Los fondo buitres, la “justicia” de EEUU y el futuro de la petrolera argentina
Claudio della Croce
Otra vez en plena campaña electoral argentina, Loretta Preska, una de las jueza preferidas por el Wall Street estadounidense y sucesora del defensor de especuladores Thomas Griessa, en un multimillonario juicio a favor del fondo de inversiones Burford, por la exporpiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), falló en contra de la Argentina.
Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, calificó la decisión como un “absurdo jurídico”. El gobierno argentino apeló inmediatamente la medida. “¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres). Esta historia ya la vivimos, y varias veces”, señaló Kicillof.
“No falla nunca: siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF, al mismo tiempo coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. ¡Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF!”, añadió
Son fondos buitres que compran juicios para luego litigar y saquear a los Estados. La medida de la jueza Preska busca seguir saqueando los recursos nacionales, de un país sumido en la crisis y pobreza. No casualmente Preska llegó a jueza de la mano de George Bush (padre) y heredó el “martillo” del buitre Thomas Griessa.
Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y resolvió que Argentina deberá compensar con casi 16.000 millones de dólares por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012. Preska acusa a la Argentina de “expropiar mal”, algo que sentenció a fines de marzo de este año.
Sobre cada uno de los argumentos en discusión, la Jueza escribió: “La Corte considera que Argentina ejerció el control indirecto sobre las acciones de Repsol el 16 de abril de 2012. Lo hizo a través de un decreto de intervención” y “La Corte también considera que un interés simple de 8% es apropiado y que debe regir desde el 3 de mayo de 2023”.
Además, validó los cálculos realizados por el experto financiero de Burford Capital para estimar el Price/Earning ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el monto a pagar por Argentina, que cuenta aún con dos instancias de apelación, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos.
Luego de ocho años de litigio, determinó que el país debía pagar una indemnización en tanto “los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato”. Lo que llama la atención es que Burford Capital no es una empresa de energía, sino un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía (Grupo Eskenazi), que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación.
Se trata de un fallo de primera instancia. No de una sentencia firme. El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre.
La expropiación
Cuando se acordó la expropiación de Repsol en 2012, sólo declaró de “interés público” el autoabastecimiento de petróleo y gas, y “expropió” el 51% del paquete accionario a la empresa española. La mentada expropiación fue en realidad una “recompra” de parte del paquete accionario de la empresa, para asociarse con otras petroleras trasnacionales y explotar petróleo y gas no convencional. El acuerdo con Chevron en 2013 -votado con represión en Neuquén- fue parte de esa política.
De acuerdo a la Constitución Nacional argentina, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF, se adoptó por una inmensa mayoría. Luego, había que pagar la indemnización y así se hizo. El expropiado (Repsol) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales.
Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada.
“Sobre todo, es una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la Justicia argentina, que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York”, señaló Kiciloff.
La misma compra de acciones a YPF resultó un negocio ruinoso para Argentina, dado que los pagos a Repsol terminaron superando los 9.000 millones de dólares a raíz de la indemnización que el gobierno decidió pagar entonces.
La pretendida nacionalización fue más discurso que realidad. El 83% de la producción de petróleo y el 88% del gas siguió en manos privadas -incluyendo la parte privada de YPF-, en su gran mayoría empresas trasnacionales. Y los proyectos como Vaca Muerta han continuado la entrega de los bienes comunes, asociando el país a las grandes petroleras, a costa de más saqueo y contaminación.
Lo único que busca la medidad de la jueza Preska es seguir saqueando los recursos de un país sumido en la crisis y pobreza. No casualmente Preska llegó a jueza de la mano de George Bush (padre) y heredó el “martillo” del buitre Thomas Griessa.
Cuando se acordó la expropiación de Repsol en 2012, sólo declaró de “interés público” el autoabastecimiento de petróleo y gas, y “expropió” el 51% del paquete accionario a la empresa española. La expropiación fue en realidad una “recompra” de parte del paquete accionario de la empresa, para asociarse con otras petroleras trasnacionales y explotar petróleo y gas no convencional.
La realidad es que la española Repsol hizo fabulosos negocios y en pocos años envió a su casa matriz más de 14 mil millones de dólares en utilidades.
YPF, contexto
Después del endeudamiento de YPF por la dictadura militar y su privatización durante el menemismo, se buscó una ampliación de la participación estatal y argentinización de los servicios públicos, razón por que en diciembre 2004, se creó Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y se le otorgó la titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación con el fin de atraer inversiones de riesgo que se asocien con la nueva empresa estatal, recuerda el economista Horacio Rovelli.
Posteriormente, en noviembre 2011, YPF S.A. hizo el anuncio del descubrimiento de petróleo en Neuquén, en la formación denominada Vaca Muerta, calificándolo como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo.
Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos que, en lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales Repsol 57 % y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25 % del paquete accionario).
Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.
En ese contexto, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a la petrolera española Repsol. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso Nacional que dio lugar a la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del paquete accionario, por lo que la empresa española se quedó, en ese momento, con el 6 % del capital (dado que poseía el 57 % de YPF S.A.).
Hoy es una empresa con 51 % del capital estatal, pero se administra como empresa privada. Los fondos buitres saben que el potencial de YPF es infinito y su valor es incalculable.
Con YPF, Argentina recuperó 200 años de petróleo y gas para la Argentina. Solo en 2022 la empresa tuvo una ganancia de 5.000 millones de dolares; las exportaciones de petróleo a Chile alcanzarán los 3.000 millones; el proyecto de Gas Natural Licuado traerá una inversión de 50.000 millones y se estima una exportación de 18.000 millones de dólares por año.
El desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, en el sur del país, fue liderado por YPF, que entre 2013 y 2017, extrajo el 90% del petróleo y el 80% del gas. Hoy, Vaca Muerta representa más del 45% de la producción de petróleo y el 40% de la producción de gas en el país.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)