Financiarización, extracción de rentas y acuerdos público-privados: tiempos de maleza

Estos elementos interconectados refuerzan las estructuras de poder que limitan la verdadera democracia y centralizan el control económico.

Recientemente el matemático estadounidense de origen libanés Nassim Taleb (autor del libro de divulgación matemático The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable) se hacía eco de una noticia alrededor de la guerra de Ucrania. En ella se explicaba como los tanques Abrams, cuya fabricación y transporte a Ucrania costaron 10 millones de dólares, están sido destruidos por drones rusos cuya fabricación costó 500 dólares. Su reflexión fue demoledora: “otro ejemplo del problema de transferencia de rentas que estamos viviendo en Occidente que hace que todo nos cueste más.” La inoperancia de la maquinaria bélica estadounidense frente a la rusa pone de manifiesto los sobrecostes que ha supuesto para los estadounidenses la soberbia de sus élites políticas y económicas. ¡Es el mercado amigo! ¡Son los acuerdos público-privados, amigo! Formas de extraer renta sin límites a la ciudadanía.

¿Qué tienen en común este comentario de Nassim Taleb, y el acoso al que se ha visto sometidos, desde que se formó el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Pablo Iglesia, políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, o el mismo Pedro Sánchez? Es un fiel reflejo del momento político que estamos viviendo en las democracias occidentales. El Totalitarismo Invertido “a lo Shedon Wollin”. De ello hemos hablado aquí ampliamente. Las instituciones democráticas han sido asaltadas, ocultando un poder oligárquico que opera de manera no visible pero efectiva. Este poder se ejerce a través de una combinación de fuerzas corporativas, económicas, políticas, judiciales, y mediáticas que manipulan el sistema para promover sus propios intereses. Como resultado, una extracción de rentas descomunal, una ineficiencia cada día mayor, y una desigualdad asfixiante, que hacen que nuestras frágiles democracias sean en estos momentos auténticas ollas a presión.

Financiarización, extracción de rentas y acuerdos público-privados

Desde un punto de vista económico el Totalitarismo Invertido utiliza tres herramientas interrelacionadas: la financiarización de nuestras vidas, la extracción de rentas sin límites, y los acuerdos público-privados. Las puertas giratorias -la práctica de los funcionarios públicos de moverse a roles lucrativos en el sector privado y viceversa- facilitan este fenómeno. Este tránsito asegura que las políticas favorezcan a grandes corporaciones y entidades financieras, consolidando el poder y la influencia de las élites, en detrimento del interés general.

El concepto de “Totalitarismo Invertido”, acuñado por Sheldon Wolin, describe un sistema donde, aunque existe la ilusión de control democrático, el poder real es ejercido por una élite económica y política. Este fenómeno se conecta estrechamente con la financiarización de la economía, proceso por el cual los mercados financieros, las instituciones financieras y las normas financieras ganan predominancia sobre la producción industrial y los modos de vida económicos tradicionales. El profesor de economía Gerald Epstein y codirector del Political Economy Research Institute (PERI), de la Universidad of Massachusetts-Amherst, hizo una compilación de trabajos de varios economistas que analizaban la financiarización a nivel global en el libro Financialization and the World Economy.

La idea central es que la financiarización altera la dirección del desarrollo económico, concentrando el poder y la riqueza en manos de una élite que capitaliza a través de la especulación y la creación de instrumentos financieros complejos, en lugar de a través de la inversión en la economía real. Este control sobre los flujos financieros permite a esta elite ejercer una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas y las prácticas económicas, reforzando así las dinámicas del Totalitarismo Invertido.

En paralelo, la financiarización está íntimamente ligada con la extracción de rentas, que puede ser entendida como la capacidad de ciertos grupos de obtener ingresos sin contribuir a la creación de riqueza, a través de la manipulación del entorno económico o político. El profesor David Harvey en su libro A Brief History of Neoliberalism, detalla como los procesos de financiarización a menudo resultan en la redistribución de la riqueza de la mayoría hacia los poseedores de activos y los inversores financieros. Esta redistribución está en el corazón del Totalitarismo Invertido, donde las élites usan su influencia para asegurar políticas que perpetúan su capacidad de extraer rentas, limitando así la capacidad del sistema democrático de responder a las necesidades de la mayoría.

La última herramienta, los acuerdos público-privados, a menudo promovidos bajo la premisa de mayor eficiencia, acaban conllevando sobrecostes significativos que no siempre son evidentes inicialmente. El profesor David Hall allá por 2015 publicó el informe Why Public-Private Partnerships Don’t Work, que proporciona un análisis crítico de los acuerdos público-privados, con especial atención a cómo estos pueden resultar en mayores costos para el público, al tiempo que ofrecen beneficios a las entidades privadas involucradas. Hall argumenta que estos acuerdos a menudo priorizan las ganancias sobre el bienestar público y minan la capacidad del Estado para servir eficazmente a sus ciudadanos. Este fenómeno está alineado con el Totalitarismo Invertido en el sentido de que la privatización y los acuerdos público-privados son vías para que las élites extraigan rentas del sector público, consolidando su control sobre la economía y reduciendo la transparencia y la responsabilidad democrática en la gestión de los recursos públicos.

En resumen, el totalitarismo invertido, caracterizado por el control oculto pero efectivo de una élite económica y política, encuentra un campo fértil en la financiarización, la extracción de rentas y los sobrecostes inherentes a los acuerdos público-privados. Estos elementos interconectados refuerzan las estructuras de poder que limitan la verdadera democracia y centralizan el control económico, erosionando así los principios de equidad y responsabilidad en la gestión pública. ¡Todo lo demás, humo!