Panorama Económico Latinoamericano – Del 4 al 11 de octubre de 2023
Colombia tiene 28 proyectos de hidrógeno que busca impulsar
De acuerdo con la Asociación Hidrógeno Colombia, en el país hay 28 proyectos de este tipo actualmente, con una capacidad de electrólisis de 15 gigavatios. En el Caribe es donde más proyectos de este energético hay, al ser 16 del total. En Barranquilla se lleva a cabo el H2 Tour Colombia, un evento organizado por Hidrógeno Colombia que busca darle viabilidad al desarrollo de estos proyectos.
En este marco se llevan a cabo mesas con la academia, la industria, la sociedad y con entidades de Gobierno para “identificar las oportunidades del hidrógeno en cada una de las regiones y sus habilitadores”, explicó Mónica Gasca, directora de la Asociación.
Este evento se realiza al tiempo que tanto en Colombia como en el mundo se analizan las posibilidades de usar energéticos más limpios para descarbonizar la economía. En este marco, este vector energético se posiciona como una opción viable, dado que permite el almacenamiento y transporte de electricidad producida por medio de fuentes limpias, como el agua, el sol o el viento.
Por este motivo, la Asociación busca discutir y generar respuestas ante temas relacionados con infraestructura, incentivos tributarios, soluciones industriales y en el aspecto socioambiental que permitan el impulso de esta tecnología.
Además de tener efectos ambientales positivos, Hidrógeno Colombia destaca que podría generar inversiones superiores a los 20.000 millonesde dólares y generar hasta 11.200 empleos. Uno de los focos de debate es la infraestructura requerida para habilitar su masificación. Por ello, se analizan las obras portuarias que se necesitan, ya que se deben adaptar infraestructuras existentes para facilitar la exportación de este vector.
De igual forma, se aborda la capacidad de las redes eléctricas para “satisfacer los requisitos de los electrolizadores y presentar propuestas de infraestructuras eléctricas adicionales” y la generación con fuentes renovables no convencionales requeridas para producir el hidrógeno.
Más que una fuente de energía, el hidrógeno es un vector, que consume electricidad para separar y almacenar las moléculas, por lo que se requieren de fuentes como la solar o la eólica para llegar a este energético.
Hay seis ejes sobre los que se trabajará en estas mesas. El primero de ellos es la habilitación de la exportación. Para la Asociación Hidrógeno Colombia, el país tiene que centrarse en la venta al exterior más que el consumo interno. Hoy el 84% del hidrógeno que se produce en el país es consumido en refinerías y el 12% en la producción de fertilizantes.
Otro eje será la estructuración del primer fondo de hidrógeno y sus derivados. El tercero hace referencia al reconocimiento de la demanda local; seguido de la promoción del conocimiento del vector y sus derivados. De igual manera, se trabajará en el desarrollo de nuevos incentivos tributarios, que se sumen a los existentes, como la exención del IVA y la deducción de 50% del impuesto de renta, entre otros.
Perú, un país sin una ruta clara hacia las energías renovables
Xilena Pinedo*
Gracias a su ubicación geográfica próxima a la línea del ecuador, Perú posee un alto potencial de energía solar que el Ministerio de Energía y Minas estima en 3000 kilovatios hora (kWH) de radiación directa en el sur. Sin embargo, el país solo utiliza 1% de su capacidad.
Lo mismo ocurre con otras energías renovables no convencionales que pese a estar más desarrolladas en el país, no representan una importante fuente de energía en la matriz: la eólica tiene apenas 3 % y la biomasa, 0,5 %. Pese a esta potencia, aún hay regiones que no cuentan con acceso a energía.
La información del Instituto Nacional de Estadística e Informática revela que, al 2021, 94,1 % de los hogares peruanos tuvieron acceso al servicio de energía. Sin embargo, 45,3 % tuvieron cortes o interrupciones eléctricas. Además, en Loreto y Ucayali, departamentos amazónicos, solo alrededor de la mitad de la población accede a electricidad: 54,4 % y 51,9 %, de forma respectiva.
Frente a la necesidad de cubrir esas brechas y ante las condiciones climáticas actuales intensificadas por el calentamiento global, la transición energética se postula como una de las principales vías para reducir las emisiones de gases que están haciendo incrementar la temperatura a grados nunca antes vistos.
Perú, al igual que los otros 192 países que firmaron el Acuerdo de París, asumió compromisos climáticos para transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Sin embargo, desde 2016 hasta la actualidad, los avances por alcanzar ese objetivo han sido pocos y la fecha óptima (2030) está cada vez más cerca.
En 2015, Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30 % para 2030. Cinco años después, el país aumentó su ambición y puso como nueva meta la reducción de 40 %. A solo seis años y medio para 2030, los avances han sido lentos y el país sigue dependiendo de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, como principales fuentes de energía.
A este panorama se suma la ausencia de una política nacional de implementación de energías renovables no convencionales. “En Perú, a diferencia de otros países como Brasil, Chile y México, no existe como tal una política pública de promoción de la transición energética”, remarca Augusto Durán, especialista en Energías Limpias y Transición Energética.
