Estado y democracia en América Latina
Carlos Ciappina
Para referirnos sólo a la historia reciente, hablar de democracias en América Latina requiere de una primera aclaración: no todos imaginamos lo mismo cuando nos referimos a ella. Podríamos definir, grosso modo, dos perspectivas que se sustentan, a la vez en visiones diferentes sobre el deber ser de las sociedades latinoamericanas y estas, a su vez, definidas desde una fuerte impronta anclada en sujetos sociales con intereses contradictorios.
Para las elites latinoamericanas o el bloque hegemónico de poder , democracia es sinónimo de República: el formato de las instituciones en donde hay tres poderes y en donde se vota regularmente para elegir autoridades y representantes. Esta república democrática –si el voto fuera restringido u optativo mejor– no tiene otro sentido que el de sostener el statu quo, pues no hay en la agenda de las elites ninguna vocación por modificar el entramado económico-social del que son beneficiarias. Así, cuando las elites latinoamericanas hablan –y practican– lo que llaman “la república democrática” , se refieren a un sistema institucional que busca alcanzar a través de la representación y la elección de autoridades , la gobernabilidad de una sociedad “naturalmente” desigual. La existencia de esta República democrática es compatible con altos niveles de inequidad , pobreza y exclusión y con bajos niveles de autonomía nacional por la adscripción a las potencias hegemónicas dominantes –en particular los Estados Unidos–, con escasa capacidad de definición de políticas nacionales de carácter autónomo y niveles crecientes de internacionalización de la economía.
En cambio, desde otra perspectiva –la de las clases y sectores sociales no hegemónicos, subalternos y/o populares– la república democrática es un entramado institucional que tiene sentido en tanto y en cuanto se oriente hacia el objetivo de mejorar las condiciones económico- sociales de las mayorías. En el caso específico de América Latina (el continente más desigual del planeta) esas mayorías incluyen un amplísimo arco social que va desde los sectores medios bajos, pasando por la clase obrera asalariada de tipo tradicional, los/as trabajadores formales e informales urbanos y rurales y aquellos/as que carecen de una inserción económica ni siquiera de carácter informal.
Desde esta perspectiva, cuando los sectores, organizaciones sociales y partidos populares remiten a la república democrática, se refieren a una institucionalidad que cobra sentido en la medida de transforme el statu quo a favor de una mayor equidad e igualdad. Desde esta tradición nacional y popular , la lógica de la gobernabilidad –que para las elites es el sostenimiento del orden desigual establecido– se sostiene en la ampliación permanente de los derechos sociales individuales y colectivos, una economía sostenible en relación al cuidado del medioambiente y una redistribución creciente de los recursos económicos.
Por eso es conveniente señalar que en América Latina, hay un mismo sistema institucional republicano-democrático que contiene fuerzas sociopolíticas que tienen una concepción absolutamente contradictoria sobre el sentido del mismo.
Para los gobiernos nacional-populares y democráticos la institucionalidad republicana debe ir modificándose –corriéndose– a medida que los procesos económico-sociales redistribuyen la renta, garantizan mayores derechos civiles y sociales. Para los gobiernos elitistas cada paso de la institucionalidad democrática hacia una mejora en la redistribución económica, el control estatal de la economía y la ampliación de los derechos colectivos es, precisamente por su carácter transformador, un conjunto de reformas antidemocráticas y autoritarias.
Así, no hay diálogo posible entre estas dos tradiciones: la elitista republicana y la nacional popular democrática conviven en un mismo sistema pero con dos objetivos absolutamente disímiles y excluyentes entre sí: los debates “democráticos” en América Latina no son sobre matices de gestión al estilo de la socialdemocracia europea, los debates políticos son sobre dos modelos excluyentes entre sí: una sociedad crecientemente desigual gobernada por una minoría social, política y económica, o una sociedad con niveles crecientes de integración, equidad social e igualdad económica y política.
