Panorama Económico Latinoamericano – Del 8 al 15 de noviembre de 2023

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Potenciarán el comercio entre Venezuela y el Caribe Holandés

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Josmary Escalona

El gremio empresarial del estado Falcón ve en la creación del Holland House Venezuela una oportunidad para internacionalizar y potenciar el intercambio comercial que por años escriben una amplia historia binacional.

Se trata de una plataforma que busca aprovechar el potencial geográfico de Venezuela para el desarrollo comercial y turístico a través de una sólida red pública-privada con relaciones que permitan la exploración de mercado, servicios legales y búsqueda de contactos para la exportación e importación de los productos.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Vela (municipio Colina), Juan Gototo, resaltó que el propósito es fomentar la conexión de los empresarios con los compradores de forma directa, estructurada y organizada. Además de promover una estrecha colaboración con proveedores de servicios locales, embajadas, consulados y gobiernos locales.

“Se presenta como una plataforma importante de integración comercial con el caribe Holandés, pero también a su vez, abre las puertas al mercado europeo, debido a que uno de sus objetivos principales, es coadyuvar a la internacionalización de los productos en este caso de los productos venezolanos con calidad de exportación”, precisó.

Dado que el país se encuentra en una nueva etapa de recuperación económica que se propone superar el rentismo y pasar al nivel productivo, los empresarios ven una posibilidad en dicha figura para orientar el sector económico.

Es de resaltar que las organizaciones gremiales de los Países Bajos, así como el sector empresarial venezolano, comparten las necesidades de incrementar el comercio, aportar mayor competitividad, generar empleos, atraer nuevos inversores y ampliar el mercado.

Ventajas que califican y dan fuerza

Venezuela cuenta con una posición geográfica que le otorga grandes fortalezas para el comercio internacional y más aún hacia el Caribe Holandés.

“Una vez reabierta la frontera, en solo cuatro meses de la apertura, solo por el Puerto de La Vela de Coro, han salido aproximadamente 1.500 toneladas de frutas y hortalizas hacia la isla de Curazao”, señaló.

Sostuvo que dentro de las oportunidades del proyecto se encuentran las condiciones de las Zonas Económicas Especiales, que con un acuerdo firmado entre la Asociación Venezolana de Exportadores con Fedeuropa facilita la entrada de productos a dicho mercado, lo que impulsa el desarrollo de la industria y agroindustria nacional.

Gotopo enfatizó que hay una voluntad clara entre ambas naciones de estrechar relaciones, sin embargo, también se presentan algunas debilidades a corregir como la seguridad jurídica.

“Empresas navieras y de logística portuarias tienen intenciones de reactivar la ruta de ferry entre Venezuela y el Caribe Holandés. Sin embargo, la infraestructura portuaria sobre todo en el estado Falcón, se encuentra en malas condiciones, tanto para el atraque de embarcaciones tipo ferris, como para la llegada de barcos cruceros y portacontenedores. Este es un punto importante que se debe trabajar entre el sector público y privado para convertir esta debilidad, en una oportunidad”, explicó.

Dijo que otro aspecto expresado por los empresarios del Caribe Holandés es la confiabilidad, porque existen proveedores venezolanos que no son constantes ni seguros para la entrega de los pedidos de mercancía, cosa que les dificulta a ellos poder garantizar el abastecimiento de sus comercio, razón por la cual, optan por realizar pedidos a proveedores de países vecinos tales como Colombia, Panamá o República Dominicana.

Un trabajo de hormiguita

El vicepresidente de la Cámara de Comercio del municipio Colina afirmó que de cara a concretar el proyecto estiman crear una Comisión Especial que promueva el acercamiento con las organizaciones empresariales del Caribe Holandés.

“Del 7 al 10 de noviembre se llevará a cabo un encuentro empresarial entre Venezuela y Curazao en Caracas para sentar las bases que solidifiquen las relaciones”, aseguró.

También considera oportuno realizar contactos con la Neetherlands Internacional Business para dar a conocer el interés del empresariado venezolano en incrementar el comercio.

¿Qué es el Caribe Neerlandés?

El Reino de los Países Bajos, es un estado soberano y transcontinental que forma parte de la Unión Europea. Está compuesto por Países Bajos y sus municipios de ultramar como son las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba, conocidas como las islas (BES), pero a su vez, también lo conforman las islas de Curazao, Aruba y San Martin, conocidas como las islas (CAS). Este bloque de islas son países con cierta autonomía en la política interna, pero su política exterior depende absolutamente del Reino Holandés.

La primera Holland House, se constituyó en Colombia en el año 2013, y hoy día existen más de 40 organizaciones en todo el mundo. En Latinoamérica, está ubicada en Colombia, México, Panamá, Costa Rica y Chile. Siendo los sectores de mayor inversión la responsabilidad empresarial, el turismo, la infraestructura y logística, la importación, la exportación y el sector de agro negocios, sobre todo en frutas y aceite de palma.

 

Brasil: Lecciones del déficit cero

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Jeferson Miola*

Cuando se presentó, la propuesta de déficit cero para el presupuesto 2024 se peleó fuertemente dentro y fuera del gobierno. La ministra Simone Tebet y el presidente Lula entendieron que a pesar de servir de calmante para el dios del mercado, la propuesta sería poco realista y arriesgada para el gobierno.

En el debate público, muchas voces también cuestionaron el objetivo del ministro Fernando Haddad. Advirtieron que podría convertirse en una trampa, dejando al gobierno obligado a practicar una severa austeridad, con recortes del gasto social y las inversiones esenciales.

Con el agravante de que esto sucede en el año de las elecciones municipales más relevantes y decisivas de la historia de Brasil para enfrentar el fascismo y la extrema derecha. A pesar de la contrariedad del propio Presidente de la República, prevaleció el objetivo defendido por el ministro de Hacienda.

Haddad tenía como uno de los presupuestos para sostener su posición, la expectativa -al menos dudosa-, de que la Cámara eliminaría en gran medida los “drenajes fiscales” ampliados con el golpe de 2016. Se trata de beneficios fiscales para que un puñado de personas y familias ricas, así como grandes corporaciones económicas y conglomerados, indecentemente se apropien de cientos de miles de millones de dólares de presupuesto público año tras año.

Una rutina laica de saqueo que no se cambiará sin un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso. El simulacro de tasación de millonarios y multimillonarios por la Cámara debe haber deshecho la ilusión de Haddad de contener lo que él llama “erosión tributaria”.

Después de que Lula cumpliera con los números del Tesoro que confirman la imposibilidad de cero el déficit para 2024, reaccionó [27/10]: No estableceré una meta que me exija comenzar el año recortando miles de millones en las obras que son prioritarias para este país. Agregó: “Y si Brasil tiene un déficit de 0,5%, de 0,25%, qué es lo que sucede? – Nada”.

Haddad se niega a cambiar de rumbo a pesar de que conoce el irrealismo de su objetivo. “Mi objetivo está establecido. No he cambiado de opinión, sigo con la misma idea, porque creo que será la mejor para el país. Ahora necesito apoyo político”, dijo.

Es importante destacar el énfasis de Haddad en el uso repetido en primera persona del   singular “mi meta”, no la meta del gobierno; “no cambié de idea, continúo con la misma idea porque creo que será lo mejor para el país ” (y no el gobierno de Lula), ahora necesito apoyo político”, dijo.

El Gobierno proyecta ahora un déficit del 0,5%. Con esto, se desviará de la trampa creada por un dogma neoliberal que no es obedecido por ningún país del G20. La prensa informa, sin embargo, que el cambio aún no tiene la firma de Haddad.

Cambiando la política fiscal que enyesaría a su gobierno en medio del año electoral, Lula anticipó para el presente las críticas, ataques y daños políticos que lo desgastarían durante las elecciones.

Esta crisis será muy fructífera si, además de evitar la trampa del déficit cero, el gobierno también supiera cómo extraer lecciones sobre los límites de su proceso de toma de decisiones -aislada, con baja capacidad de escucha externa y la opción por el no enfrentamientos conflictivos, incluso en temas cruciales para la gobernanza y la democracia como las finanzas, el ejército y otras cuestiones.

Regresando 11 meses en el tiempo para volver al período de transición, es posible recordar las decisiones equivocadas que condujeron al actual estancamiento del gobierno.

