Panorama Económico Latinoamericano – Del 27 de setiembre al 4 de octubre de 2023
Cancela México nueve concesiones de litio a la empresa china Ganfeng
Braulio Carbajal
El gobierno mexicano, por medio de la Dirección General de Minas (DGM), canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, incluyendo donde se encuentra el Proyecto de Litio de Sonora y el mayor yacimiento de este mineral en suelo mexicano.
Por medio de un documento dirigido a inversionistas, la empresa asiática informó que el organismo que pertenece a la Secretaría de Economía (SE) le notificó en agosto pasado sobre la cancelación de este conjunto de concesiones con el argumento de que no ha cumplido con los niveles mínimos de inversión para mantener los permisos.
Ganfeng Lithium es propietaria del yacimiento luego de comprar a Bacanora Lithium, el cual, de acuerdo con un estudio de Mining Technology, es la mayor mina de litio en roca, con reservas por alrededor de 243 millones 800 mil toneladas.
En abril de 2022 el gobierno mexicano aprobó modificaciones a la Ley Minera, con las cuales se prohíben las concesiones de litio, al declarar al mineral como sector estratégico; y otorgó el derecho exclusivo de su exploración, producción y comercialización al Estado. Al mismo tiempo, se decidió retirar las concesiones a todos aquellos propietarios que no estuvieran cerca de la fase de producción.
Se suponía que la reforma a la Ley Minera no se aplicaría a los proyectos ya existentes. Mientras manteníamos conversaciones con la Secretaría de Economía, la DGM retiró nueve concesiones de litio en poder de nuestras subsidiarias mexicanas, incluidas las principales concesiones de litio del proyecto de litio de Sonora. Se argumentó que no se cumplió con la inversión mínima de 2017 a 2021, apuntó Ganfeng Lithium.
La empresa china asegura que sus subsidiarias cumplieron con todos los requisitos mínimos de inversión, según lo exige la legislación mexicana y los recursos en desarrollo minera ha excedido significativamente las obligaciones estipuladas por el gobierno mexicano.
Tras la reforma el gobierno mexicano no planteó ninguna objeción hasta que recientemente nos notificó que las obligaciones mínimas de inversión supuestamente no se cumplieron y tomó medidas para cancelar las concesiones de litio, denunció la empresa.
Ante este panorama, Ganfeng Lithium enfatizó que las resoluciones que cancelan las concesiones violan el derecho mexicano y el internacional, por ser arbitrarios e infundados tanto de hecho como de derecho, e infringir los derechos fundamentales al debido proceso de la empresa; por lo tanto, indicó que ha interpuesto recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía.
Hasta el momento, ni la SE ni la DGM han emitido información o postura sobre el tema, mientras la empresa China señala que aún es pronto para conocer el impacto económico que esta medida tendrá en sus operaciones.
Según el Servicio Geológico de EU, México tiene 1.7 millones de toneladas de reservas de litio, 3 por ciento de las que hay en todo el mundo, sin contar los cuatro campos que tiene reservados el gobierno por medio del Servicio Geológico Mexicano, dos de ellos enormes en Sonora, otro en Puebla y uno más en Jalisco; a lo que se suma que hay manifestaciones de litio en 82 localidades del país.
Panamá: extractivismo y crisis civilizatoria
Abdiel Rodríguez Reyes*
En el panorama discurren varios discursos sobre el tema de Minera Panamá, S. A. Por un lado, los anti-mina, con Panamá vale más sin minería y la minería como un proyecto de muerte; por el otro, los pro-mina: la concesionaria, el gobierno de turno y, por supuesto, todas aquellas personas y comunidades beneficiadas directa o indirectamente, incluyendo aquellos que plantean revisar el contrato. Un tercer discurso plantea la nacionalización de Minera Panamá, S.A. para establecer una moratoria.
