Paulo Kliass
El tercer mandato del presidente Lula sigue ofreciendo todo tipo de sorpresas para la mayoría de los analistas del escenario político. Empezando por su impresionante capacidad de haber superado las marcas de todas las injusticias cometidas en los procesos llevados a cabo por la banda de Curitiba, que culminaron con su detención irregular e ilegal. Tras haber pasado 580 días en la cárcel, Lula acabó demostrando las ilegalidades cometidas por Moro, Dallagnol y los demás integrantes de la Operación Lava Jato y se puso a disposición de un amplio frente para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado.
El candidato opositor logró derrotar a la maquinaria reeleccionista montada por el excapitán, luchando contra el uso descarado de la estructura de gobierno, el abuso de beneficios ilegales y una fenomenal derramamiento de recursos presupuestarios para tratar de revertir las tendencias desfavorables en la elección. . Cabe mencionar que este fue el primer caso de un Presidente de la República que no logró ganar la disputa en su propia reelección en el cargo. Fernando Henrique había ganado en 1998, Lula se impuso en 2006 y Dilma fue reelegida en 2014. Si bien la diferencia de votos no fue muy significativa, la reelección de quien había estado penalmente impedido de postularse 4 años antes sorprendió y se convirtió en un especie de tardío reconocimiento social de la injusticia cometida.
Las clases dominantes brasileñas habían apoyado, en su mayoría, a Bolsonaro contra Haddad en 2018. La designación de Paulo Guedes como principal responsable del área económica buscaba consolidar el apoyo que el banquero había logrado cosechar entre las élites para el defensor. de tortura, pena de muerte y dictadura. En el cuatrienio, sin embargo, poco a poco, los beneficios ofrecidos por el superministro ya no compensaron las atrocidades del genocidio y la irresponsabilidad en la conducción de las políticas públicas. Con la proximidad de las elecciones, los principales medios de comunicación comenzaron a verbalizar la búsqueda de un nombre alternativo, que pudiera superar la polarización anunciada.
Fracaso de la tercera vía y victoria de Lula.
Sin embargo, resultó que la operación de la “tercera vía” no tuvo éxito. Todos los intentos de forjar una alternativa más aceptable a los ojos de los dueños del dinero han fracasado, ya sea en términos políticos o electorales. Lula ganó en las dos vueltas y tuvo como uno de sus primeros desafíos la composición de su equipo y poder asumir el cargo. La amenaza de golpe militar y el no reconocimiento del resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) eran maniobradas por el partido derrotado para impedir que Lula llegara al Palacio del Planalto el primer día del año.
Al parecer, los poderosos abandonaron la alternativa golpista y ensayaron una estrategia para secuestrar al futuro gobierno. Entre el resultado y la inauguración se lanzaron numerosos globos de prueba, con los nombres de mayor confianza en el mercado financiero para ocupar los puestos más importantes del área económica. Sin embargo, al igual que con la “tercera vía”, la operación no tuvo éxito. Nombres como Henrique Meirelles y Pérsio Arida, entre otros, no lograron viabilizar con Lula y su entorno. Ante este escenario, la gente de finanzas recurrió a su Plan C: influir más decisivamente en el programa a implementar por el próximo equipo. Así se decidió, así se hizo.
La intención era hacer inviables las medidas que pudieran dar una línea más progresista y desarrollista al mandato 3.0. Se lanzó una operación para evitar la derogación del tope de gastos, como prometió Lula en campaña. La intención era crear un clima de catastrofismo en torno a una supuesta “irresponsabilidad fiscal” del futuro equipo, valiéndose de una memoria distorsionada de gobiernos anteriores del PT. En otra dirección, el financismo trató de asegurar que la Ley Complementaria nº 179/21, que establecía la independencia del Banco Central, tampoco fuera objeto de alteración, así como evitar cualquier cambio en las metas de inflación. De hecho, había cierta “tranquilidad” en términos de política monetaria, ya que Lula comenzaría su gobierno con los 9 miembros de la junta directiva de BC designados por su predecesor. El COPOM y la tasa de interés oficial estaban en custodia de la banca privada.
Haddad y la estela de la buena juventud.