En efecto, a la fecha, el principal documento que establece la necesaria implementación de energías renovables es la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Este documento propone cambios en la matriz energética; sin embargo, los mismos recaen en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“El Ministerio del Ambiente (Minam) como autoridad en cambio climático avanzamos en el trabajo vinculado a las NDC, pero en realidad el trabajo y el esfuerzo depende de diferentes actores. En especial, las medidas de energía están vinculadas al Minem”, explica la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval.
El problema reside en que el Minem no ha actualizado el plan energético nacional desde 2014 y sigue dando concesiones a proyectos de hidrocarburos.
Por ello, Augusto Durán, coordinador de la campaña para la implementación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, considera que el Minam funciona como un subministerio supeditado a lo que decida el Minem o el Ministerio de Economía.
“Al final, son los ministerios más fuertes, porque de hecho mueven la economía en el Perú. Entonces, el Ministerio de Ambiente da medidas, pero el de Energía y Minas sigue ampliando la frontera extractiva tanto de minerales como de combustibles fósiles y el Ministerio de Economía no da fondos o simplemente observa cosas, porque, siendo sinceros, la política climática le es muy incómoda”, destaca Durán.
Metas que parecen inalcanzables
Las NDC establecen una base voluntaria para que el país reduzca sus emisiones. En ese contexto, el sector energía es el que concentra la mayoría de los compromisos climáticos. De acuerdo con el catálogo de medidas de mitigación, existen 38 relacionadas al sector energético: 24 de ellas están vinculadas a cambios en la matriz energética y las 14 restantes se centran en cambios en el transporte.
De estas 24, tres incluyen el término energías renovables y una menciona en específico a la energía solar.
La primera de ella busca “aumentar la participación de los Recursos Energéticos Renovables (RER) en la matriz energética nacional en un 6,8 % al 2030”. La segunda propone “llevar el servicio de electricidad a usuarios ubicados en áreas no conectadas a la red eléctrica utilizando como fuente de generación los RER”. La última busca “generar energía a partir del metano que se produce en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”.
La representante del Minam resalta que la mayoría de estas medidas está en proceso de implementación por parte del Minem. En efecto, las dos primeras medidas detallan como fecha de inicio de implementación el año 2010. En tanto, la tercera menciona que empezó en 2021.
Sin embargo, en los últimos 13 años desde que se inició con estos proyectos, los avances fueron escasos.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió a las consultas realizadas por este medio sobre los avances en la implementación de esta medida, pero, hasta 2022, la participación de la energía solar y eólica en la matriz representaron solo el 4% en el país, de acuerdo a información pública de esta entidad.
A ello se suma que la mayoría de anuncios gubernamentales que proponen electrificar las zonas rurales estuvieron centrados en la masificación del gas natural. Una promesa que no se cumplió en los últimos 19 años desde que se inició con la explotación de los yacimientos.
“Cuando hablamos de un proceso de transición energética, lo primero de lo que hablamos es de dejar el carbón. Luego, el petróleo y, en tercera etapa, el gas. Otros países ven a este gas como un combustible de transición que les permita tanto financiera como técnicamente llegar a un proceso de transición energética. En Perú, lo que ha pasado es que nos hemos empernado fuertemente al gas natural”, explica Augusto Durán.
El especialista destaca también que hubo pocos avances para impulsar las renovables desde las políticas públicas. En principio, resalta la creación del Decreto Legislativo N° 1002 que se dio en 2008 y promovió la inversión en proyectos de energías renovables.
«Es la principal (norma) que se tiene en torno al tema de energía renovable, pero desde que se promulgó, las renovables siguen representando muy poco de la energía que se produce en el país”, añade.
En efecto, Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), explica que la inversión en este tipo de proyectos se estima en alrededor de 2.000 millones de dólares.
A ello se suma la aprobación en 2015 del Decreto Legislativo N°1221 que propone la generación distribuida de energía y permite que las comunidades generen su energía y comercialicen la sobrante. Pese a ello, ocho años después, se sigue a la espera de la aprobación del reglamento que le permita funcionar.
Luego de ello, se publicó, en 2018, el catálogo de medidas de mitigación que propone aumentar la participación de los recursos energéticos renovables en un 6,8% en la matriz energética nacional al 2030.
No obstante, Oviedo destaca que este documento no es vinculante y que lo más reciente y vinculante es el decreto supremo que declara la emergencia climática en todo el país. El mismo propone aumentar la participación de las renovables no convencionales a 20 % para 2030.
“Si me preguntas cuál es el compromiso de energías renovables, yo diría que ese 20% porque es lo único que está reflejado en algún tipo de norma legal hasta cierto punto vinculante. Pero, yo sinceramente desconozco cuál es el nivel efectivo de cumplimiento no solo de esta medida, sino de las otras que existen”, aclara el también coordinador del equipo técnico de mitigación de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
En esa línea, Brendan Oviedo destaca que luego de identificar los sectores en los que se deben hacer cambios, el gobierno debió trabajar de la mano con los diferentes ministerios para cumplir con esos objetivos.
“Se aprobaron estas medidas de mitigación, pero no se implementó nunca un marco regulatorio que permitiese ejecutar esa medida. Ahí hay un problema, pues no se está conversando el buen trabajo que está haciendo el Ministerio del Ambiente con el buen trabajo que están haciendo probablemente otros ministerios. Me parece que la falta de trabajo coordinado limita mucho la eficiencia de la implementación de decisiones”, resalta.
