Panorama Económico Latinoamericano – del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2024
La pobreza en América Latina en el informe de la CEPAL 2024
A pesar de los avances, todavía hay 172 millones de personas en situación de pobreza en la región y 66 millones no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden del último informe anual de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que pone el foco sobre la crisis que enfrenta la región y que se plasma en las “tres trampas del desarrollo”. La primera refiere a la baja capacidad para crecer y apuntalar las capacidades productivas a mediano plazo. La segunda, por su parte, tiene que ver con las dimensiones socioeconómicas, en particular con la pobreza, la desigualdad y la baja movilidad y cohesión social. Por último, la tercera trampa identificada está asociada a la baja capacidad institucional y a los problemas de gobernanza.
La evolución de la pobreza
Según las estimaciones del organismo, la pobreza afectó al 27,3% de los latinoamericanos en 2023 (172 millones de personas) y la indigencia alcanzó al 10,6%. Esto implica una reducción con respecto a 2022 y prolonga una tendencia que viene desde 2021, tras el pico alcanzado en el marco de la pandemia (cuando la pobreza se situó en 32,8% y la pobreza extrema en 13,2%). De hecho, según enfatiza el documento, la tasa de pobreza es una de las más bajas desde que se tienen registros comparables, siendo similar a la de 2014 (previo al cambio del ciclo económico que se fue consolidando hacia 2015 producto del deterioro de las condiciones externas).
La caída de la pobreza constatada durante el año pasado se explica por una mejora bastante generalizada, en tanto fueron siete de los 12 países considerados que exhibieron una mejora en esta dimensión. No obstante, es importante destacar que el gran diferencial fue la disminución de las privaciones en Brasil, que explican cerca del 80% de la caída agregada regional. En ese caso, el papel de las transferencias no contributivas ha sido clave para reducir las privaciones materiales tras el shock de la pandemia. De acuerdo con la Cepal, si la situación de la pobreza en Brasil no hubiese cambiado, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en 2022, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios en 11,1%.
En cuanto a la distribución de la población cuyos ingresos no superan la línea de pobreza, la problemática alcanza al 22,2% de las mujeres y al 18,3% de los hombres. En ambos casos, estas cifras representan una mejora frente a los niveles vigentes en 2021 y 2022. Por otra parte, la incidencia de la pobreza entre los menores de 18 años asciende al 40,6%, luego de reducirse por segundo año consecutivo tras el pico de 46,1% alcanzado durante 2021. A este respecto, en 17 de los países considerados las tasas de pobreza de los menores de 18 años eran entre 1,3 y 2,5 veces más altas que las correspondientes a las personas de 18 a 59 años, y entre 1,3 y 10,4 veces más altas con relación a las personas mayores de 60 años.
Según advierte el reporte, las diferencias más relevantes entre las tasas de pobreza de los menores de 18 años y de las personas de 18 a 59 años se verificaban en Uruguay, Costa Rica y Panamá. Además, las brechas más grandes entre la pobreza en la infancia y adolescencia y la que afecta a los mayores de 60 años también se encuentran en Uruguay y Panamá, a los que se suma en este caso también Brasil. Finalmente, la pobreza está más concentrada en las zonas rurales (39,1%) que en las urbanas (24,6%).
Para este año, y dadas las modestas perspectivas de crecimiento (1,7% para el conjunto de América Latina), se espera una mejora gradual en el frente de la pobreza –que se reduciría hasta 26,8%– y una relativa estabilidad en el caso de la indigencia, que se situaría en torno a 10,4%, apenas dos décimas por debajo del registro previo.
En función de los cálculos realizados por la Cepal, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. “En promedio, los ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022”.
Evolución reciente de la desigualdad
En este caso, la actualización de la información no introdujo cambios significativos con relación a 2022: la desigualdad de ingresos continúa siendo persistentemente alta en la región. De hecho, entre 2014 y 2023 el índice de Gini ha mejorado apenas un 4%, pasando de 0,471 a 0,452.
A nivel nacional, la desigualdad de ingresos en 2022 y 2023 fue mayor en los casos de Colombia (0,553) y Brasil (0,515), que se sitúan en el extremo más desigual del ordenamiento. Del otro lado aparecen Argentina y Uruguay, con un índice de Gini promedio de 0,403, y República Dominicana (0,387). Esto es lo que muestra la foto. Sin embargo, la película es un poco distinta. En ese sentido, al comparar la variación anual de este indicador, la desigualdad se mantuvo relativamente incambiada para el promedio regional (-0,1%), aunque los resultados por país son muy dispares. Por un lado, el índice de Gini cayó más en Colombia y Paraguay (-1,8% y -1,7%, respectivamente). Por el otro, El Salvador y Argentina experimentaron los aumentos más relevantes: 3% y 6,3%.
Naturalmente, la desigualdad de riqueza es significativamente más alta que la de ingreso. En 2021, el 1% más rico concentró el 33% de la riqueza total (32,7% en 2020) y el 18,9% del ingreso (19,9% en 2020). Con relación a 2014, año bisagra para la región, estos guarismos representan una mejora marginal, dado que por aquel entonces el 1% más rico capturaba el 35% de la riqueza y el 20,1% del ingreso.
Al desagregar la información, también quedan de relieve las heterogeneidades a nivel país. A modo de ejemplo, en Chile, Brasil y México el 1% más rico concentra aproximadamente el 50% de la riqueza total, porcentaje que desciende al 27%-28% en los casos de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Según las estimaciones del organismo, la concentración fue más baja en el caso de Ecuador, donde ese guarismo supera levemente el 20%.
Protección social
Esta es otra de las dimensiones sobre las que pone foco el informe, destacando también la fuerte persistencia de la problemática, más allá de los vaivenes del ciclo económico. En concreto, uno de cada cuatro hogares de la región no contaba con acceso a la protección social. En los hogares del primer quintil, es decir, en el 20% de los hogares más pobres, esa relación es de uno cada tres.
