El futuro argentino: huellas en el pasado
Horacio Rovelli
Ambos estudiaron derechos y obligaciones en Chuquisaca y tomaron abiertamente posición y defensa por los indios, ante su mal trato por corregidores y malos curas doctrineros. Y ambos eran defensores acérrimos de la producción y el comercio local, como lo redacta Mariano Moreno en su Representación de los hacendados, donde manifiesta que el libre comercio debe ser con protección para la producción del interior por medio de la elevación de aranceles. Incluso exigía que los importadores fuesen obligados a exportar por lo menos un 50% de lo importado.
Fueron ellos los que tomaron la decisión de fusilar a Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista, al servicio de España.
Juan José Castelli vio caerse en pedazos el ideal revolucionario y cómo los enemigos encubiertos de la patria calumniaban y relegaban a sus mejores hijos. Vencido por la enfermedad, nos dejó una sentencia que se repite como se repiten los serviles al poder.
El poder tras la sombra
El ejército inglés fue vencido en estas pampas en 1806 y 1807 al ser identificado claramente como el enemigo. Pero los comerciantes ingleses supieron corromper a parte de los representantes y funcionarios de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata; por eso Bernardino Rivadavia nos endeudó por 1.000.000 de libras esterlinas con la Baring Brothers.
Y Bartolomé Mitre (que también nos endeudó por 2.500.000 libras esterlinas), tergiversando la historia, sostuvo que un servil del imperio como Rivadavia (y como el mismo Mitre) era un defensor del comercio libre; es más, tras la Guerra de la Triple Infamia contra el heroico pueblo del Paraguay, afirmó: “En la guerra del Paraguay ha triunfado no sólo la República Argentina en su capacidad política de Nación, no sólo la Triple Alianza en reivindicación de sus derechos, sino también los grandes principios del libre cambio, que son los que vivifican el comercio”, para considerar finalmente: “Entonces podremos inscribir en nuestra bandera de inmigración la famosa leyenda del sistema norteamericano: libertad y propiedad, y el último esfuerzo estará hecho y la última palabra estará dicha” [2].
El mercado de cambio de Buenos Aires se creó con la guerra al Paraguay, por los empréstitos tomados por Norberto De La Riestra en nombre del gobierno mitrista de 2.500.000 libras esterlinas, y por el ingreso de divisas del imperio de Brasil para financiar la guerra y comprar caballos, mulas, vacas, etc.
Seis años antes, el 12 de noviembre de 1863, los esbirros de Mitre matan a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, de quien dijera José Hernández: “Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República. El partido federal tiene un nuevo mártir. El general Peñaloza ha sido degollado”.
“Nunca fue la República teatro de una matanza tan formidable, no hay provincia que no cuente con una hecatombe, no hay pueblo que no lamente un crimen. Son víctimas de este gobierno, todos los argentinos fusilados y lanceados en las provincias del interior desde que subió Mitre a la presidencia hasta hoy. Rivas, Arredondo, Paunero, Sandes y todos los jefes que han formado parte de las expediciones al interior, para someter a los pueblos al despotismo militar de Mitre, pueden dar fe de sus carnicerías” [3].
No otra hecatombe es la actual, con un gobierno servil al poder económico, poder cuya base está en el capital financiero de Manhattan (como en el siglo XIX y hasta la crisis de 1930 en Londres). Para ello también necesitan de los oficios de los grandes medios de comunicación, tergiversando la realidad, mintiendo que el ajuste económico y fiscal es necesario para resurgir de las cenizas, cuando ha quedado demostrado en las cuentas públicas (Resultado 
Fiscal) que el superávit financiero de la Administración nacional en su totalidad, en los primeros diez meses de este año, por 2.701 millones de dólares (es en pesos por 2,7 billones de pesos.
Pero el Tesoro de la Nación compró al tipo de cambio oficial en el Banco Central (BCRA), disminuyendo sus reservas internacionales) en torno a los 1.000 pesos por dólar, es para pagar en forma adelantada capital en dólares y euros correspondientes a los bonos Globales y Bonares, con vencimiento en enero de 2025. Los pagos de renta para esos mismos bonos, que también vencen en enero 2025, ya fueron asegurados con una compra previa de dólares en agosto de 2024.