Ante la falta de información clara sobre los avances en la implementación de estas medidas, Osver Polo, representante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), afirma que la tarea de Perú para la próxima cumbre climática, la COP28, que se llevará a cabo en diciembre en Dubái, será informar qué tanto se ha avanzado en la reducción de emisiones.
Esto ya que durante la conferencia concluirá el primer Balance mundial (Global Stocktake), oportunidad en que los países mostrarán si están avanzando colectivamente hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Un contexto político que no ayuda
Las recientes celebraciones por la independencia de Perú a finales de julio estuvieron caracterizadas por manifestaciones a lo largo del país que exigían la renuncia de la actual presidenta interina Dina Boluarte.
Este escenario se ha repetido desde diciembre del año pasado cuando asumió el cargo. En tanto, la inestabilidad política del país se ve reflejada en que en los últimos cinco años han habido seis presidentes.
La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval, destaca que si bien la crisis política afecta, resalta como punto positivo la existencia de las NDC y de un marco legal que sirve para orientar la lucha frente al cambio climático.
“Los diversos contextos políticos no solo en el país sino en la región pueden tener diversos impactos, pero lo más importante es que las bases para seguir avanzando en los temas de cambio climático ya están sentadas gracias a la Ley marco de cambio climático y su reglamento. Tenemos que obviamente seguir siendo propositivos”, afirma.
En paralelo, los especialistas consideran que la crisis política y los intereses económicos impactan en los esfuerzos por hacer frente a la crisis climática. Osver Polo resalta que además de la falta de un trabajo conjunto desde los diferentes ministerios, se suma el hecho de que el Gobierno sigue impulsando proyectos extractivos.
“Desde el gobierno se sigue planteando modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y seguir teniendo explotación de hasta por 80 años de combustibles fósiles”, detalla.
Estos proyectos se contraponen a las principales recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). El mismo plantea que, para alcanzar los objetivos climáticos en el mundo, es necesario reducir de manera significativa el uso de carbón, así como también en 60 % el uso de petróleo y en 70 % el uso de gas.
Al respecto, Augusto Durán asegura que la constante inestabilidad política que atraviesa el Perú tiene efectos en la gobernanza del país en general.
“Desde el gobierno de Fujimori, hemos vivido en distintas crisis políticas y esa es una de las primeras razones para no poder tener una política clara en general, no solamente en temas de cambio climático. Entonces es complicadísimo que se logre los objetivos a 2030 a nivel global y en el caso peruano mucho peor porque no tenemos un plan preciso ni conciso que nos dé una ruta”, concluye.
Sin embargo, Brendan Oviedo añade que la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 28832 de eficiencia energética y busca ampliar la oferta de producción de electricidad constituirá el impulso que necesitan las energías renovables no convencionales en el país. Sin embargo, el mismo fue rechazado, en una primera votación, por la Comisión de Energías.
“Esperemos que en breve se vuelva a poner en la agenda del Congreso el Pleno y se vote. Yo creo que, ahora, existen todas las condiciones para las (energías) renovables, porque la eólica y la solar son las más baratas en el mercado y porque están descentralizadas en el norte y en el sur. Podemos lograr nuestro objetivo y hasta podríamos pasarlo, pero depende, principalmente, del factor regulatorio que tiene que cambiar”, remarca.
*Periodista especializada en ciencia, medio ambiente y salud,de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Corresponsal de Inter Press Service
Uruguay en la tabla del descenso
Gabriela Cultelli*
La encuesta de expectativas económicas que publica el Banco Central, coincide en la mediana de sus estimaciones con la proyección que hace la CEPAL para nuestro país para el año 2023. Lo estiman en un 1%, o sea estancamiento, o reproducción simple en términos económicos.
En un trabajo titulado “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023” la CEPAL expresa: “Para 2023 se prevé que América Latina y el Caribe continúe en una senda de bajo crecimiento, con una tasa del 1,7%. Todas las subregiones mostrarían un menor crecimiento en 2023 respecto de 2022: América del Sur crecería un 1,2% (3,7% en 2022), el grupo conformado por Centroamérica y México un 3% (3,4% en 2022) y el Caribe (sin incluir Guyana) un 4,2% (6,3% en 2022)” y agrega más adelante: “La dinámica de la economía mundial durante 2023 no ha sido un factor de estímulo para el crecimiento de los países de la región. El crecimiento mundial se mantiene por debajo de los niveles históricos (3% en 2023), y la tasa de crecimiento del volumen de comercio de bienes también es baja (1,7%)”, publicando allí mismo la siguiente gráfica, cuyo diseño realizado por Forbes nos pareció más ilustrativo y aquí lo traemos, bajo el título que encabeza este artículo
Peleando ahí el descenso con Chile, Haití y Argentina, nos encontramos en los últimos lugares (lugar 17 en 20) de la tabla. Muy lejos estamos, también geográficamente de las zonas que encabezan el pobre crecimiento que tendrá la región en este año.
