Panorama Económico Latinoamericano – Del 21 al 28 de febrero de 2024
Industria del acero en Latinoamérica expuesta a una competencia desleal
Alejandro Wagner y Jesús Flores*
Las autoridades chilenas tienen en sus manos la decisión sobre el futuro de su única industria siderúrgica integrada, orgullo del crecimiento y progreso de su país. De ella dependen miles de empleos y el desarrollo productivo nacional. Es hora de actuar por el bien de su gente y de su industria.
La industria mundial del acero atraviesa desde hace casi dos décadas una profunda transformación desde que China se convirtió en el mayor productor -y luego exportador- gracias a un modelo estatal de desarrollo que impulsó su industria nacional con apoyos gubernamentales y subsidios.
La producción creció en forma exponencial, llegando según worldsteel a 1.019,1 Mt de acero crudo en 2023 (alcanzando 54% de la producción mundial total) para satisfacer la demanda de acero de la transformación manufacturera de China, pero, en simultáneo, el gigante asiático comenzó a inundar el mundo con excedentes de su acero subsidiado por debajo de los precios de mercado. El acero originario de China se volvió, así, un insumo relevante en las cadenas de valor.
Como consecuencia, la participación de las importaciones de China en el consumo de acero creció, afectando la producción doméstica en todo el mundo e impactando con fuerza a Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, México y Brasil, entre otros países.
Este fenómeno se vio agravado en los últimos años por una desaceleración de la demanda de acero, mientras que la oferta seguía creciendo. Ello produjo un problema adicional: el exceso de capacidad, que se tradujo en mayores flujos de exportaciones de origen asiático y a precios bajos con lo cual se vieron afectados los niveles para hacer redituables las inversiones en la industria del acero. En el año 2000, China exportaba a Latinoamérica 80.500 toneladas de acero y hoy exporta más de 7 millones de toneladas anuales.
Chile no ha estado exento de este fenómeno. La Compañía Siderúrgica Huachipato, emblema para toda América Latina, ha acumulado pérdidas por más de US$1.000 millones desde 2009 y casi la mitad de ese total en los últimos dos años, producto de las distorsiones de precios y la competencia desleal del acero chino. Este ritmo de pérdidas es insostenible para cualquier empresa en el mundo.
Si consideramos el primer semestre de 2023, la región tenía 63 acciones antidumping vigentes, 40 de las cuales estaban dirigidas contra China. En el caso de Chile, en el mismo periodo, había una acción vigente y una acción en análisis, ambas contra China.
Por ello, desde Alacero, la Asociación Latinoamericana del Acero, resaltamos que es indispensable adoptar las medidas necesarias para erradicar las distorsiones de precios en el acero que ingresa al país, de manera de asegurar reglas de juego justas, un imperativo para una nación abierta al mundo y estandarte del libre comercio, como Chile.
Existen antecedentes. Desde 2018, Estados Unidos y la Unión Europea comenzaron a aplicar salvaguardas contra el acero chino. América Latina no logró reaccionar con medidas similares como lo hicieron los países desarrollados y hoy está pagando las consecuencias. Ello se puede explicar por diversas razones: una es la dificultad para competir ante los traders que llevan la ventaja de las grandes escalas de comercio y niveles de precio; otra, la tentación a pensar que se trata de acciones proteccionistas.
Mientras tanto, estos flujos comerciales han dañado la generación de empleo de diversas comunidades y amenazan la continuidad de empresas críticas para el desarrollo de los países, como la industria del acero nacional. Nuestra región tiene 1,4 millones de empleos creados (directos e indirectos), con un consumo anual de alrededor de 70 millones de toneladas. Sin embargo, las importaciones representan alrededor del 40% de este consumo, lo que equivaldría a una creación de empleo que podría partir de los 500.000 empleos potencialmente generados si se produjera dentro de América Latina. En el caso de Chile, llama la atención que las importaciones rozan el 70% del consumo, en una industria nacional que genera alrededor de 15 mil empleos, con gran potencial de recaudación tributaria por el desarrollo económico de la industria del acero y de sus trabajadores, y el potencial de gestión estratégica de la tasa impositiva a las importaciones.
Debido a brechas estructurales, los efectos de la pandemia han impactado en la necesidad de revisar las estrategias de comercio, valorando de forma distinta la relevancia de otorgar mayor incidencia a factores económico-sociales y no solo de precio.
*Director Ejecutivo de Alacero/Presidente del Comité de Economía y Relaciones Institucionales de Alacero, respectivamente
La inflación interanual argentina superó el 254%
En Argentina, la inflación de enero fue del 20,6% en relación al mes anterior y acumuló 254,2% en los últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El alza del costo de vida en enero fue 4,9 puntos porcentuales debajo del pico marcado en diciembre, mientras el incremento interanual fue el más elevado desde abril de 1991.