El gobierno, en lugar de mediar entre las exigencias del pueblo y los intereses de Minera Panamá, S. A. hizo simbiosis con los intereses extractivistas y cada vez más se reduce el tiempo para enmendarlo.
Todas las personas que quieran leer el Proyecto de Ley que aprueba el contrato de Concesión Celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A, lo puede hacer ingresando a agora.go.pa, son 55 páginas. Es un ejercicio de cultura general apropiado. Sin embargo, el problema no se reduce a lo procedimental o técnico del mismo, estamos ante un problema político cuya tensión social se refleja en las calles.
Podemos tener una idea al respecto, si leemos El pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, está clara la posición de que: “la minería pone en riesgo crítico las cuencas hidrográficas”, para lo cual se plantea una “moratoria de minería”. Paradójicamente el gobierno no está lo considerando. Si el presidente es consecuente, tendría que valorar su propia consulta ciudadana.
El discurso de los movimientos sociales es claro: rechazar el contrato, moratoria y sí a la vida. Como lo plantea Hinkelammert, con este tipo de prácticas, vamos rumbo “suicidio colectivo”. El extractivismo rompe el metabolismo con la naturaleza acelerando la crisis climática.
Si vamos al terreno jurídico, no todo lo legal es justo y si queremos hablar de justicia, también hablemos de justicia ambiental. El extractivismo a todas luces no es justo, ni social ni ambientalmente. La minería a cielo abierto es una actividad perjudicial para nuestro medio ambiente.
La retórica de los beneficios del discurso dominante de los pro-mina sumará voluntades con su enorme campaña propagandística, pero no contrarrestará las razones para estar en las calles oponiéndose al extractivismo. El telón de fondo es la crisis civilizatoria: sobre las condiciones bajo el modo de producción capitalista de posibilidad a largo plazo de la existencia humana en el planeta.
* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa.
El mito de la teoría del derrame uruguayo. ¿De los ricos qué sabemos?
Nicolás Centurión*
La torta crece en Uruguay, país con alrededor de tres millones de habitantes, pero para los de abajo no llegan ni las migajas.
“De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen… solo nos falta saber por qué los pobres son pobres… ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer?”, decía el escritor Eduardo Galeano. Pero de los ricos, ¿qué sabemos?
Los números no mienten
El PIB de Uruguay aumentó 0,9% en el primer trimestre en el cálculo desestacionalizado, al compararse con el final de 2022, según informó el Banco Central. Así, en comparación con el mismo trimestre de 2022, la economía aumentó 1,2%, con avances en casi todos los sectores. Sin embargo, el gobierno uruguayo había previsto en mayo de este año un crecimiento del 2%.
El mayor aporte al crecimiento interanual lo hizo el sector de Información y Telecomunicaciones (que incluye logística) que aumentó 5,6% interanual, aportando medio punto al crecimiento total, en el contexto de una fuerte sequía, que impactó sobre todo en el agro. Le siguió el sector comercial (que también incluye restaurantes y hoteles) con un aumento de 3,4% en su producción respecto al mismo período de 2022.
La expansión del PIB, que en 2022 fue del 4,9% y en 2021 del 5,3%, en el 2023 no siguió el ritmo. Pero a pesar del crecimiento en tres años con pandemia incluida y sequía histórica, los salarios siguen perdiendo contra los precios y tarifas.
Mientras tanto, según información divulgada por el sindicato bancario, los uruguayos tienen depósitos fuera del país que equivalen a 16 puntos del PIB, unos 8.700 millones de dólares.
Pasando en limpio, otra vez la teoría del derrame es un mito. Uruguay crece, pero las infancias son cada vez más pobres, las empresas públicas se desmantelan día a día, la Universidad de la República recibirá partidas por seis millones de dólares en la rendición de cuentas cuando su pedido había sido de 100. Esta semana se anunció un nuevo aumento de los combustibles que, como se sabe, recae sobre los costos de toda la cadena productiva y repercute en los precios al consumidor.