Téngase presente que si comparamos junio 2022 con junio 2023 ya se observa caída del -2.5% del PBI Nacional. Pero esa medición no resulta convincente por varias razones, pero sí observable. La medición que puede resultar un indicador relevante es la anualización a junio 2023, o sea tomando el año (los 12 meses) transcurrido entre julio (incluido) 2022 y junio 2023. En este caso el crecimiento del PIB solo es de 0,5%. Al menos, estancamiento y con pronóstico incierto. ¿Qué pasó con el rebote en “V” tan cacareado? Sería bueno preguntárselo a la ministra Arbeleche, porque lo que les podemos decir al respecto es que la caída del 2020 no se recuperó en el 2021 como ella estimaba, sino un año después en el 2022, en el primer trimestre para luego enlentecerse, o sea, a partir de allí las tasas de crecimiento fueron cada vez menores hasta llegar al estancamiento actual. Y para peor, como hemos manifestado en múltiples oportunidades, se trató de un crecimiento sin distribución. Dicho de otra manera, corto y excluyente.
Las causas sin duda son de dos tipos: la primera interna y la segunda externa al modelo de funcionamiento económico Nacional relativa a la baja de los precios internacionales, que afectaron al agro, la industria alimenticia, el transporte y las exportaciones; sumado a la sequía que impactó sobre todo en el sector EGA (Electricidad, gas y agua) teniendo que importar energía de Brasil.
Pero el lector recordará por ejemplo la crisis 2008/2009 a nivel mundial, muy renombrada por su agudeza, o tal vez no la recuerde porque la vivió bajo el gobierno frenteamplista y por tanto otro modelo económico que permitió sortearla con menor efecto en la población. Y este mismo ejemplo prueba también que una cosa es una crisis regional o mundial con un modelo de desarrollo interno incluyente, y otra muy distinta es soportarla con un modelo neoliberal de política económica.
Así es como la política antinflacionaria interna llevada adelante por este gobierno, basada en el aumento de la tasa de interés, aumenta la demanda de moneda nacional elevando su precio frente a un dólar que se debilita alimentando el atraso cambiario o sobrevaluación de la moneda nacional con los efectos que ello tiene sobre las exportaciones, a la vez que favorece la importación que compite con la poca industria nacional que va quedando. Resquebrajándose también el turismo, restaurantes y hoteles por la diferencia cambiaria en la región.
A ello se suma el debilitamiento del mercado interno que este gobierno provocó con la baja salarial y afectación de empleo, que termina favoreciendo al sector financiero enriquecido por el aumento del endeudamiento que crece para mantener el consumo familiar y de empresas medianas y pequeñas. En este debilitamiento del consumo interno también impacta el ajuste fiscal constante que actúa sobre remuneraciones públicas y gasto social. Recordemos además que la suerte de las jubilaciones está atada a la suerte de los ingresos salariales, siendo este otro factor más que amortigua al mercado interno y favorece el incremento del crédito.
Al mismo tiempo, la obra de UPM y del ferrocarril central van llegando a su fin, sin políticas de producción y por tanto de empleo que atemperen el impacto en el sector de la construcción.
En síntesis, no se trata de un gobierno “con mala suerte”, se trata de un gobierno con mala política y un pueblo que, si quiere cambiar la pisada, tendrá que empezar por hacerlo en las urnas el año venidero, porque ya demostramos que otro Uruguay es posible.
* Licenciada en Economía Política (Universidad de La Habana), Mag. en Historia Económica (UdelaR), escritora, columnista y co-Directora de Mate Amargo. Coordinadora del Capitulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH)
La pobreza ya alcanza al 40,1% de los argentinos y al 56.2% de los niños
Claudio della Croce*
En el primer semestre del año la pobreza alcanzó en Argentina al 40,1 por ciento de los y las argentinas, lo que implica un salto de casi un punto frente a la medición de fines de 2022 (39,2 por ciento) y de 3,6 puntos en relación con el mismo período del año pasado. La indigencia alcanzó al 9,3 por ciento y creció más de un punto con respecto al 8,1 por ciento de diciembre del año pasado.
El comienzo de la veda electoral para anuncios de gobierno que puedan incidir en los resultados de las elecciones generales coincidió con la publicación de un dato que incomoda al oficialismo: pobreza e indigencia.
En números crudos, son 18,6 millones de argentinos y argentinas los que no alcanzaron a adquirir la canasta de productos básicos que determina la linea de pobreza. La cifra perforó el techo de 40 por ciento que solo había sido superado en 2020, durante la pandemia de la coronavirus. Y son 4,3 millones a los que no les alcanza para comer. De cara al futuro, los números son aún más pesimistas: 56,2% de los niños y niñas de 0 a 14 años, son pobres
Por la aceleración de la inflación de los alimentos, la indigencia creció más en términos relativos, y alcanzó al 9,3 por ciento de las y los argentinos. Las estadísticas no incorporan el salto de 15 por ciento en el precio de los alimentos que se produjo tras la devaluación del tipo de cambio oficial luego de las elecciones internas (PASO).
Son cifras alarmantes que reflejan las consecuencias de años de ajuste de los gobiernos para cumplir con los dictados del Fondo Monetario Internacional, y de políticas que benefician siempre a los poderosos y hunden a las mayorías en la miseria.