En el caso de la protección social no contributiva, el organismo enfatiza la necesidad de fortalecer las redes de sostén, dado que la mitad de los hogares más vulnerables accede a la protección por esta vía. “Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad”. Para tener como referencia, el 27,1% de las personas vivía en un hogar que recibía algún programa de transferencias condicionadas. Sin embargo, en 14 de los países analizados esos montos no eran suficientes para compensar el déficit de ingreso necesario para alcanzar la línea de pobreza.
Los desafíos de la protección social ante la crisis de cuidados y de envejecimiento
Asociado con lo anterior, el informe dedica un capítulo al abordaje de estas dos crisis y su relación con perforaciones estructurales de la malla de protección social regional.
Por un lado, la institución advierte de las crecientes barreras para la autonomía de las mujeres que se desprenden de la actual organización social de los cuidados, lo que limita su inserción al mercado laboral y el acceso a la red de protección social. En ese sentido, el 53,5% de las mujeres en la región está por fuera de los contornos del mercado de trabajo y el 56,3% declara dedicarse exclusivamente al cuidado no remunerado. En el caso de los hombres, esa cifra apenas supera el 7%. En esa línea, las mujeres de 65 años y más padecen mayores privaciones que los hombres, pese a recibir pensiones contributivas y no contributivas, y el 70,3% que no recibe ninguna percibe ingresos insuficientes para salir de la trampa de la pobreza.
En efecto, como alerta el documento, “la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”.
Las demandas por fortalecer la protección social derivan también de la problemática del envejecimiento, que continuará acentuándose en los próximos años: la población mayor de 65 años se duplicará hacia 2050, pasando del 9,9% al 18,9% (aproximadamente 138 millones de personas en 2050), siendo la mayoría mujeres.
De esta manera, la conjunción de estas dos crisis evidencia la importancia de promover políticas integrales de cuidado con mayor agresividad. Sobre esto, son cuatro los lineamientos sugeridos por el organismo para lograr este objetivo.
El primero pasa por “diseñar e implementar políticas de cuidados orientadas a una nueva organización social de los cuidados que garantice el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género”. El segundo pone el foco sobre el fortalecimiento de las prestaciones para facilitar el cumplimiento de los derechos de quienes reciben y brindan cuidados (transferencias, licencias y permisos, servicios sociales, regulaciones en materia de tiempos, entre otras). En tercer lugar, se requiere además un mayor despliegue de políticas de cuidados de largo plazo y, finalmente, es fundamental eliminar la precarización de los empleos del sector de los cuidados en el mercado laboral. Esto implica “mejorar la formación y certificación de competencias de acuerdo a las demandas de las transformaciones demográficas y los cambios epidemiológicos”.
*La Comisión Económica para América Latina (Cepal) es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas y busca contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe.
Brasil exporta más de la mitad del petróleo producido
Las exportaciones de petróleo en el Brasil han mostrado un crecimiento significativo. En agosto y septiembre de 2024, por ejemplo, incluso superó el agronegocio y la minería. A pesar de la alta producción y exportación de crudo, Brasil sigue importando derivados, tendencia que debería persistir en la próxima década.Entre enero y septiembre de 2024, el país exportó 1,8 millones de barriles diarios de petróleo (MMb/d), lo que representa aproximadamente el 54% del volumen de petróleo producido en el país. Este volumen es un 260% superior al de 2014. Este crecimiento de las exportaciones en el último decenio se debe principalmente a la expansión de la producción previa a la sal, en contraste con la modesta expansión de la capacidad nacional de refinación
.Este aumento de la producción no fue acompañado de una correspondiente expansión de la capacidad de refinación, resultando en una contradicción. Brasil se afirma como exportador de crudo, mientras está condicionado a importar derivados para satisfacer su demanda interna, dijo el Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (Ineep).El IV Boletín de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, publicado el martes, de frecuencia trimestral, muestra que la perspectiva es que el país mantenga su desempeño como exportador en los próximos años, incluyendo la ampliación, en términos absolutos, el volumen exportado.
China se llevó más del 46% del petróleo exportado
El principal destino de exportación en 2024 fue China, que absorbió cerca del 46,2% del total exportado. Estados Unidos y España destacaron como otros destinos significativos, recibiendo el 13,1% y el 10,2% del volumen exportado respectivamente.A pesar de la alta producción y exportación de petróleo, Brasil sigue importando derivados, una tendencia que debería persistir en la próxima década. Aunque las exportaciones generan ganancias financieras en el corto plazo, especialmente en momentos de alto precio de los productos básicos, la falta de una política industrial articulada que busca desarrollar la cadena de valor interna limita el desarrollo económico y productivo del país a largo plazo, manteniéndolo dependiente de las importaciones, destaca el boletín.
La dependencia de los derivados importados hace que los precios de los combustibles sean más susceptibles a oscilaciones causadas por la dinámica geopolítica y económica mundial. La planificación explopada e integrada de la industria del petróleo y el gas, con inversiones en exploración, producción y refinación, es crucial para asegurar el suministro interno y la seguridad energética del país, además de posicionar estratégicamente a Brasil en el mercado petrolero internacional, dijo el boletín en un comunicado.El volumen exportado por Petrobras ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. En 2013, la compañía exportó cerca de 0,21 millones de barriles de petróleo al día, lo que equivale al 11% de su producción total. En 2023, el volumen exportado alcanzó los 0,59 millones de barriles diarios, lo que representa el 27% de la producción total de Petrobras y un aumento del 181% en comparación con 2013.
Petróleo y gas natural
En el tercer trimestre de 2024, con base en los datos publicados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la producción media de petróleo fue de 3,35 millones de boe/d. Este volumen representa un aumento del 1,2% en comparación con el 2T24. En el mismo período, la producción promedio de gas natural alcanzó 1,01 millones de boe/d, un volumen que es un 11,2% superior al del 2T24. Cabe destacar que septiembre de 2024 fue el mes con mayor volumen de gas producido en el año.La producción media de petróleo y gas natural en el tercer trimestre de 2024 (3T24) fue de 4,36 millones de barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).
