Panorama Económico Latinoamericano – Del 12 al 19 de julio de 2023

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Chile: Royalty 2023 (despojo, saqueo, depredación)

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Héctor Vega

Tres impuestos gravan la minería privada a saber, el Impuesto de Primera Categoría (27%), el Impuesto Específico a la Minería (IEM), mal llamado Royalty, y en el caso de las empresas que remesan sus utilidades al extranjero, el Impuesto Adicional (35%).

Agreguemos que las empresas públicas pagan además una sobretasa del 40% según lo dispuesto en el Art. 2 del Decreto Ley 2398 de 1978. La aplicación de la tasa del 27%, Impuesto de Primera Categoría para la renta retirada o distribuida, se aplica teniendo en cuenta la imputación o deducción parcial del crédito para la aplicación de los impuestos Global Complementario o Adicional.

Este el sistema de integración tributaria defendido por la clase empresarial en los diferentes proyectos de ley presentados ante el Congreso.

Un impuesto único sin integración revertiría esta situación pues con ello se eliminan eventuales planes de evasión y elusión tributarias donde el FUT ha sido uno de los mecanismos preferidos en décadas anteriores. Como se demostrará más adelante los gastos financieros, en una actividad de largo plazo de fructificación de inversiones, son altos debido a una cadena de valor de complejas interrelaciones de empresas internacionales.

Circunstancias de orden institucional y político hacen difícil el control sobre operaciones dudosas. Operaciones donde los controles locales carecen de los estándares exigidos. En ese orden de prácticas, las matrices mineras desde paraísos fiscales aparecen otorgando créditos a la filial chilena. Lo que lleva a dos consecuencia negativas para el país: primero, las utilidades se remesan al extranjero, disfrazadas del pago de intereses que sólo pagan un 4%, y en segundo lugar se reducen artificialmente las utilidades en Chile, pagándose menos impuestos.

Se consagra así la transformación del impuesto adicional de 35% en un impuesto del 4%.

Otras circunstancias dudosas se refieren a los llamados precios de transferencia, o precios mediante los cuales las filiales venden lo producido a precios manifiestamente reducidos a sus casas matrices, con lo que las utilidades tributarias se minimizan o se transforman en deudas. Concretamente se abulta el crédito y disminuye el IVA a pagar.

Sólo en septiembre de 2012 se reemplazó el artículo 38 de la Ley de la Renta por el artículo 41E de la misma que fortalece la fiscalización de los precios de transferencia. Por una parte, sorprendía que en Chile no existiera una normativa eficaz de dichos precios, siendo que la economía del país es una de las más abiertas del mundo; por otra, que el peso de la prueba cayera sobre el Servicio de Impuestos Internos.

Esta vez la normativa estableció que el contribuyente debía demostrar que los precios o rentabilidades obtenidos en operaciones con relacionados respetaban el principio del operador independiente, a través de una declaración jurada sobre dichos precios, sustentada en la documentación que avale tal situación.

En su versión más actual, desde hace 20 años a esta parte, el Estado de Chile ha negociado con las empresas mineras diversas modalidades tributarias, entre ellas el royalty que han resultado en desmedro de los intereses del país. Un elemento central en las negociaciones fue la invariabilidad tributaria que en 2006 se negoció por 12 años es decir hasta 2018 (presidente Lagos), año en que las empresas obtuvieron 3 años más de invariabilidad con lo que se llegó a 2021 (presidente Piñera).

En 2006, Lagos, estableció tasas entre 0,0% y 4% con un promedio de tasa efectiva de 1,96%. En 2010, Piñera negoció con las empresas un Royalty de reconstrucción por 3 años (2010, 2011, 2012), subiendo la tasa entre 4 y 9%. En el caso de la Gran Minería, con una producción de más de 50 mil Toneladas Métricas de Cobre Fino (TMCF) se subió la tasa a 14%, lo que resultaba absolutamente irreal (más propio de una maniobra política) pues una empresa debería tener una rentabilidad operacional superior a 85 % para llegar a esa tasa.