Ese pago al exterior se hace a cuesta de pagar una jubilación en octubre de 2024, a cinco millones de beneficiarios, de 244.320,56 pesos por mes, más un bono de 70.000 pesos, cuando la canasta básica total del INDEC para una persona para no ser pobre, en el mes de septiembre de 2024, fue de 312.175 pesos.
Los jubilados y pensionados protestando con todo derecho son violentamente reprimidos [4]; por ejemplo, el día miércoles 6 de noviembre, frente a las oficinas del PAMI y en reclamo de la entrega de medicamentos, el jubilado Gerardo Mirkin fue asfixiado al ser tomado violentamente por el cuello por un policía de la ciudad y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia donde se recuperó. Tuvo más suerte que Facundo Molares, que, reprimido por esa misma policía, falleció en una manifestación pacífica frente al obelisco de la ciudad, el 9 de agosto de 2023.
El DNU 20/2023
Más allá de la defección posterior de Justo José de Urquiza, lo cierto es que el enfrentamiento con el puerto de Buenos Aires de la Confederación Argentina permitió que se incorporara a Buenos Aires en 1859 a la Constitución redactada y aprobada por la Confederación en 1853, tras la derrota de Mitre en la Batalla de Cepeda, posibilitado por el Pacto de San José de Flores. Pacto que, por supuesto, Mitre firmó pero no cumplió, como tampoco lo hizo tras la derrota de Urquiza en Pavón, Constitución nacional que modificó en 1866 durante su mandato presidencial (1862-1868).
Sin embargo, Mitre no modificó lo establecido en 1853, que es el actual art. 116, por lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales anteriores el conocimiento y decisión de “todas las causas” que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación.
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en la Argentina se establecieron en la Constitución nacional en la reforma de 1994, pero si el Poder Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia que no cumple con los requisitos de habilitación constitucional, entonces, la ineludible consecuencia jurídica constitucional es la nulidad absoluta e insanable de este, tal lo dispuesto en el inciso 3 del art.99 de la Constitución [5].
El DNU 70 fue publicado en el B.O. el 21 de diciembre de 2023, entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y, dispone más de 300 modificaciones a la legislación en uso [6], en el marco de declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025 (art. 1º). Para asegurar el libre mercado se dispone de la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional (art. 2º).
El Senado de la Nación, el 14 de marzo de 2024, rechazó el DNU 70/23, pero en la Cámara de Diputados no se dignaron a tratarlo y en este mes de octubre de 2024 están trabajando en varios proyectos que tienen como fin el de fijar un plazo de entre 30 y 60 días para que el Congreso de la Nación se pronuncie sobre la validez de un DNU.
El DNU 70 es una reforma constitucional impuesta por las grandes empresas que pagaron a los grandes estudios para su redacción, para su exclusivo beneficio y en desmedro de la población. La población que lo votó a Milei es estafada porque, en lugar de que el ajuste lo pague la casta, lo paga el pueblo y sobre todo los más vulnerables, trabajadores precarizados, trabajadores estatales, jubilados y pensionados, desocupados, pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno, incluso productores agropecuarios, por el precio de las divisas que obtienen por sus ventas y la banda etaria de 16 a 25 años de edad, presionados por los bajos salarios y las limitaciones económicas y geográficas para poder estudiar.
En el caso del “campo” —como les gusta llamarse— van a pagar el dólar barato del sector más rico de la sociedad que va a veranear al exterior. Según estimaciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, la demanda de dólares por turismo en este verano requerirá de 1.300 a 1.600 millones de dólares por mes, pero los va a obtener de la liquidación de la venta de la cosecha fina.
En síntesis
El enemigo del pueblo argentino queda encubierto por un gobierno elegido por la población, que lleva adelante una política interna para favorecer al gran capital que opera en el país, que no trepida en ceder los recursos naturales que le pertenecen a la Argentina, y a su vez, se dispone a privatizar las compañías más relevantes como el tren Belgrano Carga y otras ramas ferroviarias, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda, los bancos Nación Argentina y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la Televisión Pública.