Pero son cifras del pasado reciente, del primer semestre del año cuando, aunque con inflación acelerada, todavía no había calado la incertidumbre electoral, ni la devaluación del tipo de cambio oficial. Los analistas coinciden en que el dato empeoró y puede llegar a superar los puntos máximos durante la pandemia.
La inflación de julio y agosto, con las canastas alimentarias creciendo por encima de la inflación general, indican que la pobreza va a subir fuerte, al menos dos o tres puntos más. El proceso de aumento de la pobreza va a continuar a pesar incluso de que las medidas que ha tomado el gobierno para compensar un aumento desmedido de precios producto de la devaluación, pero que no resuelven el problema de la pobreza.
La medición de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) toma como base de estimación el acceso de los hogares y las personas a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT).
“En promedio, el ingreso total familiar aumentó un 50,4%. Las canastas regionales promedio aumentaron 52,6% (CBA) y 48,8% (CBT). Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior a la CBT e inferior a la CBA. Así, los pobres no indigentes presentan un leve descenso y los pobres indigentes muestran un incremento mayor en términos relativos, lo que da como resultado, en conjunto, un aumento de la pobreza”, explica el informe.
En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, el informe mostró que más de la mitad (56,2%) de las personas de 0 a 14 años son pobres, un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a un año atrás. En la población de 65 años y más, en cambio, el 13,2 por ciento se ubicó bajo la linea de pobreza.
“Es cierto que generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Es cierto que construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar la pobreza”, admitió Sergio Massa, ministro-candidato oficialista a la presidencia.
El índice no tomó por sorpresa a analistas, que pronosticaban una suba en los niveles de pobreza producto de la mayor inflación, y particularmente de los más pobres entre los pobres, por la suba del rubro de los alimentos por encima del nivel general de precios mes a mes. “Los pobres no indigentes presentan un leve descenso y los pobres indigentes muestran un incremento mayor en términos relativos, lo que da como resultado, en conjunto, un aumento de la pobreza”, especificó el Indec.
A nivel regional se observó un aumento de la pobreza en tres regiones y una reducción en otras tres. La indigencia, en cambio, aumentó en todas las regiones. Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en el noreste (42 por ciento) y Gran Buenos Aires, que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos del cono urbano bonaerense, (41,4 por ciento). Las menores, por su parte, se registraron en las regiones patagonia (33,2 por ciento) y pampeana (36,8 por ciento).
La indigencia alcanzó al 10,4 por ciento de la población en el Gran Buenos Aires y creció casi dos puntos respecto a la medición anterior.
La dinámica histórica local muestra que la pobreza e indigencia crecen al ritmo de las devaluaciones, la inflación alta, el desempleo, la caída del PIB, y los períodos de ausencia de implementación de políticas públicas para garantizar los derechos sociales básicos.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), asegura que los principales saltos de pobreza se dieron durante el plan de ajuste Rodrigazo de 1974 (subió de 5 a 15 por ciento); luego de la hiperinflación de 1989 (12 a 40 por ciento); también durante el colapso de las políticas menemistas con la crisis de 2001(27 a 65 por ciento).
En el último semestre del 2020, la crisis económica que desató la pandemia la pobreza saltó de 35,5 a 42,0 por ciento, y la indigencia de 8,0 a 10,5 por ciento.
Según el investigador Gonzalo Asussa, las causas de la pobreza son más bien estructurales y no coyunturales: “esta es una crisis que no tiene la particularidad de haber disparado el desempleo, pero sí hay una situación estructural de déficit en la generación de empleo formal en el sector privado hace varios años. Y tanto en Argentina como en toda la región la informalidad ha sido una correa de transmisión constante y estructural de transmisión de la pobreza y reproducción de la desigualdad”.
El crecimiento económico de la pospandemia, un 10% en 2021 y otro 5% en 2022, quedó en manos de las grandes empresas formadoras de precios. Alta rentabilidad para pocas sociedades, y un alto costo para los trabajadores y trabajadoras, para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La ausencia de políticas centradas en la distribución equitativa de la riqueza e ingresos, explicaría, en parte, el incremento de la povreza al primer semestre de este año. Si bien se llegó a un nivel de desempleo bajo (6,2%), los ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica. El fenómeno de trabajadores pobres es una realidad, tanto en el segmento formal como informal.
La ausencia de políticas distributivas para reorientar esa rentabilidad privada, sumado a la persistente inflación negociada que no frena, pegaron de lleno en el poder adquisitivo de la población, y de ahí el incremento de la pobreza.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
La producción industrial en Chile anota su primer crecimiento tras seis meses
Verónica Reyes
La producción industrial en Chile aumentó en agosto un 0,3% interanual, debido principalmente al alza registrada en el sector manufacturero, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde enero de este año que el indicador no mostraba una cifra positiva, por tanto, acumuló seis meses consecutivos en terreno negativo.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más determinó el resultado, al crecer un 0,5% en relación con agosto de 2022, resultado explicado por la mayor fabricación de maquinarias y equipos. De acuerdo a lo indicado por el organismo, en influencia al aumento consignado le siguió el Índice de Producción Minera (IPMin), que aumentó 0,2% respecto a igual mes del año anterior.