En resumen, cuando se eliminó el DL 600, las compañías negociaron, en lugar del 42% de invariabilidad, un 39%, es decir al 35% adicional se sumaron 4% del Impuesto Específico, con lo que se obtuvieron 3 puntos menos que el 42 de la invariabilidad.

Nótese que el Impuesto Específico es Gasto Tributario pues disminuye la base imponible del Impuesto a la Renta. Dicho impuesto, tiene un 50% deducible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por lo que la tributación total llegó a ser 37%, es decir 5 puntos menos que antes de la Ley 20.026 cuando era 42%. Si se compara dicha tasa, sólo con el adicional de 35%, hay una diferencia de 7 puntos.

El Royalty se refiere a la regalía que se paga al Soberano que se estima propietario del territorio donde está el yacimiento. De manera que cuando esos territorios son regidos por los Estados que suceden a las monarquías, en sus territorios cobran una regalía por el hecho de establecer concesiones en sus territorios. Como se explica en el párrafo siguiente esto está muy alejado de los supuestos con que se impone el llamado Royalty a las compañías mineras, en su mayoría transnacionales.

 

Bolivia tiene más de 50.000 hectáreas de cultivos de cítricos

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Según los datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el país tiene más de 50.000 hectáreas (ha) de cultivos de naranja, mandarina, limón, toronja y lima, los cuatro primeros frutos principales para combatir resfríos esta época del año.

“En Bolivia actualmente se cuenta con una superficie de 54.466 hectáreas de cultivos de cítricos, de los cuales se encuentra la naranja, mandarina, limón, lima y toronja”, indica un reporte de esa cartera de Estado.

De acuerdo con Desarrollo Rural, la mandarina tiene el mayor uso territorial con 26.763 hectáreas, seguidas por la naranja con 22.930 ha, el limón con 3.384 ha, la lima con 945 ha y la toronja con 440 ha.

Con el objetivo capacitar a los productores y concienciar sobre las causas y efectos que ocasiona la enfermedad Huanglongbing (HLB) al patrimonio citrícola del país, el MDRYT celebró el sábado el “Día Nacional de Protección de los Cítricos”, con una feria, en la localidad de Yucumo, municipio de San Borja, del departamento de Beni.

En la oportunidad, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, indicó que el Gobierno nacional desarrolla esta serie de acciones para prevenir el ingreso de esa enfermedad en los municipios con un alto potencial productivo.

“Los productores viven de la agricultura y la producción, con el esfuerzo de su trabajo garantizamos la seguridad alimentaria del país, por ello se tiene que prevenir y combatir cualquier tipo de enfermedad que ataque a nuestros productores”, manifestó.

En tanto, el director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, destacó que esta entidad cuenta con un plan de prevención del Huanglongbing y en base al trabajo no se reporta la presencia de la bacteria.

“Esta enfermedad no tiene cura, es muy importante prevenir el ingreso a Bolivia evitando traer cualquier material genético o plantines de otros países porque se corre el riesgo de introducir y dañar la producción nacional”, explicó.

Señaló que se declaró una alerta fitosanitaria debido a que enfermedad ya se encuentra presente en países vecinos como Argentina, Paraguay y Brasil. En ese sentido, el Senasag cuenta con 18 puestos de control fronterizos en los que se realizan inspecciones a vehículos y pasajeros.

De esa manera, en junio del presente año, se decomisaron frutos de cítricos en un total de 5.550 kilógramos, provenientes de los mercados de Argentina, Brasil, Chile, España, Ecuador y Perú, según el Senasag.

Colombia produciría cada vez menos crudo

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La Agencia Internacional de Energía prevé una caída en la producción que empezaría en 2024 y continuaría los siguientes cuatro años. Las estimaciones del Gobierno, por su parte, hablan de un incremento en barriles diarios.

La producción de crudo en Latinoamérica, exceptuando a Brasil, Argentina y Guyana, caería en los próximos años por cuenta de la falta de nuevos proyectos petroleros. Así lo señala el más reciente informe de petróleo de la Agencia, que analizó el comportamiento de la producción de crudo en los últimos años y entregó sus previsiones para 2028.