Ante esta situación, la elección de Fernando Haddad fue bastante clara y guiada por un cierto pragmatismo, que lo aleja explícita y declaradamente de cualquier camino desarrollista. Aquel profesor que ya había cambiado las clases que impartía en la Facultad de Filosofía de la USP por las salas del INSPER optó por atender de lleno los intereses de la llamada Faria Lima. De hecho, acabó repitiendo el escenario trazado por su antecesor, Antonio Palocci, cuando había sido propuesto por Lula para el mismo cargo en 2003. Esta es la conocida, y no inédita, estrategia de incorporar el espíritu de bueno introducir en la agenda del Ministerio de Hacienda la agenda prioritaria sugerida por los representantes de hacienda.
Hubo una secuencia de actos y decisiones que permiten acreditar tal trayectoria. Incluso antes de que asumiera el nuevo gobierno, aún en plena transición, Haddad convenció a Lula de la necesidad de introducir en la PEC de Transición un dispositivo que relativizara la derogación pura y simple del techo de gasto, impuesto por la infame EC 95/2016. Con ello, el futuro gobierno se vio obligado a enviar al Congreso Nacional una ley complementaria creando un nuevo régimen fiscal. En la práctica, esto significó que, además de tener la política monetaria ya secuestrada por las finanzas privadas, el nuevo “detalle” también podría quitarle a la política económica la fuerza necesaria que debe ofrecer la política fiscal.
Posteriormente, el nuevo gobierno se enfrentó a la necesidad de ofrecer a Lula los instrumentos para cumplir con otra importante promesa de campaña, a saber, retomar la política de reajuste real del salario mínimo. Una vez más, Haddad se puso del lado de la ortodoxia fiscalista y presionó para que el nuevo valor sea de solo R$ 1.302, sin una ganancia real. En la disputa interna en el núcleo duro de Planalto, todavía en el mes de enero, terminó prevaleciendo la tesis de elevar la remuneración a R$ 1.320. En ese momento, al menos, el argumento de un supuesto “fuerte impacto fiscal” del cambio presentado por Hacienda no fue aceptado por el Presidente de la República. Después de todo, las ganancias macroeconómicas de tal ajuste en la remuneración de decenas de millones de brasileños compensarían con creces los costos de R$ 7 mil millones para las arcas públicas.
Marco fiscal y reforma tributaria: agenda financiera.
Aún en el campo de la política monetaria, el gobierno podría haber promovido un cambio en la meta de inflación desde un inicio, a través de una decisión del Consejo Monetario Nacional (CMN). Hay asientos para el ministro Tebet de Planificación y Haddad, además de Campos Neto. Si el titular de Hacienda hubiera estado dispuesto, la decisión de llevar la meta a niveles más realistas hubiera servido como un argumento más para que el COPOM hubiera reducido la SELIC desde principios de año. Pero incluso eso Haddad estaba dispuesto a intentarlo. Además, ya estamos entrando al séptimo mes de este tercer plazo y el responsable de Hacienda no ha tomado ninguna iniciativa para orientar a los bancos federales a bajar sus tasas de interés al final para empresas y familias. ¿De qué sirve tener bancos públicos, si Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,diferenciales que sus contrapartes de oligopolios privados?
El siguiente capítulo implicó la elaboración del denominado “nuevo marco fiscal”. En primer lugar, Haddad convenció a Lula de cierta urgencia en el asunto, a pesar de que la Enmienda Constitucional aprobada en la transición ofrecía hasta agosto para que el Ejecutivo remitiera el texto al Parlamento. Además de las prisas, el ministro de Hacienda estableció diálogo exclusivamente con Roberto Campos Neto (presidente de BC) y con la flor y nata de las finanzas privadas. El gobierno terminó sin recibir representantes de sindicatos, organizaciones profesionales o investigadores de universidades e instituciones independientes. Para la elaboración del nuevo modelo, la regla fue mantener la esencia de compresión de los gastos sociales y de las empresas estatales, manteniendo la lógica perversa de la búsqueda del excedente primario.
Ahora, ante tal sumisión a sus intereses, los voceros del sistema financiero comenzaron a elogiar el nuevo modelo, pero manteniendo un firme y duro control de eventuales cambios que apuntaban a la vía progresista a lo largo de la discusión en la legislatura. Durante la tramitación del PLP 93 en la Cámara de Diputados, la postura inflexible auspiciada por Haddad impidió que la base del gobierno presentara enmiendas que alivianasen la rigidez fiscal presente en la propuesta. Ni siquiera el discurso de Lula considerando las partidas presupuestarias con salud y educación como “inversión” fue escuchada.