América Latina: la primera oleada neoliberal y las resistencias nacional-populares
Para América Latina, el despliegue del neoliberalismo ha profundizado la brecha entre las concepciones democráticas de las elites y la de los movimientos nacional-populares y democráticos.
Deuda Externa, crisis económica y crisis presupuestaria del Estado atenazaron a las democracias de los años ochenta del siglo XX y habilitaron los programas de ajuste neoliberal. El resultado de este despliegue neoliberal en América Latina durante los ochenta y los 90 del siglo XX fue estudiado y reseñado en profundidad en esos años, pero si tuviéramos que definirlos por su logros sólo pueden catalogarse como una verdadera catástrofe económico-social y cultural: desempleo creciente, desestructuración productiva, mayor endeudamiento externo, mercantilización de bienes y servicios sociales y estatales, adelgazamiento de 
las coberturas estatales en todos los niveles y la privatización de la esfera pública-estatal. Las cifras de pobreza, indigencia, desempleo y subempleo alcanzaron cifras únicas en la historia latinoamericana del siglo XX.
Sin embargo –y a los fines de estas notas es muy relevante– estas profundas reformas neoliberales de recomposición y reconfiguración del modelo de acumulación capitalista latinoamericano en consonancia con la universalización capitalista, no se dieron de la mano de dictaduras militares sino de gobiernos elegidos y sostenidos por el voto.
Así, para las elites, los gobiernos que llevaron las reformas neoliberales fueron democracias de pleno derecho. Mientras amplísimos sectores de la población se sumergían en la exclusión y la pobreza, mientras se desindustrializaban aceleradamente las economías y se desmembraba el Estado, ni los medios masivos de comunicación, ni los Organismos Internacionales, ni, mucho menos las elites gobernantes pusieron en duda el carácter “republicano y democrático” de los gobiernos neoliberales. Es la concepción restringida e instrumental de la “república democrática”.
Las resistencias nacional-populares y las democracias incluyentes
Sin embargo, el proceso de despliegue de las reformas neoliberales durante los ochenta y los noventa de ese siglo XX fue de tal magnitud, que amplísimos sectores sociales –desde las clases medias bajas hasta los/as trabajadores/as excluidos y desempleados– comenzaron a reorganizarse en clave de resistencia: mientras la gran prensa y los organismos transnacionales “felicitaban” los “logros” económicos de las democracias neoliberales, un nuevo arco de resistencias se organizaba a nivel popular –movimientos sociales urbanos y rurales– junto a los tradicionales partidos de izquierdas y sindicatos obreros.
Ese amplísimo conjunto de actores político-sociales logró ir estructurando un discurso y una praxis que se asentaba y recuperaba las matrices y tradiciones nacional-populares y de izquierdas en clave –primero de resistencia– y luego de alternativa política dentro del sistema democrático.
El ciclo de los gobiernos nacional-populares de principios del siglo XXI generaron así alternativas a la crisis creada por neoliberalismo latinoamericano en dos grandes ejes: a. Los modos de acumulación política para dar la batalla electoral y b. las reformulaciones del rol estatal para atender una creciente demanda de derechos ciudadanos y mejoras socioeconómicas.
En relación a los modos de acumulación política, los gobiernos nacional-populares del período abandonaron la lógica política tradicional –un partido cerrado y homogéneo– por alianzas que englobaban un gran arco de actores económico-sociales dañados y agredidos por el neoliberalismo.
Pero es en términos del modelo económico que en la práctica recuperaron el rol central del Estado-Nación como orientador de las economías, interventor en la renta empresarial, direccionador de las políticas cambiarias , árbitro regulador entre las organizaciones del capital y los/as trabajadores/as. O sea, durante la ola de gobiernos nacional-populares el despliegue neoliberal en América Latina se vio afectado en términos económicos por la intervención decidida del Estado-Nación y las políticas asociadas a la tradición nacional-popular. Las políticas de intervención y regulación estatal se vieron ampliadas con el desarrollo de un conjunto de programas y políticas públicas de desmercantilización de bienes sociales tales como salud, educación y sistemas jubilatorios. Por primera vez en casi dos siglos de vida independiente, durante quince años los procesos democráticos acompañaron la mejora en las condiciones de vida y cierto control sobre el capital en la mayoría de los países latinoamericanos.
