Argentinos pesimistas: tiempos de ajuste, entreguismo, hambre, bronca y resistencia

Claudio della Croce

Argentina entró en la primavera austral, y aunque salió el sol, el clima social es por demás pesimista. La última esperanza de todos -gobernantes y gobernados, empresarios, trabajadores y desempleado- es que Argentina vuelva a ganar el campeonato mundial de fútbol, y entonces sí, quizás, los argentinos abandonen por un rato su pesimismo y disfruten de algo más que una sonrisa: volverán los abrazos, se olvidarán rencores… hasta que la realidad se adueñe nuevamente del escenario.

Pero faltan 50 días para el Mundial de Qatar y la situación económico-social atraviesa un tiempo dramático, No hay mucho margen para el optimismo: Cabe recordar que en el Presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso se estima una inflación anual del 60% para el 2023, mientras el Banco Central lo calcula en 90,22% para este año, aunque quizá alcance las tres cifras…

Hay sequía en los bolsillos de los trabajadores, pero también en los campos. En materia de sequía e incendios, la situación es compleja. Durante los últimos tres años el país atraviesa una sequía que no reconoce antecedentes en las últimas décadas, saliendo de un invierno escaso de lluvias, lo que se debe relacionar con el cambio climático. Una sequía favorable a la propagación de incendios, la bajante de los ríos y la disminución de la producción agropecuaria.

Pareciera que los dos últimos gobiernos argentinos, supuestamente de distintos tinte ideológico, se han dedicado con esmero a plantar, abonar y hacer crecer la desigualdad, ensanchar la grieta social, en un proceso incesante de confiscación de ingresos por los sectores perceptores del excedente de producción sobre los trabajadores formales, informales, precarizados y sostenidos por deprimidos ingresos. Ni hablar de los desempleados y pluriempleados.

El llamado “consenso extractivista” -compartido por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- guía gran parte de la política oficial. Es lo que empuja a darles carta blanca a las grandes petroleras y empresas trasnacionales mineras, además de notorios beneficios económicos.

Argentina es un país sui generis: desaparecen 37.000 millones de dólares de reservas y nadie pide explicaciones, denuncia el economista Horacio Rovelli,

En 32 meses, el superávit comercial fue de 29.471 millones de dólares. Sin embargo, las reservas internacionales del Banco Central se redujeron durante ese lapso en más de 7.000 millones de dólares, lo que demuestra que existe ocultamiento y oscurantismo. No hay respuestas válidas y ciertas de dónde están. Y tampoco nadie pide esa explicación, violando el principio de exigir la claridad de los actos de gobierno, añade.

Más que la incertidumbre que manifiestan como preocupación los empresarios, los medios de prensa que los representan y los intelectuales orgánicos del sistema (entre los cuales militan los economistas ortodoxos y heterodoxos acríticos), el dramatismo se sitúa en el devenir de este proceso de confiscación de ingresos en beneficio de una pequeña minoría, señala el exdirector del Banco Nación, Guillermo Wierzba.

Las principales firmas industriales y de servicios, en el período 2015-2022, tuvieron una rentabilidad extraordinaria al tiempo que se reducían sus costos laborales. Es decir, ganaron más y pagaron menos salarios. La caída de salarios fue en promedio superior al 20% en términos reales desde enero de 2017 a junio de 2022.

La participación de los trabajadores en el ingreso cayó entre el primer trimestre de 2016 al primero de 2022 del 54.2% del ingreso al 46,9% del mismo, mientras que los apropiadores del excedente avanzaron desde el 42,2% al 47,8%. Vuelven la advertencia de la decadencia o vaciamiento de la democracia y ante esto también  la pregunta: ¿qué gobierna el gobierno?

 Desigualdad galopante

La desigualdad se puede ver crecer a diario, por decisiones políticas con destinatarios claros: que ganen siempre los mismos. El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea menor; ahora, para minimizar las importaciones y en un futuro cercano, para maximizar su exportación

Es difícil encontrar un optimista: según un sondeo de opinión de la firma Reyes & Filadoni, el 62% de los argentinos expresa sentimientos negativos como la frustración o el enojo. No es para menos: seis de cada 10 argentinos indica que no llega a fin de mes. Las insatisfacciones son materiales y cotidianas, como comer, vestirse, tener un techo.

Tras el aberrante atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, crecen el pesimismo y la desconfianza. El gobierno pregona su triunfo en la baja de cifras de desempleo, pero no habla de la baja de los ingresos, de la precariedad laboral, el pluriempleo, en un país que se ufanaba de ser el granero del mundo y donde ahora muestra a más del 40 por ciento de su población por debajo del nivel de pobreza.