El tiempo se encargó de demostrar que las prisas por aprobar el texto en la Cámara de Diputados antes del receso parlamentario eran palabrería para que el buey se durmiera. El asunto sigue a un ritmo más lento en el Senado Federal y ya existe la posibilidad de que se introduzcan algunas enmiendas para mayor apreciación en la Cámara en la que se inició el trámite. De hecho, todos los indicios indican que fue el deseo personal de Haddad consolidarse como un interlocutor más aceptado con conservadurismos de toda índole.
Hacia Faria Lima: el camino de la aceptación.
El paso más reciente implicó la llamada Reforma Tributaria. También en este sentido, el Ministro de Hacienda tomó la delantera al aprobar la PEC 45. Se trata de una propuesta que llevaba un tiempo estancada dentro del legislativo, junto con otras propuestas similares. El gran temor de las clases dominantes siempre ha sido que los gobiernos del PT cumplan con sus propuestas para promover un cambio más efectivo en nuestro sistema tributario. Se trataba de introducir elementos que redujeran el grado de regresión e injusticia del modelo vigente, apuntando a una tributación de facto sobre las altas rentas y sobre el patrimonio. Y lo interesante es que buena parte de tales cambios ni siquiera requieren un cambio constitucional. Por ejemplo, una medida provisional que elimine la exención injustificada de utilidades y dividendos,
Pero el enfoque de Haddad estaba exclusivamente en el proceso de simplificación de la recaudación de impuestos al consumo. Está claro que se trata de una medida importante y necesaria, pero que no cambia ni un ápice de la desigualdad estructural de nuestro sistema tributario. Es bienvenido por eliminar la guerra fiscal y modernizar el sistema recaudatorio, haciendo más racional todo el complejo. Pero la estrategia de tramitación debe condicionar el voto de la PEC a la aprobación previa de las medidas antes mencionadas. En este sentido tampoco se sostiene la excusa de la prisa. Cualquier cambio en el sistema tributario debe respetar el llamado principio de anualidad. Así, los cambios solo serán efectivos a partir del próximo año, independientemente del momento de su aprobación. Además,
En todo caso, la votación en la Cámara de Diputados, en pleno trance de los últimos días antes del receso, también revela que el extraordinario esfuerzo político y presupuestario pudo haber sido innecesario. Pero la disputa narrativa sobre el asunto operó para acabar con las últimas resistencias al nombre de Haddad que aún existían entre la flor y nata del financismo. Una encuesta realizada entre 80 líderes sectoriales apuntó un aumento importante en la satisfacción con el desempeño del ministro, al mismo tiempo que los mismos entrevistados mantienen un enorme recelo en relación a Lula. Entre marzo y julio de este año, la desconfianza de estas personas sobre Haddad bajó del 66% al 40%. Durante el mismo período, las sospechas sobre Lula incluso aumentaron levemente del 94% al 95%.
¿Cuánto confía en cada uno de estos líderes políticos?
Por último, quizás incluso por su carácter anecdótico, también cabe mencionar el reciente cambio de actitud del empresario propietario de la cadena Habib’s. Conocido hasta el año pasado por su profundo involucramiento con las causas bolsonaristas, Alberto Saraiva demuestra ahora un “arrepentimiento” por haber apoyado el genocidio en el pasado y declara estar muy satisfecho con la gestión del Ministro de Hacienda –según él, “Haddad es de 10”.
Así, corresponde a las fuerzas progresistas cuestionarse cuáles serían las razones de tan repentino y sorprendente encantamiento de las clases dominantes con Haddad. Es fundamental no caer en la ilusión de que ahora todo se resuelve con la aceptación del Ministro en los lujosos salones de los multimillonarios. Lo más probable es que esta insólita luna de miel sólo se produzca porque las pautas progresivas y evolutivas se hayan olvidado en algún cajón de la Explanada.
Que quede bien claro: a partir del momento en que los representantes del gobierno retomen medidas para que Lula pueda cumplir 40 años en 4, relajar las restricciones de la austeridad fiscal y revisar las aberraciones de la deformidad laboral de Temer y Bolsonaro, entonces veremos en detalle. , cómo son los verdaderos y sinceros sentimientos de este grupo de acaudalados hacia Fernando Haddad.
*Doctor en economía y miembro de la carrera de Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental del gobierno federal.