La crisis alimentaria internacional y propuestas para superarla

Eric Toussaint , Omar Aziki

Contrariamente a una idea ampliamente difundida en 2022, la crisis alimentaria mundial comenzó antes de la invasión rusa a Ucrania y al aumento de los precios debido a la especulación. A escala planetaria, entre 2014 y 2021, el número de personas que sufrían inseguridad alimentaria grave aumentó en más de 350 millones, pasando de 565 millones a 924 millones.

Este aumento fue particularmente fuerte entre 2019 y 2021, afectando a un poco más de 200 millones de personas. En 2021, cerca de 2.300 millones de personas, o sea el 29,3 % de la población mundial, estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave [1]. En 2022, todos los indicadores están en rojo e incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el 17 de mayo de 2022 para debatir sobre cómo hacer frente a la crisis alimentaria que podría provocar revueltas populares.

Cómo podemos explicar que en el siglo XXI continuemos confrontados con el hambre?

La agricultura campesina proporciona el 70% de la producción mundial de alimentos
Un ser humano de cada diez sufre hambre continuamente.

Es el resultado del modelo de agrobusiness que solamente busca la realización de inmensos beneficios y no le preocupa la alimentación de la población. Y esta situación es mucho más flagrante en los países del Sur Global donde los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial alentaron la agricultura intensiva de exportación según criterios competitivos y de rentabilidad en el mercado mundial [2] , y marginalizaron el sector de producción hortícola y la agricultura campesina que, sin embargo, suministra el 70 % de la producción de alimentos mundial. Los alimentos son transformados en mercadería sometida a la especulación en el mercado mundial, donde un grupo de grandes multinacionales fijan los precios.

La agroindustria se apodera cada vez más de la tierra y los recursos hídricos, destruye las semillas de los agricultores en favor de los híbridos y los OMG, aumenta el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y aumenta la producción de agrocombustibles

Esas grandes empresas del agrobusiness se benefician de subvenciones públicas, acaparan cada vez más tierras para extender el cultivo de agrocombustibles, recursos de agua para cultivos híper consumidores, destruyen las semillas naturales en provecho de híbridas y OGM, generalizan la utilización de abonos químicos y de pesticidas.

Ese modelo de producción aumenta considerablemente la vulnerabilidad de los cultivos frente a factores externos y contribuye enormemente al cambio climático y a las sequías que afectan la agricultura de secano y agotan las napas freáticas. Y todo esto está directamente ligado al sistema capitalista mundial y a su crisis multiforme de las que la crisis alimentaria es una de sus manifestaciones.

 ¿Cuál es la amplitud de la crisis en el ámbito humanitario?

Según un criterio más amplio que fue elaborado por la FAO y otros organismos de la ONU, el 30 % de la población mundial sufre de manera moderada de inseguridad alimentaria.

Si nos concentramos en el continente africano, siempre según la FAO, cerca del 60 % de la población está afectada por la inseguridad alimentaria moderada y el 20 % por la inseguridad alimentaria grave. Estas cifras podrían aumentar mucho con la inestabilidad climática.

En 2020, «se estima que 45 millones de niños y niñas de menos de 5 años sufren emaciación, la forma más mortífera de la malnutrición, que puede multiplicar por 12 el riesgo de muerte en temprana edad. Además, 149 millones de niños y niñas de menos de 5 años presentan un retardo de crecimiento y de desarrollo debido a una carencia crónica de nutrientes esenciales en su alimentación.» [3] El 45 % de las muertes de niños y niñas de menos de 5 años es debido a la malnutrición, y eso representa 3,1 millones de niñas y niños.

«En 2021, la diferencia entre mujeres y hombres en cuanto la inseguridad alimentaria se acentuó todavía más: 31,9 % de mujeres en el mundo estaban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave frente al 27,6 % de hombres. Esta diferencia muestra un aumento de más del 4 % frente al 3 % correspondiente a 2020». [4]

Según un comunicado de prensa de la UNICEF del 23 de junio de 202: Cada minuto, un niño sufre malnutrición grave en 15 países afectados por la crisis mundial del hambre: «Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa de emaciación grave a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, y la cifra aumenta cada minuto, advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7.»

Desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más –o un niño cada 60 segundos– sufran emaciación grave en los 15 países más afectados por la crisis, entre ellos en el Cuerno de África y el Sahel Central.»

UNICEF agrega: « Mientras tanto, el precio de los alimentos terapéuticos listos para usar, que se utilizan para tratar la emaciación grave, se ha disparado en un 16% en las últimas semanas debido a un fuerte aumento del coste de las materias primas, lo que deja a otros 600.000 niños en peligro de morir sin no reciben acceso a un tratamiento que pueda salvarles la vida.»

Estructuralmente y de manera paradójica, una mayoría de personas víctimas del hambre pertenecen a la población rural. La mayor parte son familias de productores rurales que no poseen la tierra en propiedad o no tienen suficiente tierra, ni medios para valorizarla.

Tienen que vender una gran parte de sus productos agrícolas en el mercado, en particular para poder pagar sus deudas, quedando la familia con escasez de alimentos. Por supuesto, también hay una población urbana muy empobrecida.

Algunas definiciones dadas por la OMS y la UNICEF:

La crisis alimentaria mundial comenzó antes de la invasión rusa de Ucrania

Citado por el diario Le Monde (Sous-alimentation: près d’une personne sur dix souffre de la faim dans le monde, un chiffre en forte hausse depuis deux ans), Émile Frison, miembro del panel internacional de expertos sobre los sistemas alimentarios durables (IPES-food), declaraba: « No es necesario que nos engañemos diciéndonos que asistimos a una crisis alimentaria debido únicamente a la Covid y a la guerra en Ucrania, y que si esos problemas se solventan, todo se arreglará».

Mathilde Gérard, periodista de Le Monde agrega: «En realidad, esos dos mayores acontecimientos internacionales exacerbaron las dificultades estructurales precedentes» (Fuente: Mathilde Gérard, « Sous-alimentation: près d’une personne sur dix souffre de la faim dans le monde, un chiffre en forte hausse depuis deux ans », Le Monde, 6 de julio de 2022) [5].

La crisis alimentaria no está provocada por una reducción de la producción de cereales o de otros alimentos

La crisis alimentaria mundial no está provocada por una penuria mundial de producción de alimentos. En efecto, la producción alimentaria mundial aumenta más rápidamente que el crecimiento demográfico desde hace más de medio siglo. En 2021, la cosecha de cereales superó un récord histórico. Pero es importante remarcar que una parte creciente de los alimentos no se dedica a la alimentación humana.

Los gobiernos del Norte promueven la producción de agrocombustibles, llamados erróneamente biocombustibles con el fin de crear una reacción positiva en la opinión pública.

En un artículo de abril de 2022, Jean-François Collin, alto funcionario y exconsejero en el ministerio de Agricultura en Francia pone en evidencia «el considerable aumento de los usos industriales de la producción mundial de cereales (…), especialmente en la producción de etanol: 30% de aumento de la producción mundial de los últimos cincuenta años fueron dedicados al desarrollo de los usos industriales de los cereales. Esto concierne principalmente al maíz y también al trigo. (…) cerca de 200 millones de toneladas de maíz estadounidense son transformadas cada año en etanol, que se incorpora al combustible de los vehículos con motor de gasolina.

El 10% de los cereales producidos en el mundo ahora se utilizan como combustible. Se podría agregar las superficies dedicadas a otros vegetales como la colza, la soja o la palma (aceite de palma) con los cuales se puede producir un diester también utilizado como combustible. Y son superficies que no se dedican a la producción de trigo o de arroz que pueden alimentar directamente a los humanos.»

También es importante señalar que más de un tercio de la producción mundial de cereales, el 35% según Collin, se destina a la alimentación del ganado.

Un grupo de sociedades transnacionales controlan ampliamente el mercado de cereales, formando un oligopolio, y aumentan permanentemente sus beneficios y su fortuna a costa de la población mundial. A escala planetaria, cuatro sociedades, de las cuales tres son estadounidenses y una es francesa, controlan el 70 % del mercado internacional de cereales.