El 60% de los trabajadores percibió menos de 70 mil pesos al mes en el segundo trimestre del año, el 80% de los asalariados tuvo ingresos menores a 100.000 pesos, lo que indica que una mayoría abrumadora está por debajo de los 161.853 pesos de la canasta de consumos mínimos.

No se habla de precarización laboral, pero dos de cada tres empleos creados son precarios, alcanzando el 37,8 por ciento del total, el porcentaje más elevado desde fines de 2008, señala Alfredo Zaiat desde el prooficialista Página12. Y recuerda que  medio millón de trabajadores se sumaron en el último año a engrosar las cifras de pluriempleo. El ingreso promedio de los asalariados informales fue de 38.476 pesos en el segundo trimestre del 2022.

El gobierno habla de “desendeudar” y sigue echando la culpa al gobierno anterior, del neoliberal Mauricio Macri, mientras el festival de la sangría de dólares del Banco Central. Entre diciembre de 2019 y julio de 2022, el país tuvo un superávit de la balanza comercial que ascendió de 35.413 millones de dólares, pero de ese total, casi 24.000 millones de dólares se fueron a pagar la deuda privada de un grupo de empresas.

Fueron empresas energéticas, bancos, constructoras, alimenticias y firmas del sector de la comunicación que accedieron a dólares baratos para cancelar sus deudas contraídas bajo el macrismo. Es una extraña jactancia de “desendeudar”: las empresas privadas zafan, y crece el espiral de la deuda que sigue paga el pueblo.

El 21 de mayo de 2020, el Banco Central informó que de la deuda –que supera los 100.000 millones de dólares–, la “fuga de capitales” alcanzó los 86.200 millones de dólares. En total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores –que son empresas– adquirieron 24.679 millones de dólares y 100 personas compraron 822 millones de dólares.

Ninguna de esas 100 empresas puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar tal cantidad de dólares entre 2016-2019. Esto supone los delitos de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes –incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, señala el economista Horacio Rovelli.

Se estima que el gasto en intereses de la deuda será de 2,67 billones de pesos (unos 13.000 millones de dólares), que es el rubro que más crece (lo hace a una tasa del 102,7%), cuando ponderan una inflación para todo el 2023 del 60% y el gasto público total se incrementa en 71,2% con respecto al gasto de 2022.

El presupuesto 2023

Hacia adelante, está el Presupuesto 2023. El (super)ministro de Economía Sergio Massa irá a defenderlo el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Es un plan económico que llega con el aval de todas las tribus del Frente de Todos.

El análisis del presupuesto no puede prescindir del contexto en el que se inscribe. Es decir, de las profundas restricciones económicas y políticas que se derivan de: a) la fragilidad externa por la escasez de reservas internacionales, b) las relaciones de fuerza adversas por los bajos niveles salariales y la regresividad en la distribución del ingreso en el marco de un régimen de alta inflación, y, entre otras, c) las restricciones que emanan de los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI.

Se trata, en parte, de la pesada herencia recibida del gobierno anterior, pero también de los resultados de la política económica moderada para enfrentar la crisis de la deuda heredada durante los primeros dos años y medio del gobierno del Frente de Todos”.

Massa detalló que al Estado le cuesta más del cinco por ciento del PIB otorgarle todo tipo de beneficios impositivos a grandes empresarios y jueces. Por la vía de “regímenes especiales” o “incentivos” (a automotrices, economía del conocimiento, construcción), y la eximición del impuesto a las ganancias para los jueces.

Hasta el FMI le llamó la atención al ministro de Economía por destinar tantos recursos en estos beneficios. Pero el gobierno sigue anunciando nuevas promociones para empresarios, a costa de erario público. Al dólar soja que vence el 30 de septiembre, evalúan transformarlo en otros “incentivos” para el sector; y en ventajas cambiarias para la llamada economía del conocimiento, las trasnacionales de la digitalización.

A ello se debe sumar el anuncio del presidente Alberto Fernández en Houston, Estados Unidos: enviará al Congreso un proyecto de ley para dar “seguridad jurídica” a las inversiones extranjeras en gas, producción de gas licuado y litio, o sea darle patente de corso a los expoliadores trasnacionales del subsuelo del país.

Son tiempos de ajuste desde el gobierno del “progresista” Alberto Fernández, tiempos de bronca de los 46 millones de argentinos, tiempos de resistencia de trabajadores y desempleados hambreados por el modelo.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)