“Esto, por la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que componen el índice, en especial la minería metálica”, apuntó el INE. “En contraste, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) se redujo 0,6% en doce meses. Lo anterior, a causa de la menor actividad presentada en gas, dado que electricidad y agua crecieron”, agregó.
La economía chilena se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, con un aumento histórico del 11,7% en 2021, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,4%.
Las ayudas económicas entregadas por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis, así como los retiros anticipados de los fondos de pensiones, impulsaron considerablemente el consumo y la inflación, a lo que se sumaron los efectos de la guerra en Ucrania.
El Banco Central se ha puesto como meta que el producto interior bruto (PIB) pueda alcanzar el 3% para finales de 2024.
PIB de latinoamericanos en EU equivale a la quinta economía del mundo
Dora Villanueva
Lo producido por la comunidad latina en Estados Unidos crece dos veces y media por encima de la economía total del país, al grado de que actualmente el “producto interno bruto (PIB) latino” representa en sí mismo la quinta economía más grande del mundo. En suma, 3.4 billones de dólares, que superan lo generado por India, Gran Bretaña, Francia, Italia o Canadá.
De acuerdo con un informe de Latino Donor Collaborative y Wells Fargo, si los latinos estadunidenses fueran un país, serían la quinta economía más grande del mundo, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Además de la situación actual, el remplazo de la fuerza laboral en la economía más grande del mundo recae en el bono demográfico que representa la comunidad latina.
Los latinos estadunidenses están liderando el crecimiento del PIB en ese país, a través de emprendimientos, consumo y fuerza laboral, pero no hay inversiones equiparables para atender a esa población; un análisis de Bain & Company realizado dos años atrás demostró que menos de uno por ciento de las inversiones de capital privado y de riesgo fluía hacia empresas de propiedad latina, exhibió Sol Trujillo, presidente de Latino Donor Collaborative.
“No se trata de diversidad e inclusión. Esto es sólo un negocio (…) los latinos estadunidenses no son un mercado nicho, ni pequeño, ni como a veces se describe como un mercado del futuro. Ya es la tercera economía de más rápido crecimiento del planeta y pronto podría rivalizar con las tasas de crecimiento de China”, advirtió.
Mientras la economía china avanzó un promedio de 7.7 por ciento entre 2011 y 2021 y la de India 6.2 por ciento; el PIB latino estadunidense lo hizo a 4 por ciento, lo que se tradujo en una contribución de 20.9 por ciento al crecimiento real de Estados Unidos.
El informe destaca que el impulso de la población latina a la economía estadunidense se explica por el crecimiento demográfico, un alto grado de participación en la fuerza laboral y una mayor productividad vinculada al nivel educativo.
Los latinos estadunidenses tienen la tasa de participación más alta en la fuerza laboral, 5.4 por ciento por encima del resto; y durante la última década las personas de este grupo con una licenciatura o un título superior crecieron 6.8 por ciento, frente al 2.8 por ciento en otro segmento.
Lo anterior se traduce en un incremento de 29 por ciento en la participación que tienen los latinos en el crecimiento de los ingresos salariales en Estados Unidos; y se extiende más allá de los asalariados de ingresos bajos y medios; el avance promedio anual en esta población con altos ingresos es aproximadamente 10 veces mayor que la de los no latinos.
Todo ha sumado, el poder adquisitivo de los latinos en Estados Unidos alcanzó 3.4 billones de dólares, debido a que sus ingresos crecieron a una tasa anualizada de 4.7 por ciento a lo largo de una década, en comparación con 1.9 por ciento de otros grupos de población.
El bono demográfico
La fuerza de trabajo en Estados Unidos se enfrenta al envejecimiento. La demografía latina es más joven que otros grupos, el rango de edad más común es de 10 a 14 años, en comparación con 60 a 64 años entre los no latinos. De 2010 a 2021, la primera experimentó un aumento de 12.1 millones de personas, que constituyó 52 por ciento del crecimiento total de la población estadunidense durante ese tiempo.
Además, la proporción de hogares en Estados Unidos que se identifican como latinos pasó de 11.6 por ciento en 2010 a 14.4 por ciento en 2021; lo que exhibe otro de los impulsos de la demanda latina a la economía de ese país, por conducto de la inversión fija residencial, muestra el informe.
Panorama internacional
Pérdida y desperdicio de alimentos: una realidad inaceptable
Mario Lubetkin*
Durante los últimos años, la población de América Latina y el Caribe ha registrado un aumento preocupante en sus cifras de hambre, especialmente entre los más pobres de la región.
Cuando hablamos de inseguridad alimentaria en nuestra región, así como en el resto del mundo, nos damos cuenta de que esta es una problemática que no proviene de una deficiente producción de alimentos.
De acuerdo con estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), América Latina y el Caribe podrían alimentar a más de 1300 millones de personas, es decir, el doble de su población.
¿Dónde surge este problema entonces? Un factor relevante en esta materia es la pérdida y desperdicio de alimentos, cuya prevención es fundamental en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios.
En 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció por primera vez el 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (PDA), reconociendo así el impacto positivo que puede tener el revertir las PDA en la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
A cuatro años de la instauración de este día, debemos hacer un balance de lo que hemos logrado, mirar hacia adelante y tomar acciones de forma inmediata para revertir un escenario complejo que tiene costos en materia económica, social, medioambiental y moral.