En la campaña, Lula anunció la revocación del techo de gasto. Con el estallido del techo en casi 800 mil millones de reales para el desastroso gobierno fascista-militar, los neoliberales perdieron legitimidad y credibilidad para imponer cualquier sustituto fiscal.

Sin embargo, en la discusión del PEC de la Transición el gobierno elegido inexplicablemente se comprometió a presentar para agosto de 2023 una propuesta para un nuevo anclaje de impuestos, incluso sin necesidad y desperdiciando la enorme autoridad que le daba la victoria de Lula el 30 de octubre.

En ese momento [noviembre de 2022], el gobierno no escuchó advertencias importantes. El senador Renan Calheiros, por ejemplo, recomendó que, en lugar del PEC, Lula enviara al Congreso una Medida Provisional el primer día de su mandato. Así, evitaría convertirse en rehén de la extorsión encabezada por Arthur Lira.

Sin embargo, el gobierno eligió de nuevo un camino contraproducente y contradictorio para sus propios intereses.

Desmantelar la trampa del déficit cero es fundamental para el gobierno de Lula, principalmente ante las elecciones municipales del próximo año. Este episodio también trae otras lecciones que necesitan ser aprendidas.

*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Perú: Mitos y verdades del gasto público

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Mesías Guevara Amasifuen

La inversión pública junto a la privada, constituyen uno de los factores fundamentales de la economía y se sustenta en aspectos como la transparencia y la eficacia; por ello, es importante introducirnos en las entrañas del aparato estatal, es decir, del gobierno nacional, regional y municipal, para conocer de cerca su dinámica, con el objetivo de conocer los aspectos que determinan el nivel de ejecución del gasto público. Teniendo en cuenta que este es un aspecto de los muchos que conforman la gestión pública.

Cabe resaltar que el nivel de ejecución va más allá de la voluntad y el liderazgo de las autoridades sean estas nacionales, regionales o municipales. Ellos se encuentran con un sistema que muchas veces constituye un obstáculo para concretar una obra pública “justo a tiempo”. Sobre la ejecución del gasto público hay mitos y verdades, con frecuencia vemos y escuchamos a personajes hablando sobre gestión pública sin argumentos sólidos y evaluando de manera equivocada a los gestores públicos nacionales, regionales y municipales, no tienen en cuenta que la gestión pública es mucho más que la inversión. Por eso es importante conocer la estructura organizacional y los aspectos que determinan el nivel de la ejecución del gasto.

La inversión pública realizada con transparencia, eficacia y calidad es muy positiva, genera empleo, dinamiza la economía nacional, regional y local. Las obras o inversiones públicas en general, ejecutadas y culminadas con calidad, generan un impacto positivo en la sociedad, por ejemplo: Un hospital debidamente equipado, con recursos humanos suficientes y competentes permitirá a la población acceder a una mayor cobertura con mejor calidad de los servicios de salud; de igual forma, una institución educativa equipada, permitirá un mejor servicio y en consecuencia contribuirá a elevar el rendimiento escolar de su población estudiantil; un camino vecinal, mejorará el acceso a los servicios públicos y permitirá optimizar los tiempos para los intercambios comerciales; un proyecto de electrificación, por su parte, lleva mejoras en el sector educativo, en la salud, en la seguridad ciudadana, brinda facilidades a las familias para la vida cotidiana y permite inclusive la puesta en funcionamiento de ciertos proyectos productivos, negocios, pequeñas industrias, entre otros beneficios.

Así sucesivamente, se pueden enumerar los beneficios de las inversiones públicas en cada sector, como un canal de riego, un sistema de agua potable y saneamiento, un sistema de internet, etc.

Urge priorizar y mejorar la ejecución del gasto público en los diferentes niveles de gobierno, del cual podemos decir que constituye un mal endémico de la gestión pública. Por ello, se tienen que identificar los diversos obstáculos que no permiten que se produzca el gasto con transparencia, eficacia y calidad. Algunos son la mala calidad de lo expedientes técnicos, la debilidad del recurso humano, el sentido de oportunidad y falta de profesionalismo de las empresas contratistas, el binomio corrupto-corruptor, sistema nacional de abastecimiento, entre otros.

Después de identificar los obstáculos se necesita proponer y concretar soluciones que permitan destrabarlos y acelerarlos, de esa manera lograr que la ejecución de la inversión pública sea con calidad y que no solo signifique gastar más. Es importante concentrarnos en las causas y no sólo en las consecuencias, además hay que realizarlo por sector, por región y por municipio, teniendo en cuenta sus propias realidades y que cada proyecto tiene su propia historia. Entre las soluciones podemos mencionar el mejoramiento del sistema de contrataciones, capacitar al personal involucrado, mejorar la calidad de los expedientes técnicos, fortalecer el sistema de control y fiscalización, consolidar el gobierno digital, realizar una planificación estratégica del sistema de inversiones y fomentar la vigilancia ciudadana.

Algunas autoridades por la presión de mostrar un nivel de ejecución alto caen en la tentación de hacer transferencias presupuestales a otros niveles de gobierno o hacer devengados de manera incorrecta. La mejor manera de medir la eficiencia del gasto público es a través de las obras concluidas.

 

Cuba: Importación o producción nacional de alimentos

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 Manuel Arnau Parrado

Cuba fue hasta 1898 la última colonia de España en América, su economía sustentada en la utilización masiva e intensiva de la fuerza de trabajo esclava producía y exportaba azúcar cruda, mieles, aguardiente, ron, tabaco en rama y torcido, café, cera, miel de abejas, cobre y maderas preciosas.

Durante el período republicano iniciado en 1902 la economía del país continuó orientada al comercio exterior. Eliminada la esclavitud y adoptado plenamente el modo de producción capitalista, la vida de la nación estaba vinculada directamente a la exportación de azúcar hacia los Estados Unidos, las crisis financieras deprimían la producción y el empleo y las guerras mundiales los expandían, alternándose épocas de ¨vacas flacas¨ y ¨vacas gordas¨ según las oscilaciones de la demanda de azúcar y los precios del mercado mundial. Existía dentro de la sociedad una marcada diferencia entre los ingresos, el nivel de vida, educacional y de salud, de los ciudadanos más acaudalados, los dueños de pequeños negocios y otras capas medias de la sociedad, por una parte y por la otra, de los obreros y campesinos.

Las cifras sobre producción agropecuaria que aparecen más adelante incluyen el total de productos destinados al consumo de la población más los dedicados a la alimentación pecuaria, la exportación o la industria. Debido a que la población del país casi se duplicó desde 1958 hasta 2019, calculé el percápita de alimentos para poder comparar la disponibilidad de productos agropecuarios por habitante en cada período. Los datos utilizados han sido extraídos de los respectivos anuarios estadísticos publicados y probablemente excluyen la producción para el autoconsumo de los campesinos, que no se comercializa.

Según datos aportados por el recientemente fallecido Dr. Sc. Armando Nova González en su libro El modelo agrícola y los lineamientos de la política económica y social en Cuba ypor mis propias vivencias,en 1958 la producción de azúcar, café, y tabaco, cuyo destino principal era la exportación, satisfacía la demanda nacional. La producción de viandas, granos y hortalizas totalizó 1,853,400 toneladas, alcanzando un percápita de 25,7 kilogramos por habitante al mes. La masa de ganado vacuno ascendía a 6 millones de cabezas, una res por cada habitante y satisfacía la demanda, sin embargo la producción anual percápita de huevos (16,7 unidades), leche (66,7 litros) y carne de cerdo (2,1 kg) era muy baja. Además, se gastaban entre 200 y 300 millones de dólares anuales para importar harina de trigo, manteca de cerdo, arroz, bacalao, frijoles, huevos, frutas y conservas. Encuestas realizadas en la época confirmaron que los campesinos apenas consumían carne, pescado, huevos y pan, su dieta incluía básicamente viandas, harina de maíz, arroz y frijoles.

