabilizando la economía y las cuentas públicas con la explosión de la deuda pública. Este proceso estuvo marcado por un gran déficit por cuenta corriente y una política creciente de tipos de interés elevados, tanto por la propia lógica del Plan Real como por la crisis mexicana de 1995, la asiática de 1997 y la rusa de 1998.

Con el fin del ancla cambiaria en 1999 llegó la introducción del Régimen de Objetivos de Inflación como base de la política monetaria, que mantenía tipos de interés elevados como instrumento para combatir la inflación. Tal proposición mantenía la lógica de la política económica rentista que se dirige siempre a los rentistas, sacrificando al mismo tiempo las actividades productivas y acelerando el proceso de endeudamiento público.

La deuda de las unidades estatales y federales tuvo su origen precisamente durante el Gobierno Cívico Militar y en los grandes préstamos procedentes especialmente del sistema monetario internacional privado llamado mercado eurodivisa, donde predominaban los eurodólares. En aquel momento, teníamos por un lado un gran volumen de capital ocioso (que no se reinvertía por riesgo de los agentes privados) y gobiernos estatales de apoyo a la dictadura que buscaban legitimarse con obras que impulsaran el crecimiento económico y la presión de las oligarquías regionales para una mayor intervención estatal de apoyo a la inversión privada.

El banco de desarrollo de Alagoas – PRODUBAN, según lo revelado por el CPI, fue liquidado después de la intervención del Banco Central debido al agujero producido por los propietarios de molinos que tomaron préstamos y no pagaron. El Estado de Alagoas tomó recursos del Tesoro Nacional para cubrir los recursos no pagados por los dueños de los ingenios y terminó convirtiendo la deuda privada en deuda pública. Vale recordar que los recursos del PROES representaban mucho para la deuda de Alagoas que fue renegociada en 1997 por la Ley 9496/97. Actualmente el 35% de la deuda pública de Alagoas renegociada por la Ley Complementaria 156, en 2016, tiene como origen la deuda privada de los dueños de los ingenios provenientes de ese banco PRODUBAN.

Cuando nos referimos a la evolución de las deudas de los estados debemos recordar en primer lugar los efectos de la política de tipos de interés elevados impuesta por el banco central de los EE.UU., a finales de los años 70, que elevó el tipo del 5% al 20% anual, la existencia de tipos de interés flotantes en el Euromercado que influyeron en la crisis fiscal de Alagoas en 1997.

La respuesta fue la creación de la Ley 9496/97, que federalizaba las deudas del Estado que se arrastraban desde hacía treinta años, pero exigía un proceso masivo de privatización de las empresas estatales y la introducción del PROES (Programa de Incentivos a la Reducción del Sector Público Estatal en la Actividad Bancaria), cuyo objetivo era reestructurar estos bancos y prepararlos para su privatización o liquidación. Después de 20 años y con una nueva etapa de colapso fiscal, apareció la Ley Complementaria 156, que renegoció la deuda por otros 20 años, exigiendo nuevamente la privatización de las empresas estatales restantes, la aprobación de la reforma de las pensiones estatales, la reforma del Estado y el fin de las carreras y concursos públicos.

En la fase actual, lo que podemos observar es que las deudas de los Estados, que ya se han pagado más de cuatro veces, siguen creciendo en vista de un nuevo ciclo de endeudamiento interno y externo de estos Estados. Sin embargo, ahora contamos con un mecanismo de endeudamiento aún más perverso, como es la titulización de créditos. Al mismo tiempo, tenemos la profundización de la guerra fiscal y la expansión de las exenciones fiscales, que restan ingresos a los estados, lo que sumado a la Ley Kandir y al pago del servicio de estas deudas llevan al riesgo de generalización de la adopción por parte del gobierno federal de decretos del Régimen de Recuperación Fiscal (RRF) para los estados.

