Panorama Económico Latinoamericano – Del 10 al 17 de julio de 2024

30 años de TLCAN, un método para acaparar el mundo

GAIN

Hoy, con la cada vez más frecuente firma de diversos tratados de libre comercio (TLC), se desarman aparatos jurídicos nacionales y se le abre margen de maniobra a las empresas mientras se le cierran los espacios legales para que la gente, las poblaciones, defiendan sus intereses

En 2024, el primer tratado de libre comercio de la era moderna, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple 30 años. Es una ocasión importante para preguntarse: ¿Por qué este tratado en particular ha tenido un rol de parteaguas en la historia del régimen global de comercio e inversiones? ¿Hasta qué punto ha sido el laboratorio donde comenzó un proceso que continúa cambiando la textura global de las relaciones entre los gobiernos y entre éstos y sus sociedades? Para los movimientos que se enfrentan al libre comercio todos los continentes, mirarse en el espejo del TLCAN puede ser de gran utilidad.

Desde la entrada en vigor del acuerdo en 1994, el mundo entró en una etapa inusitada de homogenización de los términos de referencia de sus relaciones internacionales, y la llamada democracia formal se erosionó aún más.

Los organismos financieros y de comercio internacionales reivindicaron la efectividad de los tratados de libre comercio como candados de las reformas estructurales promovidas desde los años ochenta. Con ellos se comenzaron a someter las estructuras jurídicas, nacionales e internacionales a los arbitrios de los intereses económicos de las corporaciones, dentro de los ambiguos márgenes del derecho, que va abandonando sus motivaciones públicas para someterse a intereses particulares.

Un año después de la firma del TLCAN, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), vigente desde 1947, se reconvirtió en Organización Mundial de Comercio (OMC). El TLCAN inspiró una verdadera andanada de acuerdos bilaterales de comercio que multiplicaron los controles, pero sobre todo las sustituciones y paralelismos de lo que debería ser la labor de los congresos y los gobiernos nacionales al determinar leyes, normas y políticas públicas. Ya entonces GRAIN afirmaba que estos tratados buscaban presionar a los países más débiles mediante negociaciones bilaterales o subregionales, y someter a aquellos que se empeñaban en mantener algún grado de soberanía o defender los intereses de las empresas nacionales.

Estos acuerdos bilaterales de comercio e inversión se desnudaron entonces como instrumentos de desvío de poder. Moldes de normas y políticas públicas, modelos de relación, donde quiera que haya tratados, que abren margen de maniobra a las empresas mientras le cierran los canales jurídicos a la gente que no se puede defender, excluida de la legalidad, marginada de su posibilidad de acceder a la justicia.

En un momento en que muchos gobiernos y algunas organizaciones de la sociedad civil se empeñan en reformar los tratados de libre comercio, incluyendo por ejemplo previsiones de desarrollo sustentable o protecciones laborales más fuertes como modo de agitar una varita mágica que elimine todas las consecuencias de la liberalización del comercio, la experiencia con el TLCAN subraya los límites de este enfoque reformista.

Una vez más, el TLCAN fue el primero en incluir salvaguardas que enmascararon los impactos negativos potenciales. El presidente de entonces, Bill Clinton respaldó el acuerdo comercial con la condición de que se añadieran acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental. Treinta años después la iniciativa apenas tuvo efectos positivos si acaso. Pero el proceso se ha repetido en otros acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos y la Unión Europea, con los mismos resultados.

Los efectos más conspicuos surgidos del TLCAN son los siguientes:

1. Desregulación laboral y ambiental: una “ventaja”. Los gobiernos ofrecen en la desigual relación entre los países socios y que fragilizan las relaciones laboralesen favor de los patrones, y sumen el medio ambiente en una devastación sin miramientos.
2. Fragmentación, dispersión y dislocación de los procesos de producción y distribución. Las maquilas, surgidas desde 1964 pero impulsadas con el TLCAN, fragmentan los procesos de producción, importan sin arancel alguno la materia prima para fabricar partes de un producto, o productos semi-elaborados. Y exportan de regreso el producto terminado al país de donde surgió dicha materia prima, o incluso exportándolo a un tercer país. Esta fragmentación de los procesos productivos de las compañías desarma toda la cadena industrial en talleres “de sudor” que producen segmentos irreconocibles, disgregados entre diferentes talleres y zonas de producción estableciendo cadenas de suministro. Esto ha configurado una industria de subordinación, se abaten costos, se instaura invisibilidad de lo producido esparciendo los procesos entre diferentes países. Intentan lucrar lo más posible de las condiciones infrahumanas de sometimiento a trabajadoras y trabajadores, de la precariedad laboral y la tercerización de sus contratos (en manos de empresas intermediarias, lo que facilita disolver o hacer inviables los sindicatos obreros).
3. Privatización y acaparamiento de la tierra. En México esto se emprendió dos años antes de la firma del TLCAN mediante la contra-reforma al artículo 27 constitucional que establecía el carácter inembargable, inalienable e imprescriptible de la tenencia colectiva de la tierra por parte de comunidades indígenas y campesinas. El régimen agrario surgido de la Revolución mexicanacontempló el reconocimiento de las comunidades indígenas y la dotación a ejidos (la figura agraria colectiva para ir dotando de tierras en común a los núcleos poblacionales despojados o sin tierra).[1] Aunque en muchos países los detalles pueden ser diferentes, el TLCAN impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras, en particular las de los pueblos originarios y afrodescendientes, o toda posesión colectiva campesina (comunal o ejidal en México). Para ello se forzó el registro de las parcelas y sus tierras de uso común, buscando que los ejidos y comunidades se titularan individualmente y rompieran de facto la colectividad o comunalidad de sus tierras. Con el cambio en la propiedad de la tierra sería más fácil converger “con los programas neoliberales […] y con la reorganización de la agricultura estadounidense y mundial”.
4. Inversión directa de empresas extranjeras que comienzan a instalarse en regiones, sectores económicos, y segmentos de las cadenas de suministro que antes no habían sido tocados. El ejemplo mexicano más arrasador es la Península de Yucatán y el Corredor Transístmico, donde ocurre un “acaparamiento multimodal de territorios”.
5. La migración se disparó,en particular debida a la expulsión de comunidades y personas de sus territorios. Además, la creciente violencia alimentó el acaparamiento de tierras desregulado, contribuyendo a la ola migratoria, donde la que las personas migrantes acaban en el sistema de trabajo semi-esclavo de las prisiones privadas estadounidenses.
6. Importaciones desleales. Con el TLC se abre la impunidad en las importaciones desleales,obedeciendo a los intereses de las corporaciones de los países que ponen las reglas del juego. Eso a nivel mundial. En el caso mexicano, se impulsaron importaciones de maíz,pese a ser un producto básico para la alimentación de la población y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios —existentes entre los productores mexicanos y quienes nos importan su mercancía.
7. Comestibles procesados y control absoluto de la distribución. La instalación de la industria alimentaria extranjera empujó la promoción inmediata de inversión directa: un mundo de comestibles procesados que cambiaron los patrones de consumo, y se disparó cáncer, diabetes y obesidadhasta volverlas un grave problema de salud. La distribución impulsó la pugna por el control de puntos de venta y de lo que es factible conseguir. Ese control de la distribución se detalla en los barrios expulsando a las tienditas de esquina en aras de tiendas de convenienciaque crecen desmedidas.
8. El aumento de los monocultivos reafirma el modelo instaurado desde la Revolución Verde,Un modelo inamovible (gracias a los TLC) pero que ahora adquiere la fuerza del sistema de políticas públicas, con sus paquetes de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos, y que busca la dependencia de los campesinos hacia las empresas y los programas de gobierno, más las famosas reformas estructurales, expansivas en su promoción de dependencias y restricciones. Esto provoca y promueve la deshabilitación del campesinado que es escindido crecientemente de su entorno de subsistencia y restringido en el ejercicio de sus propias estrategias para resolver lo que más le importa.
9. Las políticas públicas interfieren con los criterios propios de la producción agrícola, obligan a homologar modos de producción y la aceptación de productos, imponen sanciones de no seguir o cumplircon los parámetros de los tratados, promueven la desigualdad, y marginan a al campesinado, a productoras y productores, y al empresariado independiente.
10. ción de la Propiedad Industrial y los Derechos de Propiedad Intelectual, incluidos los derechos de obtentor sobre materiales vegetales y semillas. Se fuerza a la adopción del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV por sus siglas en francés) que promueve la propiedad intelectualy la privatización y el acaparamiento de semillas y variedades vegetales, amenaza la agricultura independiente (que ejercen comunidades y pueblos en sus propios términos, sin depender de corporaciones o gobiernos para fijar sus metas, aunque puedan recibir subsidios de los gobiernos conscientes).
11. Las cláusulas y capítulos del TLC que abren mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados,tienen un sesgo a favor de los inversionistasque va en contra del derecho establecido que tendría que regular sus actividades. Imponen un ámbito legal paralelo porque someten a una igualdad artificial de rango a inversionistas y gobierno, en el marco de “tribunales de arbitraje” que eluden a los tribunales nacionales, se enfrentan y en muchos casos avasallan a las leyes nacionales.
12. Con el TLCAN se abrió una desfiguración amplia de las estructuras jurídicas de las naciones. Un desmantelamiento jurídico que laceró las leyes y artículos constitucionales que defendían derechos colectivos o ámbitos de comunidad (incluidos los derechos laborales en las reformas mexicanas al artículo 123 constitucional y los derechos agrarios campesinosen el artículo 27 cuya contra-reforma ya mencionamos).
13. Hay entonces una sumisión a la lógica planteada en el tratado mismoy la apertura a todos los tratados posibles, incluidos tratados o acuerdos bilaterales de inversión. Esto, siguiendo la lógica de los tratados, entraña una renuncia paulatina a la soberanía nacional.
14. 14. La promoción de empresas que devastan el ambiente sin miramientos ha llevado a zonas de sacrificiode enorme devastación. La extrema contaminación tóxica de decenas de regiones mexicanashabla del extremamiento de las condiciones de vida en los lugares donde operan los tratados.
15. El extractivismo (la invasión de territorios con miras a extraer materias primas): hidrocarburos (petróleo y gas), minería o agua también es rampante. Los mecanismos de solución de controversias han propiciado también que la minería crezca y se aposente sin miramientos.

Pautas sobre la resistencia popular

Tan evidentes eran los daños para México del TLCAN que el rechazo más claro a sus intenciones fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento indígena de base comunitaria con marcos de referencia y vínculos globales que repercutieron su influencia en todo el mundo. El mismo día de su entrada en vigor, miles de zapatistas le declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como dialéctica de esta entrada en vigor del “cambio en las reglas del juego” entre los países, las corporaciones y la población de los países afectados, desde entonces se expande un movimiento por la autonomía de los pueblos y comunidades, en particular en Latinoamérica. Desde sus rincones, las comunidades comprendieron las repercusiones y la verdad tras los objetivos eufemizados que sus gobiernos aceptaron en tales supuestos acuerdos comerciales, porque queda claro que son mucho más que eso.

