Juraima Almeida y Álvaro Verzi Rangel
La ciudad de Belén, capital del norteño estado de Pará, fue sede de la cuarta reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), o IV Cumbre Amazónica, en la que participaron jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, países que albergan y comparten el bioma amazónico.
La “cumbre” concluyó con una hoja de ruta para proteger las selvas tropicales, elogiada como un paso importante en la lucha contra el cambio climático, pero sin los compromisos concretos que pedían los ambientalistas para poner fin a la deforestación y a la explotación de sus recursos.
Estos países sudamericanos son sindicados por grupos ambientalistas de permitir la destrucción de la Amazonia por la acción del agronegocio, de las mineras, de las petroleras, de la industria del caucho, en su mayoría empresas trasnacionales que se llevan los recursos y dejan tierra arrasada en un bioma que es clave para la preservación del planeta. Sus proyectos de desarrollo económico y social están basados en ser socios menores de un extractivismo desenfrenado, señala el economista Claudio della Croce.
A la segunda jornada de la cumbre de los países miembro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) fueron invitadas naciones procedentes de África, Asia, Europa y América: los presidentes de la República del Congo y la República Democrática del Congo,un emisario del presidente de Indonesia y el embajador francés en Brasil en representación del territorio colonial de Guyana Francesa. También un emisario de Noruega, el mayor contribuyente al Fondo Amazonas brasileño para el desarrollo sustentable.
“No hay metas o plazos para erradicar la deforestación, ni mención al fin de la explotación petrolífera en la región. Sin esas medidas los países amazónicos no lograrán cambiar la actual relación predatoria con la selva“, afirmó Leandro Ramos, director de Programas de la ONG Greenpeace Brasil.
El punto de no retorno
La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, señaló que el documento aprobado en la Cumbre Amazónica carece de una meta para poner fin a la deforestación porque no hubo consenso y Brasil no puede imponerle su voluntad a los demás países. “El proceso de negociación es siempre mediado. Nadie puede imponer su voluntad. Entonces, vamos alcanzando consensos progresivos”, aseguró.
Entre 1985 y 2021 la selva amazónica perdió el 17 por ciento de su cobertura vegetal, debido a actividades como la ganadería, pero también a la explotación maderera y la minería ilegales, según datos de MapBiomas Amazonia.
Silva aseguró que lo importante de la reunión fue que todos los países coincidieron en que la deforestación en la Amazonía no puede superar el llamado punto de no retorno, lo que puede afectar al régimen de lluvias de Suramérica. “Si superamos el 25 % de deforestación, la selva entrará en un proceso de transformación en sabana”, aseguró.
Silva respondió a las críticas de que la Declaración de Belém no establece una meta común y concreta para acabar definitivamente con la deforestación en la selva amazónica. “El proceso de negociación es siempre mediado. Nadie puede imponer su voluntad. Entonces, vamos alcanzando consensos progresivos. En la medida en que vamos alcanzando algunos consensos, los vamos incluyendo en el documento”, aseguró la ministra.
Brasil y Colombia han asumido el compromiso de reducir a cero la deforestación de la Amazonía para 2030, pero no todos los países de la región han asumido metas concretas. La Declaración de Belém se limita a establecer una “alianza amazónica de combate a la deforestación” para evitar que la selva alcance el punto de no retorno, pero deja libertad a los Estados para definir sus propias metas nacionales.
Neocolonialismo verde
Los presidente amazónicos pidieron que los países desarrollados “cumplan sus obligaciones en materia de 
financiación climática” de cara a la cumbre del clima COP28. El presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, remarcó que las naciones centrales deben “poner dinero” para preservar la Amazonia.
La cumbre sudamericana incluyó a representantes de otras regiones -de la República del Congo y de la República Democrática del Congo más Indonesia, países que tienen grandes reservas de bosques tropicales- de cara a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en noviembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
También invitaron a otros países en desarrollo con bosques tropicales a entablar un diálogo sobre los temas plasmados en el comunicado, “en preparación de la COP28” y “otras conferencias internacionales pertinentes”
Los mandatarios expresaron su “preocupación” por el incumplimiento por parte de los países centrales “de su compromiso con la financiación del desarrollo equivalente al 0,7 por ciento de la renta nacional bruta” y con la “financiación climática de 100 mil millones de dólares al año en recursos nuevos y adicionales para los países en desarrollo”.
“No somos los países como Brasil, Colombia, Venezuela los que precisamos dinero, es la naturaleza que necesita financiamiento”, advirtió Lula, quien llamó a no aceptar el “neocolonialismo verde” de los países centrales que, “con el pretexto de proteger el medio ambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias y hace caso omiso de nuestros marcos normativos y políticas nacionales”.
Pueblos originarios
La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) señaló que la declaración careció de “compromisos concretos, especialmente de las políticas relacionadas con los pueblos indígenas”, como la esperada demarcación de tierras. “Precisamos que los posicionamientos de los presidentes sean más ambiciosos, especialmente de Lula”, reclamó en un video Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de APIB.