Es más, se plantea vender la participación de la ANSeS en grandes empresas locales (Pampa Energía; Banco Macro; Banco Galicia; Banco BBVA; Banco Supervielle; Aluar; Capex, Central Puerto; Central Costanera; CRESUD; Grupo Clarín; Ledesma SAIC; Molinos Ríos de la Plata; Transener; TGN; TGS; etc.)
Todo ello amparado en el DNU 70/23 y todos los DNU que precise el Presidente hacer para llegar a tal fin, para pagar los servicios de una deuda que no se investigó y que beneficia a esos mismos grupos económicos que pagaron los estudios que redactaron las leyes y decretos de esta Administración.
Y en el plano externo, subordinación total e incondicional al Departamento de Estado de los Estados Unidos, llegando a echar a la canciller y poner en su lugar al que hacía de embajador argentino en los Estados Unidos, para no contrariar su voluntad.
Bernie Sanders publicó una nota de reflexión sobre la victoria de Donald Trump del martes 5 de noviembre de 2024, en donde critica a la conducción demócrata y se cuestionó “si los muy bien remunerados representantes de su partido comprenden el dolor y la alienación política que experimentan decenas de millones de personas”. También se preguntó: “¿Tienen idea de cómo enfrentar a una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder político y económico? Probablemente no”.
La misma pregunta de Bernie Sanders se la podríamos hacer a los 134 diputados y los 38 senadores que votaron el RIGI [7], a Edgardo Kueider o a Martín Lousteau, el primero firmó el dictamen y el segundo dio el quorum para que se apruebe el RIGI. No saben ni les interesa saber que en la Argentina un millón de chicos se van a dormir sin comer y no se sabe qué comieron durante el día. Tampoco les interesa el futuro argentino, solo les preocupa su interés personal.
Si no se plantea otro camino, no va a haber cambio alguno y se le da la razón al prócer Juan José Castelli.
Notas
[1] Castelli y Moreno propiciaban el libre comercio entre naciones (sin la tutela de España), no el libre mercado. Esto es que el Estado podía fijar aranceles y medidas arancelarias, así como apoyar determinadas ventas al exterior.
[2] “El Comercio”, nota de Bartolomé Mitre en Buenos Aires, 6 de diciembre de 1869.
[3] Expresiones de Laurindo Lapuente, un testigo de la época, citado por Juan José Hernández Arregui en “Nacionalismo y Liberación”.
[4] El Papa Francisco: El gobierno de Milei gasta en gas pimienta más que en la jubilación (el valor de cada envase de gas pimienta utilizado por las fuerzas de seguridad durante los mega operativos desatados por Patricia Bullrich es de 250.000 pesos aproximadamente).
[5] Art. 99, inc. 3: El Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
[6] Entre otras derogó la ley de alquileres; de góndola; de abastecimiento; desregula las tarjetas de crédito; la obligación de los depósitos judiciales en el Banco de la Nación Argentina; deroga la ley de compra nacional; desregula funciones del Estado; deroga la ley N.º 14.499 Bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados; deroga la ley N.º 20.705 de Sociedades del Estado; modifica la Ley de Empleo N.º 24.013 a los efectos de realizar su flexibilización laboral; deroga la Ley de Indemnizaciones Laborales N.º 25.323 y con ello la duplicación de la indemnización por despido; modifica la ley de empleo; modifica la ley de Contrato de trabajo; elimina la Política Nacional Aeronáutica, atentando contra la integridad y el control territorial. Utiliza lenguaje restrictivo para referirse al espacio argentino; modifica la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; facilita el proceso de privatización del fútbol argentino mediante la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas; etc.
[7] El Régimen Incentivo Grandes Inversiones es la extensión y profundización de la ley de Gran Minería sancionada durante el menemismo, al posibilitar que tanto los recursos exportados como las divisas obtenidas se queden fuera del país, acompañada de inauditas prebendas tributarias y aduaneras, sin obligación de abastecer al mercado interno y con prioridad en el uso de nuestros recursos naturales.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).