Se entendió también la futilidad de luchar por un nacionalismo, incluso revolucionario, si quedaban intactas las reglas del juego que se concretaban en México y luego en una cascada mundial de acuerdos y tratados bilaterales.

Los efectos de estos instrumentos de desvío de poder son tan negativos y vastos que las comunidades no logran luchar contra los TLC en directo. Hasta para eso requieren recursos, tiempo, desplazamiento, sacrificios, abogados. Esta disparidad de medios dificulta que las comunidades se manifiesten o luchen contra los TLC. Pero sí tienen que luchar contra la cauda de ataques, invasiones, despojos, devastaciones, deshabilitación que provocan en las regiones y localidades donde habita el mundo campesino e indígena, o la gente en los barrios de las crecientes ciudades.

Entre 2011 y 2014 se celebró en México un proceso del Tribunal permanente de los Pueblos que tejió por abajo desde más de 25 regiones del país, los agravios y las motivaciones para rechazar no sólo los TLC sino toda la cauda de efectos de ellos en la actualidad. Ese trabajo de reconstrucción continúa y legitima más y más la vigencia de la resistencia popular en México, el continente y el mundo.

Nota:

[1] En lo que atañe a las comunidades indígenas, la Revolución mexicana se basó en el reconocimiento y la concesión por el régimen colonial español de tierra a los pueblos indígenas mexicanos en función de los derechos históricos que poseía cada comunidad sobre determinado territorio.

Caen los ingresos y aumenta la desigualdad en Argentina

Anabella González-CNN

En el último año aumentó la desigualdad en la distribución de los ingresos en los hogares de Argentina, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La recesión económica y la aceleración inflacionaria a finales de 2023 son dos de los factores que explican la caída de los ingresos, que afecta en mayor medida a los estratos más pobres de la sociedad, con consecuencias a largo plazo.

Así lo muestra el relevamiento de la evolución de la distribución del ingreso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que refleja que el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,467 para el primer trimestre de 2024. En el mismo trimestre de 2023, ese valor era de 0,446.

Este indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso tiene valores comprendidos entre 0 y 1. El 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1 al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total, explica el Indec.

El cálculo surge del cociente entre los deciles 10 y 1 —sectores con más altos y más bajos ingresos, respectivamente—, y toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución.

Los datos del Indec señalan que en la comparación interanual contra el mismo periodo de 2023 hubo un “importante aumento de la desigualdad”. La brecha media calculada de los ingresos entre el decil 10 y el decil 1 fue de 15 veces.

Esa brecha aumentó un punto en la comparación interanual con respecto al primer trimestre de 2023, y lo mismo en relación con el tercer trimestre de 2023.

Gonzalo Carrera, economista del centro de análisis económico Equilibra, explica a CNN que las fuertes recesiones tienen un dato característico: siempre afectan más a los estratos más bajos de la sociedad. El problema son las consecuencias a largo plazo: no solo se ven en el día a día, sino que son persistentes en los años siguientes.

De acuerdo con el reporte oficial, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de 122.529 pesos mensuales (alrededor de US$ 88 a la cotización paralela del 4 de julio de 2024); el del estrato medio (deciles 5 a 8), de 327.862 pesos (US$ 236); y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de 945.325 pesos (US$ 682).

Caída de ingresos

En la caída interanual de ingresos reales todos los grupos tuvieron un impacto consistente, pero la caída del decil 10 es de 17,2% interanual mientras que en el decil 1 —de menores ingresos— esa caída llega al 31%, según cálculos de la consultora Equilibra en base a datos de la EPH.

La encuesta del Indec hace un relevamiento de los ingresos de los hogares de 31 aglomerados urbanos de seis regiones de Argentina; el tamaño de muestra de la encuesta de este trimestre es de 26.330 viviendas.

Para esto realiza un conjunto de preguntas destinadas a indagar las distintas fuentes de ingreso, tanto de las personas en forma individual como de los hogares en su conjunto.

Los ingresos relevados provienen de fuentes laborales, ya sean de ocupados asalariados o independientes, y no laborales, principalmente jubilaciones y pensiones, y subsidios. El informe presenta distintos tipos de ingreso: el ingreso total individual, el ingreso de la ocupación principal, el ingreso de los asalariados, el ingreso total familiar y el ingreso per cápita familiar.

En ninguno de los 10 deciles en que se divide la población según su nivel de ingresos hubo alguno que lograra que su ingreso subiera lo mismo que subieron los precios promedio de la economía, dice Martín Kalos, especialista en coyuntura económica y análisis sectorial, y director de EPyCA Consultores. Y agrega que esto se explica por “la devaluación del 120% en un día que decide (el presidente Javier) Milei al asumir y con desaceleración mes a mes posterior, pero con niveles muy altos de inflación”, resume.

Para Carrera, que también es investigador en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la caída de los ingresos “se suavizó” en los deciles más altos por dos variables. Una es la reforma del Impuesto a las Ganancias —gravamen nacional que se deduce de los haberes y que en los últimos meses de 2023 dejó de pagar un sector alcanzado por el impuesto—, y la otra es que esos sectores tienen “más capacidad de defenderse”, más recursos frente a la escalada inflacionaria que hubo en el primer trimestre de 2024.

Por lo que, si bien es cierto que esto afectó más a los sectores de menos ingresos, impactó en toda la población, a quien en el último año la aceleración de la inflación “dejó sin defensas”, dice Kalos. Los acuerdos de aumentos salariales de los sindicatos quedaron desactualizados frente a esta coyuntura y, para la población sin trabajo o sin trabajo formal, la situación de desventaja fue más pronunciada.