Entre los “principios” acordados por los presidentes para impulsar sus planes de preservación, está “la participación activa” de los pueblos indígenas y la creación de un panel científico, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, y un Centro de Cooperación Policial Internacional en la ciudad amazónica de Manaos.
En los Diálogos Amazónicos que precedieron a la cumbre de Belen do Pará, líderes indígenas, organismos internacionales y ONG pidieron a los gobernantes de los países amazónicos “criminalizar” el contacto forzado con los pueblos que viven voluntariamente aislados en la selva. Las recomendaciones buscan el reconocimiento y la protección de las tribus no contactadas, que se estima son 185 repartidas a lo largo y ancho del mayor bosque tropical del planeta.
En la reunión también se pidió identificar y demarcar los territorios de estos pueblos, además de prohibir las 
actividades agropecuarias y combatir la minería y la tala ilegales en esas zonas. Marina Silva, ministra brasileña de Medio Ambiente,aseguró que las próximas tierras indígenas que tendrán operaciones de desintrusión (desplazamiento de quienes no son originarios del territorio demarcado) por parte del gobierno federal serán las de los pueblos Kayapó y Mundurukú, en el estado de Pará.
Líderes indígenas recordaron que si bien Lula defendió la selva y la deforestación cero, gobierna en alianza con los principales responsables del deforestación y de reprimir a las poblaciones originarias. Su gobierno, además, ha autorizado el uso de agrotóxicos venenosos para las personas y para el medio ambiente para garantizar las ganancias de los terratenientes, fortaleciendo el agronegocio.
Su gobierno sigue liberando el uso de agrotóxicos y continúan los exterminios provocados por latifundistas contra indígenas y trabajadores rurales, lo que fue el centro de las movilizaciones organizadas por pueblos indígenas durante la Cumbre.
El comunicado conjunto “Unidos por nuestros bosques” enfatizó en la necesidad de combinar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico, que es el mensaje que llevarán de forma conjunta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se celebrará en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos.
Petróleo
El presidente de la estatal petrolera brasileña Petrobras, Jean Paul Prates, sostuvo que la propuesta de que los países de la Amazonía suspendan la exploración de hidrocarburos, presentada en la Cumbre regional por el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, no tiene consenso.
“Lo que se observa en los debates locales es que la propuesta no adquirió madurez para ser presentada como ítem de compromiso internacional ni siquiera en la propia Colombia y mucho menos extendida a los países vecinos”, afirmó .
Prates citó un estudio de una universidad colombiana según el cual la inmediata suspensión de la producción de petróleo reduciría en 40 por ciento las exportaciones colombianas y provocaría una contracción del 3,5 por ciento en el PIB del país. “Se percibe con claridad que no hay consenso ni siquiera en Colombia sobre esta medida y su inmediata aplicación”, dijo.
Petro señaló en la Cumbre de jefes de Estado de los ochos países de la Amazonía que, ante la necesidad de comenzar la transición hacia una economía descarbonizada, los países de la región suspendan la concesión de licencias para explorar petróleo y gas en nuevas áreas. Y tildó de “negacionistas progresistas” a los gobernantes de la región que insisten en proyectos para explorar y explotar combustibles fósiles.
La Declaración de Belém no incluye ningún artículo que proponga la inmediata o una futura o eventual suspensión 
de la exploración de petróleo y gas en la Amazonía, lo que generó duras críticas de las organizaciones no gubernamentales y sociales. Y, coincidentemente, Petrobras aguarda la licencia ambiental para iniciar la cuestionada exploración de una posible enorme reserva en aguas profundas del Atlántico justo al frente de la desembocadura del río Amazonas.
Prates aclaró que la propuesta de Petro no busca suspender inmediatamente la producción de hidrocarburos, sino los procesos para concesión de licencias para explorar nuevas áreas. Afirmó que la propuesta, por lo mismo, no afecta a los 381 contratos de exploración y producción vigentes en Colombia, de los que 49 se los adjudicó la estatal colombiana Ecopetrol.
Y agregó que esos contratos garantizan la autosuficiencia del gas natural para Colombia por los próximos 15 años, pero que si el país no repone sus reservas y mantiene su producción, “perderá la autosuficiencia en 2028 y se convertirá en importadora”.
“No hay ningún negacionismo progresista en buscar una transición energética justa con algo más que declaraciones y entrevistas. La sustitución de los recursos petrolíferos por fuentes renovables no se alcanzó en ningún lugar ni se alcanzará tan sólo por el discurso de personas bien intencionadas”, añadió el presidente de Petrobras.
Los miembros de OTCA, que se reúne apenas por cuarta vez en 45 años de existencia, demostraron no estar plenamente alineados en asuntos cruciales: todos los países presentes en la cumbre han ratificado el acuerdo climático de París, el cual requiere a las partes establecer objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero la declaración de Belén no incluyó un compromiso compartido, ya asumido por Brasil y Colombia, de reducir a cero la deforestación para 2030.
* Almeida es investigadora brasileña,Verzi Rangel es sociólogo y codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia. Amabos analistas asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)