Tienen un papel fundamental en la fijación de los precios y del aprovisionamiento. Las cuatro son: Archer Daniels Midland, De Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, a menudo designadas con la sigla ABCD.

A nivel mundial, cuatro empresas, tres de ellas estadounidenses y una francesa, controlan el 70% del mercado internacional de cereales

Tomemos el caso de Cargill, veamos que dice Oxfam internacional sobre esta compañía en un reciente informe: «Cargill es un gigante mundial del agroalimentario y una de las más grandes sociedades privadas del mundo. En 2017, se la ha catalogado entre las cuatro empresas que controlan en conjunto el 70 % del mercado de los productos de base agrícola.

El 87 % de la propiedad de la empresa pertenece a la undécima familia más rica del mundo. La riqueza acumulada por los miembros de esta familia, que figuran en la lista de milmillonarios de Forbes es de 42.900 millones de dólares, y su fortuna aumentó en 14.400 millones de dólares (un 65%) desde 2020, aumentando a un ritmo de 20 millones por día durante la pandemia.

Ese aumento fue debido al aumento de precios de los productos alimentarios, principalmente los cereales. Por otra parte, cuatro otros miembros de la gran familia Cargill figuran, desde hace poco, en la lista de las 500 personas más ricas del mundo. En 2021, la sociedad registró ingresos netos de 5.000 millones de dólares, realizando uno de los más grandes beneficios de su historia.

El año precedente, pagó dividendos por 1.130 millones de dólares, cuya mayor parte estaba destinada a miembros de su familia. La sociedad debería, nuevamente, obtener beneficios récords en 2022, lo que engrosaría la ya colosal fortuna de la familia.»

La fortuna de la familia Cargill creció un 65% entre 2020 y 2022 y aumentó en casi 20 millones de dólares diarios durante la pandemia

Oxfam agrega: «Según Bloomberg, Cargill no es la única empresa que realiza beneficios importantes aprovechándose de las penurias alimentarias y de la volatilidad de los mercados. Una de las competidoras de Cargill, la sociedad de comercio agrícola Louis Dreyfus Co. declaró en marzo haber realizado un 82 % más de beneficios que el año anterior, en gran parte gracias a las fluctuaciones de los precios de los cereales y a los fuertes márgenes con los granos oleaginosos»

“Cuando el sufrimiento trae la riqueza. Frente a la explosión de las fortunas de los milmillonarios y mientras el coste de la vida sube vertiginosamente, es urgente poner impuestos especiales a los más ricos», señaló la nota de Oxfam publicada el 23 de mayo de 2022.

Ese control sobre el comercio de alimentos permitió a esas empresas de la agroindustria, y también a grandes cadenas comerciales como Wallmart o Carrefour, imponer aumentos de precio del orden del 30% en 2021. [6]

Las políticas neoliberales de apertura de los mercados, que analizamos más adelante, son otra causa fundamental de la crisis alimentaria. En efecto, esas políticas convirtieron a los países del Sur Global cada vez más dependientes de sus importaciones de cereales (véase más adelante la crítica de las diferentes políticas aplicadas por los países del Sur bajo la presión de instituciones como el BM y el FMI, y también de sus propias clases dominantes).

En caso de un shock exterior que produzca un aumento de los precios en el mercado mundial y/o una dificultad de aprovisionamiento, los países del Sur Global, que no producen cereales suficientes para su población, están directamente afectados.

Entre los factores recientes que agravaron la crisis alimentaria, está la enorme especulación que tuvo lugar en los mercados de cereales después de la invasión rusa a Ucrania. El precio del trigo y del maíz aumentó cerca de un 50% en unos quince días mientras que en esos momentos no había ninguna destrucción de la producción y ningún problema de aprovisionamiento.

Se trataba de pura especulación por parte de las grandes sociedades privadas que compran stocks de cereales (incluyendo cosechas futuras) en las bolsas de cereales, siendo la principal la de Chicago. El precio del arroz también aumentó, pero en forma más moderada. Inmediatamente, las grandes sociedades de comercialización, los grandes supermercados aumentaron el precio de los alimentos sin justificación alguna.