Los malla oro de Lacalle
Unas 17.000 personas en Uruguay poseen un patrimonio neto superior al millón de dólares, mientras que existen “los veinticinco mil pesistas”, más de medio millón de uruguayos que perciben esa cifra, equivalente a unos 660 dólares, como salario. La riqueza en Uruguay tuvo un fuerte crecimiento y equivale a tres veces el PBI
Un 14% de la riqueza -como mínimo- está en manos de unos 2.500 uruguayos, esto es, el 0,1% de la población, y unos 120 de sus compatriotas lograron el mote de «ultrarricos» según un reporte financiero internacional, al poseer un patrimonio mayor a los 30 millones de dólares.
«Encontramos desigualdad a lo largo de toda la distribución, pero el incremento es bastante paulatino: al dividir a la población por centiles hay pequeñas diferencias entre el centil 55 y 56, o el 96 y 97.
El salto grande se da cuando pasó del 99 al 100 [esto es el 1% más rico] y de ahí surge un problema de percepción, porque se suele creer que las élites son simplemente un conjunto de individuos con un poco más de ingresos que el resto, pero no es así, ocurre un salto muy sustantivo», señaló el economista Mathias Da Rosa. En promedio, estas personas perciben unos 15.000 dólares mensuales, monto que multiplica por 35 el salario mínimo nacional.
El Global Wealth Report (Informe de Riqueza Global), una investigación que se realiza desde hace más de dos décadas, cuya última edición acaba de publicarse, aporta algo de información sobre el tema. Aunque en Uruguay no se puede hablar de multimillonarios o billonarios en un ranking supera a varias economías de Europa del Este y de África y se ubica a media tabla del ranking latinoamericano.
El Global Wealth Report es una investigación publicada anualmente —por primera vez con datos del 2000— por Credit Suisse. La última edición, fue difundida el miércoles 15 agosto y estima la riqueza de los hogares en 217 países, enfocándose en específico en el patrimonio neto individual, definido como el valor comercializable de los activos financieros -bonos,acciones, depósitos, efectivo, etcétera- más los activos no financieros, sobre todo viviendas y terrenos, menos las deudas.
En países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y algunos de la región, como Colombia, Chile o México, hay datos agregados de riqueza. Para calcular el nivel de riqueza en la hoja de balance de los hogares se puede trabajar con datos de Cuentas Nacionales que calculan los bancos centrales o los institutos estadísticos.
En Uruguay, eso no lo hace el Banco Central. Hay muy poca información sobre la riqueza de los hogares y el único dato es la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos hecha en 2013 por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Otras investigaciones similares, más acotadas en su cuestionario, fueron incorporadas como módulos en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, según Rodrigo Lluberas, economista uruguayo.
Según el último informe, en 2022 la riqueza total neta de deudas en Uruguay ascendió a 217.044 millones de dólares (que se compara con los 166.199 millones del año previo, muestra un aumento de 30,6%), lo que equivale a unas tres veces el PBI del país, una proporción que Lluberas consideró“normal”en términos comparados.
Ese monto -un máximo en toda la serie que se inicia en el 2000- se compone de 128.826 millones de dólares de activos reales y 94.604 millones de activos financieros, descontada una deuda estimada en 6.386 millones.
Calculada por adulto —mayores de 18 años—, la riqueza neta en Uruguay en 2022 fue de 84.778 dólares; el año anterior era de 65.293, por lo que el incremento en este caso fue de 29,8%. Al inicio de la serie (2000) ese monto no llegaba a los 22.000 dólares, cayó a un mínimo de 10.842 con la crisis económica y financiera del 2002 y luego aumentó año a año, salvo entre 2014 y 2016, así como en 2019 y 2020 (en el contexto de la pandemia de Covid).