La producción previa al sal en el período fue de 3,48 millones de boe/d, una cifra que representa alrededor del 79,7% de la producción nacional en el período.En relación con el segundo trimestre de 2024 (2T24), la producción nacional registró un aumento de aproximadamente el 3,6%. En la presal, se observó un aumento de alrededor del 5,5%, mientras que el post-sal mostró una reducción del 11,4%. Además, la producción en tierra creció aproximadamente un 19%.Considere los tres trimestres de 2024, la producción media fue de 4,32 millones de boe/d, una marca que es un 1,4% superior a la registrada en el mismo periodo de 2023.
Producción de petróleo por cuenca
En el 3T24, la Cuenca de Santos destacó como la principal región productora de petróleo y gas del país, representando el 78,2% de la producción nacional, totalndo un promedio de 3,36 millones de boe/d. Luego, la Cuenca de Campos registró la segunda mayor producción promedio en Brasil, alcanzando 683.2 mil boe/d.En el tercer trimestre de 2024, Petrobras fue el principal responsable de la producción nacional tanto en la posición de operador como en la concesión. Como operador, Petrobras lideró la producción con un promedio de 3,91 millones de boe/d, lo que representa alrededor del 90% de la producción total del periodo. El resto de compañías petroleras, nacionales y multinacionales, operaron la producción de 0,45 millones de boe/d, que correspondieron a aproximadamente el 10% del total.
Nuevo momento: ¿Venezuela se abre al capital privado?
Victoria Korn *
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, dijo que hay entre 500 y 600 empresas a las que el gobierno de Nicolás Maduro quiere incorporar capital privado, en principio, nacional.Según el jefe de los industriales privados venezolanos, citado en el medio especializado Banca y Negocios, un primer lote de 350 empresas públicas será evaluado «para definir los esquemas de participación de inversionistas particulares».«El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, señaló que el propio jefe del Estado, Nicolás Maduro, le comunicó el interés del Ejecutivo en dar prioridad al capital privado en esta iniciativa, que está coordinando el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab». Así lo asegura el medio.«El Presidente me mostró un proyecto referido a una ampliación de la Siderúrgica en Guayana, con la incorporación de equipos modernos para incrementar su capacidad de producción 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero», aseguró Pisella según Banca y Negocios.«Se me manifestó la pertinencia de que también se involucrara la parte privada en esta inversión, lo cual me pareció bien. Evidentemente, había muchos ceros y le dije que podríamos montar un grupo para traer un conjunto de inversionistas. El presidente me dijo que la prioridad era conseguir inversionistas venezolanos», dijo Pisella.
Contra las sanciones
El considerado «líder de la industria nacional» por algunos medios privados venezolanos presentó el «mapa del comercio exterior» de Venezuela y estimó que los industriales nacionales terminarán el año con un crecimiento del 13,6%.Previo al retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, Pisella, pidió a la nueva administración que mantenga la flexibilización de las «sanciones» que impulso el gobierno Biden.«Las sanciones hicieron mucho daño y lo que hemos hecho es exhortar a que la flexibilización se mantenga porque también uno de los perjudicados, como lo dije, es el pueblo y la primera consecuencia es la inflación», dijo Pisella en Unión Radio.De cualquier forma, en el misma entrevista Pisella eligió no pronunciarse sobre la «Ley Bolívar» aprobada en el Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que analistas consideran la antesala del endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra la economía venezolana.
Control privado
Pisella enfatizó que no existe un esquema definido para el paso a manos privadas de empresas estatales.«Todo está sobre la mesa. Pueden ser ventas directas o alianzas público-privadas, donde el Estado conserve una participación. Nada está descartado» adelantó Pisella citado por Banca y Negocios.«Tenemos que hacer el levantamiento de cada empresa. En algunos recorridos que hemos hecho, de manera puntual, en muchos de los casos el mantenimiento se ha hecho y por eso es que de 600 que podrían salir a oferta, ya están listas 350. Presumo que estas 350 son las que ya están más o menos en condiciones adecuadas para colocarse en el mercado», señaló el presidente de Conindustria.«En todo caso, creo que esta es una iniciativa muy importante y va claramente en la dirección correcta, porque es necesario que estas empresas pasen a la administración de gente con experiencia y capacidad de gestión», precisó Pisella.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Improductividad agropecuaria aflige la seguridad alimentaria en Cuba
Dariel Pradas-IPS
La seguridad alimentaria en Cuba se ve cada vez más comprometida por el encarecimiento de los alimentos, la falta de diversidad en la dieta y la baja capacidad productiva agrícola, dificultando los esfuerzos por alcanzar estándares positivos en este sector social básico .
“Gasto prácticamente todo mi salario en sacar los mandados (productos estatales racionados), comprar algunos productos en el agro (mercado agropecuario privado), alguito más y, todavía así, no puedo decir que tengo una buena alimentación”, dijo a IPS Roberto García, un informático de una empresa estatal, residente en La Habana.
Varios estudios coinciden en que la ciudadanía cubana destina entre 55 % y más de 70 % de sus ingresos a la compra de alimentos esenciales.
El salario medio en esta nación insular caribeña es de 4 648 pesos, que equivale a 38,7 dólares, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar, y a 14,3 dólares, según la tasa del mercado informal de divisas, por la cual se establecen los precios de muchos productos y servicios.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria, en la escala de un país, significa que “todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.
En la isla, alcanzar esa meta es un propósito claro del gobierno. El artículo 77 de la Constitución vigente, aprobada en 2019, establece el derecho a la alimentación y el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria para todas las personas.
“Gasto prácticamente todo mi salario en sacar los mandados (productos racionados), comprar algunos productos en el agro (mercado agropecuario), alguito más y, todavía así, no puedo decir que tengo una buena alimentación, señala Roberto García.