De acuerdo con cifras de la FAO, 13 % de los alimentos del mundo se pierde en la cadena de suministro, desde la postcosecha antes de la venta al por menor, y otro 17 % se desperdicia en los hogares, servicios de alimentos y el comercio minorista. Los niveles más altos de pérdidas ocurren en alimentos ricos en nutrientes como frutas y verduras (32 %), carne y pescado (12,4 %).
Las ineficiencias a lo largo de la cadena alimentaria y en el consumo también tienen un gran impacto en el medio ambiente. Por tanto, la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos puede ayudar a combatir el hambre y las consecuencias del cambio climático, a causa de la emisión de gases de efecto invernadero.
La evidencia científica actual da cuenta de soluciones innovadoras que apoyan a la agricultura familiar, a los sistemas de distribución y abastecimiento, a impulsar acciones de bioeconomía circular y a orientar inversiones y financiamiento para desarrollar sistemas de vigilancia y alerta temprana para evitar las PDA, así como marcos legales integrales que apunten a la prevención. Pero aún no es suficiente.
A fines de agosto, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con su sede e Santiago, organizó un debate sobre cómo prevenir y reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, que contó con la participación de El Vaticano, representantes del gobierno de Chile y de la FAO.
Esta conversación profundizó ideas y soluciones para pasar de la reflexión a la acción y entender que poner fin al fenómeno de la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto directo en la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto.
El camino es claro: para hacer frente a esta situación es imperativo trabajar de forma coordinada y multisectorial para lograr resultados rápidamente. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la academia deben sumar esfuerzos, generando evidencia, inversiones en infraestructura y en tecnología, entre otras medidas para hacer frente a esta situación.
Aún falta mucho por hacer. La pérdida y el desperdicio de alimentos debe ser abordada desde una perspectiva ética, política y científica. Todas y todos somos responsables de este desafío.
*Representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO.
La erradicación de la pobreza y el hambre no se alcanzará en 2030
Cuando los 193 Estados miembros de la ONU revisaron el estado actual del avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la erradicación de la pobreza extrema y el hambre para 2030, el veredicto fue el de los fracasos, con pocos o ningún éxito.
El nexo entre hambre y la pobreza fue caracterizado de la mejor manera por Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), quien advirtió que bajo las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema en 2030 y ese mismo año que sufrirán hambre los mismos que en 2015: 600 millones.
“El hambre sigue siendo una cuestión política, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad, los conflictos, la corrupción y la falta general de acceso a los alimentos y los recursos. En un mundo de abundancia, que produce alimentos suficientes para todos, ¿cómo es posible que haya cientos de millones de personas que pasan hambre?”, inquirió.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todos los países del Sur en desarrollo sufren también graves problemas de deuda. Estos países no pueden financiar el progreso de los ODS si se enfrentan a costes de endeudamiento exorbitantes y pagan más por el servicio de la deuda que por la sanidad o la educación.
Los países en desarrollo se enfrentan a unos costes de endeudamiento hasta ocho veces superiores a los de los países desarrollados: una trampa de la deuda. Y uno de cada tres países del mundo corre ahora un alto riesgo de crisis fiscal.
“Más de 40 % de las personas que viven en la pobreza extrema se encuentran en países con graves problemas de endeudamiento”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, en el llamado Foro Político de Alto Nivel para dar un nuevo impulso a los ODS, celebrado el 18 de septiembre en Nueva York.
La cumbre de los ODS fue la víspera de la apertura de la fase de alto nivel de la 78 Asamblea General de la ONU, que atrajo a unos 88 jefes de Estado, seis vicepresidentes, 43 jefes de gobierno, cuatro viceprimeros ministros, 41 ministros, siete jefes de delegación, además de tres oradores de alto nivel de Estados observadores del foro mundial.
Las reuniones de alto nivel incluyeron, además de la cita sobre los ODS, una cumbre sobre la ambición climática y un foro sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD). Entre los participantes activos también había decenas de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Mandeep S. Tiwana, director de Evidencia y Compromiso de Civicus, la aliana internacional de la OSC, dijo a IPS que una de las principales razones por las que los ODS no van por buen camino es porque 85 % de la población mundial vive en países con graves restricciones del espacio cívico,
Ello, adujo, impide las asociaciones significativas de la sociedad civil y priva a las comunidades de innovaciones en el desarrollo sostenible, la prestación de servicios a los más excluidos y, sobre todo, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en la aplicación de las políticas de desarrollo.
El ambicioso estímulo de los ODS presentado por Guterres, señaló, debe ir acompañado de garantías para las libertades cívicas y las asociaciones efectivas de la sociedad civil.
De lo contrario, dijo, es probable que los fondos destinados al desarrollo sostenible, que no deja a nadie atrás, se canalicen para apoyar las redes de clientelismo y apuntalar los aparatos represivos del Estado.
“Es inaceptable que, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de 1948), se persiga a activistas de la sociedad civil y periodistas de investigación por sacar a la luz casos de corrupción de alto nivel y graves violaciones de los derechos humanos”, lamentó Tiwana.
Criticó que exigir políticas sociales y económicas transformadoras es una actividad peligrosa en demasiados países del mundo.