La división de mayor aumento en el mes fue Bienes y servicios varios (44,4%), producto del incremento en artículos de Cuidado personal. Le siguieron Transporte (26,3%) –por las subas en transporte público y el arrastre del aumento de combustibles– y Comunicación (25,1%), por el alza en servicios telefónicos y de internet.
En la comparación interanual, la suba de precios de los alimentos incluidos en la canasta básica alimentaria (CBA) llegó casi al 300%. Sin embargo, el pan tuvo un alza del 318% en GBA y del 343% en la Patagonia. Los gastos en las empresas de medicina prepaga, es decir la suba de sus cuotas, aumentaron un 200% interanual.
La inflación mensual quedó apenas por debajo de la proyección del mercado, que estimó que se ubicaría en 21,9%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En los primeros dos meses de la administración del ultraderechista Javier Milei la inflación alcanzó los 46 puntos porcentuales.
En la comparación interanual, los alimentos registraron un alza cercana al 300%. Durante enero pasado, una familia tipo – dos adultos y dos menores de edad – necesitó reunir ingresos por 596.823 pesos (unos 734 dólares al cambio oficial) para no caer bajo la línea de pobreza y para no ser considerados en situación de indigencia, una familia necesitó reunir ingresos por 285.000 pesos (unos 350 dólares).
A pesar de que la inflación superó el 20%, el Gobierno señaló que es una «confirmación del sendero de desaceleración que se viene observando desde mediados de diciembre, a una velocidad mayor que la prevista por el mercado».
El director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), Isaac Rudnik, señaló que en su balnce que las mayores subas se dieron en alimentos, transporte y salud, “todos consumos indispensables e insustituibles. que se encuentran cercanos al orden del 50% y la situación es más compleja si se compara con la paralización de las jubilaciones así como de los programas sociales (excepto las asignaciones) y el salario mínimo”.
«Dentro de los distintos rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vemos como muy preocupante que vuelve a estar entre los rubros que más aumentan alimentos y bebidas no alcohólicas que en enero subió 20,4%, pero en diciembre ya había aumentado por encima del 29%. En dos meses los alimentos subieron casi 50 puntos”, dijo Rudnik.
La región con mayor con mayor aumento de precios fue la Patagonia (24,2%), unos 3,6 puntos porcentuales por encima del promedio, le siguieron Cuyo (22,3%), el Noroeste (21,7%) y Pampeana (21,2%). Mientras que debajo de ese nivel se ubicaron el Gran Buenos Aires (19,6%) y el Noreste (19,5%).
Hay artículos pertenecientes a la canasta básica del Gran Buenos Aires, que llegaron a aumentar en enero 70% y, por motivos estacionales, el único producto que bajó fue el tomate redondo (-16,9%). Los diez productos que más aumentaron en enero fueron polvo para flan 71,3%, café molido 70,5%, sal fina 60,4%, naranja 58,4%, lechuga 49,3%, desodorante 47,6%. detergente líquido 46,4% y jabón en pan 44,5%
De cara al segundo mes del año existe un gran impacto en el tarifazo al transporte público, la medicina prepaga y las expensas de edificios. La devastación del poder adquisitivo, que llevó a la caída de la demanda y fue uno de los pilares fundamentales para la desaceleración inflacionaria, no está exento de riesgos, como una potencial conflictividad social ante la incapacidad de negociación demostrada por el gobierno con la política para impulsar reformas.
Cierre de Pluna: condenan a Uruguay a pagar 30 millones de dólares
El Estado uruguayo fue condenado a pagar a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holdings (Larah) 30 millones de dólares por el cierre de la aerolínea de bandera Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna), en el año 2012.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial, falló a favor de Larah, que había reclamado una compensación por la liquidación de Pluna, en la que una empresa de su propiedad tenía acciones junto con el Estado uruguayo.
En su fallo, el Ciadi señaló que el Gobierno, entonces en manos del líder del progresista Frente Amplio, José Mujica, «vulneró los derechos de la compañía Larah y violó sus obligaciones internacionales mediante un trato injusto, no equitativo y expropiatorio» respecto a la aerolínea y su inversor, Latin American Regional Aviation Holding. La empresa panameña había presentado un recurso ante el Ciadi en mayo de 2019, en el que solicitaba el resarcimiento por 860 millones de dólares por la clausura de la aerolínea en 2012.
La palabra de Mujica
Tras conocer el fallo del Ciadi, Mujica se lamentó. «Es el precio que pagamos por la dependencia, los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos en la justicia del mundo rico», apuntó en una entrevista con el canal uruguayo VTV Noticias.
El exmandatario defendió el cierre de la aerolínea como la única solución posible para enfrentar la situación que atravesaba. «Pluna era una cosa que estaba muerta hace una década», indicó y puntualizó que todo lo que se había hecho en gobiernos anteriores para tratar salvarla, como la asociación con Varig, lo único que hizo fue agravar el asunto.