En lo que va de 2023, la mayoría de los principales índices accionarios mundiales están en números verdes, lo que, si se mantiene, pondría otra vez en tendencia de crecimiento el nivel de riqueza mundial, así como de una distribución más desigual.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Unión Europea aspira a aumentar su influencia en México a través de inversiones verdes
Ante la pérdida de hegemonía e influencia económica y política en la región, la Unión Europea (UE) está ultimando su gran plan de inversión en América Latina, en el que está de manera destacada México. Con el objetivo de invertir en la llamada “economía verde”, la UE pretende, además de fomentar proyectos de desarrollo humano y social, catapultar en la región a las grandes corporaciones energéticas del viejo continente, que tienen la tecnología para desarrollar esos proyectos, además de un enorme interés en controlar y administrar los recursos naturales que la hacen posible, como el hidrógeno verde o el litio.
En México, los llamados proyectos de inversión de la UE (Global Gateway) incidirán en áreas como la transición energética en todo el país, los llamados “Bonos verdes” para producir energías limpias y fomentar la “captura” de gases de efecto invernadero, el manejo de las cuencas mineras, la gestión integrada de recursos hídricos y una inversión millonaria en el Plan Sonora.
La reciente reunión informal de los ministros de finanzas de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que también estuvo presente México, culminó con una declaración final en la que se anunció que se invertirán a lo largo de los próximos cuatro años hasta 45 mil millones de euros (810 mil millones de pesos) en América Latina. Desde Europa se pretende así consolidar su presencia y contrarrestar su pérdida de influencia y hegemonía frente a los dos grandes referentes de la economía mundial, China y Estados Unidos. De hecho durante la reunión y a la largo de los encuentros que se han venido desarrollando en las últimas semanas se insiste en que la UE y los países de la CELAC son 60 países que representan un 14 por ciento de la población y un 21 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del planeta.
El plan ya está en marcha y fue diseñado en colaboración con algunos de los organismos financieros internacionales más importantes, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y la CFI del Banco Mundial, entre otros.
El objetivo es que entre todos estos organismos, en una especie de “multilateralismo financiero”, se inviertan en proyectos específicos en la región los 45 mil millones de euros hasta el año 2027, cuando supuestamente se renovará con un plan similar basado en los mismos tres ejes: la transformación verde, la transformación digital y la transformación social. Es lo que, tanto los funcionarios de la UE como los trabajadores de los organismos financieros, denominan las “tres tes”, con las que aspiran transformar las entrañas del sistema productivo, comercial y financiero en América Latina y el Caribe, que además es una región crucial para la lucha contra el cambio climático por sus reservas naturales y su todavía baja emisión de gases de efecto invernadero si se compara con las que expulsan los países ricos o más desarrollados, como Estados Unidos o la propia UE.
En cualquier caso, la UE pretende invertir en propuestas que contemplan llevar conectividad a Colombia; la producción de hidrógeno verde en Chile y Uruguay; la movilidad sostenible en San José, Quito, Bogotá, Montevideo y Sao Paulo; la masificación de la energía renovable en Jamaica, y proyectos de agua y saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en todo Ecuador, entre otras. El interés de Europa en desarrollar el hidrógeno verde en América Latina, sobre todo en países con grandes reservas como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, se debe en gran medida a que las grandes corporaciones energéticas europeas aspiran a controlar este mercado y a importar hasta 10 millones de toneladas cada año a partir del 2030, cuando se consumará según lo previsto la gran “revolución verde”.
En el caso de México, la inversión se enfocará en temas de transición energética, bonos verdes y manejo de cuencas. Se pondrá especial énfasis en el Plan Sonora. Pero sobre todo se identificaron cuatro proyectos prioritarios, que además del Plan Sonora, hay un fuerte interés en desarrollar el sector salud, la red de distribución y acopio de recursos hídricos y su saneamiento; y la emisión de los bonos verdes.