¿Qué se puede esperar para los próximos meses?

La desigualdad llegó en el primer trimestre de 2024 a su peor valor en los últimos cuatro años, muy por encima de la peor marca registrada desde 2020 cuando alcanzó el 0,451 en el segundo trimestre en medio de las dificultades económicas por la pandemia de covid-19, muestra el informe.

Los analistas económicos mencionan además que el desempleo entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024 también subió en la comparación interanual, y que eso explica parte de la desigualdad actual de los ingresos.

“La desigualdad dio un salto enorme y pocas veces se había registrado un salto tan grande”, analiza el economista de EPyCA Consultores.

Por su parte, Carrera suma que incluso si se mira hacia atrás es el registro más alto que se tiene “desde el primer trimestre de 2007”, según los datos del Indec.

La caída de la actividad económica interanual en Argentina fue del 5,1% del producto interno bruto (PIB) de acuerdo con datos del Indec del primer trimestre de 2024.

Los especialistas consultados por CNN coinciden en que para los próximos meses no se esperan grandes cambios. Si bien la inflación empezó a ceder y muestra una desaceleración, el golpe a los sectores de menos ingresos será difícil de morigerar.

“Es probable que las personas con más ingreso de la población en el segundo trimestre empiecen a recuperar, porque la inflación se desacelera y seguramente hayan ya entrado en vigencia sus negociaciones paritarias. Hay sectores de la población para los que eso va a pasar. Ahora, quienes no van a recuperar la caída son los sectores de menos ingresos”, dice Kalos.

“En los próximos meses es difícil pensar que estadísticamente se registre una baja de la desigualdad muy fuerte o una suba de los salarios contra el año pasado, no veo que cambie mucho esa ecuación. En términos interanuales, la desigualdad se va a seguir amplificando”, analiza Carrera.

 

Uruguay: el empleo informal predomina

Claudio Fernández*

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística publicó la información relativa al empleo y los salarios que dan cuenta de cómo se viene llevando a cabo el crecimiento y la distribución del ingreso en nuestro país.

En lo que refiere al empleo, el número de personas ocupadas recuperó los valores de diciembre de 2019 en enero de 2022. A partir de allí, comenzó una lenta recuperación, teniendo en el año 2022 unas 10 mil personas ocupadas más, acelarándose en 2023 con 40.400 personas ocupadas más que el año anterior.

En los últimos doce meses terminados en mayo de este año, las personas ocupadas aumentaron en 30.000, creciendo la tasa de empleo de 57,8% en mayo de 2023 a 58,5% en 2024. En ese período de tiempo la cantidad de personas empleadas creció y se redujeron las desempleadas en mil, aumentando así la población económicamente activa, es decir, aquellas personas mayores de 14 años que trabajan o están dispuestas a hacerlo.

En los cinco primeros meses de este año, comparando el número de personas empleadas en mayo pasado con el dato de diciembre del 2023, se refleja una caída de 7200 personas pasando de 1.723.800 empleadas a 1.716.600. En relación al desempleo, se verifica que las personas desocupadas aumentaron 14.000 en lo que va del año, yendo de 146.000 en diciembre a 160.000 en mayo.

Si bien existen distintas compensaciones que pueden darse entre los indicadores por sus formas de cálculo, el aumento de las personas ocupadas también tiene su correlato con las tasas de subempleo y trabajo no registrado, lo que da cuenta de la precarización de las condiciones laborales. En los últimos doce meses terminados en mayo, aumentaron en 9 mil las personas subempleadas, que son aquellas que trabajan menos de 40 horas, están dispuestas a trabajar más pero no consiguen hacerlo. También aumentaron las personas con empleos no registrados en la seguridad social en 20 mil en los últimos 12 meses.

Por tanto los nuevos empleados creados son empleos informales.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la cantidad de personas empleadas en el último año así como las subempleadas y las no registradas en la seguridad social. Así vemos como la velocidad en que crece el empleo es menor que la que crecen las otras dos variables. De confirmarse ese comportamiento como tendencia, nuevamente el modelo de crecimiento se presenta con precarización de la oferta laboral.

Respecto al salario real como indicador del poder de compra del salario, en el último año móvil terminado en mayo de este año, aumentó un 3,7%, un porcentaje superior al 1,8% que aumentaron las personas ocupadas en el mismo período. Parece verificarse que el aumento del empleo en estos últimos meses se acompañó con el aumento del salario real. Sin embargo, con una mirada más de mediano plazo, vemos como desde diciembre 2019, el aumento de las personas empleadas no siempre estuvo de la mano del incremento del poder de compra del salario, pudiendo basarse los últimos movimientos del salario real en el enlentecimiento de la inflación.

Lo anterior puede estar mostrando que luego de la recuperación de los niveles de producción previos a la pandemia, la riqueza que se está generando en el Uruguay de hoy va en la dirección al mercado externo, descuidando a quienes producen para un mercado interno cada vez más disminuido por la vía de salarios que pueden comprar solamente un 3,6% más que en diciembre de 2019, con un aumento del nivel de ocupación que oculta los problemas de precariedad laboral que indica el incremento del subempleo y del trabajo no registrado.

* Economista, ex vicepresidente de la ANV, actualmente trabaja en el Programa EconomiaPolitica.uy y en la Universidad de la República.