La entidad menciona que Perú y Ecuador anunciaron planes para impulsar las inversiones en exploración y producción para los próximos cinco años, y que Colombia “ha cambiado de rumbo y ha paralizado las nuevas licencias de producción”.

Para la Agencia Internacional de Energía es clara la relación entre no firmar nuevos contratos petroleros y la caída en la producción de crudo en Colombia, que empezaría en 2024 y continuaría disminuyendo hasta 2028.

Los pronósticos de la IEA

Al término de 2023, la IEA estima que el país tendría una producción diaria de 780.000 barriles y que, de ahí en adelante, el sector iría evidenciando una tendencia bajista. Así:

En 2024, según la Agencia Internacional de Energía, la producción diaria caería a 750.000 barriles; en 2025, la cifra sería de 710.000 barriles. Para 2026, la baja se haría más profunda y el país llegaría a los 680.000 barriles diarios; en 2027, Colombia alcanzaría los 650.000 barriles, y en 2028, los 620.000 barriles diarios.

Al comparar 2023 con 2028, las cifras de la IEA estiman una caída de un 20,5 % en la producción total de petróleo en Colombia.

Las señales del Gobierno

Cabe destacar que el informe de la Agencia Internacional de Energía contrasta con los datos del gobierno, que hablan de un incremento en la producción de barriles diarios, por lo menos, para 2024.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que “la producción de petróleo sigue creciendo. No vamos a volver al millón de barriles diarios. Hoy estamos en alrededor de los 800.000 barriles diarios y está proyectado terminar el 2023 con 769.000 barriles y 2024 con 788.000. Otra será la discusión de si hacemos exploración o no”.

En mayo de 2023, la producción de crudo fue de 773.789 barriles diarios, un 3,59 % más que en el mismo mes de 2022, pero un 1,09 % menor que la de abril de 2023, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Energías limpias, inversión global aumenta

El pico en la demanda global de petróleo podría estar cerca, según el informe de la Agencia Internacional de Energía, la cual destacó que la inversión en energías limpias se acelera a un ritmo más rápido que la de los combustibles fósiles.

“El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se ralentizará notablemente durante el periodo 2022-2028, a medida que avance la transición energética. Aunque se vislumbra un pico en la demanda de petróleo, el continuo aumento de las materias primas, petroquímicas y de los viajes aéreos hará que el consumo global (de petróleo) siga creciendo durante este periodo”, manifestó la IEA en su más reciente informe.

Para la entidad, la demanda mundial de petróleo alcanzará los 105,7 millones de barriles por día en 2028, es decir, 5,9 millones más que en 2022.

 

Automotrices deciden reducir la producción en Brasil

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Vinicius Konchinski

Volkswagen y General Motors (GM) decidieron reducir la producción de automóviles en Brasil en medio de un programa del gobierno federal para estimular la industria automotriz.

Volkswagen suspendió la producción de automóviles en tres fábricas: en São José dos Pinhais (Paraná), São Bernardo do Campo (São Paulo) y Taubaté (São Paulo). La medida fue anunciada el martes 27 y, según la empresa, tiene que ver con el “estancamiento” del mercado de automóviles en el país.

También el martes, los metalúrgicos de São José dos Campos (São Paulo) aprobaron la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 1.200 empleados en la fábrica de GM en la ciudad, cerca de un tercio del total. El llamado “lay-off” fue solicitado por la fabricante planificando suspender un turno de trabajo y generar la consecuente reducción en la producción.

Todo esto ocurrió durante la vigencia del programa de gobierno que subsidia hasta R$ 8.000 (aprox. 1.700 USD) para la compra de autos populares precisamente para estimular su producción. La medida provisional que creó este programa fue firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 5 de junio, es decir, hace menos de un mes.

Subsidio para las ventas

El programa asignó, inicialmente, R$ 500 millones (aprox. 104,6 millones USD) en bonificación fiscal solo para descuentos en autos populares. Otros R$ 700 millones (aprox. 146,4 millones USD) se destinaron a camiones y autobuses, y R$ 300 millones (aprox. 62,7 millones USD) a furgonetas.

El gobierno ve el programa como un éxito. El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Mdic) informó en una nota enviada a Brasil de Fato que más del 80% de los recursos destinados a los subsidios se agotaron en unos 15 días, lo que demuestra que hubo una gran demanda de automóviles estimulada por las subvenciones.

De hecho, el gobierno decidió extender el programa y otorgar subsidios extra para la compra de autos populares.

El Mdic también informó que la intención del programa es mantener 1,2 millones de puestos de trabajo vinculados a la cadena productiva automotriz. Asimismo, declaró que “el gobierno está trabajando para mejorar el ambiente de negocios, reducir las tasas de interés, aprobar la reforma tributaria y crear una nueva política industrial, entre otras medidas estructurales encaminadas a promover el crecimiento económico, aumentar los ingresos de la población y estimular el mercado interno, beneficiando a todos los sectores de la actividad económica”.

Interés y contrapartida

Wellington Messias Damasceno, director administrativo del Sindicato Metalúrgico ABC, que representa a los trabajadores de Volkswagen, afirmó que la industria no se recuperará mientras no se reduzca la tasa de interés base, la SELIC.

Hoy, la SELIC está en 13,75% anual. Es la tasa base de interés real más alta del mundo, es decir, el interés menos el porcentaje de inflación.

Con tipos de interés elevados, la financiación para la compra de un automóvil se encarece. Esto desalienta la compra y, en consecuencia, la producción.

“Las tasas de interés están haciendo que los negocios sean impracticables”, dijo Damasceno. “Si bien hubo una iniciativa del gobierno federal para compensar los valores, no se está logrando lo que imaginábamos y en el tiempo que esperábamos”.

Valmir Mariano, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São José dos Campos, agregó que la recuperación de la industria automotriz también requiere medidas estructurales.

“El nivel salarial es muy bajo hoy, incluso en las fábricas de automóviles”, dijo. “La precariedad laboral también es muy alta. Esto debe cambiar para que las personas hagan financiamientos a largo plazo para comprar un producto de alto valor.”

Mariano también criticó al gobierno, que subsidia el negocio de las automotrices sin exigir contrapartes de producción ni garantías laborales.

“El gobierno está dando dinero público a las empresas y debería exigirles que no despidan a nadie, que garanticen el empleo de los trabajadores”, dijo.

Qué dicen las fabricantes

Buscada por Brasil de Fato, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automotores (ANFAVEA), que negoció con el gobierno para incentivar a las automotrices, no se pronunció sobre las suspensiones de GM y Volkswagen.

A principios de mes, cuando el gobierno anunció el subsidio, el presidente de ANFAVEA, Márcio de Lima Leite, afirmó que tres automotrices habían suspendido los lay-offs para aumentar la producción a causa del programa.

 

Granjas de EEUU inundan el mercado mexicano vía tratados comerciales

Para 2021, Granjas Carroll de México llegará a 134 mil vientres

Tanto el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que el primero de julio cumplió tres años de entrar en vigor, como su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han facilitado que las granjas estadounidenses inunden México con carne, huevo y leche, pues de acuerdo con datos oficiales, alrededor de uno de cada cuatro kilos que se consumen en el país, provienen del otro lado de la frontera norte.

El consumo de productos lácteos no ha dejado de aumentar en México y la capacidad de producción del país no ha podido seguirle el ritmo. Al grado que las importaciones representan ahora 28 por ciento del consumo nacional, de acuerdo con el estudio Nadar contra corriente, del Instituto de Agricultura y Política Comercial.

El TLCAN también desplazó el origen de las importaciones lácteas mexicanas de Nueva Zelanda y Europa, pues ahora más de 90 por ciento provienen de Estados Unidos.

El dumping abarató productos artificialmente

De acuerdo con el informe, en 1994 México sólo importaba 4 por ciento de la leche que consumía; sin embargo, la dependencia aumentó conforme se abrió el mercado, pues las prácticas de dumping por parte de Estados Unidos abarataron de manera artificial los precios de los lácteos.

Como consecuencia, las importaciones de leche de Estados Unidos a México se dispararon 450 por ciento en los primeros 12 años posteriores a la entrada en vigor del TLCAN, mientras de 2008 al cierre de 2022 se incrementaron otro 238 por ciento.

Los precios al productor mexicano se desplomaron a la mitad con la avalancha de lácteos baratos estadounidenses, y esa tendencia continuó con otra caída de 10 por ciento desde 2005. Esto ha dificultado que los productores mexicanos puedan competir y obstaculiza los esfuerzos de la nueva administración por impulsar la producción nacional, reporta el estudio.

Al igual que ocurre con los lácteos, el consumo de otros productos de origen animal ha ido en aumento, a medida que la dieta de los mexicanos se diversifica, lo que ha dado como resultado que las exportaciones estadunidenses de carne de cerdo se dispararon más de 700 por ciento en los 12 años posteriores a la entrada del TLCAN, y desde entonces han aumentado otro 180 por ciento.

En tanto, los precios que se pagan al productor en México cayeron más de 60 por ciento en ese periodo. Además, en conjunto, la dependencia de México de las importaciones ha pasado de menos de 5 por ciento antes del TLCAN a más de 25 por ciento en la actualidad.

En el caso del sector avícola (pollo y huevo), desde el arranque del tratado las importaciones desde Estados Unidos han aumentado en más de 500 por ciento y los precios al productor han seguido cayendo hasta menos de la mitad de los niveles anteriores al tratado.

Pese a la presión sobre los precios, la producción avícola en México ha crecido casi 300 por ciento. Aun así, la dependencia de las importaciones ha pasado de 6 a 23 por ciento desde que entró en vigor el acuerdo, apunta el estudio.

En el caso de la carne de vacuno o bovino, en los 12 años posteriores a la entrada en vigor del tratado, las exportaciones estadounidenses a México aumentaron casi 300 por ciento, lo que elevó la dependencia mexicana del producto de Estados Unidos a más de 20 por ciento, mientras los precios al productor en México cayeron casi 50 por ciento.

Uruguay: Rendición de cuentas 2022, fiscalista y de cero futuro

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Héctor Tajam

En la Rendición de Cuentas, correspondiente al año 2022, el gobierno ha presentado al Parlamento el estado de situación de sus ingresos y el cómo se han distribuido entre los diversos compromisos que tiene a través del gasto público luego de tres años en el ejercicio de la administración del aparato estatal. De su balance surge una diferencia a favor o en contra, un superávit o un déficit.

El Resultado fue un déficit de 2.069 millones de dólares, correspondientes a 2,9% del PIB. Un descenso considerable si lo comparamos con el déficit de 2019, que entonces alcanzó 2.877 millones de dólares, y 4,2% del PIB. Si se incluyen los Gastos Extraordinarios con motivos en la emergencia sanitaria del Covid 19 ( 392 millones de dólares) la situación cambia, y el déficit a 2022 asciende a 3,4%.

Veamos que ha motivado este déficit público de menor cuantía atravesando situaciones de emergencias sanitarias y ambientales. En primer lugar una mejora en los ingresos, especialmente en la recaudación de los impuestos, que aumentaron en 8% con respecto a 2019, una diferencia nada menos que de 1.166 millones de dólares de 2022. Al contrario de las promesas electorales, esa diferencia significó un aumento de la presión tributarias sobre los ingresos de 20% en 2019 a 21% en 2021.

El aumento de la recaudación se dio en un proceso donde los impuestos indirectos, que gravan indistintamente al consumo de bienes y servicios, nacionales o importados, crecen en mayor medida que los impuestos a los ingresos. Por tanto una tendencia a recaudar en forma más regresiva, donde el impuesto no distingue ni personas ni condición. El aumento del IVA en 2022 con respecto a 2019 responde a esto, y explica el 70% (800 millones de dólares) del aumento de la recaudación. Como veremos más adelante, este aumento también incidirá en el aumento de los recursos del BPS, que recibe 7 puntos de la recaudación del IVA.

El otro impuesto que explica el aumento de la recaudación es el IRAE, el impuesto a la Renta de las empresas y sociedades de capital, que incrementó su recaudación en casi 200 millones de dólares. Otra manifestación del aumento de las ganancias empresariales sin derrame alguno, ya que la tasa del impuesto no ha cambiado y por el contrario se han beneficiado de jugosas bonificaciones en el marco de la promoción de inversiones.

En segundo lugar, el menor déficit se debió también a un aumento muy menor (+1,9%) con respecto al aumento de los recursos, que redundó en una diferencia de 800 millones de dólares. Aún con los recursos destinados a la emergencia Covid, se “ahorraron” 400 millones. Es muy difícil, casi imposible encontrar un ejemplo similar, con ahorros presupuestales y un menor déficit consecuente, luego de enfrentar la pandemia universal. La ortodoxia del gobierno uruguayo lo conduce a ser alabado por sus pares ultra derechistas de todo el continente, algunos de los cuales preparan planes similares para su anhelado retorno al poder gubernamental.

Bajan salarios públicos para exonerar impuestos al capital

Ese resultado del gasto público respondió a la rebaja presupuestal de la masa salarial en -4,3% (190 millones de dólares) con respecto a 2019 de los funcionarios públicos de los ministerios y de los organismos del art. 220, como consecuencia de la disminución del personal y del salario promedio (-1% en vínculos laborales, y -3,3% en salario), y además a la menor cuantía en la Asistencia Financiera a la Seguridad Social debido a mayores transferencias de impuestos al BPS por aumento de la recaudación del IVA.

Estas reducciones presupuestarias en salarios y seguridad social financiaron en buena parte el aumento del gasto en inversiones (no en OSE por supuesto) y superiores Subsidios y Transferencias al Sector Privado. Estas últimas, que significaron un aumento de 830 millones de dólares de 2022 con respecto a 2019, están justificadas en un 80% (645 millones de dólares) por la exoneración de impuestos a las promociones de inversiones privadas que la DGI implementa a través de la emisión de Certificados de Crédito. Sin duda toda una confirmación de la política ya comprometida por el Sr. Presidente en ocasión de la implementación del Fondo Covid, financiado por aportes de los funcionarios públicos y eximiendo de todo compromiso al empresariado nacional y extranjero (¿recuerdan el recurso de “los malla oro”?).

Estos son los grandes números, pero hay otros “chicos” que también dan que hablar. Por ejemplo, el presupuesto de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) perdió el 75% de su presupuesto, el INC (Instituto nacional de Colonización) maneja hoy el 60% de los recursos disponibles en 2019, el Subsidio al Boleto Estudiantil en Montevideo e Interior se redujo 20% también con respecto a 2019. Son componentes no contemplados de una política de largo alcance cuyas consecuencias se instalan en el futuro. Hay además otros gastos que incrementaron recursos y que en los cortos plazos críticos son importantes, como por ejemplo la Tarjeta Alimentaria a hogares de bajos ingresos, y el Programa Calle. Entre ellos se compensan, los que bajan con lo que suben. Esa no es una política país, es simplemente una mezquina conducta fiscal de corto alcance y cero futuro.

La evolución del gasto del Gobierno Central también lo podemos observar a través de su distribución por los diversos incisos que lo componen, a saber los Ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Organismos denominados del artículo 220 de la Constitución de la República , que pueden presentar sus propios presupuestos de gastos. En este plano el ajuste del gasto fue ajustado a la baja en medio punto del PIB: en 2019 el gasto en funcionamiento e inversiones representó el 26,8% del PIB, y en 2022 se redujo al 26,3%, una baja de 355 millones de dólares, donde la principal perjudicada fue la educación (ANEP, UDELAR, UTEC), que según las cuentas presentadas por el Poder Ejecutivo, representan en conjunto 3,7% del PIB, mientras que en 2019 sumaban el 4,1%.

 Notas:

(I) Artículo 47 del Decreto Ley 14.550 del año 1975, por el cual la dictadura autorizó al “Poder Ejecutivo a atender las insuficiencias financieras de los organismos de Previsión Social estatales”.

(II) El Poder Judicial, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, que presentan

 

Panorama internacional

 

OPEP: el mundo no puede vivir sin petróleo” ni podrá en un futuro

 

El presidente de turno de la OPEP, el ecuatoguineano Antonio Oburu Ondo, afirmó en Viena que “el mundo no puede vivir sin petróleo” y que tampoco podrá prescindir de esa fuente fósil en un futuro previsible, dadas las necesidades energéticas del planeta.