«Los gobiernos son responsables, pero con eso no arreglamos nada, porque es una pérdida de valor para el gobierno uruguayo», remarcó. «Algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y se pueda crear una corte de derecho que obligue a las empresas multinacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá», añadió.
El derrotero de la aerolínea
Creada en 1936, la empresa Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna) fue estatizada en 1951, pero volvió a incorporar capitales privados en 1995 cuando se asoció con la brasileña Varig. En 2006, durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, Varig quebró y el Estado uruguayo absorbió el 49% del paquete accionario que la brasileña poseía en Pluna.
En 2007, el 75% de las acciones de Pluna fue adquirido por la firma de inversiones Leadgate y el 25% restante quedó en manos de un ente estatal. Pero cinco años después, ya bajo la presidencia de Mujica, Leadgate anunció su retiro de Pluna, que pasó a un fideicomiso mientras el Estado uruguayo buscaba un socio para capitalizar a la compañía.
Menos de un mes después, el 6 de julio de 2012, el gobierno de Mujica decidió liquidar la aerolínea por insolvencia financiera. El reclamo ante el Ciadi se registró el 23 de mayo de 2019, bajo el segundo gobierno de Vázquez. Larah, entonces propietaria de Leadgate y domiciliada en Panamá, demandó al Estado uruguayo ante el tribunal arbitral internacional invocando la violación del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá, de 1998.
Perú: la oportunidad de los humedales en La Pampa
La Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios, debería ser un espacio de conservación de flora y fauna protegida, sin embargo, dentro de ella alberga un territorio cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de tala y minería ilegal, además de explotación sexual, narcotráfico y trata de personas.
Se trata de La Pampa, una zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la reserva mencionada. En este espacio, el Estado peruano brilla por su ausencia y es un terreno dominado por fango y pantanos en lugares donde la espesura amazónica eran el punto común.
Pese a esta situación, no todo son malas noticias. Un estudio reciente, revela que en las pozas mineras abandonadas por la minería ilegal se han convertido en terreno para la aparición de comunidades acuáticas y la conformación de ecosistemas, cuya riqueza se compara a la de algunas lagunas silvestres.
El estudio liderado por el programa de Ecosistemas Acuáticos del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), y denominado “Nuevos Humedales en la Pampa minera de Madre de Dios: Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo y la Conservación”, evaluó 06 pozas mineras dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (RNT) y 02 pozas mineras dentro de la misma reserva, considerando el año de abandono de cada una. Asimismo, como control se estudiaron 02 lagunas de referencia dentro de la RNT.
Aumento de peces en las pozas antiguas
Entre los hallazgos, el estudio encontró que las pozas mineras con mayor tiempo de abandono presentaban una mayor cantidad de pesca que las lagunas naturales, acentuada por la conexión con otros cuerpos de agua durante las inundaciones estacionales. Asimismo, las pozas mineras mostraron índices comunitarios más elevados en macroinvertebrados acuáticos como libélulas, chinches y hemipteras que las lagunas naturales. Además, se identificaron especies singulares no compartidas con otras ubicaciones.
A pesar de surgir tras la transformación de bosques primarios por la actividad minera, estos nuevos humedales constituyen un extenso paisaje de bloques con recursos, -que sin llegar a sustituir nunca a los ambientes naturales- están siendo ya aprovechados por la fauna silvestre, y tienen importancia en la implementación de planes de conservación.
Desafíos y oportunidades
El autor principal de la investigación, Dr. Julio Araujo, indicó que este estudio enfatiza en la urgencia de medidas para mitigar efectos adversos en la población a causa de estas pozas mineras, evitar el aumento descontrolado de nuevos humedales generados por la actividad minera, así como la necesidad de políticas públicas para poner en valor los que ya existen. “Los nuevos humedales mineros podrían actuar como zona de transición hacia ambientes naturales en un paisaje transformado por la minería”, comentó.
Camila Timaná, ingeniera ambiental e investigadora de este estudio, subraya la necesidad de investigar la seguridad de las especies en estos entornos y propone un monitoreo constante para comprender el comportamiento futuro de las comunidades acuáticas en las pozas mineras.
CINCIA realizó este estudio motivado por la crítica falta de información ecológica en estos nuevos humedales, destacando la importancia de abordar los desafíos ambientales en la cambiante Pampa Minera de Madre de Dios.
Este estudio fue realizado en el marco de CINCIA-ACIERTA, una alianza entre CINCIA, la Universidad de Wake Forest University y la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
Lea el estudio científico en el siguiente enlace: https://www.sciencedirect.com/
Cuba, la pobreza y los datos
Manuel David Orrio
“Un fantasma recorre la Cuba del picadillo de soja y los huevos esperados en los barrios, cual Mesías de inmediata salvación. Se llama Eduardo Chibás”: Así apuntó este periodista en noviembre de 1995, en su primer artículo publicado.