 

Tras 50 años, continúa la lucha por el derecho a la tierra en Surinam

IPS

Desde la independencia de Suriname de los Países Bajos, hace casi cincuenta años, los pueblos indígenas y tribales del país han luchado para que se reconozcan sus derechos sobre la tierra. “Somos los habitantes originales del país y hay que proteger nuestros derechos”, declaró Sergio Jubithana en una rueda de prensa con la Asociación de Jefes de Aldeas Indígenas de Suriname (VIDS) en febrero. Jubithana es el jefe o kapitein de Hollandse Kamp, una aldea indígena del distrito de Para, en el norte del país continental caribeño y sudamericano, donde el gobierno ha otorgado concesiones madereras.

“Es lamentable ver cómo nos tratan. Pero no vamos a seguir aceptando que se pisoteen nuestros derechos”, añadió Jubithana.

Suriname es el único país de Sudamérica que aún no ha consagrado los derechos territoriales indígenas en su Constitución. Y ello a pesar de una sentencia histórica dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007 a favor de la tribu Saamaka (también conocida como Saramaka), que presentó una demanda contra el Estado alegando que se habían otorgado concesiones en sus tierras sin su consentimiento.

Aunque su caso se ganó hace 17 años, aún no está claro cuándo se aprobará en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que protegerá y regulará los derechos sobre la tierra de los saamaka y otros grupos, y que se presentó por primera vez en 2021.

En los últimos años, las tensiones entre estas comunidades y el gobierno se han intensificado debido a las continuas concesiones a empresas madereras y de oro en el territorio que reclaman, que, según afirman, han afectado a sus medios de subsistencia y formas de vida tradicionales.

Los desafíos de no ser reconocidos

Según el censo más reciente, de 2012, en Suriname viven unos 20 000 indígenas, que residen en más de 50 aldeas y representan casi 4 % de la población total. Como sus territorios aún no están reconocidos legalmente, les ha resultado difícil desarrollar infraestructuras locales como escuelas y hospitales, o firmar acuerdos financieros con bancos o inversores para poner en marcha empresas.

Los cimarrones de Suriname, por su parte, se enfrentan a retos similares. Los cimarrones, descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud en Sudamérica, son la segunda etnia más numerosa del país.

Sus 120 000 habitantes viven principalmente en aldeas de los distritos del norte y el sur del interior, lejos de Paramaribo, la capital y el principal centro urbano y puerto.

Los saamaka son una de las seis tribus cimarronas de Suriname. Como muchas otras comunidades tradicionales, se enfrentan desde hace tiempo a las amenazas de las actividades mineras y madereras, como el desplazamiento forzoso y la contaminación de las fuentes de agua potable.

Además, como estas actividades se han llevado a cabo mediante concesiones, estas zonas han quedado vedadas a los indígenas para las actividades tradicionales de subsistencia.

“Vivimos de nuestros terrenos agrícolas y los hombres de la aldea tienen que ganarse la vida con la caza y la pesca”, afirma Chevani Kassels, presidenta de una organización de mujeres de Pikin Saron, una aldea indígena del norte del distrito de Para. “Si otorgan todos nuestros bosques en concesión, ¿cómo vamos a sobrevivir?”, inquiere.

En mayo de 2023, las protestas antigubernamentales en Pikin Saron se convirtieron en disturbios en los que murieron dos personas. Los manifestantes habían expresado su descontento por la falta de derechos sobre la tierra.

En medio de las elevadas tasas de desempleo, los habitantes también mostraron su disconformidad con la empresa minera estatal Grassalco, por lo que, según ellos, eran promesas incumplidas de oportunidades de trabajo en una mina de oro de su pueblo, situada en la zona de concesión.

“Tras los disturbios del 2 de mayo, nada ha cambiado. Seguimos viviendo en la pobreza. No hay empleo para los hombres del pueblo, por lo que les resulta difícil mantener a sus familias”, afirma Angela Zaalman, miembro del consejo local.

Afirma que se siguen otorgando concesiones y renovando las caducadas, a pesar de que el presidente del país, Chan Santokhi, prometió lo contrario tras las manifestaciones. “Todos los días pasan por aquí decenas de camiones madereros, delante de nuestras narices, pero el desarrollo de nuestra comunidad se está quedando atrás”, detalla.

La lucha de los cimarrones

Las seis tribus de cimarrones, incluidos los saamaka, han conservado en gran medida su modo de vida tradicional y, al igual que los grupos indígenas del país, viven principalmente de la caza, la pesca y la medicina ancestral.

Décadas de discriminación en diversos ámbitos, como la educación y el empleo, han contribuido a que indígenas y cimarrones se encuentren entre los grupos más desfavorecidos del país: tres cuartas partes de la población cimarrona estaba clasificada como empobrecida en un estudio realizado por VIDS en 2020.

Casi todas las aldeas indígenas y cimarronas dependen económicamente de las subvenciones estatales para llevar a cabo proyectos locales de infraestructura y construcción.

Según el estudio del VIDS, casi dos tercios de la población indígena del país vive en la pobreza y carece de educación, atención sanitaria, electricidad y agua potable de calidad. En muchas partes del país, el agua de los ríos está contaminada por el mercurio utilizado en las actividades de extracción de oro, realizadas en gran parte por grandes empresas, lo que obliga a algunos aldeanos a abandonar sus hogares.

En la aldea cimarrona de Nieuw Koffiekamp, a unos 100 km al sur de Paramaribo, en el distrito de Brokopondo, los residentes describen un sentimiento predominante de impotencia.

Desde 1994, la aldea se ha visto arrastrada a una zona de concesión de minas de oro adquirida por primera vez por la empresa minera canadiense Golden Star Resources, y los residentes se resistieron a un intento inicial del gobierno de reubicarlos.

