Filipinas: expoliación de las clases populares mediante microcréditos abusivos
Eric Toussaint
En todo el mundo, una parte importante de las clases populares se ve obligada a pedir préstamos a tipos de interés usurarios para hacer frente a los gastos básicos relacionados con la vida cotidiana y el trabajo. El fenómeno se agrava debido a la disminución de los ingresos de los sectores más empobrecidos y explotados de las clases populares. Esto afecta a cientos de millones de personas, probablemente varios miles de millones.
Durante una misión realizada por una delegación internacional del CADTM en Filipinas en junio de 2025 en Manila, la capital, y en la isla de Mindanao, mis compañeros y yo quedamos impresionados por la situación de angustia en la que se encuentra gran parte de los campesinos y habitantes de las aldeas que viven de la pesca. Todos nuestros interlocutores nos dijeron que existe un problema generalizado de endeudamiento de las clases populares.
Joyce, una mujer de unos cuarenta años que vive de la pesca en la provincia deLanao del Norte, tuvo que pedir prestados 20 000 pesos filipinos (es decir, 310 euros o algo menos de 360 dólares estadounidenses al tipo de cambio del 15 de junio de 2025) porque, sin esta ayuda financiera, le resulta imposible organizarse para ir a vender el producto de la pesca a la ciudad más cercana y mantener a sus hijos. Tiene que devolver el préstamo cada mes y paga un interés superior al 50 % anual. No sale adelante. Ya no duerme.
Javier, un pescador de unos cuarenta años, pidió prestados 50 000 pesos filipinos (es decir, 775 euros, o algo menos de 900 dólares estadounidenses al tipo de cambio del 15 de junio de 2025) a una empresa de microcréditos llamada ASA. Desde el primer mes, debe reembolsar una parte del capital. En un año debe devolver 78 000 pesos. Al cabo de seis meses, habrá devuelto más de la mitad de la suma recibida. Esto significa que paga un interés real superior al 50 %. Sin embargo, ASA se presenta como una empresa que vela por el bienestar de los pobres y que no busca obtener beneficios. ASA declara tener 2 millones de clientes a los que considera microempresarios.
En la misma provincia de Lanao del Norte, Ángela, que es campesina, tuvo que pedir prestados 30 000 pesos filipinos para reunir la suma de 62 000 pesos que constituye el costo de producción para cultivar una hectárea de tierra destinada a la producción de arroz. El coste incluye todos los insumos: semillas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, además de los gastos de riego, alquiler de la tierra, impuestos sobre la propiedad…
En su caso, no realiza pagos mensuales, sino que devuelve el importe prestado, es decir, 30 000 pesos más una determinada cantidad de sacos de arroz, después de la cosecha. Si calculamos el valor de mercado de los sacos de arroz, nos damos cuenta de que ella devuelve en especie el equivalente a 30 000 pesos.
Por lo tanto, el prestamista recibe como reembolso los 30 000 pesos prestados más el equivalente a 30 000 pesos en especie. Se trata de un tipo de interés del 100 %. Es una situación insostenible.
Afortunadamente, en el caso de Ángela, ahora puede recurrir a un préstamo de la asociación cooperativa a la que se ha afiliado recientemente. Esta asociación concede prestamos a un interés del 2 % y, si la cosecha es mala, se puede encontrar una solución en forma de cancelación parcial o reestructuración del pago de la deuda. El problema es que no hay suficientes cooperativas como esta.
Los tres ejemplos que acabo de mencionar, aunque extremos en cuanto a los tipos de interés, que oscilan entre el 50 % y el 100 %, son bastante comunes. Sin embargo, incluso un tipo superior al 10 % hace que el reembolso sea casi imposible para personas cuyos ingresos no son suficientes para llegar a fin de mes.
Cabe añadir que, a menudo, el tipo de interés no se menciona en el libro de pagos. La región alberga comunidades indígenas y otras que profesan la fe islámica, los moros. Para engañar a los miembros de las comunidades musulmanas, los prestamistas afirman que no cobran intereses sobre el importe prestado. Sin embargo, añaden sin escrúpulos una enorme cantidad adicional (hasta el 80 % del importe prestado) en concepto de gastos administrativos u otros gastos que el prestatario debe reembolsar. No se trata solo de un caso extremo de explotación, sino de un caso basado en el engaño, la mentira y la falsedad.
Conclusión: Es más que necesario intentar desarrollar, siempre que sea posible, un amplio movimiento social para exigir a las autoridades que pongan fin a los préstamos usurarios, a menudo disimulados como microfinanzas al servicio de los microempresarios. Hay que exigir la cancelación de las deudas abusivas que se reclaman a las clases populares. Hay que garantizar unos ingresos suficientes a las clases populares. También hay que poner en marcha un sistema de crédito público sin ánimo de lucro. Hay que garantizar el acceso a la educación y a la sanidad gratuitas.