Ignominia: Jueza absolvió a los implicados en los casos Panama Papers y Lava Jato
Álvaro Verzi Rangel
Los 28 implicados en Panamá por los casos Lava Jato y Panama Papers quedaron libres de acción penal luego que la Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, dictara una sentencia absolutoria, informó el Órgano Judicial de Panamá.
La jueza absolvió por falta de pruebas a los imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido como Panama Papers, Papeles de Panamá. En 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló las identidades de miles de ultrarricos que usaron los servicios de ese despacho para ocultar sus fortunas, evadir impuestos y, en muchos casos, esconder el origen ilícito de sus recursos.
El desenlace del escándalo pone en evidencia la deplorable tolerancia de autoridades políticas y judiciales hacia los evasores fiscales. No sólo la monarquía saudita se mantiene intacta y las autoridades ucranianas usan la guerra con Rusia para encubrir su corrupción y la de sus antecesores, sino que David Cameron (primer ministro británico salpicado por el caso) volvió al gobierno británico.
Asimimo, el expresidente argentino Mauricio Macri sigue libre y hoy ejerce un enorme poder en la administración del libertario Javier Milei, quien depende por completo de su antecesor para tramitar cualquier iniciativa en el Congreso.
El fallo judicial de los “Panama Papers” es de “difícil comprensión en el exterior”, aunque este caso “ni siquiera ha terminado”, afirmó Carlos Barsallo, expresidente de la sección panameña de la ONG Transparencia Internacional, quien resaltó que la justicia panameña logró lavar su imagen por condenas importantes por blanqueo de capitales en casos de alto perfil, como la del expresidente Martinelli, pero ahora “la mesa está servida para mucha confusión” en la imagen exterior de Panamá.
Máxime cuando la jueza agregó que las causas por las que se dio la sentencia absolutoria fue porque no se pudo demostrar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, en tanto que en Panama Papers «la juzgadora pudo determinar que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, contentivas de evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores ‘hash’ que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad».
Decretó la “extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso”, el abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca, quien murió el pasado 9 de mayo a causa de una neumonía que se le complicó y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados, entre ellos el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma. Mossack fue absuelto de todo cargo.
En el caso “Lava Jato”, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente”. La trama ‘Lava Jato’ de Brasil se acumuló en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.
Debido al escándalo, Mossack Fonseca cerró y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada, lo que provocó la caída drástica de la creación de sociedades opacas. Panamá realizó reformas legales, como la penalización de la evasión fiscal, que no era un delito antes de los “Panama Papers”. Esos cambios permitieron al país salir en 2023 de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, aunque permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por la Unión Europea.
Los señalados en el caso estaban acusados por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Además de celebridades, quedaron expuestos gobernantes y funcionarios de todo el mundo, como los entonces mandatarios de Argentina, Reino Unido, Arabia Saudita y Ucrania, así como ex dirigentes de Iraq, Jordania, Sudán y otros.
El cinismo del capital
El consorcio de periodistas que hizo la investigación de los “Panama Papers” defendió este sábado su labor, después de que la justicia panameña absolviera a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo en 2016.
“Si bien el tribunal no responsabilizó a estos acusados, el impacto duradero de nuestra investigación persiste”, dijo Gerard Ryle, director ejecutivo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que publicó los “Panama Papers”. “Al revelar verdades ocultas, brindamos al público la información que necesita para exigir rendición de cuentas e impulsar reformas”, añadió Ryle en un comunicado.
Con el cinismo que caracteriza a los bufetes de abogados de los millonarios y de las grandes empresas, la defensa de Fonseca lamentó el estigma que queda detrás de todas las personas que fueron enjuiciadas y la muerte civil que, asegura, padecieron los acusados.
Asimismo quedó claro que la connivencia o la propiedad directa de los magnates sobre los grandes medios de comunicación impidió que las sociedades conocieran y comprendieran a cabalidad el significado de las revelaciones, cuyo fondo es la naturaleza depredadora del capitalismo, el origen ilícito de una buena parte de las grandes fortunas y la destrucción de derechos humanos como la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, las pensiones, y muchas otras prestaciones sociales desfinanciadas por el desvío sistemático de dinero a paraísos fiscales.
La abogada Daika Indira Levy reconoció que la práctica totalidad de la vida empresarial de Panamá se basaba en legalizar los métodos de rapiña proscritos por la mayoría de los estados: basta señalar que antes de los Panama Papers la evasión fiscal ni siquiera estaba tipificada como delito en el país.
Las consecuencias han sido desproporcionadamente pequeñas en comparación con el daño que Mossack Fonseca y sus clientes infligieron a cientos, acaso miles, de millones de personas. Es cierto que varios altos funcionarios se vieron forzados a dimitir y algunos fueron condenados.
No puede subestimarse el servicio informativo brindado a la ciudadanía global por quienes trabajaron para exponer las redes que facilitan la corrupción y la evasión fiscal, pero tampoco es posible soslayar la alarmante normalización de las prácticas corruptas y el fraude a la hacienda pública, por lo que es necesario proseguir la labor de comunicar la ubicuidad de estas conductas y, sobre todo, sus atroces consecuencias sobre los derechos de la población.
* Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)