La deuda procedente de los Estados, derivada de los préstamos exteriores, se sumó a la deuda procedente de los bancos estatales, constituidos en parte para financiar a las burguesías regionales. Esto se hace evidente cuando analizamos la hoja de cálculo de la Secretaría del Tesoro Nacional3, con datos del Banco do Brasil, que trata de la composición de la deuda actual de los estados, en particular la relevancia de la deuda proveniente del PROES sobre la deuda pública de los estados renegociada en 2016. En este punto, podemos ver el impacto de esta incorporación de los pasivos de los bancos a la deuda de los estados, comprometiendo la financiación de los servicios públicos, según los siguientes datos.

En 2016, cuando el Estado de Acre renegoció su deuda pública por otros veinte años de acuerdo con la Ley Complementaria 156, la participación del PROES en el nuevo saldo de la deuda fue del 93% o R$ 321 millones del BANACRE. El estado de Alagoas tuvo una participación de 35,78% o R$ 2,3 mil millones derivados del PRODUBAN. El Estado de Amazonas tuvo el 100% o R$ 546 millones, provenientes del BEA. El pasivo del BANEB representaba el 72% o 3.300 millones de reales de la deuda pública de Bahía. En Ceará, BEC determina el 100% o R$ 879 millones de la deuda renegociada.

En Espírito Santo, BANESTES aporta el 41%, es decir, 684 millones de reales, de la deuda del Estado. En Goiás, el BEG representó el 9,5% o R$ 333 millones del saldo de la nueva deuda. En Maranhão, la participación de BEM fue del 70,7%, es decir, 766 millones de reales, del saldo de la deuda renegociada. En Mato Grosso, BEMAT representó el 22,9% o R$ 490 millones de la nueva deuda renegociada.yguhbuihvugyvgyvyg

En Minas Gerais, la participación de BEMGE fue del 29% R$ 23,9 mil millones en el saldo refinanciado en 2016. El Estado de Pará tenía en BANPARÁ una participación del 37,57% o R$ 360 millones en el saldo pendiente renegociado. El Estado de Paraná tenía entonces una participación del 90%, es decir, 8.800 millones de reales, procedentes del famoso BANESTADO. El Estado de Pernambuco tiene una de las mayores participaciones con 92,3% o R$ 2,9 mil millones, provenientes del BANDEPE. O Estado de Rondônia tem em BERON 80,1% ou R$ 1,9 mil milhões determinantes do saldo renegociado. En Roraima, el BANER representa el 53,3% o R$ 97 millones del saldo de la nueva deuda.

BESC tiene una participación del 59,3% o R$ 5,6 mil millones de la deuda renegociada en 2016. El Estado de Rio Grande do Norte, renegociado por la Ley Complementaria 148/2014 tiene 100% o R$ 254 millones provenientes de Bandern. En Rio Grande Sul, el BANRISUL, que no fue privatizado, determina el 20% o R$ 11,6 mil millones del saldo de la deuda. En el estado de Sergipe, el BANESE es responsable del 10,7%, es decir, 110 millones de reales, a pesar de no haber sido privatizado. Para facilitar la comprensión del impacto, es necesario recordar que aunque estos estados ya hayan pagado un alto volumen de recursos a la Unión – correspondiente a más de 3 veces el monto refinanciado en los años 90 – el cuadro proporcionado por el STN4 indica que aún quedaría un volumen muy grande de deuda originada en el PROES, que compromete la financiación de las universidades estaduales y de otros servicios públicos.

Los datos presentados nos llevan a la necesidad de profundizar la auditoría ciudadana en cada estado, con gran énfasis en los pasivos de estos bancos estatales, que se transformaron en deuda pública, pues donde ya se hizo esta investigación, se sabe que parte del hoyo de estos bancos estatales deriva de préstamos tomados por las burguesías regionales, que detentan el poder económico y a su vez, el poder político estatal y federal; los mismos que están defendiendo la Reforma Administrativa y que ya votaron por las reformas laboral, de pensiones, etc.