Tras la invasión de Ucrania, el precio del trigo y del maíz subió casi un 50% en quince días, a pesar de que no hubo destrucción de la producción ni problemas de abastecimiento en ese momento

En el momento en que se escribe este artículo, durante los últimos tres meses, el precio del trigo en la bolsa de Chicago bajó un 32 % y el del maíz un 22%, sin embargo eso no ha repercutido en una reducción de precios en la venta minorista.

Los precios para los consumidores y consumidoras de las clases populares aumentaron enormemente y es poco probable que bajen, puesto que los gobiernos no aplican políticas de control de precios o fijación de precios. Efectivamente, las grandes empresas privadas son libres de fijar los precios que desean.

 La crisis alimentaria no comenzó con la invasión de Ucrania

En realidad, la situación se degradaba desde 2014 en el mundo entero. En 2007-2008 se había desarrollado una crisis alimentaria muy grave, que llevó a más de 800 millones de personas a pasar hambre. Entre 2009 y 2013, la situación había mejorado, sin embargo, comenzó a degradarse nuevamente a partir de 2014. (Véanse las tablas 1 y 2)

Tabla1: evolución del número de personas que vivieron una situación de inseguridad alimentaria grave (en millones)

Fuente: FAO The State of Food Security and Nutrition in the World 2022, tabla 4, p. 26 (resumen en castellano: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 | FAO

A nivel mundial, entre 2014 y 2021, el número de personas con inseguridad alimentaria severa aumentó en más de 350 millones, de 565 a 924 millones

Tabla 2: Número de personas que vivieron una situación de inseguridad alimentaria moderada, (en millones)

Fuente: FAO The State of Food Security and Nutrition in the World, 2022, tabla 4

 ¿Es posible erradicar el hambre?

Sí, es totalmente posible. Las soluciones fundamentales para alcanzar ese objetivo vital pasan por un proyecto de soberanía alimentaria alternativo al modelo actual de agrobusiness intensivo. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los países de mantener y desarrollar su propia capacidad para producir su alimentación de base y supone la protección de los recursos naturales, en particular: la tierra, las aguas y las semillas.

La soberanía alimentaria coloca a productores y productoras, a distribuidores y distribuidoras y a consumidores y consumidoras de alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las exigencias de los mercados y de las transnacionales. Por consiguiente, la soberanía alimentaria tiene por objetivo alimentar a la población a partir del esfuerzo de los productores y productoras en el ámbito local, y limitando, también, las importaciones y exportaciones.

Para avanzar hacia la soberanía alimentaria, es necesario colocar a la agroecología en el centro de las decisiones políticas de los gobiernos. La agroecología es una alternativa al modelo neoliberal productivista. Esta práctica garantiza los derechos colectivos de campesinos y campesinas, protege la biodiversidad, refuerza los sistemas alimentarios locales y valoriza el trabajo de las mujeres en el campo, que es, literalmente, vital.

La agroecología nos permite disponer de una alimentación de calidad: sin OGM, sin pesticidas, sin abonos químicos. Pero para alcanzar este objetivo, es necesario que más de 3.000 millones de campesinos y campesinas puedan acceder a la tierra en cantidad suficiente y trabajarla por su cuenta, en lugar de enriquecer a los grandes propietarios, a las transnacionales del agrobusiness, a los comerciantes y a los prestamistas. Es necesario, también, de que dispongan, gracias a la ayuda pública, de medios para cultivar la tierra sin agotarla.

Para hacerlo, hay que hacer una reforma agraria, una reforma que falta, cruelmente, en Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, también en Asia y en algunos países de África. Tal reforma agraria debe organizar la redistribución de tierras, prohibiendo a los terratenientes privados y proveyendo una ayuda pública al trabajo de los agricultores. Esta reforma agraria se ha de oponer a las políticas agrarias puestas en práctica por el Banco Mundial, por grandes fundaciones como la Fundación Bill Gates y multinacionales que favorecen las grandes operaciones de acaparamiento de tierras.

La reforma agraria debe preservar los bosques y selvas existentes y estimular la plantación de árboles, allí donde estaba devastado, detener la privatización y comercialización de los recursos hídricos, y evitar el monocultivo que está en los orígenes de la degradación de los suelos.