Mediante las dos leyes de Reforma Agraria aprobadas en 1959 y 1963 fueron expropiados los latifundios y entregadas sus tierras a los miles de campesinos que las arrendaban. En 1960 pasaron a propiedad y administración estatal los activos de todas las empresas extranjeras, nacionales y la banca y se estableció el monopolio del Estado sobre el comercio exterior. Al eliminarse la propiedad privada y romperse el régimen de explotación neocolonial, los más hambreados, explotados e ignorantes tuvieron por primera vez la oportunidad de superarse y acceder a un nivel de vida mejor. Posteriormente se produjo un importante éxodo de habitantes hacia las ciudades y comenzó a resultar deficitaria la fuerza de trabajo para el corte y alza manual de caña durante las zafras y la recolección de café en las montañas, iniciándose las movilizaciones masivas de trabajadores y estudiantes voluntarios para esas labores.

El Gobierno Revolucionario acordó con otros países la compensación por los bienes nacionalizados mediante bonos reembolsables por 20 años, pero el de los Estados Unidos no aceptó esos términos, confió en que derrotaría rápidamente a la Revolución y de inmediato cortó el suministro de combustibles y la importación de azúcar, organizó la subversión y la agresión armada y en 1962 estableció el bloqueo comercial y financiero. La caída de las importaciones que provenían mayoritariamente de ese país rápidamente produjo escasez en los suministros y ese propio año se estableció la libreta de control de ventas de alimentos para garantizar que un grupo de productos básicos fueran asequibles a toda la población, mecanismo que aún se utiliza para distribuir productos a todos los consumidores, o específicamente a niños, diabéticos y embarazadas, a precios subsidiados por el Presupuesto del Estado, muy inferiores que los precios de los mercados de oferta y demanda.

Las agresivas medidas del gobierno norteamericano condujeron a la dirección del país al establecimiento de relaciones comerciales y financieras con la URSS y otros países socialistas, de los cuales se obtuvieron créditos blandos y convenios de intercambio de azúcar por petróleo, níquel y otros productos a precios más estables, no sujetos a los vaivenes del mercado mundial. Dichos créditos permitieron realizar numerosas inversiones industriales, agropecuarias, de infraestructura, importar alimentos y alcanzar grandes avances en los servicios de salud, educación y en la formación de recursos laborales.

Desde los primeros años de la Revolución se estableció la planificación como elemento rector de la economía, en el plan de la empresa el indicador que mayor seguimiento tenía era el volumen de producción medido en unidades físicas o de ventas en pesos para el caso de los servicios y el comercio. En las empresas generalmente no se realizaba el análisis de los resultados financieros. A partir de 1975 se implantó el sistema de dirección de la economía, conceptualmente basado en el cálculo económico, pero las finanzas siguieron jugando un papel más formal que real y a la eficiencia económica no se le prestó suficiente atención. Desgraciadamente, cuando se gasta más de lo que se ingresa, cuando se importa más de lo que se exporta, el saldo negativo no desaparece, se convierte en deuda. Muchas empresas, sobre todo las agropecuarias operaban con pérdidas que eran cubiertas por el Presupuesto del Estado, incrementándose la deuda externa del país, el déficit fiscal y la emisión de moneda sin respaldo productivo.

Mientras duró la colaboración con los países socialistas, se impulsó la producción cañera y agropecuaria sustentada en el empleo masivo de maquinaria, combustibles, fertilizantes, pesticidas y otros insumos importados. Se realizaron importantes transformaciones en la ganadería vacuna a favor de la producción lechera basadas en la genética, la alimentación con pastos y el desarrollo de la infraestructura. El período 1981-1985 fue el de mayores resultados productivos, el PIB creció un 7,3 % y la producción azucarera promedió 7,8 millones de toneladas anuales, realizándose el 75 % del corte de caña mediante combinadas fabricadas en el país. Creció la producción de alimentos, salvo de café, maíz y frijoles (ver detalles en tabla anexa), pero para alcanzar una dieta diaria promedio de 2,900 calorías y de 78 gramos de proteínas por habitante fue necesario recurrir a la importación de alimentos.

El derrumbe de la URSS y la desaparición del campo socialista hicieron colapsar en los años 90 la economía cubana. Los abastecimientos externos se redujeron en un 80 %, se paralizaron o minimizaron numerosas actividades productivas y de servicios y la disponibilidad de alimentos disminuyó drásticamente. Para presionar más sobre nuestra situación económica y social, en 1992 el congreso estadounidense aprobó la Ley Torricelli  que permite sancionar a sus subsidiarias ubicadas en terceros países que comercien con Cuba e impedir durante 180 días tocar puertos estadounidenses a los barcos que llegaran a Cuba con propósitos comerciales.

Durante el segundo semestre de 1993 se inició un proceso de reformas para reactivar la economía e insertar el país en el nuevo contexto internacional, entre ellas la apertura a la inversión extranjera, el desarrollo del turismo, la conversión de granjas estatales en cooperativas, la creación de mercados agropecuarios con precios liberados y la autorización del ejercicio del trabajo por cuenta propia, además, se crearon tiendas para vender en moneda convertible alimentos y otros productos, en su mayoría importados. Hacia 1995 la población que habitaba en áreas rurales había descendido al 38,9 % del total nacional.

En 1997 se inició el programa de la agricultura urbana y suburbana para producir hortalizas y otros alimentos y abastecer a los habitantes de las ciudades y poblados cercanos. Gracias a ello la producción de vegetales se triplicó entre 1981 y 2019 y se amplió su consumo en la dieta del cubano.

En 2000, el congreso estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, querecrudeció aún más la hostil política de bloqueo contra el pueblo cubano. Tras el paso del devastador huracán Michele, Washington autorizó las ventas de alimentos bajo tres condiciones: que fueran pagadas en efectivo por las empresas cubanas, que las operaciones no recibiesen crédito de los Estados Unidos y que la transportación se realizara solo en buques estadounidenses. Ese propio año se firmó el Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba que oxigenó la economía cubana al garantizar el suministro de petróleo a precios de mercado a cambio de la prestación de servicios de salud y en otras esferas.

Debido a la falta de repuestos e insumos, se produjo una sensible disminución de los rendimientos de caña por hectárea y de la producción de azúcar. Los precios del azúcar se mantuvieron muy deprimidos durante años en el mercado internacional y los bajos rendimientos agrícolas e industriales elevaban los costos unitarios por encima de los precios de exportación. En consecuencia, al resultar insostenible mantener los anteriores volúmenes de producción y de gastos, en 2002 se decidió desactivar dos tercios de los centrales azucareros existentes, lo que implicaba que la exportación de azúcar perdía su preeminencia histórica dentro de la economía cubana. Miles de trabajadores de esa industria fueron reubicados en otros sectores de la economía, una buena parte de las tierras donde anteriormente se cultivaba caña se destinaron a otros cultivos, algunas se emplearon para el autoconsumo de los productores, muchas quedaron ociosas y después cubiertas de marabú.

En 2008 se aprobó la entrega de tierras ociosas en usufructo a personas naturales y jurídicas, posteriormente se incrementó el límite a entregar a cada solicitante y se amplió el plazo del usufructo. Entre los años 2008 y 2018 se aprobaron 244,851 solicitudes y se entregaron en usufructo 2 millones 102 454 hectáreas (33 % de las tierras cultivables), que no llegaron a explotarse en su totalidad. Las cooperativas mantienen en explotación el 36% de las tierras cultivables y el resto permanece en poder de empresas estatales.

En diciembre de 2014 se restablecieron las relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Obama, flexibilizándose algunas medidas del bloqueo económico. La distensión de las relaciones entre ambos países permitió una mayor reanimación de la economía y el crecimiento del turismo, que en 2018 alcanzó 4,7 millones de visitantes y unos ingresos por

2,782 millones de dólares. A partir de 2015, cuando el congreso estadounidense designó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE. UU” se estableció el bloqueo económico y financiero contra la República Bolivariana, que provocó que su producción de petróleo crudo y sus derivados se fuera reduciendo hasta un 20 % en 2020 y en consecuencia disminuyó abruptamente su suministro a Cuba.