Para la lógica de las elites, estos gobiernos nacional-populares fueron catalogados como “regímenes” sobre todo y en particular cuanto más avanzaran en la intervención sobre el capital. Lo que para el bloque no hegemónico popular era la profundización y ampliación democrática , para las elites fue la construcción de “dictaduras” demagógicas.
El retorno de las derechas: la recuperación de las repúblicas elitistas y la profundización del neoliberalismo latinoamericano 
Incapacitados para utilizar “al peligro comunista” como bandera, desplazados del poder en medio de profundas crisis y protestas sociales que derivaron en elecciones democráticas y los triunfos nacional-populares, las elites (las “derechas”) latinoamericanas tardaron en encontrar el modo de enfrentar a los gobiernos populares y más importante aún, recuperar el control del Estado. Utilizar ya no a las FFAA sino a los medios oligopólicos privados de comunicación como modalidad destituyente junto al Poder Judicial ha sido el gran cambio en la lógica elitista en relación al “golpismo clásico”.
Los golpes e intentos destituyentes posteriores estarán anunciados por una campaña mediática –interna y externa– intensa, amplísima e impiadosa, que trabajará permanentemente sobre dos ejes: autoritarismo y corrupción. De más está decir que –salvo contadísimas excepciones– los medios oligopólicos utilizarán la verdad y la mentira, el ocultamiento o la sobredimensión como estrategia política en contra de los gobiernos populares. El cuadro se completará con la búsqueda de conflicto entre alguno de los poderes de las repúblicas , de modo que la destitución y/o el golpe tengan el viso de legitimidad al “vulnerarse “ –según los relatos mediático-hegemónicos– la institucionalidad republicana.
El golpe a Manuel Zelaya (2009); el intento de golpe a Rafael Correa (2010), la destitución de Fernando Lugo en Paraguay (2012), el intento destituyente a Cristina Kirchner (2008), el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento de Lula Da Silva y el recrudecimiento de la violencia conservadora en Venezuela desde el año 2014 hasta la autoproclamación de un presidente “alternativo” en este año, en todos los casos –con o sin movilización en las calles– el esquema se repite.
Dos concepciones sobre Democracia en lucha: Profundizar el neoliberalismo o resistirlo
Nos encontramos hoy, pues, en una tensión entre dos modos de entender la democracia en América Latina:
Por un lado los proyectos nacional-populares democráticos que buscan correr los límites formales de las repúblicas democráticas basándose en la ampliación de los procesos de participación popular junto a transformaciones económicas de control y/o intervención sobre el capitalismo universalizado, reducción de los niveles de dependencia en las decisiones económicas de los organismos internacionales y de las potencias hegemónicas.
Por otro lado, una readecuación y realineamientos de las elites de la concepción de la democracia republicana de carácter “formal” entendida como una articulación institucional que debe garantizar el statu quo, mayores niveles de despliegue del gran capital nacional y transnacional, procesos de profundización de la represión social y alineamientos automáticos con las políticas norteamericanas a escala latinoamericana y mundial.
Pero el cuadro estaría incompleto si no señalamos que hoy en esta encrucijada de la realidad latinoamericana, juegan un rol clave, como conductores y garantes del retorno a la república elitista, los medios hegemónicos de comunicación latinoamericanos y globales y, junto a ellos en particular, el Poder Judicial en cada caso. Ambos interactúan entre sí para operar sobre la construcción de sentido en torno a la caracterización como “regímenes” de los procesos nacional-populares, y por otro lado los poderes judiciales operan como represores por la vía del encausamiento de los/as líderes democráticos latinoamericanos.
La suerte no está echada y quizás, como en ningún otro lugar del mundo, en América Latina haya margen aún para desplegar modelos alternativos al neoliberalismo universalizado.