De este modo, las privatizaciones, iniciadas a finales de los años 90, siguen aumentando la deuda de los estados, mientras se intenta dar el paso decisivo de liquidar los servicios públicos mediante la privatización, con dinero del BNDES, de las empresas estatales restantes, mientras los estados siguen pidiendo más dinero prestado a los bancos (pagando tipos de interés mucho más altos que los ofrecidos por el BNDES a los beneficiarios de las privatizaciones), haciendo renuncias fiscales a los grandes grupos y cobrando impuestos a los pobres, y permitiendo al sector financiero ganancias aún mayores, al tiempo que imposibilitan el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la población. No canjear deuda contraída para favorecer intereses privados por universidades públicas.3

 

Notas

1 Cf. https://sisweb.tesouro.gov.br/

2  Véase https://sisweb.tesouro.gov.br/

3 Véase https://auditoriacidada.org.

Bibliografía

BUKHARIN, Nikolai. La Economia Politica del Rentista: una critica a la escuela marginalista. Barcelona: Editorial Laia, 1974.

GOMES, José Menezes. Acumulação de capital e Plano de estabilização: um estudo a partir da anchora cambial na América latina nos anos 1990. Tesis (Doctorado en Historia Económica) – Universidad de São Paulo, 2005.

XAVIER, Jurandir Antônio. A industrialização subdesenvolvida: capital, classe e Estado na industrialização brasileira. João Pessoa: EDUFPB, 1995.

 

*Profesor de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), doctor por la Universidad de São Paulo (USP), coordinador del Centro de Auditoría Ciudadana de Alagoas y miembro de la RICDP. Este artículo fue publicado en Justiça Social, a. 2, n. 4, p. 4-7, 2021. Disponible en: https://issuu.com/.

 

VERSIÓN EN PORTUGUÉS

Dívida dos Estados como parte do enriquecimento privado

José Menezes Gomes

 

Neste momento trataremos do processo de endividamento das unidades federativas, sua relação com endividamento externo desde os anos 1970, sua conexão com o fluxo internacional de capital e os ciclos de endividamento dos estados nacionais e especialmente o papel dos bancos estaduais no financiamento das burguesias regionais. Quando falamos da origem da dívida dos estados temos que inicialmente responder a uma questão fundamental: por que os estados nacionais e as unidades federativas se tornaram grandes tomadores de empréstimos junto aos bancos privados e mesmo junto as instituições multilaterais?

A resposta a essa questão nos remete ao processo de acumulação de capital e seus impasses, já que o destino da mais valia deveria ser a sua reconversão em capital produtivo, com a aquisição de capital constante e variável e por sua vez elevação do Produto Interno Bruto. Os bancos originalmente tinham como papel fundamental centralizar capital – dinheiro dos vários setores e colocar à disposição do setor privado capital – dinheiro para auxiliar no processo de produção.

Todavia, a chegada do capitalismo a sua fase monopolista, com a eliminação da livre concorrência e a substituição da exportação de mercadorias pelas exportação de capitais e do crescente parasitismo privado, temos o distanciamento de parte do capital da atividade produtiva e a entrada dos estados nacionais como tomadores de empréstimos, seja para financiar uma nova etapa de infraestrutura necessária para a acumulação de capital, seja para atrair moeda estrangeira para a obtenção de reservas cambiais ou assegurar a rolagem da dívida pública.

Para entendermos melhor o processo de endividamento externo e público, precisamos entender o que ocorre nos países industrializados fruto do acirramento das contradições internas do capitalismo, que provocam a crise de superprodução e por sua vez a necessidade da exportação de capital, seja na forma produtiva, seja na forma mercadoria ou na forma dinheiro. Segundo Eichengreen (2000) apud Gomes (2005) as crises cambiais e o ciclo de endividamento dos países subdesenvolvidos estão associados as etapas das crises capitalistas nos países centrais e sua busca de novos mercados nos países subdesenvolvidos. Isto fica mais claro quando resgatamos o processo de endividamento externo brasileiro desde os anos 1970, durante o Regime Cívico Militar. Tal fato se repetiu no endividamento externo de Alagoas e no financiamento do polo cloro químico.