“El mundo se enfrenta a una grave crisis de liderazgo debido a una mezcla tóxica de autoritarismo y nacionalismo populista que está llevando a la promoción descarada de los intereses nacionales percibidos a expensas del orden internacional basado en normas destinado a crear un mundo mejor para todos», declaró Tiwana.
Guterres dio un nuevo giro político a los ODS cuando dijo que los «objetivos» eran en la práctica «promesas».
“La promesa de construir un mundo de salud, progreso y oportunidades para todos. La promesa de no dejar a nadie atrás. Y la promesa de pagar por ello”, acotó.
No se trataba de una promesa hecha por unos a otros como diplomáticos desde la comodidad de la sede de la ONU, argumentó. “Siempre ha sido una promesa a la gente”, remarcó.
Esa gente, puntualizó, engloba a personas aplastadas bajo las ruedas de molino de la pobreza, personas hambrientas en un mundo de abundancia, niños a los que se niega un asiento en un aula, familias que huyen de conflictos en busca de una vida mejor, padres que ven impotentes cómo sus hijos mueren de enfermedades evitables.
También incluye a personas que pierden la esperanza porque no encuentran trabajo ni una red de seguridad cuando la necesitan o a comunidades enteras literalmente a las puertas de la devastación debido al cambio climático.
“Así que los ODS no son solo una lista de objetivos”, sintetizó Guterres.
En diálogo con IPS, Amitabh Behar, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, dijo: «Desafortunadamente, en el trabajo programático, de incidencia y de campaña de Oxfam, vemos claramente que en este punto intermedio, estamos muy lejos de alcanzar los ODS».
En el último informe de progreso sobre los ODS, el secretario general de la ONU muestra que 80 % de las 169 metas de los ODS muestran un progreso débil o un retroceso. Se culpa en gran medida a la pandemia, pero en realidad la covid-19 no ha hecho más que agravar una tendencia ya de por sí sombría.
Según muchos indicadores, de los 17 ODS, el Objetivo 10, el de la reducción de las desigualdades, es el que va más retrasado de todos. Por ejemplo, la desigualdad entre países ha aumentado por primera vez en tres décadas.
Oxfam, una organización mundial que lucha contra la desigualdad para poner fin a la pobreza y la injusticia, está centrando su atención en ese Objetivo 10 y en cómo se entrecruza con toda la Agenda 2030, dijo Behar, que anteriormente fue director ejecutivo de Oxfam India.
En la Asamblea General de este año, Oxfam instó a los líderes a asumir compromisos audaces y, lo que es más importante, a tomar medidas de seguimiento para volver a encarrilar los ODS.
“Sabemos lo que funciona para hacer frente a estos retos, y sabemos que hay recursos más que suficientes para hacerlo. Debemos asegurarnos de que los recursos y la capacidad estén en manos de quienes están en primera línea abordando estas complejas cuestiones”, dijo Behar.
Afirmó que las vidas y el futuro de millones de las personas más vulnerables dependen directamente de las decisiones y acciones que tomen ahora los líderes mundiales y nacionales y que «se nos acaba el tiempo».
“Hemos escuchado a los líderes reiterar su compromiso de abordar los problemas de la desigualdad, el hambre, la pobreza y otros. Si pueden trabajar juntos para priorizar y financiar las soluciones a estos problemas, todavía hay esperanza de volver a encarrilar la agenda 2030”, planteó el director ejecutivo de Oxfam.
A la pregunta de qué se necesita realmente para acelerar el ritmo, Behar afirmó: «No estamos viendo los compromisos financieros y políticos de los líderes necesarios para hacer frente a los grandes retos de nuestros días, las desigualdades económicas, de género y raciales, la crisis climática y los conflictos y crisis humanitarias actuales».
La mayoría de las tendencias y barreras que están contribuyendo a la grave situación de la aplicación de los ODS, dijo, ya existían antes de la covid, incluyendo la falta de voluntad generalizada para poner en marcha una política fiscal altamente redistributiva a nivel nacional.
También persistían obstáculos a otras medidas para frenar el poder de 1 % de las grandes empresas, así como el fracaso de los países ricos para cumplir con sus compromisos o responsabilidades, la financiación climática, la ayuda oficial al desarrollo (AOD), el alivio de la deuda y la reforma financiera internacional.
«Apoyamos el énfasis del secretario general en la importancia de financiar los ODS y su llamamiento a un ‘estímulo de los ODS’, que incluya un aumento de la financiación para el desarrollo, la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo, medidas para el alivio de la deuda, la ampliación de la financiación de contingencia para invertir en servicios básicos y energía limpia, y para abordar las causas profundas de esta situación», dijo Behar.
Y concluyó: «pedimos a los líderes que trabajen en estas áreas para que podamos recuperar el impulso que hemos perdido en los ODS y retomar el camino antes de que sea demasiado tarde».
*Corresponsal-jefe de la Oficina de las Naciones Unidas y Director Regional de IPS Norte América. Ex editor adjunto del Sri Lanka Daily News, fue redactor editorial senior en The Standard de Hong Kong. Ex Director de Mercados Militares Extranjeros en Defense Marketing Services (DMS); Analista Senior de Defensa en Forecast International; y editor militar de Medio Oriente / África en Jane’s Information Group.