Al parecer, los conflictos y la intimidación hacia los aldeanos han continuado durante años, y ONGs que monitorean la situación afirman que las tensiones han persistido, incluso cuando la propiedad de la mina ha cambiado de manos en múltiples ocasiones. Rosebel Gold Mines se fundó en 2002, cuando la minera canadiense Cambior se hizo cargo de Golden Star.

Luego, Cambior fue a su vez adquirida por la también canadiense Iamgold Corporation en 2006, antes de que Rosebel fuera adquirida por la empresa china Zijin Mining Group en 2023.

Chester Darius, líder juvenil de la aldea que participó en las protestas, afirma que los jóvenes aldeanos exigen ahora prioridad para los puestos de trabajo en la mina de oro local de la empresa, dado el impacto que las actividades mineras han tenido en su vida cotidiana.

“Los jóvenes del pueblo no tienen trabajo. Por eso estamos aquí sentados mirándonos unos a otros [sin hacer nada]”, dice Darius. “Esperamos que el gobierno intervenga antes de que las protestas avancen”, añade.

Los activistas de Nieuw Koffiekamp también pidieron a Zijin Rosebel Gold Mines que permitiera a los aldeanos practicar la minería a pequeña escala en las zonas inactivas pertenecientes a la concesión de la empresa, donde actualmente no se lleva a cabo ninguna actividad de extracción de oro, y que la empresa pavimentara la carretera en mal estado que conduce a su aldea.

A pesar de las nuevas protestas de los aldeanos en enero, “no se ha resuelto nada”, dice Darius. “Contamos con que la empresa atienda nuestros pedidos, de lo contrario volveremos a actuar”. Dialogue Earth se puso en contacto con Zijin Rosebel Gold Mines y Grassalco para que comentaran las protestas, pero en el momento de la publicación no se había recibido respuesta.

Según datos del gobierno, el oro representa más de 80 % de las exportaciones totales de Suriname, mientras que la minería representa algo más de 30% de los ingresos del sector público. Aunque no hay cifras oficiales sobre la madera, gran parte se exporta como troncos.

Ante estas cifras, el reconocimiento de los derechos sobre la tierra es una solución duradera a las injusticias que sufren los habitantes del interior que “hará que los nativos y tribales dejen de depender del gobierno”, afirma Ruben Ravenberg, secretario de A Marron Kompas (Una brújula cimarrona), fundación que lucha por el desarrollo sostenible del interior de Surinam.

Reconocimiento jurídico: una larga historia

Aunque en los últimos meses se ha producido una oleada de protestas por el reconocimiento legal de los derechos territoriales indígenas, la reivindicación de esta protección tiene una larga historia, que se remonta a la independencia del país en 1975.Desde entonces, la antigua colonia neerlandesa ha sido testigo de acciones periódicas por parte de los residentes del interior para el reconocimiento de su territorio.

Una de las primeras acciones de concienciación sobre la cuestión de los derechos sobre la tierra tuvo lugar apenas un año después.En diciembre de 1976, en una marcha de protesta, hombres indígenas pertenecientes a Kano, un grupo activista que representaba a los pueblos kaliña y lokono, recorrieron a pie casi 140 kilómetros desde la ciudad fronteriza de Albina hasta Paramaribo a modo de protesta.

Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, los sucesivos decretos y leyes solo han servido para que todos los bosques y recursos naturales del país pasen a ser propiedad del Estado, incluidas las zonas habitadas por comunidades indígenas y cimarronas.

El gobierno también ha anunciado su intención de convertir varios cientos de miles de hectáreas de bosques en tierras agrícolas, lo que ha generado la preocupación de activistas y organizaciones ecologistas. Este pequeño país sudamericano suele describirse como el más boscoso del mundo, con más de 90 % de su superficie cubierta de bosques.

En noviembre de 2015, ocho años después del veredicto a favor de los saamaka, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Kano y de los pueblos indígenas de Surinam, en un caso que declaraba al Estado culpable de violar su marco de derechos humanos al impedir a los pueblos acceder a partes de sus tierras históricas y ancestrales.

Ambas sentencias ordenaron al Estado a reconocer los derechos sobre la tierra de indígenas y cimarrones en un plazo de 18 meses. Sin embargo, casi 10 años después de la última sentencia, Suriname aún no ha cumplido esa orden ni ha emitido ninguna declaración oficial al respecto.

Hoy, la lucha continúa. “Lo más importante es el reconocimiento de nuestros derechos territoriales. Después de eso, podremos desarrollar nuestros territorios”, afirma Hugo Jabini, experto jurídico y miembro de la Asociación Comunitaria Saamaka.

Fue uno de los principales responsables de llevar el caso de su pueblo a los tribunales. Asegura que su organización iniciará en breve una campaña nacional de concienciación en la que se volverá a insistir en la importancia de los derechos sobre la tierra para las comunidades indígenas y tradicionales.

“Va a ser difícil, pero estamos obligados a seguir con esta lucha”, añade Jabini.

PEMEX prevé impactos en sus ingresos por la transición energética

Alejandro Alegría

Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que, de cara a la transición energética y bajo cualquiera de los escenarios que ha previsto, habrá impactos potenciales significativos en sus ingresos. De acuerdo con un informe divulgado ayer, la petrolera enumeró que el aumento en la demanda de productos bajos en carbono, la reducción en disponibilidad de capital para inversiones en el sector, así como la alta volatilidad de precios de petróleo y gas, entre otros riesgos, se resentirán en sus finanzas.

