Perú alzado: el pueblo pide que se vayan todos

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Mariana Álvarez Orellana

Tras la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, Perú se ha visto envuelto en un recrudecimiento de la crisis política casi permanente en la que ha vivido sumido desde hace años y crecientes protestas ciudadanas en ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de aeropuertos y universidades, con una dura represión que dejó al menos ocho muertos.

El de Dina Boluarte, fue un estreno presidencial con represión, muertes y el recorte del mandato presidencial por presión popular, ya que Perú vivió este lunes otra jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024,

Mientras, los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia hicieron un llamado para que se priorice “la voluntad ciudadana” en Perú y exhortaron a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, añadieron. Después de haber felicitado a la golpista Boluarte, el presidente argentino Alberto Fernández, firmó este comunicado conjunto.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia”. En un comunicado emitido en Ginebra, la oficina indicó que “dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”.

Desde el momento en que el depuesto presidente anunció la disolución del Congreso unicameral y que éste, en respuesta, lo sacó del cargo por insolvencia moral e invistió como nueva jefa del Ejecutivo a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, han arreciado las protestas de los simpatizantes de Castillo y los enfrentamientos entre éstos y las fuerzas policiales.

Hasta ahora, el episodio más grave tuvo lugar en el aeropuerto de Andahuaylas, donde los manifestantes rodearon la terminal, incendiaron la sala de transmisiones e impidieron la salida de medio centenar de trabajadores y de efectivos de la Policía.. En esa localidad del sur del país, los represores mataron a dos jóvenes que participaban en las protestas y fue quemada la sede policial. Dirigentes sociales locales se declararon en insurgencia popular y anunciaron un paro indefinido a partir de hoy.

En las protestas confluyen un extendido sentimiento de “que se vayan todos” y la exigencia de un adelanto de elecciones para antes de 2024, la bronca contra un Congreso identificado con la corrupción y con una derecha antidemocrática que se concentró en derribar a Castillo, profundas desigualdades y demandas sociales postergadas, y también un respaldo a Castillo, ahora en prisión.

En Lima, la capital del país, centenares de manifestantes rodearon la sede del Congreso, en cuyo interior se registró una pelea a golpes entre legisladores, lo que llevó a suspender la sesión. Las movilizaciones proliferaron también en Cajamarca, Cusco, Arequipa y Puno, y se multiplicaron los bloqueos carreteros en diversos puntos del mapa peruano.

Estudiantes ocuparon la universidad de Cajamarca e intentaron hacer lo mismo en las casas de estudios de Jaén y Chota. El denominador común de las manifestaciones es la exigencia de realizar nuevas elecciones generales y la disolución del Congreso. Se pidió además la renuncia de Boluarte y la restitución de Castillo en la Presidencia. A esa demanda se han unido gobernadores provinciales y un sinfín de organizaciones sociales.

La atención está puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, ya que implica que ellos recorten su mandato en dos años. Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.

Se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Alberto Fujimori. La derecha ha bloqueado en el Congreso esa posibilidad.

En un intento de frenar la ola de manifestaciones el gobierno de Boluarte cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”. Además declaró un estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social”.

Mientras, por Twitter y desde su pirisión, Castillo denunció que fue “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”. Y agregó: “No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.

Pese a múltiples errores, entre ellos alejarse de las bases sociales que lo llevaron al gobierno, se empeñó por moverse de la izquierda al centro e incluso incorporó a su gabinete a figuras de la derecha con tal de eludir el acoso del Legislativo, lo que le valió una pérdida significativa de respaldo social. Pero el déficit de apoyo de Castillo es ampliamente superado por el del Congreso, que ostenta una impopularidad superior a 80 por ciento, de acuerdo con las encuestas, y no es mejor la situación de Dina Boluarte.

Sin duda, la única salida para esta nueva vuelta de tuerca de la sempiterna crisis peruana reside en el llamado a nuevas elecciones y en la convocatoria a un congreso constituyente que corrija el pésimo diseño institucional –herencia de Alberto Fujimori–, bajo el cual en los últimos seis años Perú ha visto desfilar a otros tantos presidentes.

“Cierren Congreso corrupto y golpista”, “Dina traidora renuncia”, “Nuevas elecciones”, “Que se vayan todo”, son las principales demandas que se escuchan y leen en las movilizaciones que abarcan a buena parte del país, incluyendo Lima. “Castillo libertad” es otra proclama que se escucha entre sectores de los manifestantes.

Se exige, en las calles y en sectores del Congreso cercanos a Castillo, la renuncia inmediata de Boluarte, acusada de “traidora”. Con la renuncia de Boluarte se acelerarían las nuevas elecciones, que se convocarían en cuatro meses.

El problema con esa alternativa que algunos proponen es que hasta que tome posesión el nuevo gobierno la presidencia del país la asumiría el titular del Congreso, el general en retiro de extrema derecha José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, que tendría de su lado a la mayoría parlamentaria, con el alto riesgo que eso significaría para la democracia.

Desde la derecha criminalizaron las protestas, le exigieron al gobierno más represión, gritaron “mano dura” y demandaron que las Fuerzas Armadas tomen las calles. Amenazantes, acusaron a legisladores de izquierda de ser “terroristas” por defender el derecho a la protesta y condenar la represión. Desde la izquierda denunciaron “un uso excesivo de la fuerza”, pidieron cesar la represión y recogieron las demandas populares de adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.

Castillo sin fuero

Mientras, el Congreso levantó el fuero a Castillo en una agitada sesión de varias horas, que comenzó la tarde del domingo y culminó en la madrugada de este lunes, en la que hubo intercambio de insultos e incluso de golpes. Esta decisión, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, le quita a Castillo el derecho de antejuicio, con lo que el Congreso despeja el camino para que Castillo, detenido desde el miércoles, continúe en prisión y sea procesado por rebelión y conspiración.

Castillo se encuentra en prisión con una orden de detención preliminar que vence este miércoles, por eso la desesperación de la mayoría parlamentaria de derecha de levantarle el fuero con rapidez y así habilitar la posibilidad de que se le abra proceso penal y se ordene su detención preventiva mientras es procesado.

Legisladores castillistas y de otros grupos de izquierda denunciaron que la decisión de levantarle el fuero a Castillo se tomó violentando la Constitución y el reglamento del Congreso, saltándose procedimientos y plazos, violando el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario.

 

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)