También, es importante señalar las enormes responsabilidades que tiene el FMI y sobre todo el Banco Mundial en la crisis alimentaria puesto que son especialmente estas instituciones las que llevaron a los Estados a conectarse cada vez más con los mercados internacionales, haciendo crecer su dependencia, a suprimir las ayudas a los pequeños productores agrícolas y a ofrecer una plaza privilegiada a las transnacionales del agrobusiness.

El FMI y el Banco Mundial recomendaron a los gobiernos del Sur suprimir los silos de granos que servían para alimentar el mercado interior en caso de insuficiencia de la oferta y/o de un aumento vertiginoso de los precios.

El Banco Mundial y el FMI alentaron a los gobiernos a suprimir los organismos de crédito público al campesinado y llevando a campesinos y campesinas a caer en las garras de los prestamistas privados (con frecuencia grandes comerciantes) o de los bancos privados que aplican intereses de usura. Eso provocó el endeudamiento masivo del pequeño campesinado, ya sea en la India, México, Egipto o en numerosos países del África subsahariana.

Según las encuestas oficiales, el sobreendeudamiento de los campesinos que afecta a los indios es la causa principal de suicidio de más de 400.000 campesinos en la India durante los últimos 25 años (Statistics say nearly 4,00,000 farmers committed suicide in India between 1995 and 2018. Why? (scroll.in)) (solo en inglés). Ese es un país donde, precisamente, el Banco Mundial se empeñó con éxito a convencer a las autoridades a suprimir las agencias públicas de crédito a los agricultores.

Y eso no es todo: durante los últimos 50 años, el Banco Mundial y el FMI también promovieron en los países tropicales y otros países del Sur Global a reducir su producción de trigo, arroz o maíz y a reemplazarlos por cultivos de exportación (cacao, café, bananas, cacahuetes, flores, algodón…).

Finalmente, para completar su trabajo a favor de las grandes sociedades del agrobusiness y de los grandes países exportadores de cereales (comenzando por Estados Unidos, Canadá y Europa), hicieron que los gobiernos abrieran totalmente las fronteras a las importaciones de alimentos que benefician de subvenciones masivas por parte de los países del Norte. Eso provocó la quiebra de numerosos productores y productoras del Sur, y una fuerte reducción de la producción de alimentos local.

En resumen, es necesario poner en marcha la soberanía alimentaria, promover la agroecología y aplicar la reforma agraria. Se debe dejar de producir agrocombustibles industriales y eliminar las subvenciones públicas a sus productores. También, es necesario instalar de nuevo los stocks públicos de reserva de alimentos (en partículas los granos: arroz, trigo, maíz…), instaurar los organismos públicos de crédito para agricultores y agricultoras y restablecer una regulación del precio de los alimentos.

Hay que garantizar que las poblaciones con bajos ingresos puedan beneficiarse de precios bajos para alimentos de calidad. Se debe suprimir el IVA de los alimentos básicos. El Estado debe garantizar a los pequeños productores y productoras agrícolas unos precios de venta suficientemente altos con el fin de permitir una mejora real de sus condiciones de vida. El Estado también debe desarrollar los servicios públicos en los medios rurales (de salud, educación, comunicaciones, cultura, «bancos de semillas» …).

Los poderes públicos tienen capacidades suficientes para garantizar, al mismo tiempo, precios subvencionados a los consumidores de alimentos y precios de venta suficientemente altos para los pequeños productores y productoras agrícolas puedan disponer de unos ingresos suficientes.

 Este combate contra el hambre, ¿acaso no es participe de un combate mucho más amplio?

No podemos pretender seriamente luchar contra el hambre sin atacar las causas fundamentales de la situación actual. La deuda es una de ellas, y la palabrería sobre el tema, frecuente estos últimos años durante las cumbres del G7 y del G20, no disimula para nada, que el problema sigue estando ahí. La crisis global que ahora afecta al mundo agrava la situación de los países en desarrollo frente al coste del endeudamiento y se preparan nuevas crisis de deuda en el Sur.

Lo que está pasando, en este 2022, en Sri Lanka y Argentina son ejemplos emblemáticos. Esa deuda condujo a pueblos del Sur, a menudo provistos de riquezas humanas y naturales considerables, a un empobrecimiento masivo. El sistema deuda es un pillaje organizado al que hay que darle fin urgentemente.