Pero sin duda el gran eje de la inversión europea en México es el Plan Sonora, por su desarrollo en el norte del país de las llamadas “energías limpias” y que dará impulso a plantas fotovoltaicas y a la producción de litio. Uno de los grandes objetivos es culminar la generación de energías renovables con la construcción de una planta de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora, que permitirá generar mil Megawatts de energía solar para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los países europeos más interesados y por lo tanto con inversión directa en estos proyectos en México son España, Italia, Dinamarca, Francia y Alemania, además, por supuesto, de los grandes fondos internacionales que aspiran a financiar estos proyectos con su respectiva acumulación de deuda pública, como son el FMI, el BID, el BEI, el BERD y CAF.
En la cumbre financiera de la UE y CELAC, que se clausuró el pasado 15 de septiembre en Santiago de Compostela, los representantes europeos no ocultaron que detrás de estas inversiones aspiran a fortalecer su influencia en la región por encima de China, pero sobre todo en controlar el “oro verde” de nuestra era: los recursos naturales que hacen posible que la economía “verde” sea posible.
Reservas de gas boliviano llegan a 8,95 TCF
Las reservas de gas boliviano, certificadas a diciembre de 2018, alcanzan a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) y en las siguientes semanas se conocerá el informe de la nueva certificación a 2022, informó este miércoles el vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Enzo Michel.
“En este momento, las reservas certificadas son de 8,95 TCF, fueron certificadas al 31 de diciembre de 2018. Hoy estamos en proceso de una certificación nueva de reservas al 31 de diciembre de 2022, que se conocerá las siguientes semanas”, indicó en contacto con Bolivia Tv.
Michel explicó que la nueva certificación de reservas de gas está a cargo de una empresa internacional.
“Estamos en una etapa en la cual ya vamos a recibir los informes finales de esta empresa y seguramente en las siguientes semanas nosotros vamos a dar a conocer cuál es la realidad en cuanto a reservas”, afirmó.
Dijo que, más allá de ello, YPFB trabaja arduamente para reponer e incrementar las reservas de gas que se consumen, tanto en el mercado interno como en el envío para las exportaciones.
“Para que nuestro índice de reposición de reservas sea mayor a uno, en términos técnicos, ¿qué implica?, que tenemos que hacer actividad tanto de exploración como de desarrollo para “las siguientes semanas” se conocerá el incorporar nuevas reservas y que tengamos un sector de los hidrocarburos sostenible, que nos permita abastecer al mercado interno y también seguir abasteciendo al mercado de Brasil”, enfatizó.
El 30 de agosto de este año, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó que la producción de gas natural en el país comenzó a declinar de 59 millones de metros cúbicos día (MMmcd), en 2014, a alrededor de 38 MMmcd en la actualidad.
Para revertir la declinación de producción gasífera, la estatal petrolera trabaja en la ejecución de más de 42 proyectos de exploración, en el marco del estratégico Plan del Upstream que encara desde 2021.
Perú: alimentando sueños
Leslie Pierce
Los primeros años de vida del ser humano son sumamente importantes. Durante esa etapa, se producen grandes y permanentes cambios de forma constante, que impactarán en su desarrollo físico e intelectual. Por este motivo, la nutrición cobra un rol fundamental en la primera infancia, pues ayudará a garantizar que los pequeños reciban los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable. Según Unicef, durante este período, hasta el 75% de cada comida va al desarrollo del cerebro.
Hoy, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hay 16,6 millones de peruanos que viven en inseguridad alimentaria moderada o severa. Asimismo, la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI mostró que el 42,4% de niños de entre seis y 35 meses de edad en el Perú padecen de anemia, y que la desnutrición crónica afectó al 11,7% de la población menor de cinco años. Cifras dramáticas que no solo afectarán a nuestra población infantil haciéndolos más propensos a contraer enfermedades, sino que, además, limitarán el desarrollo de sus capacidades en su rol futuro como ciudadanos en nuestra sociedad.