“La realidad de la energía es que el mundo no puede vivir sin petróleo”, dijo Oburu Ondo, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, uno de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Ondo dijo que el petróleo ha sido “central” en el pasado, es “crucial” para el presente y será “fundamental” para el futuro de la sociedad. “Es un bien de consumo permanente. No podemos prescindir de él”, insistió.

El ministro pronunció el discurso inaugural del 8º Seminario Internacional de la OPEP, una conferencia de dos días que reúne en Viena a decenas de responsables de la industria de fuentes fósiles y expertos en cambio climático.

Bajo el lema “Hacia una transición energética sostenible e inclusiva”, el foro fue abierto hoy por el secretario general de la OPEP, el kuwaití Haitham Al Ghais, quien también resaltó la importancia del crudo al tiempo que abogó por impulsar las tecnologías que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero.

“El petróleo desempeña un papel central y fundamental en la vida, pero la industria (del sector) debe minimizar su impacto medioambiental”, declaró.

Al Ghais abogó por que la transición energética se base en “los tres pilares de la sostenibilidad: viabilidad económica, protección del medio ambiente y equidad social”, y consideró que cada país y región debe encontrar su propia forma de rebajar las emisiones. “No hay una vía única para el reto climático”, sentenció.

Las posturas expresadas por los responsables de la OPEP no son nuevas y coinciden con las de otros defensores de la industria petrolífera, de la que dependen altamente los ingresos de los países de la organización.

Les preocupa especialmente las crecientes dificultades que encuentran para atraer flujo de capitales a sus industrias, algo que ya está mermando la capacidad productiva de varios de ellos, mientras crecen las inversiones en las energías renovables.

“Debemos prestar mucha atención a la disminución de las inversiones en el sector”, resaltó en el foro el ministro de Energía de Azerbaiyán, Parviz Shahbazov. El seminario de la OPEP se celebra en medio de la polémica decisión de esa organización de excluir a periodistas de los medios de comunicación internacionales, Reuters, Bloomberg y Wall Street Journal (WSJ), sospechosas de manipular información.

 

Países en desarrollo ante enorme brecha de inversión, alertó ONU

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Los países en desarrollo se enfrentan a una brecha de cuatro billones (un millón de millones) de dólares en inversiones para el desarrollo sostenible, según un nuevo informe.

De acuerdo con el análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), si bien la inversión en energías renovables casi se triplicó desde la adopción del Acuerdo de París hace aproximadamente ocho años, las naciones más pobres permanecen en gran medida excluidas de ese avance.

Para que el mundo alcance sus objetivos climáticos para 2030, estimó la secretaria general del mentado órgano, Rebeca Grynspan, es crucial un aumento significativo en el apoyo material a las energías renovables en los países en desarrollo.

Apuntó que más de 30 naciones no registran ni una sola inversión internacional en generación de energía renovable del tamaño de una empresa de servicios públicos desde que se adoptó el histórico tratado sobre el cambio climático en 2015.

Según la Unctad, la cantidad de inversión extranjera directa en energía limpia atraída por los países menos industrializados en 2022 fue de 544 mil millones de dólares, muy por debajo de las necesidades.

Para estos Estados, las brechas más grandes en las inversiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se dieron en infraestructura de energía, agua y transporte, señaló el informe.

La inversión extranjera directa también está en declive, según la Unctad, ya que los flujos mundiales cayeron 22 por ciento en 2022, a 1,3 billones de dólares.

En los países menos adelantados, la gran mayoría de los cuales se encuentran en África, las entradas se redujeron hasta en un 16 por ciento.

El informe pidió que se establezcan una serie de políticas y mecanismos de financiación para ayudar a las naciones en desarrollo a atraer las inversiones necesarias.

La Unctad enfatizó en la importancia del alivio de la deuda para estas economías, en el otorgamiento del espacio fiscal necesario para el gasto en energía limpia y para ayudar a reducir las calificaciones de riesgo, un requisito previo para atraer inversión privada.