¿Uruguay tiene un problema con el lavado de activos?
Después de que el periodista argentino de investigación, Hugo Alconada Mon, y la jueza Sandra Arroyo Salgado criticaran a Uruguay por presuntamente no investigar “nada del lavado de activos” y no entregar información a Argentina, se reavivó el debate sobre una problemática sobre la que vienen advirtiendo expertos en los últimos tiempos.Por ejemplo, en junio de 2023, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos, Eric Geelan, habló en una seminario sobre lavado de dinero en la sede del Banco República. Geelan advirtió que “no es una cosa de cuello blanco, no es una cosa sin víctimas” sino que está relacionado al narcotráfico.
“Hay organizaciones criminales actuando en Uruguay y las organizaciones que están traficando drogas en Uruguay están siendo pagadas por ese negocio, por ese servicio que han dado. Ese dinero hay que lavarlo y al lavarlo lo reinvierten en sus crímenes”, señaló en el evento sobre el que reportó Informativo Sarandí. “No necesariamente sabemos las cantidades, pero sabemos que hay actos criminales”, afirmó Geelan.
En agosto de ese año, meses después de llegar al país para realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos contratado por la Secretaría homónima que funciona en Presidencia, Alejadro Montesdeoca dijo a El Observador que en Uruguay “no se le da la debida importancia al tema de corrupción, y por lo tanto a los organismos encargados de prevenir y combatir. La percepción del riesgo de que en el país existan hechos de corrupción es bastante baja. Ha sido difícil poner sobre la mesa el riesgo de la corrupción local como un problema en sí mismo”. Montesdeoca habló también sobre la primera fiscalía de Lavado de Activos que comenzó a funcionar en febrero de ese año y sobre si haberla inaugurado podía cambiar la situación en el país.
“El principal problema es que no hay investigaciones financieras paralelas, esto es que ante casos de delitos precedentes como puede ser narcotráfico, contrabando, tráfico de personas o corrupción, no se sigue la ruta del dinero. Lo que se encuentra se incauta, decomisa, pero no se siguen investigaciones por lavado de activos”, indicó el experto. “Es de esperar que con esta fiscalía comiencen a realizarse investigaciones paralelas, pero también se necesitan recursos, porque es una sola fiscalía. El personal que se asigne debería ser acorde con las amenazas que se han identificado”, añadió.
Montesdeoca también dijo que “es muy llamativo” que la Unidad de Información y Análisis Financiero en Uruguay (UIAF) del Banco Central no acceda a datos de la DGI. Afirmó que “es bastante común que existan dificultades para esas unidades de acceder a información que tienen las autoridades tributarias”, que “todos los países lo han sufrido”, pero que “progresivamente lo han ido superando”. En aquella entrevista se refirió también a que “el uso de efectivo está detectado como un problema, porque se pierde la trazabilidad”. Montesdeoca dijo que los “sectores no financieros que tienen la calidad de sujeto obligado” tienen que considerar las transacciones en efectivo “de alto riesgo y hacer un reporte de operación sospechosa, pero eso no está pasando”.
Las críticas de Fernando Pereira
Con este punto criticó al gobierno el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en las últimas horas. Dijo que “hubo normas” en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y “otras normas” que “favorecieron el lavado de activos”. “Por ejemplo, el de la compra por 130 dólares mil en efectivo”, dijo Pereira este lunes en rueda de prensa. “Y es verdad que si Uruguay es un país de acopio, en algún lugar tiene que haber lavado. Y si no hay procesos por lavado, tenemos una dificultad”, continuó el exsindicalista.
Afirmó que con este gobierno el país no hizo lo que tenía que hacer, “tomar mayor cantidad de medidas para evitar el lavado de activos” y que incluso “Uruguay se ha encargado de debilitar las normas”. De todas formas, rechazó que el país sea “un lavadero, así como se dice en la Argentina”. “Yo creo que a ese nivel no. Pero bueno, habrá que investigar y habrá que conocer la realidad”, dijo el presidente del FA.
Pereira hizo referencia también al caso del senador blanco Juan Sartori que se ha negado reiteradamente a presentar la declaración jurada de su pareja, como le ha indicado la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Pereira considera que en este gobierno se debilitó al organismo.
“Si un senador cree que tiene el derecho a no presentar sus bienes o los bienes de su esposa, a pesar de que sea ley, ¿qué le estamos pidiendo a los demás? Cuando falta esa transparencia de quienes integran una Cámara. Entonces, también las exigencias tienen que empezar por casa. Bueno, esas normas hay que corregirlas, hay que fortalecer la Jutep y darles instrumentos, hay que colocar los trabajadores que la Jutep precisa, hay que fortalecer la justicia y todo esto para evitar lavado de activos”, sostuvo.
La normativa es buena, la aplicación no
El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo a Subrayado que “Uruguay tiene una normativa que está bastante actualizada”, pero que “el problema es la aplicación”.
“El problema es que no se está investigando el lavado de dinero como se debería, a partir de que se subestima el riesgo. No se tiene una percepción de riesgo del lavado, de sus efectos en la sociedad, en la vida cotidiana, en la economía, en la competencia para los empresarios”, indicó Iribarne en el mismo sentido en el que habló Montesdeoca en entrevista con El Observador.
“Todos somos conscientes de que ha aumentado la presencia del crimen organizado en el Uruguay. Las organizaciones, el narcotráfico, los sicarios, todo eso está peor que antes. Desde hace años ha venido empeorando. El crimen organizado son delitos por plata: tráfico de drogas, de armas, de personas, contrabando, corrupción. Necesariamente hay más lavado”, dijo expresidente de la Jutep.
No hay país que esté a salvo
Por su parte, el secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, dijo Uruguay “tiene un nivel bajo de lavado de activo” en la región y que el gobierno no flexibilizó “para nada los controles”.
Chediak afirmó en diálogo con Subrayado que en “las 207 jurisdicciones de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” hay lavado de activos, por lo que no es algo que sufra específicamente Uruguay. “No hay país en el mundo que esté a salvo en alguna medida del flagelo del lavado de activos”, indicó Chediak.
Dijo que en la región, Uruguay “tiene un nivel bajo de lavado de activo”. “Más bajo además del que solía tener. Nosotros fuimos evaluados en el 2019, volveremos a ser evaluados en el año 2030 y no estamos en la lista gris de GAFI. Salvamos el exactamente con buena nota en lo normativo con una cantidad de deberes pendientes para estos próximos cinco años”, sostuvo.
“Nosotros no flexibilizamos para nada los controles. Yo, usted, utilizamos dinero en efectivo, nos tienen que hacer lo que se llama la debida diligencia intensificada. Nos tienen que preguntar el origen del dinero y tenemos que demostrar que ese dinero que traemos es de origen lícito”, dijo en la entrevista con Subrayado.
Sobre la acusación de que el país no entrega información a Argentina, dijo que es “absolutamente inexacto”. “El Uruguay cumple como democracia plena perfectamente con todas sus obligaciones internacionales. Tenemos la justicia más independiente de las tres Américas. Nosotros sí contestamos los pedidos”, aseguró.