Banco de Alimentos Perú busca alimentar a 200,000 niños
Esta realidad es la que impulsa al Banco de Alimentos Perú a apostar un año más por la Alimentatón. Esta campaña, que se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, busca recaudar fondos para ayudar a más de 200.000 niños a escala nacional a recibir raciones de alimentos y así aliviar el hambre. Hasta la fecha, gracias a auspiciadores y donantes, hemos acumulado más de 400.000 raciones de alimentos del millón que se tienen previstos.
Los alimentos son fundamentales para la población del país que vive en situación de vulnerabilidad alimentaria, y en especial para que los niños y niñas puedan desarrollarse de manera adecuada y, por ende, puedan tener un mejor futuro para lograr sus sueños. Sin embargo, somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. Estamos convencidos de que, gracias a todos quienes colaboran con esta iniciativa, el país se acerca cada vez más a la meta de ofrecer una mejor calidad de vida a más comunidades.
En los nueve años que tenemos, hemos beneficiado a más de un millón de personas a través de más de 38.000 toneladas de alimentos en 18 regiones del país. Cada año esperamos que estos números sigan aumentando y poder seguir aportando al desarrollo y bienestar de los peruanos. En esta oportunidad, nos corresponde seguir luchando por los niños, su salud y sus sueños.
*Economista, fue viceministro de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú entre 1983 y 1984.Actualmente, es director de Credicorp
Panorama internacional
1.-Las sanciones unilaterales dañan el derecho a la salud
La imposición y aplicación de sanciones unilaterales y políticas violan numerosos tratados internacionales, incluidas normas derivadas de la Carta de las Naciones Unidas. La mayor parte las imponen Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá y el Reino Unido.
Las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo perjudican el ejercicio del derecho a la salud, destacó en un nuevo informe este viernes 15 la relatora especial sobre la materia nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alena Douhan.
“El uso creciente de sanciones secundarias, así como sanciones civiles y penales por presunta elusión de regímenes de sanciones, tiene graves implicaciones negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido el de una atención sanitaria adecuada y oportuna”, dijo Douhan.
La relatora sostuvo que las sanciones nunca deben afectar el funcionamiento de infraestructura para la atención médica, la alimentación, la agricultura, la electricidad, el suministro de agua, el riego, el saneamiento, las semillas y los fertilizantes.
Todos los sistemas de salud son muy vulnerables a estas medidas coercitivas, dijo la también docente en la Universidad Estatal de Bielorrusia.
Rusia es el país más sancionado, con 14 000 medidas restrictivas, la mayoría impuestas desde su invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Sobre Irán pesan más de 3600 sanciones, Siria carga con 2600, Corea del Norte con 2000, Venezuela con unas 700, Myanmar más de 500 y Cuba más de 200.
La inmensa mayoría de esas sanciones se dirigen a individuos y poco más de 2000 a entidades que son agencias o empresas de los gobiernos. La mayor parte las imponen Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá y el Reino Unido.
Douhan subrayó los efectos negativos del cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero, que complican la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros suministros humanitarios exentos de cualquier clase de restricción.
Como ejemplo de estas afectaciones citó los casos de Venezuela, Zimbabue, Siria, Irán, Somalia y Yemen, que no pueden administrar las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no se las venden.
Dijo que durante el período 2016-2018, en Venezuela se dejó de vacunar a unos 2,6 millones de niños. En Siria, la vacunación infantil cayó de 95 % a 60 % entre 2006 y 2022.
Asimismo citó los efectos psicológicos, especialmente en los jóvenes, de la “pérdida de esperanza” debida a la dramática situación económica, la falta de empleo, alimentos y medicinas en países como Siria o Cuba.
“La desilusión y el sufrimiento psicológico se ven agravados también por la falta de medicamentos especializados, incluso para afecciones de salud mental, depresión posparto y otros tipos de depresión, trastorno de ansiedad-depresión, conductas y pensamientos suicidas, autolesiones y otras afecciones”, abundó Douhan.