En efecto, el mecanismo infernal de la deuda pública ilegítima es un obstáculo esencial a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, entre las cuales, el acceso a una alimentación decente. Sin ninguna duda, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, geopolítica o financiera. En un plan moral, los derechos de los acreedores, rentistas o especuladores no están a la altura en relación a los derechos humanos fundamentales de 8.000 millones de personas, abrumados por ese mecanismo implacable que representa la deuda.

Es inmoral demandar a los pueblos de los países empobrecidos por una crisis global, de la que no son en absoluto responsables, consagrar una gran parte de sus recursos al pago a los acreedores ricos (ya sean del Norte o del Sur) en lugar de dedicarlos a la satisfacción de sus necesidades fundamentales.

La inmoralidad de la deuda deriva del hecho de que muy frecuentemente fue contraída por regímenes no democráticos que no utilizaron las sumas recibidas en el interés de la población y que a menudo organizan desvíos masivos de dinero, con el acuerdo tácito o activo de los Estados del Norte, de los acreedores privados del Norte, del Banco Mundial y del FMI.

Los acreedores provenientes de los países más industrializados prestaron el dinero con pleno conocimiento de causa a regímenes con frecuencia corruptos. Por consiguiente, esos acreedores no tienen derecho a exigir a los pueblos el reembolso de esas deudas inmorales e ilegítimas.

En resumen, la deuda es uno de los principales mecanismos por los que una nueva forma de colonización se está operando en detrimento de los pueblos. La deuda se agrega a las vulneraciones históricas realizadas por los países ricos: esclavitud, exterminaciones de poblaciones indígenas, yugo colonial, saqueo de materias primas, de la biodiversidad, de los conocimientos del campesinado (por el patentado en provecho de las transnacionales del agrobusiness del Norte de productos agrícolas del Sur como el arroz basmati indio) y de bienes culturales, fuga de cerebros, etc. Ya va siendo hora de reemplazar la lógica de dominación por una lógica de redistribución de las riquezas en pro de la justicia.

El G7, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París imponen su propia verdad, su propia justicia, de la que son, al mismo tiempo, juez y parte. Desde la crisis de 2007-2009, el G20 tomó el relevo del G7 y contribuyó a reponer un FMI desacreditado y deslegitimado al centro del juego político y económico, en particular, con respecto al Sur Global. Hay que poner fin a esta injusticia que beneficia a los opresores, ya sean del Norte o del Sur.

El CADTM sostiene con entusiasmo las propuestas y reivindicaciones adelantadas por el movimiento campesino internacional La Vía Campesina: ¡Alto a la crisis alimentaria! ¡Soberanía Alimentaria, ya! Lo reproducimos íntegramente.

Propuestas de La Vía Campesina para enfrentar la actual crisis alimentaria y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria

«Frente a este dramático contexto, La Vía Campesina expresa fuertes demandas y propuestas para enfrentar la crisis, tanto a corto como a largo plazo.

Demandamos acción inmediata por:

• El fin de la especulación con los productos alimenticios y la suspensión de la cotización de los productos alimenticios en las bolsas de valores. Los contratos futuros sobre productos agrícolas deberían prohibirse inmediatamente. El precio de los alimentos comercializados internacionalmente debe estar vinculado a los costos de producción y seguir los principios del comercio justo, tanto para los/las productores/as como para los/las consumidores/as;
• El fin de la Organización Mundial de Comercio en el control del comercio de alimentos, así como los tratados de libre comercio. En particular, las normas penales de la OMC que impiden a los países desarrollar reservas públicas de alimentos y la regulación de precios y mercados deben eliminarse de inmediato, para que los países puedan desarrollar las políticas públicas necesarias para apoyar a los/las productores/as de alimentos a pequeña escala en este difícil contexto;
• Una reunión de emergencia del Comité de Seguridad Alimentaria y la creación de un nuevo organismo internacional para llevar a cabo negociaciones transparentes sobre acuerdos de productos básicos entre países exportadores e importadores, para que los países que se han vuelto dependientes de las importaciones de alimentos puedan tener acceso a alimentos a un precio accesible;
• La prohibición del uso de productos agrícolas para producir agrocombustibles o energía. La comida debe ser una prioridad absoluta por sobre el combustible.
• Una moratoria global en el pago de la deuda pública por parte de los países más vulnerables. En el contexto actual, presionar a algunos países muy vulnerables para que paguen la deuda es una gran irresponsabilidad y está desembocando en una crisis alimentaria. Hacemos un llamado al fin de las presiones del Fondo Monetario Internacional, FMI, para desmantelar las políticas públicas nacionales y los servicios públicos y a la cancelación de la deuda pública externa ilegítima en los países en desarrollo.