El año 2019 fue el de mejores resultados productivos de la agricultura después de la crisis de los 90. Sin embargo, según el anuario estadístico de Cuba, de las 6,400,000 ha de superficie agrícola, solo 3,120,900 estaban cultivadas (48,7 %), aún había muchas tierras ociosas o deficientemente explotadas. En las 947,100 ha cultivadas de productos alimenticios, se alcanzó un percápita anual de 485,2 kg por persona (2 kg al mes), que resultó superior al de todos los períodos anteriores; la producción de carne de cerdo creció 3 veces hasta un percápita de 28 kg al año, pero la papa, el arroz y la leche redujeron sus entregas percápita a 9,2 kg, 17,5 kg y 44,5 litros anuales, respectivamente. La existencia de ganado vacuno continuó reduciéndose debido a la deficiente alimentación, el hurto y sacrificio ilegal. Ese año se dedicaron 1910 millones de dólares a la importación de alimentos a pesar de que se redujeron los ingresos por la menor exportación de azúcar, café y cítricos, para colmo de males las plantaciones de estos últimos fueron diezmadas por la plaga denominada Huanglongbing.

La República Dominicana tiene el mismo clima de nuestro país, sufre por igual el cambio climático e idénticos fenómenos meteorológicos, su extensión territorial es apenas el 44 % de la de Cuba, tiene 300 mil habitantes menos y una capacidad de embalse de agua 4 veces menor; solamente el 21,3 % de su población vive en el campo. Dispone de alrededor de 800.000 ha de tierra cultivable, con manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo, aplica una dosis promedio de 88,1 kg de fertilizantes por hectárea cultivada, más del doble que lo que en nuestro país se podía fertilizar con los abonos inorgánicos importados en los últimos años. Sus rendimientos de caña, arroz y tubérculos son superiores en un 30% a los nuestros. Según las estadísticas publicadas por su Ministerio de Agricultura, en 2021 produjeron 7170,1 toneladas de alimentos, alcanzando un percápita de 670,1 kg por habitante, un 35,7 % más que el mejor promedio histórico de Cuba. Exportan cantidades apreciables de cacao, tabaco, azúcar, plátanos y frutas, el 50 % a los Estados Unidos. Por supuesto no está sometida a bloqueo alguno y esto les permitió recibir 8,5 millones de turistas en 2022, 5 veces más que los que visitaron Cuba. Por el contrario, nuestro país la aventaja ampliamente en índices de salud y educación, tales como cantidad de docentes y médicos por habitante, mortalidad infantil y materna, esperanza de vida al nacer, gastos sociales por habitante, etc.

El gobierno del presidente Donald Trump tomó agresivas decisiones anticubanas con la intención de provocar el colapso de la Revolución, que se mantienen vigentes durante el gobierno de Biden y han creado serias dificultades a las transacciones financieras del país.

En los años 2020-2021 la pandemia de COVID-19, además de enfermar a miles de ciudadanos y provocar la ejecución de gastos superlativos para la asistencia médica, afectó severamente el turismo y los ingresos en divisas del país. La enfermedad pudo ser controlada a mediados de 2021 gracias a la creación y producción autóctona de vacunas, pero provocó la reducción de la producción agropecuaria y la importación de alimentos y como consecuencia de ello, un severo deterioro de la alimentación de los ciudadanos.

En enero de 2021, al eliminarse para las empresas la paridad cambiaria del peso con el dólar y devaluarse oficialmente el peso cubano a 24 X 1, la mayoría de los costos de producción y los precios minoristas se incrementaron. Para evitar la especulación se establecieron centralmente precios máximos para la venta de productos agropecuarios, ante lo cual algunos productores e intermediarios dejaron de asistir a los mercados a ofertar sus productos. Posteriormente se descentralizó a los municipios la negociación de los precios del agro y volvió a crecer la oferta en las mercados, pero la insuficiente producción impuso precios aún superiores a los derivados del ordenamiento monetario; en años posteriores los precios de los insumos y productos importados han continuado creciendo, produciéndose una espiral inflacionaria y especulativa que afecta severamente las finanzas de las familias cubanas; las de menores ingresos se han visto obligadas a reducir la cantidad y calidad de los alimentos que consumen diariamente y en los casos más críticos a solicitar subsidios a la asistencia social. Como resultado de la reducción en las ofertas de alimentos subsidiados y los elevados precios de los mercados de oferta y demanda, el ciudadano de a pie dejó de comer frijoles o tomar café frecuentemente; comer carne de cerdo o aguacate se ha convertido en un lujo.

En mayo de 2021 el gobierno cubano decidió eliminar numerosas trabas administrativas impuestas por antiguas regulaciones estatales y puso en vigor un grupo de medidas para incrementar la producción agropecuaria. A partir de esas decisiones, aumentaron en un 13 % las áreas agrícolas en producción, sin embargo, debido a los bajos rendimientos agrícolas el total de alimentos producidos se redujo en 2022 en un 26 % con respecto a 2019, manteniéndose elevados niveles de importación de alimentos.

Ante el déficit de moneda libremente convertible en la arcas del Estado, a partir de 2021 se autorizó a importar productos en divisas a entidades del sector no estatal, lo que ha permitido suplir parcialmente el déficit de alimentos que dejaron de comercializarse en las tiendas y mercados estatales. Los precios minoristas de sus ofertas en moneda nacional son muy altos porque adquieren las divisas en el mercado informal donde aplican una tasa de cambio muy superior a la del mercado oficial.

En 2022 el parlamento aprobó la Ley que establece el marco conceptual y jurídico para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, regula la organización de los sistemas alimentarios locales y establece los requisitos generales a cumplir en materia medioambiental y sanitaria en la producción de alimentos.

Hasta octubre de 2023, funcionó un esquema vertical de gestión administrativa que establecía una relación de dependencia de las cooperativas agropecuarias con las empresas estatales agropecuarias, que no siempre las priorizaban en los suministros ni atendían debidamente a los productores individuales. Dando un paso más en el proceso de descentralización de la gestión económica, con la reciente aprobación del Decreto Ley 76 se pretende ¨garantizar el libre desenvolvimiento de las cooperativas agro pecuarias y facilitar su desarrollo, sin que estos vínculos constituyan relaciones de subordinación con las demás entidades en el ámbito municipal¨. El Decreto Ley le traslada a los Consejos de la Administración municipales la facultad de aprobar la creación y extinción de las cooperativas agropecuarias; integrar sus programas de desarrollo a la estrate gia de desarrollo del municipio; recibir sus demandas de recursos, incluirlas en el plan de la economía y distribuirles los insumos.

El gobierno cubano está impulsando la creación de un sistema productivo que combine la producción y el autoabastecimiento descentralizado de alimentos en el municipio bajo la responsabilidad de los gobiernos locales con la ejecución en paralelo de programas nacionales más especializados y tecnologías superiores en polos productivos agropecuarios para obtener cantidades y rendimientos mayores de arroz, viandas, carne de cerdo, aves, huevos, cítricos, etc. Además está convocando a incrementar las áreas sembradas para aumentar la producción.

En 2023, según expresó recientemente el Ministro del ramo en el programa Mesa Redonda, por falta de financiamiento para la agricultura solamente se dispuso del 40% del combustible diésel requerido, el 4% de los fertilizantes, el 20% del alimento animal y cantidades muy reducidas de herbicidas y pesticidas y no se han importado o producido en el país envases, botas, limas y machetes.

Es obvio que hay que incrementar la cantidad de áreas sembradas para producir alimentos, en la difícil situación económica actual sería improcedente dejar tierras ociosas llenas de marabú, pero sin suficientes combustibles, fertilizantes, herbicidas y repuestos seguirán presentes los bajos rendimientos en la producción agrícola y los volúmenes de producción continuarán lejos de satisfacer la demanda. Además, de crecer las áreas de cultivo se incrementarán también las necesidades de combustibles para roturar la tierra, de energía eléctrica y agua para regar y la cantidad de fuerza de trabajo para las atenciones culturales. Según los expertos, los rendimientos en la agricultura ecológica son menores en un 18 % que en la agricultura convencional, lo que se compensaría con mayores precios de venta, pero el objetivo de producir para el pueblo no es ganar más dinero, sino producir más y más barato. Están desarrolladas y probadas en el país prácticas agroecológicas que incrementan los rendimientos, pero aún no se han generalizado y muchos productores siguen usando las tradicionales. Agréguese a esto que la producción nacional de insumos agropecuarios de origen biológico es insuficiente y sus inversiones están retrasadas y que la inversión extranjera dista mucho de satisfacer las necesidades de la agricultura cubana.