El Informe de Riesgos Climáticos de la petrolera revela que el conjunto de medidas que se tomen para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) –principal factor causante del cambio climático– en los modelos de producción, distribución y consumo de energía implica retos y oportunidades para la petrolera.

Pemex estima impactos potenciales significativos en sus ingresos relacionados con la transición energética, subrayó la empresa estatal en el reporte.

Recordó que el escenario Inflections supone una reducción en la demanda de petrolíferos, principalmente a partir de 2030, originada por políticas públicas dirigidas a incentivar la electrificación de las flotas de transporte y otras políticas privadas de empresas automotrices. Bajo este escenario, la demanda de crudo se ubica entre el millón 500 mil y millón 600 mil de barriles dígitos, alcanzando su pico hacia mediados de la década próxima.

El panorama Green Rules considera que la demanda se verá afectada principalmente por restricciones importantes en el uso de vehículos de combustión interna, así como la reducción de subsidios a combustibles fósiles.

El escenario Multi-Tech Mitigation considera que se pondrán en marcha tecnologías limpias en todos los sectores, con mayor afectación en la demanda de petrolíferos.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general de la petrolera, en 2022 se logró una reducción de 2.3 por ciento de emisiones de GEI con respecto a 2021.

Al tercer trimestre de 2023, se han contabilizado un total de 47.5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.

Resulta inaplazable analizar y comprender en qué lugar de la ruta hacia una economía más sostenible se encuentra Pemex y qué acciones se requieren para avanzar en esa dirección, destacó Romero Oropeza.

La petrolera comentó que busca aprovechar las principales oportunidades de negocio a corto, mediano y largo plazos, lo cual incluye la diversificación de la producción de energéticos, la producción de biocombustibles, la producción de hidrógeno verde y el secuestro de carbono, entre otras.

Empresas chinas en Perú interesadas en aumentar inversiones

 

El puerto de Chancay y la oportunidad que abre para el comercio ha aumentado el interés del Gobierno chino y sus empresas de apostar por el Perú. El ministro de Economía, José Arista, manifestó que durante su viaje con el Ejecutivo a la República Popular China observó que el puerto de Chancay se ha convertido en el eje de las inversiones del gigante asiático en el Perú.

Arista reveló haberse reunido con empresas chinas que operan en el Perú y estas, en su mayoría, han manifestado su intención de aumentar su producción y con ello su capacidad de planta.

Minería

Así, citó el caso de Chinalco, operador de la mina de cobre a tajo abierto Toromocho, en Junín. “Ellos quieren ampliar sus plantas productoras”, comentó. Dijo haberse reunido con los representantes de Jinzhao, empresa concesionaria del puerto de San Juan de Marcona y propietaria del proyecto de hierro Pampa del Pongo. Señaló que están muy interesados en iniciar el proceso de construcción del puerto y la explotación de la mina.

Asimismo, indicó haberse reunido con ejecutivos de China Minmetals Corporation, dueña de Las Bambas. Esta es una de las grandes empresas productoras de cobre que se ubican en Apurímac.

“Ellos han mostrado (interés por dos temas). En primer lugar, ampliar su producción de cobre y, en segundo lugar, evaluar la construcción de un ferrocarril que vaya desde Apurímac hasta Ica. En este caso sería San Juan de Marcona. Lo otro que están evaluando es la exploración y explotación de una mina que está en Cajamarca, de nombre Galeno”, afirmó.

Agregó que en la agenda también estuvo el encuentro con representantes de Shougang, que, según dijo, tienen el interés de aumentar su producción.

“Este escenario en el cual se reactiva la minería es muy positivo para el Perú porque reactiva la economía”, anotó.

Otros sectores

De otro lado, el canciller Javier González-Olaechea manifestó que durante el viaje a China se hizo la visita a empresas como Huawei. Esta, además de la fabricación de equipos tecnológicos tiene una vertical de producción de automóviles eléctricos. Según González-Olaechea, representantes de la empresa manifestaron la posibilidad de poner una planta de ensamblaje en el Perú tal como lo han hecho en dos países de América Latina.

Por su parte, Arista sostuvo que se reunió con su homólogo para conversar sobre dos temas. El primero de estos fue la optimización del Tratado de Libre Comercio con China, que entró en vigencia en 2010. En este, indicó, que se busca incluir productos agropecuarios como las granadas y carne de bovino, así como los mangos congelados y uvas congeladas. El segundo, dijo, fue el tratado para evitar la doble tributación de los contribuyentes de ambos países.

 

Panorama Internacional

 

1.- El mejor candidato para la economía de EEUU no se debate

Joseph E. Stiglitz*

En la marea de comentarios publicados tras el debate entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump falta algo. Es verdad que lo que opinan los votantes sobre la personalidad y las virtudes de un candidato es importante, pero todos deberíamos recordar la famosa frase: Es la economía, estúpido. En la andanada de mentiras flagrantes que lanzó Trump durante el debate, las falsedades más peligrosas son las referidas a los respectivos logros económicos suyos y de Biden.

Evaluar la gestión económica de un presidente nunca es fácil, porque muchos acontecimientos se habrán puesto en marcha durante los gobiernos anteriores. Barack Obama tuvo que enfrentar una recesión profunda porque las administraciones previas siguieron una política de desregulación financiera y no evitaron la crisis de 2008.

Entonces, mientras los congresistas republicanos le ataban las manos al gobierno de Obama y pedían un ajuste, el país no pudo tener el tipo de políticas fiscales que hubieran terminado la Gran Recesión antes. Cuando la economía por fin estuvo en forma, Obama ya se estaba yendo y Trump estaba viniendo.

Trump no vaciló en arrogarse el mérito por el crecimiento que siguió a continuación.