Cuestionó la eficacia de las exenciones, excepciones y suspensiones humanitarias, debido a la naturaleza compleja de los regímenes de sanciones, procedimientos de autorización onerosos y poco claros, restricciones financieras y el temor a la responsabilidad civil o penal por presuntas violaciones de regímenes de sanciones.
El impacto de las sanciones, según Douhan, se extiende a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud, como el desarrollo de infraestructuras e instalaciones adecuadas; la escasez de trabajadores sanitarios y las limitadas oportunidades para su formación en los países sancionados.
También a obstáculos para acceder y desarrollar la ciencia, el conocimiento y la investigación, así como prevención y control de enfermedades, nuevas tecnologías y software.
Además, dijo en su exposición ante el Consejo en esta ciudad suiza, afecta todos los servicios clave para la salud, entre ellos el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Finalmente indicó que la imposición y aplicación de sanciones unilaterales y políticas violan numerosos tratados internacionales, incluidas normas derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, leyes de derechos humanos y convenios como los laborales o de seguridad y salud.
*Corresponsalía de Inter Press Service en Ginebra
2.-Detrás de la acusación de corrupción de Ocasio-Cortez y el “Lago escondido” de los buitres
La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortéz denunció públicamente los vínculos entre Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, y el titular de uno de los fondos buitre que impulsaron la demanda contra la Argentina que luego el magistrado convalidó.
Alito viajó en jet privado y se alojó en 2008 en un exclusivo albergue junto a Paul Singer, el titular del fondo buitre NML Capital, según reveló en junio el portal Propublica. En 2014, confirmó un fallo que los benefició. Para AOC, ese hecho representa “el escándalo más grande en la democracia estadounidense”.
En medio de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la congresista demócrata advirtió por el rol del juez en el fallo que obligó a Argentina a pagarle los fondos de inversión que litigaron contra el país. Advirtió sobre “la extraordinaria corrupción y la compra y venta al por mayor de miembros de la Corte Suprema”.
Y agregó: “Me resulta divertido que hemos escuchado de los republicanos preguntándose por qué queremos hablar de esto. Porque las mujeres han perdido el derecho a elegir. Porque los pueblos originarios han perdido sus derechos. Porque las minorías han perdido sus derechos. Porque la clase trabajadora en todo el país ha perdido sus derechos debido a este nivel de corrupción”.
El caso resuena además por sus similitudes por el escándalo argentino de Lago Escondido, por el que varios jueces fueron invitados por un grupo de empresarios a un viaje similar, de acuerdo a los supuestos chats que se viralizaron al respecto. Los jueces fueron Carlos Mahiques, Pablo Cayssials, Julián Ercolini y Pablo Yadarola; el organizador del viaje el Grupo Clarín en las personas de Jorge Rendo y Pablo Casey; el destino la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.
La información publicada por los periodistas Justin Elliott, Joshua Kaplan y Alex Mierjeski en Propublica sobre el magistrado de Estados Unidos fue confirmada por el propio juez Alito, que justificó tanto el viaje como la omisión de informarlo en el registro de obsequios que reciben los magistrados, dijo que no tenía porqué excusarse de intervenir en el caso contra la Argentina y alegó que no sabía que Singer tuviera relación con NML Capital, el fondo buitre al que benefició.
Esta tarde, Ocasio Cortez mostró la imagen del día de pesca de Singer y Alito.. “De acuerdo al informe de ProPública, el juez Alito viajó en un jet privado, en un viaje de lujo, y si hubiera abordado un avión similar hubiera costado más de 100 mil dólares”, dijo. En ese momento, le formuló una pregunta a Kathleen Clark, profesora de la Universidad Washington en St. Louis: “Con el costo de esos 100 mil dólares por viaje ¿se le pediría al juez Alito que revelara su viaje?”