De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA), durante los últimos 60 años, los programas integrales de protección social de Cuba y el acceso universal a los servicios básicos han erradicado principalmente la pobreza y el hambre.
Sin embargo, la crisis económica crónica del país, agudizada en la actualidad, con una contracción en 1, 9 % y una inflación de 30 % al cierre de 2023, se sobrepone a esos esfuerzos y dificulta que los platos lleguen a la mesa de la ciudadanía con una calidad nutricional adecuada.
Datos del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, previos a la pandemia de covid-19, evidenciaron una alta prevalencia de anemia entre niños de 6 a 23 meses en la capital y en las provincias orientales y centrales.
Un estudio publicado en 2022 por la Revista Cubana de Tecnología de la Salud –certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente– indica que la desnutrición había figurado durante más de una década entre las primeras 35 causas de muerte en la mayor isla del Caribe.
La investigación arrojó que, en el periodo de 2011 a 2021, ocurrieron como promedio 48, 64 defunciones anuales por desnutrición. A su vez, 0,43 personas de cada 100 000 habitantes (la población del país es de unos 10 millones) tuvieron riesgo de morir por esa causa.
Percances de la agricultura nacional
“Producir alimentos cuesta caro: las semillas, el abono… pero el mayor problema de los precios está en los intermediaros, que los suben demasiado”, afirmó en diálogo con IPS Virginia Creach, pequeña agricultora y dueña de la finca La Mambisa, en el municipio habanero de Marianao.
Múltiples factores entorpecen la eficiencia agropecuaria, como la erosión de los suelos, la salinidad, acidez, mal drenaje, baja fertilidad o la escasa retención de humedad. De las tierras del país, 77 % clasifican como poca productivas.
Asimismo, afectan los huracanes, sequías y otros eventos climatológicos extremos, además del éxodo de personas del campo a las ciudades, impagos a agricultores y contraproducentes estructuras burocráticas.
La escasez de divisas, agudizada por las sanciones de Estados Unidos hacia la isla, dificulta el acceso a créditos para invertir en el sector y entonces importar fertilizantes, piensos, maquinaria moderna, sistemas de riego más tecnificados, exponen las autoridades.
En busca de solucionar este problema, el gobierno aprobó en octubre de 2022 la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propone una mayor descentralización, modelos sostenibles de producción y disminuir la elevada dependencia de las importaciones de alimentos, junto con la pérdida cada año de significativos volúmenes de las cosechas debido a una gestión deficiente.
Cuba importa 80 % de los alimentos que consume, y los producidos en el país no cuentan con una adecuada infraestructura para su almacenamiento, conservación y procesamiento, por lo que su oferta está condicionada por la estacionalidad, por lo que aproximadamente 70 % de las cosechas se obtiene en los meses de invierno.
Alimentos subsidiados
Un sector amplio de la población solventa el hambre por un sistema de distribución racionada y subsidiada de alimentos que Cuba mantiene desde marzo de 1962, en el que se provee mensualmente, a cada ciudadano, productos esenciales de su dieta.
El gobierno dedica más de 2000 millones al año a importar los víveres racionados que, por falta de financiamiento y problemas con la transportación, han sufrido escasez y retrasos en su distribución.
Según un artículo publicado en 2020 por la economista cubana Betsy Anaya, entonces directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, el consumo racionado cubría las recomendaciones nutricionales para la población menor de siete años de edad, pero no garantizaba la necesaria diversidad en la dieta pues no aportan alimentos ricos en fibra dietética, así como tampoco frutas y vegetales frescos.
Las personas debían entonces complementar los nutrientes necesarios en otros tipos de puntos de venta, a precios mucho más altos. En el contexto actual lo hacen a través de mercados privados o de estales en divisas, inaccesibles para la mayoría de la población.
Educación nutricional
Los hábitos alimentarios también dificultan el problema de la comida en Cuba. Numerosas familias no llevan ni incentivan una dieta balanceada y sana, sea por cuestiones culturales o meramente económicas.
“El vegetal no debe faltar a la mesa, y el cubano no los come. Esos hábitos hay que cambiarlos”, dijo la agricultora Creach.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el PMA, lanzaron en octubre una serie audiovisual sobre educación nutricional, en promover dicho conocimiento en los jóvenes, y de motivarlos a producir sus alimentos y los de su familias en entornos comunitarios y escolares.
“En el proyecto, fuimos al campo con los niños, cosechamos, trajimos las cosas y con lo que había, cocinamos. La dieta balanceada y sana es clave para no enfermar. Los niños no comen verduras, pero si los vinculas al proceso productivo, las comen”, dijo a IPS el chef Enrique Suárez, un protagonista del serial y dueño del restaurante Tocamadera.
El escenario de los 10 episodios del proyecto ocurrió en las granjas agroecológicas Finca María y Finca Vista Hermosa, ambas de La Habana, las cuales también donan parte de sus producciones a hospitales, asilos de ancianos, escuelas, hogares de atención a la maternidad y áreas vulnerables de sus comunidades.
“Es necesario prestar más atención a la salud mental, a la promoción de la actividad física, al apoyo a las y los estudiantes con enfermedades crónicas y con discapacidad, y a los enfoques eficaces para abordar el sobrepeso y la obesidad”, comentó ante IPS Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba.
Desde hace décadas, la Unesco ha apoyado la creación de huertos escolares y materiales didácticos sobre educación nutricional.
El PMA, por su parte, solo en 2023 asistió a unas 760 000 personas y ha contribuido a la consolidación de cadenas de valor agrícolas, así como a brindar capacitación, asistencia técnica y equipos a pequeños agricultores.
Lula y Xi firman 37 acuerdos y consolidan su relación estratégica
María Haro
Convenios para un corredor Atlántico-Pacífico, en telecomunicaciones para competir con SpaceX y en ciencia y tecnología nuclear. Plan de Cooperación sin hablar de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.E
n el marco de la celebración del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Brasil y la República Popular China, el Presidente Lula da Silva recibió en el Palacio de Alvorada a su par chino Xi Jinping y por la noche lo agasajó con una cena en el Palacio de Itamaraty.Luego haber participado de la Cumbre del G20 en Rio de Janeiro, el mandatario de la potencia asiática se trasladó a la capital brasileña, donde mantuvo reuniones bilaterales con el presidente y varios de sus ministros. El Gobierno brasileño firmó 37 acuerdos y memorandos promoviendo la apertura de mercados de nuevos productos brasileños, acuerdos de inversiones energéticas, intercambio educativo, científico tecnológico, telecomunicaciones, salud, entre otros.
El punto más destacado es la adhesión del Gobierno Brasileño a un protocolo vinculado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque no se sumó explícitamente, al menos desde lo formal. El llamado Plan de Cooperación se propone el establecimiento de sinergias entre el Programa de Aceleración del Crecimiento, el Plan Nueva Industria Brasil, el Plan de Transformación Ecológica, el Programa Rutas de la Integración Sudamericana y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.Brasil viene motorizando las Rutas de Integración Sudamericana en coordinación con el agronegocio brasileño, que busca diversificar las inversiones en logísticas para salir por el Océano Pacífico, un proyecto que incluye a Bolivia y Perú y podría tener efectos en las provincias del norte de Argentina.
De hecho, Xi viene de haber inaugurado el megapuerto de Chancay, al norte de Lima, que sería la salida natural para esos productos.Con este gesto, Brasil se aproxima de la Iniciativa de la Franja y la Ruta pero busca un equilibrio, por un lado, con las relaciones con EEUU y, por otro, deja abierto un margen de negociación para modificar la pauta comercial brasileña, fuertemente motorizada por las exportaciones de bajo valor agregado.Entre los acuerdos más destacados se encuentran el de Telecomunicaciones Brasileñas S.A. Telebras, empresa vinculada al Ministerio de las Comunicaciones de Brasil, con la firma china Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd., cuyo objetivo es la provisión de servicios y soluciones de telecomunicaciones vía satélite. Spacesail es la principal competidora de SpaceX de Elon Musk.
Otro de los acuerdos claves es el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Brasil y la Autoridad de Energía Atómica de China sobre Cooperación Estratégica en Aplicaciones de Tecnología Nuclear.Del lado brasileño participaron de la reunión el vicepresidente Geraldo Alckmin, el excanciller y asesor especial para las relaciones internacionales Celso Amorim, junto con el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, el titular designado para el Banco Central Gabriel Galípolo, y embajador de Brasil en China, Marcos Galvão.
También estuvieron en el cónclave los ministros Rui Costa, Fernando Haddad, Mauro Vieira, Carlos Fávaro, Alexandre Silveira, Juscelino Filho, Luciana Santos y Simone Tebet.Los acuerdos buscan promover aún más el comercio bilateral y la coordinación estratégica con China. Desde 2009, China reemplazó a EEUU como principal socio comercial de Brasil y hoy responde por el 30% de las exportaciones brasileñas. En 2023, Brasil alcanzó un superávit comercial con China de más de 53 mil millones de dólares y de enero a octubre de 2024, el intercambio entre los países fue de 136.300 millones de dólares. Las exportaciones brasileñas alcanzaron 83.400 millones de dólares y las importaciones, 52.900 millones de dólares, con un superávit de 30.400 millones de dólares.
El vicepresidente Alckmin expresó en esta ocasión: “(el sociólogo) Gilberto Freyre dijo que Brasil era la China Tropical. Después de 50 años se volvió el principal socio comercial”. El exgobernador de San Pablo mencionó las principales inversiones de empresas chinas en Brasil como BYD y State Grid y la necesidad del entendimiento y la promoción cultural. De allí que prometió lanzar una serie de telenovelas binacionales Brasil-China.
De acuerdo con Thomas Law, del Instituto Brasil-China “la visita de Xi en el G20 y en Brasilia muestra el compromiso de China con rediscutir la Gobernanza Mundial y promover soluciones a problemas globales como el cambio climático y el combate a la pobreza, temas en que China se viene destacando ampliamente. China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil y también de Argentina y este viaje ha demostrado el impacto estratégico de la relación con China.
El cambio del gobierno argentino respecto a las relaciones con China fue una de las grandes novedades del G20. El Sur Global hoy está cada vez más escuchado por los países del Norte Global en las agendas internacionales.”
Comercio internacional de México: ¿EEUU y/o China?
Enrique Dussel Peters *
El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con certeza buscará iniciar con su consabida estrategia –ataque e intimidación para después sentarse a la mesa de negociación– el mismo día que asuma la presidencia, el 20 de enero de 2025. Con México la agenda bilateral prometida en la campaña es amplia y profunda, incluyendo migración, crimen organizado y aranceles a las importaciones mexicanas. Sólo nos detendremos en este último aspecto.
Como candidato, Trump anunció en múltiples ocasiones su intención de poner en práctica cuantiosos aranceles a la totalidad de las importaciones de Estados Unidos (hasta de 20 por ciento), con énfasis a los productos chinos (hasta de 60 por ciento a la totalidad, incluso mayores para mercancías específicas) y para México de 25 por ciento. Desde la perspectiva de América primero, los aranceles buscarían fomentar un proceso de reindustrialización, particularmente en las manufacturas, y con efectos positivos en el empleo estadunidense. El antecedente con China, desde una perspectiva estadunidense, no es irrelevante: los aranceles impuestos a los productos chinos desde 2018 (con Trump) e incrementados en 2024 (con Biden) permitieron que las importaciones desde China cayeran de 21.59 por ciento del total de EU en 2017, a 13.86 por ciento en 2023, el menor nivel desde 2005.
¿Qué implicaciones y argumentos se prevén para una negociación a partir del 20 de enero de 2025, e incluso antes?
Las amenazas de los futuros funcionarios y el propio Trump con certeza serán fulminantes: altos aranceles ante el aprovechamiento de México del mercado estadunidense –México se convirtió en el primer socio comercial de EU desde 2023 con 15.65 por ciento de su comercio total, por encima del 14.31 por ciento de 2017, y particularmente, con el aumento las exportaciones de México a EU de 13.36 a 15.43 por ciento en el mismo periodo– y, no menos relevante, por integrar masivamente partes y componentes chinos que EU busca limitar y prohibir en sus importaciones. Un decreto presidencial unilateral, incluso antes de iniciar negociación alguna, pudiera generar una enorme incertidumbre global, con énfasis en China y en México.
Desde una perspectiva mexicana, ¿qué argumentos pudieran ser funcionales para una negociación?
En primer lugar, destacar la importancia del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) negociado en 2018 y puesto en marcha durante la anterior presidencia de Trump, buscando fortalecer la integración regional entre los tres países. El T-MEC prevé con detalle los escenarios de mercancías que cumplen (o no) con el valor agregado de la región y los respectivos aranceles.
Segundo. El comercio intraindustrial de Estados Unidos –las exportaciones e importaciones en el mismo sector/subpartida que refleja el grado de integración entre países– es significativamente más alto con México que con el resto del mundo y particularmente China. Hasta 2019 el comercio intraindustrial con México fue de 0.32, semejante al de inicios del TLCAN, en 1994, y desde entonces ha aumentado ligeramente; el de China no ha superado 0.15 en la última década. Es decir, las significativas importaciones y exportaciones de Estados Unidos con México (en 2023 fue el segundo destino de las exportaciones de EU, sólo después de Canadá) refleja una intensa integración comercial bilateral: México importa masivamente partes y componentes para ensamblarlas y exportarlas a EU.
Tercero. Si bien es cierto que en 2020 el valor agregado chino en las exportaciones mexicanas a EU fue de 21.2 por ciento (La Jornada, octubre 9, pp. 18), es al menos tan significativo que la mayor parte de las exportaciones se realizan por empresas estadunidenses (hasta 70 por ciento, según algunas estimaciones oficiales). Es decir, son particularmente las empresas extranjeras y estadunidenses establecidas en México las que han integrado masivamente valor agregado chino en las últimas décadas. Un arancel impuesto a México afectaría particularmente a empresas estadounidenses establecidas aquí.
Los argumentos bien pudieran apoyar una negociación con EU en aras de definir una estrategia regional, por ejemplo de sustitución de sus principales importaciones (desde China y de otros países) a corto, mediano y largo plazos. Será para México crucial no caer en el security-shoring estadunidense y lograr definir su propia seguridad nacional ante la confrontación entre EU y China. La negociación no será fácil, considerando que las amenazas estadunidenses también serán frontales en los ámbitos del crimen organizado y de la migración. En el ámbito del comercio bilateral, sin embargo, parecieran existir argumentos contundentes para sentar bases para un diálogo, incluso ante la revisión del T-MEC en 2026; sin embargo, masivos y unilaterales aranceles en 2025 pudieran dejar poco que revisar en 2026.
Desde una perspectiva mexicana, al menos tan importante, es tener claridad –en paralelo con su conexión con EU– en su relación bilateral y comercial con China, su segundo socio comercial desde 2003.
La polémica de EU o China, desde esta perspectiva, no tiene sentido para México en el ámbito económico y comercial y las diversas autoridades responsables deberán prepararse con detalle en estos múltiples frentes a corto plazo y hasta enero de 2025.
¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China México de la UNAM
Panorama internacional
Venezuela, EEUU, Brasil, siempre con el petróleo de telón de fondo
Aram Aharonian *
Embargos comerciales, vetos en organismos económicos, congelamiento de activos, órdenes ejecutivas: todas estas medidas bien se pueden agrupar bajo el término genérico de “sanciones”, acciones que buscan debilitar la economía de un país, socavar su soberanía y limitar su acceso a inversiones y recursos financieros.
Las sanciones internacionales se constituyen en instrumentos políticos de derecho internacional cuya aplicación se ha extendido en el sistema de relaciones internacionales. Sin embargo, la imposición e implementación de estas sanciones tiene efectos no solo en el país receptor, sino también en los países de la región a la que pertenece, y en las relaciones entre ellos.
Poco antes de las elecciones de este año en Venezuela, Estados Unidos recurrió una vez más a las sanciones económicas como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, tratando de inclinar la balanza hacia el candidato opositor Edmundo González y su promotora María Corina Machado.
A pocos días de entregar el mando a Donald Trump, Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, tuiteó sobre Venezuela, calificando al ex candidato de la ultraderecha, Edmundo González, como “presidente electo”. Algo que se había cuidado muy bien de hacer.
En 2015, bajo el mandato de Barack Obama, EEUU impuso las primeras medidas en el marco de la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, con la que se pretendía castigar a los señalados como responsables de violaciones de derechos fundamentales.
Las primeras sanciones de carácter económico se remontan a 2017. El Departamento del Tesoro a las órdenes de Donald Trump impuso restricciones a las operaciones, transacciones y negociaciones entre entidades y personas estadounidenses y el gobierno venezolano.
Esto llevó a una política de sobrecumplimiento en los departamentos legales de los bancos estadounidenses con relación a transacciones en las que estuvieran involucrados ciudadanos venezolanos.Ese añoVenezuela entró en default en sus pagos de deuda.
En los años siguientes, se fueron agregando sectores y organismos específicos. En 2019, en pleno pulso entre el presidente-títere Juan Guaidó y Maduro, Washington golpeó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), debilitada por la crisis económica. Por primera vez, se suspendió el intercambio petrolero entre Venezuela y EEUU, un tradicional cliente y pagador de la petrolera venezolana que le despachaba entonces unos 500.000 barriles diarios.
En 1976, Juan Pablo Pérez Alfonzo, exministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y conocido como el padre de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), calificó el petróleo como «excremento del diablo», aludiendo al peligro que representaba para una sociedad tener un reservorio de recursos naturales que podría proporcionar dinero fácil, sin mayores esfuerzos.
El camino a la flexibilización de estos bloqueos a la venta del petróleo venezolano empezó el 25 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania. Seis reuniones en Doha, auspiciadas por Qatar en paralelo a las negociaciones con la oposición que habían iniciado un año antes en México, llevaron a los Acuerdos de Barbados, con una serie de compromisos políticos, y a la implementación de la Licencia 44, que abrió la puerta a la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela.
Junto con estas sanciones, conocidas como “primarias”, se aplicaron las llamadas “sanciones secundarias” que amenazan con un veto en el sistema financiero estadounidense, no solo a los ciudadanos de ese país sino a ciudadanos y entidades extranjeras que “asistan materialmente, patrocinen o proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al sancionado Gobierno de Venezuela”.
Con esta prohibición se complicó la comercialización del crudo de PDVSA en los mercados internacionales y llevó al país caribeño a recurrir al mercado negro de petróleo, comerciándolo con grandes descuentos, y a tretas como el uso de buques fantasma para asegurar la venta o el trueque por mercancías o derivados de hidrocarburos de los barriles que se iban quedando en los muelles de PDVSA.
El cambio sobre el régimen sancionatorio de Venezuela tuvo un movimiento previo a finales de enero, cuando el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación deMaría Corina Machado, la cndidata preferida por Washington: el Departamento del Tesoro ordenó cerrar todas las operaciones con Minerven antes del 13 de febrero de 2024 que habían sido permitidas con la emisión de la licencia 43A en octubre pasado.
Venezuela llegó a exportar más de tres millones de barriles diarios, pero no ha vuelto a superar el millón desde que registró sus mínimos en el momento de mayor crisis en las operaciones de la empresa estatal que se agudizó con el veto de Estados Unidos al petróleo venezolano. Hoy se producen entre 800.000 y 850.000 barriles diarios.
Brasil, el socio de EEUU en los Brics
Los BRICS, por su parte, persiguen la promoción de inversiones, el fortalecimiento de la industria, la energía y la agricultura en sus países miembros. En este contexto, el sorpresio y sorprendente veto de Brasil al ingreso de Venezuela al bloque representa un golpe a su economía, lo que inevitablemente incide sobre las condiciones de vida de su población e impulsa la migración.
En 2020, en plena pandemia, Estados Unidos vetó el acceso de Venezuela a los recursos asignados por el Fondo Monetario Internacional para implementar las medidas sanitarias necesarias contra el Covid-19. Este veto se sumó al conjunto de sanciones dirigidas a provocar un ‘cambio de régimen’.
Desde inicios del siglo XX, la política exterior brasileña ha mostrado una alineación estratégica con Estados Unidos, en un fenómeno que el historiador Bradford Burns describió como una “alianza no escrita” entre ambas naciones. Esta alineación, facilitó el camino para que Brasil se extendiera hacia territorios de Bolivia y Perú.
El vínculo evolucionó con los años y ha consolidado una relación de dependencia. En la actualidad, es precisamente en la Amazonía, en la base aeroespacial de Alcántara, donde hay presencia militar estadounidense. Esta presencia representa no solo una asociación, sino también una forma de subordinación más amplia de los intereses de seguridad y defensa brasileños a los de Estados Unidos, en el marco de esa “alianza no escrita”.
En medio de la difícil situación económica y la disputa poselectoral, el veto brasileño cumple, como toda decisión política, un papel dentro de una estrategia más amplia. Objetivamente, en el corto plazo, esta medida parece no tener otro fin táctico que colocar obstáculos a la juramentación del 10 de enero y crear condiciones para un ‘cambio de régimen’.
Celso Amorim expuso lo que podría considerarse la meta estratégica detrás del veto a Venezuela. Durante su intervención, Amorim afirmó: “El principal interés es evitar que Venezuela se convierta en el foco de rivalidades geopolíticas que amenazan la paz en América del Sur y que signifiquen conflictos en el ‘corazón’ de la Amazonía”.
Al señalar a Venezuela como una amenaza latente para la paz en la Amazonía, Amorim no solo conecta el veto con el interés de Brasil en las Guayanas, sino que también revela la existencia de una estrategia que va mucho más allá del mero desacuerdo político.
Tanto la preservación de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región como los planes de expansión de Brasil requieren una Venezuela debilitada, un país que no recupere fácilmente su economía ni su influencia en el continente. Ese es el papel de los vetos y las armas: dos caras de una misma moneda. El veto es, así, una herramienta que ha sido utilizada en función de ese “principal interés”.
Cuando Amorim menciona el “corazón de la Amazonía”, resulta inevitable pensar en los intereses estratégicos y los planes de expansión de Brasil. Para Brasilia, toda esa área representa su ‘zona de influencia natural’. Por eso, Brasil no ve con buenos ojos las reclamaciones venezolanas sobre el Esequibo y ha impulsado una política de apoyo a Guyana que incluye respaldo militar, diplomático y proyectos de conexión vial.
Rubio y lo que vendrá
La designación de Marco Rubio como secretario de Estado del próximo gobierno de Donald Trump no solo tendrá implicaciones diplomáticas globales, sino que es, en sí misma, una declaración de propósitos sobre América Latina. Rubio ha jugado un papel central en la política hacia Venezuela y ha adoptado una constante posición de «máxima presión».
No se trata solo de su cuestionamiento al gobierno venezolano ni de su rechazo a cualquier alivio de las sanciones petroleras, sino que su pensamiento político está profundamente marcado por su origen cubano, que lo coloca en una perspectiva particular sobre la región.
Para Rubio, el realineamiento de Venezuela en la esfera de influencia estadounidense forma parte de un cambio más amplio en el panorama de América Latina, una transformación que también abarca a Cuba. En este sentido, su política hacia Venezuela se enmarca en una visión que busca reconfigurar los lazos de poder en el hemisferio bajo una mayor tutela estadounidense.