Nessa direção precisamos ver como capital inativo se converte em capital produtivo. Xavier (1995) afirmou que esse processo de conversão de capital inativo em capital produtivo ocorre por conta e risco do próprio estado. Rosa Luxemburgo, no livro acumulação de capital já havia percebido esse processo. No Brasil, em especial, o surgimento do capital produtivo, em grande parte resultou do surgimento dos bancos estatais: BNDE, Banco do Brasil, Caixa econômica, BNB, BASA, e demais bancos estaduais. Os bancos privados tiveram como marca principal o distanciamento dos empréstimos de longos e na proximidade dos mecanismos de rolagem da dívida pública.

No regime Cívico Militar depois de 1964 o Estado brasileiro impulsionou uma fase de expansão chamada de Milagre brasileiro (1968 a 1973), que em parte resulta dos empréstimos externos tomados pela União, Estados, municípios e empresas estatais. Tal processo possibilitou a conversão de capital inativo vindo do Euromercado em capital produtivo, que determinaram as elevadas taxas de crescimento do PIB. Com isso os estados acabaram se convertendo em grandes tomadores de empréstimos para impulsionar a acumulação privada. Tal fato acabou por abrir o caminho para a montagem da dominação do sistema da dívida sobre a gestão pública sempre priorizando o pagamento do serviço da dívida e colocando em segundo plano as políticas sociais.

Por outro lado, esse processo de endividamento externo, a partir da crise do euromercado com a moratória mexicana e argentina em 1982, acabou levando a intervenção do Banco mundial e do FMI, que buscavam recriar as condições para a retomada do pagamento dos serviços da dívida via empréstimos e condicionalidades. Depois de passarmos pela experiência de vários planos de estabilização que fracassaram no combate à inflação (cruzado, fevereiro de 1986, Bresser, em abril de 1987, verão, em 1989 e Collor) e o surgimento e desaparecimento de várias moedas, tivemos a introdução do Plano Real em julho de 1994.

Antes disso tivemos a moratória brasileira de 1987, o Plano Brady, que renegociou as dívidas externas da América latina e o processo de conversão das dívidas externas em dívidas internas, preparatórios para a introdução da âncora cambial (Plano Real). A introdução do Plano Real com a abertura econômica e introdução das políticas neoliberais, reforma do Estado, privatizações, desregulamentação financeira, acabou por estabilizar a moeda, mas desestabilizar a economia e as contas públicas com a explosão da dívida pública. Esse processo foi marcado por um grande déficit das transações correntes e por uma crescente política de juros altos, seja pela própria lógica do Plano Real como pela ocorrência da crise mexicana em 1995, crise asiática em 1997 e crise russa em 1998.

Com o fim da âncora cambial em 1999 tivemos a introdução do Regime de Metas da inflação como fundamento da política monetária, que manteve a política de juros altos como instrumento de combate à inflação. Tal proposição manteve a lógica da política econômica dos rentistas que sempre está voltada para os rentistas, enquanto sacrifica as atividades produtivas e acelera o processo de endividamento público.

A dívida do estado e das unidades federativas teve seu nascedouro exatamente durante o governo Cívico militar e nos grandes empréstimos vindos especialmente do sistema monetário internacional privado chamado de euromercado de moedas, onde prevalecia os eurodólares. Naquele momento, tínhamos de um lado um grande volume de capital inativo (que não se reinvestia por conta e risco dos agentes privados) e governos estaduais apoiadores da ditadura que buscavam se legitimar com obras que impulsionasse o crescimento econômico e a pressão das oligarquias regionais por maior intervenção do Estado que desse sustentação aos investimentos privados.