Cada vez queda más claro (la experiencia brasileña y las presiones sobre Venezuela lo demuestran) que el neoliberalismo sólo podrá desplegarse totalmente si logra terminar con la institucionalidad y con la construcción de sentido de las tradiciones democráticas de carácter popular. Esto sólo es posible con mayores niveles de represión, con mayor homogeneidad y concentración comunicacional y con poderes judiciales férreamente en manos de las elites conservadoras.
No hay un sistema democrático que oscila entre movimientos nacional-populares y derechas elitistas. Hay hoy en América Latina dos modos de entender la democracia y una –la elitista neoconservadora– es excluyente con la otra. La construcción de un verdadero sistema democrático es así incompatible con el despliegue neoliberal.
El Rol del Estado: territorios en disputa
El análisis de las particulares miradas sobre las concepciones de democracia y república quedaría incompleto sin analizar –grosso modo- el rol asignado al Estado en estas dos perspectivas antes señaladas.
Primera definición relevante. A contramano de los análisis críticos sobre las reformas neoliberales de los 80 y los 90 del siglo pasado, no hubo un “retiro” del Estado.
La presencia y la acción del Estado son consideradas claves en ambas concepciones (la liberal y la nacional-popular). Así, el bloque de poder hegemónico (la democracia neoliberal) lucha hoy políticamente por acceder al control sobre el Estado. El Estado – en la retórica neoliberal- es siempre “el problema” (y por lo tanto debe achicarse, reducirse, desarticularse). Pero esta mirada sobre el Estado como problema (por su naturaleza, su tamaño o su costo) enmascara una preocupación central en las derechas neoliberales latinoamericanas: sin el control del Estado no hay posibilidad de desplegar y sostener las políticas públicas que favorezcan el despliegue de lo que llamamos “el mercado” o sea, la reproducción del capital. Este Estado interviene así para mantener el statu quo de una democracia formal y excluyente y un República institucionalmente acotada.
El bloque contra hegemónico nacional-popular también cree imprescindible el control sobre el Estado. Pero su lucha en el campo de la política por acceder al control estatal tiene que ver con la convicción –y la práctica- que el capital debe ser conducido, controlado y orientado por la intervención estatal. Sólo así podrían generarse las políticas públicas que redistribuyan la riqueza que genera el capital. Aquí el Estado es una herramienta de intervención para generar una democracia que mejore las condiciones de vida de las mayorías en una república sostenida en la ampliación de derechos.
Nos encontramos así en situación de afirmar que la lucha política en las democracias republicanas latinoamericanas se produce por la necesidad de acceder al control del Estado para poner en práctica políticas públicas que sostengan modelos de democracia y república completamente disímiles.
Como analizáramos previamente para el caso de la imposibilidad de diálogo entre dos concepciones de democracia excluyentes entre sí ; lo mismo podemos afirmar sobre el rol del Estado y el despliegue de las políticas públicas: el modelo nacional-popular y el modelo neoliberal no admiten “consensos” : son intrínsecamente excluyentes entre si. O se libera completamente y se deja sin restricciones el funcionamiento del mercado y la consecuente desregulación de la vida económica –con su correlato de pérdida y reducción de derechos laborales y sociales- o se interviene, conduce o controla al mercado y el capital para garantizar la reproducción del capital a la vez que se mejoran las condiciones sociales y la redistribución del ingreso con la ampliación de derechos para las mayorías.
En este dilema se encuentran las “democracias” y “el Estado” latinoamericanos: no hay un solo modelo societal con diferentes grados de expectativas pero dentro de un mismo marco económico-institucional. Son , repetimos, dos modelos societales diferentes y excluyentes entre sí.
No se trata pues de alcanzar consensos o pactos. El sistema político latinoamericano es esencialmente conflictivo pues representa –groso modo- la articulación política de un bloque hegemónico de poder que es incompatible con las demandas y expectativas del bloque contra hegemónico nacional y popular.
*Profesor Titular de Historia de los Procesos Sociales y Políticos de América Latina en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina