Dónde se legaliza el dinero sucio en Uruguay
Carlos Peláez
“Una de las debilidades del sistema es que tenemos miles de condenas por delitos de narcotráfico y muy poquitas por lavado de activos”, dijo esta semana a radio Sarandí el Secretario General de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Jorge Chediak. Una pregunta que se hace mucha gente sobre todo cuando es muy visible que hay centenares de miles de metros cuadrados de construcción, un sector al que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) reclama prestar especial atención.
El responsable de la SENACLAFT dijo que “Uruguay no está vacunado contra el lavado de dinero”. ¿Cuáles son los sectores de riesgo? se le preguntó y Chediak dijo: “Uno de los sectores clásicos es el inmobiliario. En Uruguay estamos en una especie de momento de oro de la construcción, todos vemos surgir torres y viviendas en lugares donde hasta no hace mucho no se construía, seguramente alentadas por la ley de Promoción de Vivienda. Ese es un sector de riesgo porque invertir en ladrillos es algo seguro”, agregó.
El jerarca consideró que “seguramente la mayoría del dinero que se invierte tiene un origen legal, pero es un sector donde el dinero limpio se mezcla con el sucio. Es como el vino varietal”, ejemplificó. Chediak citó como sectores de riesgo también a los autos de alta gama, veleros y yates, aeronaves y también a los casinos.
¿Qué dice el GAFI sobre el sector inmobiliario? En sus recomendaciones a todos los países el organismo internacional afirma: “Los bienes inmuebles son una opción popular para la inversión, pero también atraen a los delincuentes que utilizan los bienes inmuebles en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas. Permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales, lo que afecta a la sociedad y socava el estado de derecho. En algunos países, estas prácticas también contribuyen a hacer subir los precios de los bienes raíces, haciendo que la vivienda sea inaccesible para muchos, además de incentivar aún más la actividad delictiva”.
Agrega que “las evaluaciones del GAFI muestran que el sector inmobiliario a menudo tiene una comprensión deficiente de estos riesgos y regularmente no los mitiga. La guía actualizada del enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario destaca la importancia de que el sector aumente su comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta. Las vulnerabilidades incluyen la explotación por parte de personas políticamente expuestas, la compra de bienes inmuebles de lujo, el uso de activos virtuales, el uso de empresas anónimas y guardianes como instrumentos para lavar el producto del delito”.
Para quienes viven en Maldonado, parece que estuviera describiendo exactamente a Punta del Este, y no sólo.
El efecto LUC
En el año 2020 cuando se propuso la Ley de Urgente Consideración, los reclamos realizados por escribanos y contadores, y otros actores no financieros, lograron una importante flexbilización de su hasta entonces obligación legal de reportar operaciones sospechosas. La LUC simplificó sus controles siempre que el dinero haya pasado previamente por un banco. Entonces muchos expertos alertaron acerca de que esas modificaciones aparejarían una disminución de la percepción del riesgo que conllevaría menos aportes a la tarea de prevención del lavado.
El acerto de los expertos se verificó al primer año de vigencia de la LUC. Según datos aportados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) -que recibe y evalúa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de todo el sistema- cayeron de forma pronunciada los reportes entregados por actores no financieros. La UIAF afirmó entonces que “sigue observando con mucha preocupación el escaso número de reportes realizados por algunos de los sectores de sujetos obligados no financieros, especialmente de aquellos que participan en la actividad inmobiliaria, que es considerada una de las actividades de mayor riesgo en materia de lavado”.
De 263 reportes presentados en el año 2018 se bajó a 39 en el 2021. En tanto los presentados por escribanos fueron 58 en el 2018 y apenas 5 en el 2021. Curiosamente -cuando por efecto de la pandemia a partir del 2020- miles de ciudadanos extranjeros, principalmente argentinos, se radicaron en Punta del Este y adquirieron valiosas propiedades.
Un sector de riesgo
Según información difundida por la Intendencia de Maldonado en el año 2021 se otorgaron permisos para construir 470.000 metros cuadrados y para el 2022 se autorizaron otros 548.024. Los inversores optan por Punta del Este ya que consideran que los valores son constantes, no se deprecian y, por el contrario, obtienen muy buenos márgenes de ganancia. Por esa razón hoy, en pleno invierno, cualquier visitante se extrañará con algo a los que los locales ya están acostumbrados: centenares de edificios o residencias vacías, sin luz, sin ningún movimiento.
No son pocos los que se preguntan cómo se pueden invertir millones en propiedades que nadie ocupa o a lo sumo lo hacen 20 días al año. Y hablamos de propiedades valuadas en millones de dólares. Si bien la sospecha sobre posible lavado de dinero siempre está presente, hay otra explicación que parece ser razonable. Los argentinos, sobre todo, prefieren invertir en ladrillos antes que guardar su dinero en el banco. Saben que Uruguay siempre dio garantías sobre el derecho a la propiedad, o sea, es seguro, y por otro lado no sólo ganan más que los intereses bancarios, sino que además es relativamente fácil recuperar la inversión por que el flujo de compradores es constante.
Las autoridades lo justifican señalando que la inversión genera trabajo e ingresos importantes al gobierno departamental. Algo relativamente cierto. Porque a cada boom de la construcción, de los tantos vividos en este departamento desde mediados de los años 70, le suceden importantes problemas sociales. Sobre todo en escasez de vivienda y, por consiguiente, en el crecimiento de asentamientos. Además, los nuevos inversores gozan de una importante cantidad de exoneraciones en tributos departamentales y nacionales.
Hoy casi no sorprende que haya residencias en venta por hasta 15 millones de dólares. O apartamentos ubicados en La Mansa de entre 5 y 10 millones de la misma moneda. Cipriani, por ejemplo, ha puesto en venta -en la modalidad conocida como en el pozo– algunos departamentos de la primera torre que se dispone a construir en el predio del ex San Rafael. Y según anunció a principios de marzo, ya vendió varios hasta en 10 millones de dólares.
¿De dónde sale tanto dinero? o ¿cuál sería la razón para comprar una propiedad que apenas se usará no más de 20 días al año? o ¿cómo ingresa ese dinero a Uruguay? Son todas preguntas válidas para las que ni las autoridades tienen respuesta.
Los problemas del desarrollo inmobiliario
Más allá de la presunta actividad ilícita, hay otros problemas que nadie parece tener en cuenta. El GAFI señala uno: “El encubrimiento del origen de un dinero de procedencia ilícita también tiene consecuencias negativas para el sector inmobiliario. Por ejemplo, si ese dinero se invierte en la adquisición masiva de viviendas para su posterior alquiler, se puede producir un incremento falseado de los precios de las viviendas en un país, impidiendo a los compradores nacionales la adquisición de una vivienda”.
Solo en Montevideo el 55% de sus habitantes tiene por lo menos una propiedad; alrededor del 30% son inquilinos y el 15% vive en precarias condiciones en barrios marginales o en asentamientos. No existen datos oficiales públicos sobre tal situación en el departamento de Maldonado, pero según una investigación del CURE (Centro Universitario Regional del Este) hasta no hace muchos años atrás “la ciudad de Maldonado era una de las capitales de Uruguay con mayor pobreza en los hogares.
La distribución de las clases sociales en el territorio genera diversas formas de segregación residencial. En la franja costera, en zonas como Punta Ballena, Portezuelo, Punta del Este, Manantiales y La Barra, se concentran extranjeros de niveles socioeconómicos altos, mientras los sectores socioeconómicos más bajos se instalan en barrios populares y asentamientos del Norte y Noreste de Maldonado, La Capuera, El Pejerrey, Barrio Hipódromo, Canteras de Marelli y Balneario Buenos Aires. Esto es una tendencia global donde la ciudad no crece de forma integrada sino que está fragmentada por espacios donde se concentran los servicios, las riquezas y las oportunidades por una parte, y zonas de exclusión y pobreza por otra”, dice el informe.
Otro problema es que el mercado inmobiliario ejerce una fuerte presión sobre la zona costera. Cualquiera que visite este lugar después de ocho o diez años, encontrará cómo algunas de las residencias de gran porte ubicadas sobre la Mansa o la Brava, han desaparecido para dar lugar a torres de 25 pisos en primera fila. Y pronto las habrá de 60 pisos sobre la Brava. Durante años se proclamó desde los sucesivos gobiernos que había que evitar el “efecto Pocitos”. Es decir una muralla de edificios en primera línea que terminaron afectando la calidad de esa playa.
Pero las proclamas solo fueron eso. Porque se siguieron aprobando edificios cada vez más altos. Todos con excepciones a pesar de los cambios de ordenanzas. Ahora la Intendencia habilita la construcción en algunas zonas sobre la arena. La excesiva cantidad de construcciones costeras ha afectado gravemente toda la zona de playa. Hay lugares donde se debe hacer un esfuerzo muy importante para evitar que desaparezca el cordón de dunas que protegerían la costa hormigonada de lo que parece ser el inevitable avance del mar.
En la desembocadura del arroyo Maldonado la intendencia invirtió centenares de miles de dólares para evitar que el mar arrase algunas de las casas más caras de la zona -entre ellas la del empresario argentino Daniel Hadad- construidas casi sobre el agua. Lo mismo ocurre en Punta Ballena, donde hubo que construir una extensa red de drenaje subterráneo para tratar de evitar que la arena siempre estuviera húmeda. Y este fenómeno ocurre porque muchos de los “ricos y famosos” que tienen casa en ese lugar arrasaron con las dunas para extender sus jardines lo más cerca del agua que pudieran.
Un informe más reciente sobre el consumo de agua potable en el mundo, publicado por el diario The Guardian, asegura que “la proliferación de piscinas en las zonas ricas, así como el riego de jardines, afecta el acceso y consumo de agua en los sectores más desposeídos”. Ni que hubiera sido escrito sobre Punta del Este sería más exacto.
Se construye más pero se vende menos. Datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística revelan una paradoja: en Punta del Este se construye cada vez más pero a la vez se vende menos.La intendencia de Maldonado informó que el año pasado se autorizaron 430.000 metros cuadrados de construcción. Sin embargo en el primer trimestre de este año se registraron casi 11% menos de compraventas que en igual período del 2022.
La corrupción, otro problema del desarrollo
Existe un mito popular que convierte en corrupto a todo ciudadano electo como edil para integrar la Junta Departamental de Maldonado. Algo que expresado así, en general, es falso. Pero también es cierto que algunos ediles han alimentado ese mito. Uno de los organismos más ambicionados por los ediles es la Comisión de Obras, donde se discuten y deciden los proyectos edilicios que serán autorizados previa discusión con los inversores o constructores.
Pero así se levantó por más de diez pisos un edificio que solo tenía permiso para cuatro. O se construyeron cuatro penthouses sobre un edificio que solo tenía permiso para colocar un “sombráculo” que protegiera del sol a los propietarios que querían tomar mate mirando el mar. Para algunos ediles ha representado la posibilidad de tener información privilegiada sobre el desarrollo de la ciudad.
Entonces fue como apareció una empresa de transporte de pasajeros antes de que hubiera una casa en el barrio que iba a servir. O una estación de servicio en medio de la nada, donde casualmente años después se construiría un barrio para cerca de 20.000 personas o ser la única frente a donde se construyó la perimetral.
En los años 90 la intendencia a cargo de Domingo Burgueño construyó unas mil casas de fibrocemento y así surgió el barrio Cerro Pelado, ubicado al noroeste de la capital departamental. La mayoría de esas viviendas se adjudicaron por razones políticas y muchas previo pago de una coima al director del área de Vivienda que terminó procesado y preso.
Así también aparecieron ediles dueños de inmobiliarias donde trabajan otros ediles y un director de la Intendencia, antes edil. Tal el caso del actual diputado blanco y exedil Rodrigo Blás y sus empleados, el edil Darwin Correa y Alejandro Lussich, exedil y hoy director de Vivienda. Los dos primeros, además, defraudaron a la DGI en varios millones de dólares, aunque no fueron procesados por un tema burocrático de fiscalía no porque fueran inocentes, según sostuvo en su dictamen el fiscal Luis Pacheco.
Hubo un edil blanco, también constructor, que llegó a votar en sala el proyecto de una residencia millonaria que luego su empresa construyó. Su nombre también apareció en carteles de obra de edificios con excepciones aprobadas por la Junta que él integraba. Hay más casos de exediles o exdirectores propietarios de inmobiliarias, que hacían viajes oficiales para traer inversores y cuando se concretaba, justo su inmobiliaria tenía la exclusividad de venta. Sin embargo, en los últimos 32 años solo dos ediles, uno blanco y otro colorado, fueron procesados con prisión acusados como “coimeros”, por lo que se les sometió a juicio político en el Senado, que los despojó de sus bancas. Leonel Fazzio, el edil colorado procesado entonces, dijo: “Me siento como una mojarrita en una pecera llena de tiburones”.
Tal vez tenía razón.
¿En qué invierten los traficantes de droga?
La historia muestra que algunos de los cárteles colombianos y mexicanos más conocidos han tenido, no sabemos si aún tienen, inversiones en este balneario. También las tuvo el mafioso Rocco Morabito. Pero cuando nos referimos a los traficantes uruguayos, hablamos de otro nivel. Los pocos casos que se han investigado revelaron la compra de casas en los mismos barrios en que residen o la instalación de pequeños comercios como mini-supermercados.
La LUC de alguna manera los protege, porque según la ley hasta 120.000 dólares no es necesario identificar el origen del dinero. Sin embargo los responsables de las bocas circulan casi todos en vehículos de alta gama. Autos o camionetas que no cuestan menos de 50.000 dólares. Pero, como informó Chediak “los vendedores de autos son un sector que aún no están obligados presentar reportes de operaciones sospechosas”.
La compra de grandes extensiones de campo y los sucesivos cambios de manos en corto tiempo, como se ha verificado en algunos departamentos, pone un signo de interrogación sobre esas operaciones. Sobre todo cuando no se las explota. En este caso se piensa en delincuentes extranjeros. Y por último hay otro factor nunca mencionado por las autoridades actuales: los estudios y profesionales que colaboran con la estructura del lavado.
El sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum, autor de libros y trabajos académicos sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado, explica que “el lavado de dinero es un fenómeno delictivo elusivo en tanto existe cuando se infiltra en el sistema financiero legal evadiendo los controles del Estado. Claro que este desapercibimiento no se refiere a los protectores del capital que gestionan la invisibilidad de los titulares de los activos y de la fuente originaria de los fondos económicos sino a las autoridades que deben controlar la legitimidad del dinero que es introducido en el mercado. Ello arrastra problemas para los investigadores que tratan de mensurar el lavado de dinero ya que el subconjunto conocido es aquel que se hace visible a través de los mecanismos de control del sistema financiero y punitivo del Estado”.
Cuando menciona a “los protectores del capital” refiere “a intermediarios expertos que, además de conocer la legislación, saben las artimañas necesarias, legales o ilegales, para lavar dinero, evadir impuestos, etc. Los protectores de capital están conformados por escribanos, abogados, contadores -profesiones tradicionales históricamente vinculadas a la clase dirigente-, propietarios de casas de cambio, constructores, etc. Varias de estas profesiones y ocupaciones se nuclean en colectivos – estudio/firma/bufete, empresas y corporaciones-. De ahí que sea posible entender a la protección del capital como un habitus (Bourdieu, 2001) de clase defendido por un sistema de disposiciones constitutivas de determinadas profesiones/ocupaciones de la estructura social”.
Si de algo podemos estar seguros es que el lavado de dinero como problema no es algo que preocupe a los actuales gobernantes. Por ejemplo: el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo en enero del 2019 que “la Intendencia no tiene que controlar para nada si lavan dinero con construcciones en Punta del Este”.
Sin embargo mientras no se persiga la ruta del dinero, cualquier combate al crimen organizado será ocioso.
*Analista del periódico Claridad