En las frecuentes visitas que realizan los dirigentes del país a centros seleccionados de producción agropecuaria se les muestran buenos resultados productivos, lo que parece indicar que bajo las formas de gestión más descentralizadas, con prácticas ecológicas y trabajando más, existen posibilidades de incrementar la producción agropecuaria, pero restan muchos meses para que esos buenos ejemplos se generalicen. Mientras la producción agropecuaria no crezca lo suficiente, el Estado, el sector no estatal o los familiares de cubanos que residen en el extranjero tendrán que seguir empleando divisas para pagar por la importación de alimentos que se pudieran producir en el país.

El trabajo en el campo bajo el intenso sol y calor es duro, exige disposición y sacrificio y los productores, ya sean cooperativistas, arrendatarios u obreros se incorporarán o permanecerán en sus labores si se les apoya más con suministros y servicios y si como resultado de su trabajo obtienen ingresos decorosos, condiciones de vida dignas y reconocimiento por el trabajo que realizan.

 

Bibliografía consultada

  • Arcadio Ríos. Primeras combinadas cañeras. 2013. www.ecured.cu
  • Armando Nova González. El modelo agrícola y los lineamientos de la política económica y social en Cuba. Ciencias Sociales. 2013
  • Armando Nova González. Cooperativas agropecuarias de Cuba en peligro. IPS. 2021
  • Anuarios estadísticos de Cuba. ONEI. 2017-2021
  • Arnoldo Oliveros Blet. Los cambios cuantitativos de la población rural en Cuba entre los años 1990 y 2006. www.revistas.uh.cu
  • Consolidado regional de producción por cultivo 2021. Ministerio de Agricultura. República Dominicana.
  • Convenio Integral de Colaboración entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. www.docs.venezuela.justia.com
  • Decreto Ley 76/2023 De las cooperativas agropecuarias
  • Joaquín Infante Ugarte. La ineficiencia económica y social. ¡Su causa primordial! 2014
  • Manuel Félix Roig y Ana Isabel Zamora Sorí. El contrato de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo y su impacto en la sociedad cubana. Revista de la Abogacía. Julio-diciembre de 2020.
  • Sectores agroalimentario y pesquero de la República Dominicana. Ficha sectores. Junio 2022. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
  • Venezuela-producción de petróleo.www.datosmacro.com.
  • Ydael Jesús Pérez Brito. Comparecencia en el programa Mesa Redonda. www.cubadebate. cu. 26 de octubre de 2023.

Estragos del extractivismo minero: Panamá y la crisis sociopolítica

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Como consecuencia de un contrato minero con la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) para la explotación de concentrado de cobre, Panamá viene enfrentando desde el pasado 23 de octubre una serie de protestas por parte de amplios sectores de la ciudadanía que han derivado en una crisis política.

Ante la delicada situación de orden público por la contundencia de la protesta social contra la concesión minera, el presidente Laurentino Cortizo convocó una consulta popular para que sea el pueblo panameño el que decida sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, este lunes 31 de octubre el Tribunal Electoral de Panamá expresó que “no hay condiciones” para organizarla.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se concretan pasos para derogar la ley en virtud de la cual se ampara la renovación del contrato del Estado con Minera Panamá, de la compañía canadiense First Quantum Minerals. Se trata de un artículo agregado por diputados oficialistas a uno de los dos proyectos de ley promovido por el presidente Cortizo, que trata sobre la prohibición de otorgar nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en Panamá.

No obstante el pronunciamiento del Tribunal Electoral, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Panamá se aprobó un proyecto de ley para que se someta a consulta popular la decisión de derogar el contrato minero o no, un acuerdo con una compañía canadiense que es rechazado por grupos organizados y civiles que consideran que pone en riesgo al medio ambiente y la biodiversidad, entre otras consideraciones.

Mientras se dilucida institucionalmente si se realiza o no la consulta ciudadana, Panamá enfrenta una segunda semana de paralización por el litigio minero.

Antecedentes

La compañía minera canadiense y el Gobierno panameño llegaron a un acuerdo este año para la firma de un nuevo contrato de concesión, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original. Desde febrero de 2019, la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año y da empleo a más de 8.000 personas.

Amplios sectores sociales y políticos se han venid pronunciando sobre las implicaciones medioambientales que dicha explotación genera para amplias zonas naturales del país.

Las protestas tomaron forma de movilización social hasta el punto de que el pueblo panameño se ha mantenido firme y constante en las calles hasta obligar la derogación del denominado Contrato ley 406 entre el Estado y Minera Panamá (First Quantum Minerals).

La protesta se ha tornado en una delicada situación de orden público como consecuencia de los cierres de vías en diversos puntos de la geografía nacional, manifestaciones, concentraciones y marchas pacíficas por parte de estudiantes, indígenas, ecologistas, ambientalistas, comunidades, jóvenes, gremios educativos y de salud y sociedad civil en general.

Las expresiones de inconformismo y la movilización no han parado a pesar del mensaje del presidente Cortizo, que mediante decreto prohibió nuevas concesiones mineras. Pero el pueblo panameño exige es la derogatoria del contrato sin mesas de negociaciones y una moratoria minera indefinida.

Los sectores plutocráticos a través de sus medios tradicionales de comunicación, por su parte, han tratado de deslegitimar las protestas, al hacer resaltar de manera negativa las manifestaciones sin divulgar las verdaderas causas de las mismas. Además, el gobierno de igual manera, ha querido endilgar a los manifestantes los actos vandálicos que se han presentado pero que el pueblo ha reconocido que son las viejas tácticas utilizadas durante la dictadura militar.

A pesar de la represión desproporcionada de los estamentos de seguridad a los protestantes al lanzarles latas de gases lacrimógenos vencidas, el uso de nuevos equipos para lanzar múltiples bombas lacrimógenas, balines y balas también en algunos sitios, el pueblo panameño ha asumido una actitud de unidad y de lucha que hasta ahora han sido inquebrantables.

Extractivismo y corrupción

Factores como corrupción y entrega de tierras para la explotación minera han sido el detonante para que miles de panameños rechacen el Contrato ley 406 que da luz verde para las operaciones de la minera canadiense FQM. A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo el pasado 29 de octubre de convocar a una consulta popular para decidir el futuro contrato minero las protestas se intensificaron.

La oposición al contrato minero sigue paralizando varias zonas de Panamá y al paro se han sumado además el sector transportista y los educadores que anunciaron una huelga indefinida.

La población de Panamá está integrada por más de cuatro millones de habitantes. Su PIB es de US$73,449.3 millones, según cifras oficiales. A pesar de ello, la desigualdad social y la baja calidad de vida de millones de panameños no se han superado.

En este contexto, los ciudadanos vienen expresando su descontento y repudio ante la falta de transparencia en los grandes proyectos del país, así como su frontal rechazo a la corrupción de gobernantes que se aprovechan de los bienes comunes del país.

 

Remesas a México: marca de 47 mil 71 mdd en nueve meses

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Braulio Carbajal y Julio Gutiérrez

Entre enero y septiembre de 2023 los ingresos por remesas alcanzaron un nivel sin precedente de 47 mil 71 millones de dólares, un crecimiento de 9.5 por ciento en comparación con los 42 mil 978 millones de dólares registrados en 2022, según información oficial divulgada este miércoles.

Sólo en septiembre, de acuerdo con el Banco de México (BdeM), el monto que ingresó al país por concepto de envíos de connacionales que viven en otro país, principalmente Estados Unidos, ascendió a 5 mil 613 millones de dólares, un incremento anual de 11.4 por ciento frente a igual mes del año pasado.

Se trata del tercer periodo con mayores ingresos desde que existen registros (1995), sólo por debajo de los 5 mil 696 millones de dólares en mayo, y de los 5 mil 651 millones de dólares reportados en julio.

El flujo acumulado en los últimos 12 meses (octubre 2022-septiembre 2023) se situó en una cifra histórica de 62 mil 603 millones de dólares, superior al flujo acumulado a 12 meses registrado en agosto pasado de 62 mil 28 millones de dólares (septiembre 2022-agosto 2023).

Con el último dato reportado por el banco central, las remesas acumulan una racha de 41 meses consecutivos al alza, iniciada desde mayo de 2020, y además, suman cinco meses consecutivos con ingresos superiores a 5 mil 500 millones de dólares.