O banco de desenvolvimento de Alagoas – PRODUBAN, conforme revelou a CPI, foi liquidado a partir da intervenção do Banco Central tendo em vista o rombo produzido pelos usineiros que tomaram empréstimos e não pagaram. O Estado de Alagoas pegou junto o Tesouro nacional recursos para cobrir os recursos não pagos pelos usineiros e acabou em seguida convertendo dívida privada em dívida pública. Vale lembrar que os recursos do PROES representaram muito para a dívida de Alagoas que foi renegociada em 1997 pela Lei 9496/97. Atualmente 35% da dívida pública alagoana renegociada pela Lei Complementar 156, em 2016, tem como origem a dívida privada dos usineiros vindas daquele banco do PRODUBAN.

Quando nos referimos a evolução das dívidas dos Estados temos que recordar em primeiro lugar dos efeitos da política de juro alto imposta pelo Banco central dos EUA, no final da década de 1970, que elevou a taxa de 5% para 20% ao ano, da existência de taxa de juros flutuantes no Euromercado que influenciou na crise fiscal de Alagoas em 1997. A resposta encontrada foi a criação da Lei 9496/97 que federalizou as dívidas estaduais rolando por trinta anos mas exigindo um massivo processo de privatizações das estatais estaduais e a introdução do PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária), que visava reestruturar esses bancos e prepará-los para a privatização ou liquidação. Depois de vinte anos e com uma nova etapa de colapso fiscal surgiu a Lei Complementar 156 que renegociou a dívida por mais 20 anos, exigindo mais uma vez a privatização das estatais que restaram, aprovação da reforma da previdência estadual, da reforma do Estado e o fim das carreiras e dos concursos públicos.

No estágio atual o que podemos observar é que as dívidas dos estados, que já foram pagas mais de quatro vezes, continuam a crescer tendo em vista um novo ciclo de endividamento interno e externo desses estados. Todavia, agora temos mecanismo ainda mais perverso de endividamento como a securitização de créditos. Ao mesmo tempo, temos o aprofundamento da guerra fiscal e a expansão das renúncias fiscais, que subtrai as receitas estaduais, que somado a Lei Kandir e o pagamento do serviço dessas dívidas levam ao risco da generalização da adoção pelo governo federal de decretos do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para os estados.

A dívida vinda dos estados derivada dos empréstimos externos se somou a dívida vinda dos bancos estaduais, em parte constituída para financiar as burguesias regionais. Isto fica evidente quando analisamos a planilha da Secretaria do Tesouro Nacional3, com dados do Banco do Brasil, que trata da composição da atual dívida dos Estados, em especial a relevância da dívida vinda do PROES sobre a dívida pública dos estados renegociada em 2016. Neste momento podemos ver o impacto dessa incorporação dos passivos dos bancos à dívida dos estados, comprometendo o financiamento dos serviços públicos, conforme dados a seguir.

Em 2016, quando o Estado do Acre renegociou sua dívida pública por mais vinte anos de acordo com a Lei Complementar 156, a participação do PROES no novo saldo devedor era de 93% ou R$ 321 milhões do BANACRE. O Estado de Alagoas tinha uma participação de 35,78% ou R$ 2,3 bilhões derivado do PRODUBAN. O Estado do Amazonas ficava com 100% ou R$ 546 milhões, tendo origem no BEA. O passivo do BANEB representava 72% ou R$ 3,3 bilhões da dívida pública na Bahia. No Ceará o BEC determina 100% ou R$ 879 milhões da dívida que foi renegociada.