Pero mientras él y los congresistas republicanos bajaban impuestos a las corporaciones y a los multimillonarios, el prometido aumento de las inversiones jamás se materializó. Lo que hubo en cambio fue una oleada de recompras de acciones (que van camino de superar el billón de dólares en 2025).

Aunque Trump no tiene la culpa por el covid-19, es sin duda responsable de una respuesta inadecuada que dejó a Estados Unidos con una cifra de muertes muy superior a las de otras economías avanzadas. El virus se cobró ante todo vidas de ancianos, pero también dejó su marca en la fuerza laboral, y esas pérdidas contribuyeron a la herencia de escasez de mano de obra e inflación que recibió Biden.

En cuanto a los logros económicos de Biden, estos han sido impresionantes. Apenas llegado al cargo, consiguió que se aprobara el Plan de Rescate de Estados Unidos, con el que el país tuvo la mejor recuperación pospandemia de todas las economías avanzadas. Después llegó la Ley Bipartidista de Infraestructura, que proveyó financiación para empezar a reparar elementos cruciales de la economía estadunidense tras medio siglo de abandono.

Al año siguiente (2022), Biden promulgó la Ley de Chips y Ciencia, inicio de una nueva era de política industrial que garantizará la resiliencia y competitividad de la economía en el futuro (en marcado contraste con la fragilidad distintiva de la era neoliberal precedente). Y con la Ley de Reducción de la Inflación, del mismo año, Estados Unidos se unió por fin a la comunidad internacional para combatir el cambio climático e invertir en las tecnologías del futuro.

Además de proveer apoyo económico contra el riesgo de un virus intratable y en evolución, el Plan de Rescate de los Estados Unidos redujo casi a la mitad la tasa de pobreza infantil en menos de un año. Pero hubo quien le echara la culpa (incluso algunos demócratas) por la inflación que siguió.

Esta acusación hace agua por todas partes. El plan de rescate no generó un exceso de demanda agregada, al menos no de una magnitud que permita explicar el nivel de inflación. Esta es atribuible ante todo a cambios en la demanda e interrupciones del lado de la oferta como resultado de la pandemia y de la guerra. Y en la medida en que Biden podía darles batalla, lo hizo: usó la reserva estratégica de petróleo que tiene el país para hacer frente a la escasez y trabajó para aliviar cuellos de botella en los puertos de Estados Unidos.

Pero lo que más importa en esta elección es el futuro. Una minuciosa modelización económica muestra que las propuestas de Trump provocarán más inflación (con menos crecimiento) y aumento de la desigualdad.

Para empezar, Trump quiere aumentar los aranceles, y la mayor parte del costo derivado se trasladará a los consumidores estadunidenses. Contra las enseñanzas económicas básicas, Trump da por sentado que en respuesta a los aranceles, China bajará los precios de sus exportaciones. Pero eso no salvaría puestos de trabajo en Estados Unidos (la coherencia nunca ha sido una de las virtudes de Trump).

Además, Trump quiere limitar la inmigración, lo que aumentará la estrechez del mercado laboral y el riesgo de escasez de trabajadores en algunos sectores. Y acrecentará el déficit, algo cuyos efectos pueden llevar a una preocupada Reserva Federal de los Estados Unidos a subir los tipos de interés; esto disminuirá la inversión en inmuebles residenciales y aumentará todavía más el costo del alquiler y la vivienda (una importante fuente de inflación actual).

Además de reducir la inversión y frenar el crecimiento, la subida de tipos de interés también provocará un encarecimiento del dólar, con lo que las exportaciones estadunidenses serán menos competitivas. Además, éstas sufrirán un aumento de costo de los insumos como resultado de la subida de aranceles y de las consiguientes represalias.

Ya está visto que las rebajas del impuesto corporativo en 2017 no alentaron muchas inversiones, y que en general sólo beneficiaron a ultrarricos y entidades extranjeras (que poseen participaciones importantes en las corporaciones estadunidenses). Las nuevas rebajas de impuestos que promete Trump no serán más eficaces, pero es casi seguro que aumentarán el déficit y la desigualdad.

Por supuesto que modelizar estos efectos es muy difícil. Si los aranceles alientan inflación, no está claro con qué rapidez y determinación responderá la Fed; pero es evidente que sus economistas anticiparán el problema. ¿Tal vez querrán cortarlo de raíz con una subida adelantada de los tipos de interés? ¿Intentará entonces Trump despedir al presidente de la Fed, violando la normativa institucional? ¿Cómo responderán los mercados (nacionales e internacionales) a esta nueva era de incertidumbre y caos?

A más largo plazo, el pronóstico está más claro y es peor. El éxito económico de Estados Unidos durante los últimos años es atribuible en gran medida a su capacidad tecnológica, basada en la firmeza de sus fundamentos científicos, pero Trump va a seguir atacando a las universidades y exigiendo enormes recortes de los gastos en investigación y desarrollo. La única razón por la que no los consiguió durante su mandato anterior es que no tenía a su partido totalmente controlado. Ahora lo tiene.

En tanto, a la par que la población de Estados Unidos envejece, Trump quiere limitar la inmigración, lo que provocará un achicamiento de la fuerza laboral. Además, los economistas siempre han sido claros respecto de la importancia del estado de derecho para el crecimiento económico, y Trump (un delincuente con condena) no es famoso precisamente por respetarlo.

De modo que la comparación económica de Trump con Biden (o con cualquier demócrata que lo remplace si abandona la contienda) sencillamente no tiene debate.

* Ex economista principal del Banco Mundial y ex presidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).