En un reporte, BBVA destacó que en Guanajuato las remesas de los primeros nueve meses del año ascendieron a 4 mil 48 millones de dólares; en Jalisco, el monto llega a 4 mil 27 millones de dólares y en Michoacán, la cantidad asciende a 3 mil 985 millones de dólares.

Refirió que Chiapas se mantiene como la cuarta entidad federativa con más remesas, con 3 mil 246 millones de dólares hasta septiembre de este año, impulsada por un rápido crecimiento de este flujo en los últimos cuatro años.

La inserción de migrantes oriundos de Chiapas y la migración de tránsito que atraviesa ese estado son los principales motivos que explican este fuerte crecimiento en las remesas, explicó el banco.

Analistas de Monex destacaron que desde el inicio de la pandemia de covid-19, las remesas han sido clave para el éxito del consumo doméstico y para la trayectoria del peso mexicano. Su desempeño en 2023 sigue siendo sólido en comparación con otros indicadores de la economía mexicana, pero cada vez es más evidente que las condiciones que rigen su comportamiento han cambiado respecto a lo visto en años previos.

En este sentido, datos del BdeM indican que si bien el monto de los envíos sigue en aumento, éste avanza a un ritmo más lento, pues mientras en los primeros nueve meses de 2023 el crecimiento anual fue de 9.5 por ciento en el mismo periodo de 2022 el dinamismo fue de 15.1 por ciento.

Creemos que esta inercia se acentuará en el futuro a partir de una mayor debilidad de la economía estadounidense y del endurecimiento de las políticas migratorias. De momento, nuestro estimado para 2023 es de un crecimiento de 9.5 por ciento anual, informó la institución financiera.

Banco Base destacó que al convertir la cifra de 5 mil 612 millones de dólares de remesas recibidas en septiembre a pesos mexicanos, se obtiene que el flujo en el periodo fue 8.03 por ciento menor al observado en septiembre del 2022.

Este es el undécimo mes consecutivo que se observa una caída anual del poder adquisitivo de las remesas.

Aun así, destacó que el dato de septiembre fue inusualmente elevado, por lo que cambió su pronóstico de crecimiento de remesas en 2023 de 8.1 a 9.3 por ciento.

 

La inflación de  octubre en Argentina alcanzó el 9,3 %

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La inflación en Argentina de la cuarta semana de octubre, a escasos días de la segunda ronda electoral del 18 de noviembre, se habría mantenido en los niveles de las dos semanas precedentes, en torno al 2,2%, en tanto el acumulado móvil de las últimas cuatro semanas, abarcando casi todo el mes pasado, habría sido del 9,3%, según el relevamiento ofrecido por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

“La inflación sigue muy alta, pero claramente más baja que durante las peores semanas de agosto”, sostuvo el funcionario. En ese reporte, se indicó que en la semana del 23 al 29 de octubre “los precios a nivel minorista habrían subido un 2,2%” y que los principales rubros que superaron ese promedio habrían sido Indumentaria (4,2%), Carnes (3,5%), Frutas (3,2%) y los bienes y servicios regulados (2,8%), en tanto se anotaron por debajo de aquel nivel Alimentos y bebidas de almacén (1,3%) y Verduras (1,5%).

El alza semanal, explicó Rubinstein, “se dio en un contexto de actualizaciones de algunos rubros regulados como tabaco y combustibles, y de aumentos recientes en productos cárnicos”. “Se espera que la próxima semana (en referencia a la del 30 de octubre al 5 de noviembre) muestre cifras similares debido a la actualización de precios regulados los primeros días de noviembre”, agregó.

En cuanto al seguimiento de la evolución de los precios minoristas en el acumulado móvil de las últimas cuatro semanas, el viceministro indicó que “los registros han bajado” después de los picos de mediados de agosto, en torno al 15%, hasta llegar al mínimo del 7,8% el 8 de octubre. En el registro de la cuarta semana, el nivel se elevó al 9,3%, fenómeno explicado por Política Económica por el contexto de “nerviosismo pre electoral”, que estima que “habrá de moderarse en registros próximos”.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), respecto al mes de septiembre, mostró una suba de precios de 12,7% en el mes, la más alta en 30 años.

El poder adquisitivo cayó 14% el último año

La masa de ingresos fijos que reciben los hogares argentinos caerá en promedio un 14% este año respecto de 2022. El cálculo incluye los salarios provenientes del mercado laboral, las jubilaciones y pensiones, así como las transferencias monetarias por asistencia social.

Si tomamos el tipo de cambio oficial, la pérdida del conjunto de empleados privados y públicos, jubilados y beneficiarios de programas sociales supera los USD 37.000 millones.

Los datos surgen de un estudio de Laura Caullo y Azul Chincarini, investigadoras del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. Recordemos que se trata de una fundación ligada a sectores empresarios, por lo que cuesta pensar que la difusión del estudio tenga un interés en desatar una oleada de protestas, sino que refleja una realidad inapelable.

 

Panorama interrnacional

1.- A 18 años del No al ALCA, crece la necesidad de la integración soberana

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Javier Tolcachier

Hace 18 años, un 5 de Noviembre de 2005, se celebraba la sesión de cierre de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, que culminó con el rechazo a avanzar con la implementación del ALCA, intención impulsada por los Estados Unidos de América.

La I Cumbre de las Américas, que se desarrolló en Miami en Diciembre de 1994, tuvo como principal objetivo la puesta en marcha del proyecto de un área de libre comercio que englobara a todos los países del continente americano.  Estas cumbres, organizadas por la OEA, uno de los principales brazos ejecutores de los dictámenes de la diplomacia estadounidense para la región, se pensaron justamente para alinear a Latinoamérica y el Caribe con los intereses del pretendido hegemón del Norte.

El ALCA tenía como función blindar la región para que las corporaciones norteamericanas tuvieran facilidades y dominio en sus mercados, acceso a los recursos naturales bajo sus condiciones, aseguraran la continuidad y profundización del proceso privatizador y la región permaneciera atada a la dependencia financiera de los Estados Unidos y su moneda.

Sin embargo, en la cuarta cumbre, algo falló. Para los Estados Unidos – representados por George W. Bush (hijo), principal responsable de las invasiones a Irak y a Afganistán – y sus socios del NAFTA (México y Canadá), junto a voces como la de Panamá y Trinidad y Tobago, la reunión debía culminar con una mención explícita a la continuidad del proyecto librecomercista, cuestión que no figuraba en la agenda acordada previamente.

Y pese a que muchos de los asistentes al cónclave eran adeptos al neoliberalismo, primó la resistencia que ofrecieron sobre todo el anfitrión Néstor Kirchner, el presidente de Brasil Lula da Silva, el uruguayo Tabaré Vázquez y el impulsor de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. La Declaración final constató la división de posturas y las objeciones presentadas al tratamiento y resolución de la temática, postergándola y derivando las negociaciones a las deliberaciones de la Organización Mundial de Comercio, lo que finalmente no prosperó.

El presidente de Venezuela expresaría entonces con su contundencia característica: “El libre comercio no va a solucionar nuestra pobreza. Los que todavía creen en eso, olvídense de ese cuento. Hablemos de las privatizaciones, uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Veamos el caso de todos nosotros, las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, los derechos de los trabajadores los borraron del mapa con las recetas del FMI. Reformas estructurales. Veneno. Verdadero veneno para nuestras economías.” (…)

Decisiva en este desenlace fue la movilización popular que levantó la campaña contra el ALCA, resistencia que fue construida sobre el desastre social que habían dejado a su paso las políticas neoliberales impulsadas por el llamado “Consenso de Washington”.

En paralelo a la cumbre interestatal, los pueblos animaron su propia Contra-Cumbre en rechazo a la propuesta anexionista de Bush y compañía, la que en su Declaración final conceptualizó claramente la evidencia del descalabro que traía a la región el esquema neoliberal: “Modelo que favorece a unos pocos, que deteriora las condiciones laborales, profundiza la migración, la destrucción de las comunidades indígenas, el deterioro del medio ambiente, la privatización de la seguridad social y la educación, la implementación de normas que protegen los derechos de las corporaciones y no de los ciudadanos, como es el caso de la propiedad intelectual.”