A pesar de que Trump dejó claro en su primer mandato su interés por derrocar a Nicolás Maduro y aplicar una política de “máxima presión”, lo que no está claro es cómo abordará la situación ahora, si continuará o incrementará la estrategia de presión, si buscará nuevas alternativas, como un acuerdo sobre suministros petroleros y licencias, o si realizará algún tipo de intervención militar directa o encubierta.
Rubio llega a la secretaria de Estado con el sesgo de una visión muy particular hacia Cuba y Venezuela, la de un cubanoestadounidense, lo que plantea dificultades tanto para el cumplimiento de sus responsabilidades como para su propia carrera política. El problema para Rubio como aspirante presidencial está en lograr resultados concretos en Venezuela y Cuba, un asunto que no es sencillo.
El incremento de las sanciones a Venezuela afectaría lo suministros de petróleo pesado tan necesarios para las refinerías estadounidenses y difíciles de conseguir en otros mercados. Un bloqueo más severo que el actual deterioraría las condiciones de vida de la población e impulsaría la migración.
Por otra parte, si se optara por una intervención militar sangrienta, directa o encubierta, ya sea en Cuba o Venezuela, Rubio estaría frente a una situación de consecuencias imprevisibles, tanto para los países implicados como para sus aspiraciones presidenciales.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
COP16 | Avance indígena y Marco Global de Diversidad Biológica
Sandro Chávez *
Más de un tercio de las especies de árboles se enfrentan a la extinción en la naturaleza, el número de árboles amenazados ahora supera a todas las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios amenazados juntos, según la última la lista roja oficial de extinción2.
El 77% de los arrecifes del mundo están afectados por el blanqueamiento, debido principalmente al calentamiento de las aguas oceánicas en medio del cambio climático provocado por los seres humanos3.
En los últimos 50 años (1970-2020), el tamaño medio de las poblaciones de fauna silvestre analizadas en las mediciones del Índice Planeta Vivo (IPV) de la WWF, se ha reducido en un -73 %, lo que está basado en el seguimiento de casi 35 000 tendencias poblacionales de 5495 especies de anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles. El IPV para el caso de América Latina y el caribe es lamentablemente de -95%4.
En medio de este preocupante contexto, en la CP 16, tras una negociación histórica que durante años han demandado los pueblos indígenas, fue la creación de un órgano subsidiario del Convenio sobre Diversidad Biológica, para implementar el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales, así mismo también se alcanzó el reconocimiento de los afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.
En el caso de las delegaciones peruanas destaco la presencia del Grupo Perú de PPII formado por ANECAP, AIDESEP y CONAP, principales organizaciones indígenas peruanas que desarrollaron varias actividades y eventos durante la COP, entre ellos podemos destacar la suscripción de un convenio entre el MINAM y el Grupo Perú de PPII para la conservación de los bosques que promueve la implementación de la 1ra propuesta mundial de REDD+ Jurisdiccional Indígena en zonas con alta cobertura forestal y baja deforestación (HFLD).
Es importante resaltar las propuestas que impulsa ANECAP (representante de los Ejecutores de Contrato de administración (CA) de 10 Reservas Comunales), ha logrado destacar el avance de su propuesta de REDD Indígena Amazónica (RIA), que se muestra como una mejor opción para el aprovechamiento de los créditos de carbono en beneficio directo de la comunidades indígenas, así mismo, la cogestión como un modelo de gestión participativa, que ahora se va ampliando a otros CA, como los que se impulsa en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y el Bosque de Protección San Matías San Carlos.
La COP16 cierra, sin un acuerdo sobre una hoja de ruta para aumentar la financiación para la protección de la biodiversidad. Esto debido a la falta de definición de un modelo de financiamiento para llevar el plan de protección de la biodiversidad a la realidad, identificando las fuentes de recursos, los mecanismos de acceso y de ejecución. Los cálculos indican que para la implementación del marco se requieren 700.000 millones de dólares. Sólo se prometieron 163 millones de dólares al Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica de los 200 000 millones de dólares necesarios al año. Este inero eleva el total del fondo a 400 millones de dólares, que es apenas el 0,2% de lo que se necesita cada año.
Se aprobó un acuerdo global para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales luego de ocho años de negociaciones. Este representa un paso significativo hacia el objetivo de conservar el 30% de las áreas marinas para 2030.
Se ha creado un fondo mundial para establecer pagos por el uso de secuencias genéticas digitalizadas, denominado Fondo de Cali, que garantizará el reparto de los beneficios obtenidos por la biodiversidad. Este fondo incluye pagos por parte de grandes farmacéuticas, agroindustrias y biotecnología por el uso que hagan de los recursos genéticos, según los expertos podría recaudar hasta 1.000 millones de dólares al año para la conservación y restauración de la biodiversidad.
A pesar de lograrse establecer un Marco de Evaluación y Seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que incluye una serie de indicadores y fuentes de información que permitirán recopilar datos sobre el progreso en el cumplimiento de sus 23 metas concretas, falta definir los mecanismos de monitoreo para medir los avances de los países en el cumplimiento de la hoja de ruta para la protección de la biodiversidad.
Al final en Cali, se habían presentado 44 Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP) revisados y 119 Partes habían enviado Metas Nacionales revisadas, lo que representa alrededor del 63% de los países, un aumento sustancial frente a los días previos a la COP, cuando menos de la mitad de los países habían publicado planes u objetivos.
La COP16 debió ser la cumbre de la implementación y desarrollo del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, establecido en Canadá en el 2022 para proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030, pero lamentablemente solo se ha avanzado una parte, lo cual deja nuevamente en serio riesgo a la gran biodiversidad del planeta que como se ha venido indicando desde la ciencia está en serio peligro, y que los retrasos en las decisiones políticas solo abonan en su casi inexorable desaparición.
Notas
1 Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 (PNUMA)
2 https://www.iucnredlist.org/
3 Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
4 Informe Planeta Vivo 2024 (WWF)
(*) Biólogo, Magíster en gestión Pública.