“En 2014, el juez Alito con otros jueces de la Corte, fallaron a favor de Singer y su fondo de inversiones en una causa de diez años contra la República Argentina”, continuó su exposición. Ocasio-Cortez le preguntó entonces a la profesora si Alito se había excusado en la causa contra la Argentina por sus vínculos con Singer. “No lo hizo y usó su posición en la Corte después de esta foto, para fallar en favor de Singer. Después de ese fallo, el fondo de Singer recibió 2400 millones de dólares. Es un muy buen retorno para la inversión de un viaje de pesca”, cuestionó la representante de Nueva York.
Con el caso de Alito el portal Propublica ya encontró tres jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que recibieron regalos de diversos magnates. Uno, Clarence Thomas, que hizo viajes de lujo pagados por Harlan Crow, multimillonario vinculado a negocios inmobiliarios, que también le entregó dinero y pagó la matrícula de una escuela privada de un niño que el juez criaba como un hijo. Dos, Antonin Scalia, que se alojó en el mismo albergue que Alito en Alaska, el King Salmon Lodge. Ahora el tercero, Alito, que se subió a un avión privado y fue a pescar junto al líder buitre Singer.
Alito y las denuncias de los buitres contra Argentina
Tras el viaje, el juez Alito intervino en el caso contra la Argentina en favor del fondo buitre puso su firma en el fallo que confirmó la sentencia que obligó al país a pagarle a Singer y sus socios más que al resto de los acreedores que habían aceptado los canjes de 2005 y 2010, con un retorno del 1.600% sobre lo que habían pagado por los bonos argentinos aprovechándose de la crisis del 2001.
Tanto Alito como los otros dos jueces votaron contra la Argentina en el caso de los Fondos Buitre: Scalia escribió el rechazo a la petición argentina y Alito y Thomas adhirieron a su postura. El fallo salió 7 a 1 contra la Argentina. También votaron en contra John Roberts, Anthony Kennedy, Stephen Breyer y Elena Kagan. ¿Alguno más habrá viajado con Singer? ¿Alguno más recibió dinero o viajes o alguna otra dádiva de personas que tuvieran intereses económicos en el fondo buitre NML Capital?
El caso de los Fondos Buitre contra Argentina ya está cerrado, Mauricio Macri les pagó más de lo que pedían a los especuladores que apostaron por él e incluso financiaron campañas de demonización del kirchnerismo. Pero revela dos cosas:
- Que lo único original en Argentina es creerse originales. Jueces de todo el mundo son cooptados y aceptan dádivas de empresassobre las que luego toman decisiones con pátina legal.
- Mucho más importante, lo vulnerable que es Argentina por el sometimiento a tribunales extranjeros en los juicios contra el país, paradigma que ningún gobierno apuntó a modificar.
Alito fue designado en la Corte Suprema en 2006 por George Bush hijo. En 2007 el expediente de los buitres contra la Argentina llegó por primera vez a la Corte estadounidense, que rechazó tratar un planteo de Singer y otro fondo para confiscar bienes del Banco Central argentino en Estados Unidos. En 2008 Singer llevó a Alito de paseo de pesca a Alaska. En 2014, Alito firmó la confirmación del fallo que benefició a Singer.
¿Qué confirmó la Corte en 2014? El fallo del juez Thomas Griesa de 2012 conocido como “la cautelar pari passu”, un fallo a medida del buitre Singer que lo habilitaba a cobrar más que los acreedores que habían ingresado en los canjes de deuda de 2005 y 2010. El fallo de Griesa incluso bloqueaba el pago a los demás acreedores hasta que la Argentina modificara dos leyes que le permitieran hacerle una oferta mejorada a Singer.
La historia es conocida: la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de Griesa, la Corte estadounidense no tomó el tema y confirmó la decisión en 2014, al poco tiempo asumió Mauricio Macri, logró cambiar las leyes mientras tapaba el tema con persecución judicial a quienes se había negado a beneficiar los fondos buitre y finalmente les pagó todo lo que querían y más.