De los asistentes a aquel memorable cónclave presidencial, tres protagonistas encabezan en la actualidad nuevamente el gobierno de sus países: Lula en Brasil, Ralph Gonsalves en San Vicente y las Granadinas y Roosevelt Skerrit en Dominica.

Mucha agua correría bajo los puentes desde entonces. Al calor de sucesivos gobiernos de izquierda y progresistas emergerían como contrapeso a la OEA instancias de integración de signo soberano como la UNASUR, fundada en 2008 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que surgiría en 2010.

A esta oleada emancipadora, le sucedería un contragolpe reaccionario, que lograría suspender el proceso de institucionalización avanzado de la UNASUR con el retiro de seis de sus miembros, todos gobernados por la derecha, la creación de engendros favorables al imperialismo como el Grupo de Lima y ProSur y en un nuevo reflujo, la reconquista de gobiernos de orientación integradora, incluso logrando triunfos en feudos del capitalismo acérrimo anteriormente inexpugnables, como Chile, México, Colombia, Honduras o Perú.

La inestable situación actual

Entre tanto, ha aumentado fuertemente la relación con China, sosteniendo la región buena parte de su comercio exterior, las inversiones directas, sus fuentes de financiamiento y más recientemente, incluso la posibilidad de una relativa emancipación del dólar.

Los temores estadounidenses al incremento de la expansión china en América Latina y el Caribe señalados por Bush en la Cumbre de Mar del Plata no eran infundados: Según el Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2023 (Dussel Peters, 2023), el promedio anual de la inversión directa de China a ALC creció de 928 millones de dólares anuales durante 2000-2004 a US$14.016 millones durante 2015-2019.

Tendencia que en la actualidad se vería reforzada con el ingreso de Argentina al BRICS, la participación de la región en el proyecto de infraestructura chino de La Franja y la Ruta, la posibilidad de fortalecer el comercio en divisas propias y obtener créditos con menores condicionamientos por parte del Banco del BRICS.

Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe sigue sujeta a una matriz económica colonial dependiente de la exportación de materias primas con desventaja en los términos de intercambio, con mercados internos empobrecidos, con alta evasión y elusión fiscal empresarial, lo que a su vez debilita a los Estados haciéndolos proclives a su crónico endeudamiento.

A lo que se agrega la enorme desigualdad interna en términos de ingreso y condiciones de desarrollo humano, lo que habitualmente es ocultado por las cifras macro. Como se sabe, si dos personas estadísticamente comen medio pollo cada una, es muy probable que una se haya comido la mayor parte, mientras que la otra sufra de hambre.

En estas condiciones, el fantasma de la dictadura de mercado continúa rondando la región en un entorno político acosado por facciones respaldadas, una vez más, por el imperialismo en su dura lucha por la preeminencia frente al multipolarismo ya instalado.

A exactamente 200 años de que el entonces presidente estadounidense James Monroe diera a conocer la doctrina homónima – elaborada en realidad por su secretario de Estado y sucesor John Quincy Adams -, ejemplos de la disputa entre neocolonialismo y emancipación sobran: Continúa el bloqueo a Cuba, las medidas de asedio a Venezuela, esta vez con la lamentable colaboración de la vecina Guyana, las amenazas de derrocamiento de gobiernos progresistas en Honduras y Colombia, demonización del gobierno nicaragüense, el sostenimiento del golpismo en Perú y el intervencionismo en Haití, el apoyo a opciones fascistas como la de Milei en Argentina y múltiples etcéteras.

A lo que se suma que hoy las opciones posneoliberales que encarnaron la “década ganada” en América Latina y el Caribe, han sido desgastadas por la persecución mediática y judicial a sus líderes y también por la debilidad de una visión neodesarrollista propia del industrialismo del siglo pasado, hoy apenas barnizada con motivos digitales. Visión que, hay que decirlo claramente, no ha logrado adhesión suficiente en las nuevas generaciones que crecieron en contextos de individualismo, consumo extremo y utopías tan solo tecnológicas.

La Integración de los Pueblos

Para el entramado de empresas multinacionales y fondos financieros, la globalización significó y significa la posibilidad de operar en mercados internacionales sin limitación alguna. La carencia relativa de poder real de los Estados ante estos monstruos de acumulación insaciable está a la vista. Sobre todo, si se trata de un archipiélago de Estados fragmentados con poca capacidad de incidencia a nivel de decisiones de gobernanza global, en cualquier campo.

Por lo que, desde esta perspectiva, queda clara la necesidad de integrar capacidades y fortalezas entre los distintos países de la región para poder contrarrestar de alguna manera la destructiva acción de las corporaciones.

Sin embargo, tal como venimos pregonando desde hace años, la integración regional debe contar con una decidida participación popular, sin la cual esta cuestión de supervivencia y mejora en las condiciones de vida queda sujeta simplemente al signo del gobierno de turno, posiblemente corruptible por presión del poder corporativo y del hegemón geopolítico y sus argucias.

Esta participación además debe tender a arraigar en la conciencia una nueva visión de cercanía y hermandad entre pueblos que comparten historia y futuro. Pueblos que hoy viven separados por fronteras ficticias, concebidas como feudos de burguesías nacionales en alianza con intereses neocolonialistas de explotación de recursos y conjuntos humanos.

En un contexto más amplio de mundialización, entendido como proceso de interconexión creciente entre pueblos y culturas, el acercamiento, la comprensión y el intercambio de saberes y virtudes culturales abre las puertas a la posibilidad de un nuevo tejido social internacional, basado en un humanismo profundo. Lo que da a la integración desde los pueblos un carácter de utopía fundacional, mucho más allá de una simple sumatoria de economías acuñada sobre ideas de competencia global.

Desde esta intuición, van surgiendo y creciendo distintos intentos en América Latina y el Caribe de integración y participación popular. Para estimular estos debates y avanzar en el fortalecimiento del poder popular, una diversidad de movimientos sociales, sindicales, indígenas, feministas, ambientalistas, comunicadores y personalidades políticas progresistas y de las izquierdas se reunirán en Foz do Iguaçú entre el 7 y el 9 de Diciembre próximos en la Jornada Latinoamericana de Integración de los Pueblos. Hito que tiene previsto abordar temas cruciales como la unidad en la diversidad de las organizaciones del campo popular, la imprescindible movilización, la actualización de visiones sobre la coyuntura, pero también anhela forjar consensos estratégicos para una hoja de ruta de luchas y tareas de mediano y largo plazo.

Pensar en colectivo los mejores caminos para la integración participativa de los pueblos de América Latina y el Caribe es un propósito urgente y a la vez trascendente. Significa trazar imaginarios que unan, tarea épica y revolucionaria en tiempos de desintegración y quiebre de los lazos de vinculación social e interpersonal.

(*)Investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista y comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

 

2.-Un nuevo retrato de la riqueza y los más ricos del mundo

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Sam Pizzigati 

¿Cómo podemos comprender -comprender de verdad- hasta qué punto se ha concentrado la riqueza de nuestro mundo? Tenemos algunas opciones.

Podemos elegir ver el mundo de la riqueza concentrada a través de los ojos de quienes sirven directamente a los más ricos de entre nosotros, personas como el veterano capitán de navío australiano Brendan O’Shannassy, autor de Superyacht Captain: Life and Leadership in the World’s Most Incredible Industry.

Los palacios flotantes, como el superyate de 500 millones de dólares del megamillonario Jeff Bezos, pueden costar a sus adinerados propietarios más de 130.000 dólares al día en concepto de mantenimiento básico. Pero estos mismos superyates, cree O’Shannassy, siguen constituyendo la mejor inversión que pueden hacer individuos de inmensa riqueza. Ofrecen a sus adinerados propietarios seguridad y relax, sin el olorcillo de los paparazzi.

O podemos optar por una dirección totalmente distinta para comprender mejor la riqueza de nuestros ricos. Podríamos observar a estos ricos a través de los ojos de quienes miden hasta qué punto se ha concentrado la riqueza en nuestro mundo. Dos informes que acaban de publicarse nos ayudan a hacerlo.