Exigimos cambios radicales en las políticas internacionales, regionales y nacionales para reconstruir la soberanía alimentaria a través de:

• Un cambio radical en el orden comercial internacional. La OMC debe ser desmantelada. Un nuevo marco internacional para el comercio y la agricultura, basado en la soberanía alimentaria, debe abrir el camino para el fortalecimiento de la agricultura campesina local y nacional, para asegurar una base estable para una producción de alimentos relocalizada, el apoyo a los mercados liderados por campesinos y campesinas, locales y nacionales, así como en cuanto a asegurar un sistema de comercio internacional justo basado en la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia y la especulación;
• La implementación de la Reforma Agraria Popular e integral, para detener el acaparamiento de agua, semillas y tierras por parte de las transnacionales, y garantizar a los/las pequeños/as productores/as derechos justos sobre los recursos productivos. Protestamos contra la privatización y el acaparamiento de ecosistemas y recursos naturales por intereses corporativos bajo el pretexto de la protección de la naturaleza, a través de mercados de carbono u otros programas de compensación de biodiversidad, sin consideración a las personas que viven en los territorios y que han estado cuidando de los recursos por generaciones;
• Un giro radical hacia la agroecología, con el fin de producir alimentos sanos en cantidad y calidad para toda la población. Debemos tener en cuenta que la crisis climática y medioambiental será nuestro gran reto en el contexto actual y debemos afrontar el desafío de producir suficientes alimentos de calidad mientras reanimamos la biodiversidad y reducimos drásticamente las emisiones de GEI.
• Una regulación efectiva del mercado de insumos (créditos, fertilizantes, pesticidas, semillas, combustible…) para apoyar la capacidad de los/las campesinos/as para producir alimentos, pero también para asegurar una transición justa y bien planificada hacia más prácticas de agricultura agroecológica;
• Una gobernanza alimentaria basada en la gente, no en las transnacionales. A nivel mundial, regional, nacional y local, se debe detener la captura de la gobernanza alimentaria por parte de las transnacionales y se debe poner el interés de la gente en el centro. Se les debe reconocer a los/las pequeños/as productores/as un papel clave que debieran ocupar en todos los organismos de la gobernanza alimentaria;
• La transformación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de de campesinos y campesinas en un instrumento jurídicamente vinculante para la defensa de los pueblos rurales.
• El desarrollo en cada país de las capacidades públicas de almacenamiento. La estrategia de acumulación de alimentos debe llevarse a cabo tanto a nivel nacional, como a través de la creación y el apoyo público a reservas de alimentos a nivel comunitario con alimentos producidos localmente provenientes de prácticas agrícolas agroecológicas;
• Una moratoria global sobre tecnologías peligrosas que amenazan a la humanidad, como la geoingeniería, los transgénicos o la carne celular. La promoción de técnicas de bajo costo que incrementen la autonomía campesina y de las semillas campesinas.
• El desarrollo de políticas públicas para asegurar nuevas relaciones entre quienes producen alimentos y quienes los consumen, quienes viven en las áreas rurales y quienes viven en las áreas urbanas, garantizando precios justos definidos en base al costo de producción, que permitan ingresos dignos para los y las que producen en el campo y un acceso justo a alimentos saludables para los/las consumidores/as;
• La promoción de nuevas relaciones de género basadas en la igualdad y el respeto, tanto para las personas que viven en el campo como entre la clase trabajadora urbana. La violencia contra las mujeres y diversidades debe cesar ya.