No Espírito Santo o BANESTES contribui com 41% ou R$ 684 milhões da dívida do Estado. Em Goiás o BEG representava 9,5% ou R$ 333 milhões do novo saldo devedor. No Maranhão a participação do BEM foi de 70,7% ou R$ 766 milhões, sobre o saldo devedor renegociado. Em Mato Grosso o BEMAT respondeu por 22,9% ou R$ 490 milhões da nova dívida renegociada.yguhbuihvugyvgyvyg

Em Minas Gerais a participação do BEMGE era de 29% R$ 23,9 bilhões no saldo refinanciado em 2016. O Estado do Pará tinha no BANPARÁ uma participação de 37,57% ou R$ 360 milhões no saldo devedor renegociado. O Estado do Paraná neste momento tinha uma participação de 90% ou R$ 8,8 bilhões, vinda do famoso BANESTADO. O Estado de Pernambuco tem uma das participações mais elevadas com 92,3% ou R$ 2,9 bilhões, vinda do BANDEPE. O Estado de Rondônia tem no BERON 80,1% ou R$ 1,9 bilhões determinando o saldo renegociado. Em Roraima o BANER responde por 53,3% ou R$ 97 milhões do novo saldo devedor.

O BESC tem uma participação 59,3% ou R$ 5,6 bilhões da dívida renegociada em 2016. O Estado do Rio grande do Norte, repactuado pela Lei Complementar 148/2014 tem 100% ou R$ 254 milhões vindo do Bandern. No Rio Grande Sul o BANRISUL, que não foi privatizado, determina 20% ou R$ 11,6 bilhões do saldo devedor. Já no Estado de Sergipe, o BANESE, responde por 10,7% ou R$ 110 milhões, mesmo não tendo sido privatizado. Para facilitar a compreensão do impacto precisamos lembrar que mesmo esses estados já tendo pago um volume elevado de recursos à União – correspondente a mais de 3 vezes o montante refinanciado na década de 90 – a tabela fornecida pela STN4 indica que ainda restaria um volume muito grande de dívida originada do PROES, o que compromete o financiamento das universidades estaduais e dos demais serviços públicos.

Os dados apresentados nos remete à necessidade de aprofundamento da auditoria cidadã em cada Estado com um grande destaque para os passivos desses bancos estaduais, que foram transformados em dívida pública, pois onde está investigação já foi feita se sabe que parte do rombo desses bancos estaduais deriva dos empréstimos tomados pelas burguesias regionais, que detém o poder econômico e por sua vez o poder político estadual e federal; os mesmos que estão defendendo a Reforma Administrativa e que já votaram nas reformas trabalhistas, previdenciária etc.

Dessa forma, a privatização iniciada no final do anos 1990 continua a ser amplificadora da dívida dos Estados, enquanto se tenta a cartada decisiva de liquidação dos serviços públicos com a privatização, com dinheiro do BNDES, das estatais que ainda restam, enquanto os estados continuam a tomar mais dinheiro emprestado junto aos bancos (pagando juros muito mais elevados que os oferecidos pelo BNDES aos beneficiários das privatizações), fazendo renúncia fiscal para os grandes grupos e cobrando impostos de pobres e permitindo ao setor financeiro ganhos ainda maiores, enquanto se inviabiliza a manutenção de serviços públicos essenciais à população. Não troque dívida contraída para favorecer os interesses privados pelas universidades públicas.5

 

Notas

1 Cf. https://sisweb.tesouro.gov.br/

2 Cf. https://sisweb.tesouro.gov.br/

3 Cf. https://auditoriacidada.org.

 

Bibliografía

BUKHARIN, Nikolai. La Economia Politica del Rentista: uma critica a escola marginalista. Barcelona: Editorial Laia, 1974.

GOMES, José Menezes. Acumulação de capital e Plano de estabilização: um estudo a partir da âncora cambial na América latina nos anos 1990. Tese (Doutorado em História Econômica) – Universidade de São Paulo, 2005.

XAVIER, Jurandir Antônio. A industrialização subdesenvolvida: capital, classe e Estado na industrialização brasileira. João Pessoa: EDUFPB, 1995.

 

• Professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), doutor pela Universidade de São Paulo (USP), coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã e membro da RICDP. Este artigo foi publicado na revista Justiça Social, a. 2, n. 4, p. 4-7, 2021. Disponível em: https://issuu.com/.