El primero procede de investigadores de la Reserva Federal. Cada tres años, estos analistas publican una profunda inmersión en la distribución de la renta y la riqueza de Estados Unidos, una instantánea copiosamente detallada (https://www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm) de los “balances, pensiones, ingresos y características demográficas” de los hogares estadounidenses.

La última Survey of Consumer Finances de la Fed -publicada la semana pasada- cubre los cambios en las finanzas de las familias estadounidenses entre 2019 y 2022.

Durante este lapso de tres años, después de tener en cuenta la inflación, los ingresos familiares estadounidenses típicos aumentaron lo que la Fed describe como “un 3 por ciento relativamente modesto”. Pero los ingresos de los hogares de altos ingresos, señala la Fed, aumentaron a un ritmo mucho más rápido, registrando “uno de los mayores cambios de tres años” que los investigadores de la Fed hayan encontrado.

En el frente del patrimonio neto, los hogares ordinarios en su conjunto registraron ganancias, señala la Fed, que “superaron con creces la inflación” entre 2019 y 2022, ganancias que reflejan principalmente saltos considerables en el valor de las viviendas ocupadas por sus propietarios. Pero estos mismos saltos considerables también ponen la propiedad de la vivienda cada vez más fuera del alcance de las familias que buscan convertirse -por primera vez- en propietarios.

En 2022, el valor de las viviendas más típicas de Estados Unidos era 4,6 veces superior a los ingresos de las familias más típicas de nuestro país, una diferencia sin precedentes. Los asesores financieros suelen recomendar que las familias no gasten más de tres veces sus ingresos anuales en una vivienda propia.

Otros analistas ajenos a la órbita de la Reserva Federal han analizado los datos brutos de la nueva Survey of Consumer Finances para hacerse una idea más clara de cuánto ha crecido la brecha de riqueza en Estados Unidos desde que la Reserva Federal empezó a publicar los informes de la Survey of Consumer Financeshace más de tres décadas.

En esas décadas, señala un análisis de DQYDJ (https://dqydj.com/net-worth-by-year/), el patrimonio neto ajustado a la inflación del hogar estadounidense típico ha pasado de 108.501 dólares en 1989 a 192.084 dólares en 2022.

¿El patrimonio neto del 1% más rico del país en ese mismo periodo? Esa riqueza ha pasado, una vez más después de ajustar la inflación, de 5.351.332 dólares en 1989 a 13.666.778 dólares unos 33 años después.

Otro análisis, de Matt Bruenig, del People’s Policy Project, ha utilizado los nuevos datos de la Reserva Federal para calcular (https://www.peoplespolicyproject.org/2023/10/23/wealth-distribution-in-2…) la proporción de la riqueza de Estados Unidos que posee cada decil -cada 10%- de los hogares del país.

“En general”, concluye Bruenig, “la desigualdad de la riqueza en Estados Unidos sigue siendo bastante alta”, con el 10% de los hogares más ricos poseyendo la friolera del 73% de la riqueza del país y la mitad de los hogares más pobres de Estados Unidos poseyendo “sólo el 2% de la riqueza del país”.

Los datos de la Reserva Federal, como demuestra el análisis de Bruenig, pueden ayudarnos a hacernos una idea muy necesaria de lo desigual que se ha vuelto Estados Unidos. Pero la Encuesta sobre las Finanzas de los Consumidores de la Reserva Federal sólo puede llevarnos hasta cierto punto. Los datos de la Encuesta no se centran en los más ricos de nuestros ricos y sólo cubren los ingresos antes de impuestos.

Para saber cómo les va a los superricos después de pagar impuestos, tenemos que buscar en otra parte, y ahora tenemos un lugar muy revelador donde buscar. El Observatorio Fiscal de la UE, una iniciativa de investigación iniciada en 2021 con el respaldo de la Unión Europea y de diversas instituciones académicas, acaba de publicar un nuevo estudio de gran repercusión titulado Global Tax Evasion Report 2024 (Informe mundial sobre la evasión fiscal 2024), “una colaboración internacional sin precedentes basada en el trabajo de más de 100 investigadores de todo el mundo”.

Los más ricos del mundo, detalla este nuevo estudio, disfrutan ahora de “tipos impositivos efectivos” que anualmente no les cuestan más que un mero 0,5% de su riqueza personal.

En la última década, señala el estudio del Observatorio Fiscal de la UE, varios gobiernos individuales han acordado importantes iniciativas para contrarrestar la evasión fiscal internacional. Desde 2017, por ejemplo, los bancos intercambian “automáticamente” información útil para identificar a los evasores fiscales. Y más de 140 países acordaron en 2021 establecer un “impuesto mínimo global” anual del 15% para las empresas multinacionales.

Pero estas dos reformas se han visto socavadas por una serie de lagunas y excepciones. El año pasado, las multinacionales trasladaron alrededor de 1 billón de dólares de su tesoro a paraísos fiscales, el equivalente a más de un tercio de los beneficios que las multinacionales registraron en 2022 fuera de su país sede. Y muchas instituciones financieras extraterritoriales, añade el nuevo informe del Observatorio Fiscal de la UE, están dando largas a la divulgación de sus depósitos.

Aun así, según los nuevos intercambios de datos bancarios, la evasión fiscal en paraísos fiscales se ha multiplicado por tres, y sólo el 25% de la riqueza financiera mantenida “offshore” evade impuestos en la actualidad. Y el incipiente impuesto mínimo de sociedades, establecido hace dos años, ha generado por sí mismo una cantidad considerable de datos útiles.

¿Cómo pueden las naciones del mundo ir más allá de estos dos esfuerzos iniciales de reforma? El Informe Mundial sobre la Evasión Fiscal 2024 identifica media docena de pasos concretos que la comunidad mundial puede dar “para reconciliar la globalización con la justicia fiscal”.

Tres de estas recomendaciones destacan propuestas de sentido común que deberían poder obtener un amplio apoyo internacional. Una recomendación, por ejemplo, pide “la creación de un Registro Global de Activos para luchar mejor contra la evasión fiscal”.

Las otras tres recomendaciones de la agenda de reformas del Observatorio Fiscal de la UE parecen enfrentarse a un serio rechazo político por parte de los amantes de las grandes fortunas.

Una de estas tres audaces propuestas reclama nuevos mecanismos que permitan gravar a los ricos “que han sido residentes de larga duración en un país y deciden trasladarse a otro de baja tributación”. Otra “reformaría el acuerdo internacional sobre el impuesto mínimo de sociedades para implantar un tipo del 25 por ciento y eliminar sus lagunas”.

La propuesta más atrevida de todas: un nuevo “impuesto mínimo global” para los multimillonarios del mundo equivalente al 2 por ciento de su patrimonio neto.

El informe del Observatorio Fiscal de la UE subraya que para sacar adelante este tipo de propuestas no sería necesario el visto bueno inmediato de un gran número de países. La acción unilateral de pequeños grupos de naciones “puede allanar el camino” a la larga hacia más “acuerdos casi globales”.

Las reformas que impulsa el Observatorio Fiscal de la UE, añade el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su introducción al Informe Mundial sobre la Evasión Fiscal 2024, “pueden parecer imposibles de alcanzar, pero también lo era socavar el secreto bancario e introducir un impuesto mínimo sobre las sociedades hace sólo unos años”.

Y si el mundo no sigue avanzando con valentía en la lucha contra la evasión fiscal de empresas y multimillonarios, ¿qué ocurrirá entonces? El fracaso en ese frente, sostiene Stiglitz, significaría algo más que ingresos insuficientes para hacer frente a las desigualdades mundiales, las pandemias y el cambio climático.

“Si los ciudadanos no creen que todo el mundo paga los impuestos que le corresponden, y especialmente si ven que los ricos y las grandes empresas no pagan lo que les corresponde, empezarán a rechazar los impuestos”, proyecta Stiglitz. “¿Por qué deberían entregar su dinero duramente ganado cuando los ricos no lo hacen?”.

En efecto, concluye Stiglitz, la “flagrante disparidad fiscal” de la que disfrutan ahora nuestros más ricos “socava el buen funcionamiento de nuestra democracia”.

O arreglamos esa disparidad o sufriremos las catastróficas consecuencias.

* Escribe sobre desigualdad para el Institute for Policy Studies. Su último libro: The Case for a Maximum Wage (Polity).