Sólo que 28 años después no se consume en Cuba el casi legendario picadillo –ni se produce-, y los huevos tan esperados se han reducido a cinco mensuales per cápita, distribuidos por la llamada canasta básica y a precios subsidiados; más allá, la treintena de huevos va por los 2500 pesos en los mercados libres, en país en que el último salario medio reportado fue de 4219 pesos mensuales y la pensión media de unos 2000, pero más de la mitad del millón 600 mil jubilados que se estima existen cobraría menos de esa cifra.
Mientras, el fantasma de hoy se llama pobreza; una palabra que comienza a hacerse frecuente entre los académicos, más de lo deseable.
Meses antes, en su ¿Cuba ante su pobreza?, ya este autor alertaba sobre el crecimiento de ese flagelo en un país objeto de duras medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos (bloqueo), pero también con serios problemas de modelo, política y desempeño económicos de ya larga data, signados por un virtual estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) desde más o menos 2013.
Evolución del Producto Interno Bruto
También, una caída en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de un lugar 53 en el 2007 a un 83 en el 2022; y un incremento de la desigualdad social, estimado por el Premio Nacional de Economía José Luis Rodríguez en un ascenso del Coeficiente de Gini desde 0,22 en 1989 a más de 0,45 en el 2022; este dato es un aviso de que la polarización social en Cuba es asunto viejo, así como el crecimiento de los más vulnerables y de situaciones asociadas a la pobreza, ésta entendida como una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad.
Evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Rodríguez recordó que “Un estudio llamado La situación económica de los hogares —que se hizo público en los años 80 y 90 (siglo XX), y que ahora se está tratando de retomar— revelaba las dificultades más comunes de las personas: desde que no alcanzaba el dinero, hasta problemas con la alimentación, la vivienda y el transporte, en ese orden. Eso indica que son asuntos transversales y deudas no resueltas a lo largo de estos años”.
Muchos años, muchos datos que están saliendo a la palestra aunque la prensa asociada a la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) no los publique ni los comente, en este escenario de Internet y redes sociales.
Muchos años, muchos datos, pero ya éstos insuficientes y hasta no actuales en integralidad, por cuanto un muy necesario Censo de Población y Viviendas, a realizarse en el 2022, fue pospuesto para el 2025; es la segunda vez que se retrasa, se dice que por carencias económicas.
¿Cómo, gobernabilidad sin información? ¿Realmente las carencias –básicamente combustibles, según los reportes– son tan graves? ¿Se ha olvidado que se realizó un censo en el verano de 1970 –primero desde 1953–, cuando Cuba no se había recuperado del trauma nacional que fue la fracasada Zafra de los Diez Millones y que aún así su realización contó con una auténtica movilización popular, en tiempos en que además no se disponía del desarrollo informático actual? ¿Qué falta, recursos o prioridades?
Disgresión habida, pero necesaria, un supuesto: si se asume que un ingreso mínimo pero decoroso para las condiciones criollas sería de 100 dólares mensuales percápita, al cambio de la calle, éso representaría, dada la inflación que “galopa” en Cuba, 29 500 pesos… y contando, porque la creciente depreciación del peso y un déficit de oferta que ya sería shock, aumenta ese mínimo; de éste, habría que descontar de inicio unos 2500 para consumir un huevo diario per cápita, casi el 9% de ese ingreso, lo que es lo mínimo para un adecuado consumo proteico. De gastos como electricidad hágase abstracción, si bien ésta es subsidiada; tanto como la vivienda, con un déficit estimado en más de 800 mil y multitud de rehabilitaciones pendientes –derrumbes y muertos incluidos–, en país donde algunos investigadores estiman que alrededor de un tercio de la población cubana vive con pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, y han alertado sobre un incremento de la precarización de los indicadores del nivel de vida de las familias… Al respecto, el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil apuntó que 66 626 familias en situación de vulnerabilidad recibieron en el año (2023) colchones, muebles, ropa, calzado y utensilios de cocina”.
¿Se entiende que se está ante necesidades elementales y que en un cálculo a vuelapluma serían el 2% de las familias criollas, quizás unos 600 mil cubanos? ¿Son sólo ésos?
¿Pobreza a la cubana?
Cuba,desde el triunfo revolucionario de 1959, ha hecho grandes esfuerzos para lidiar con la pobreza y sus avances han sido notables -visto desde una perspectiva del Sur-, no obstante el bloqueo estadounidense, la pérdida de su alianza con el extinto campo dizque socialista, el empeoramiento de la situación internacional y errores en materia económica.
Pero esfuerzos aparte, los números son implacables: según el economista y demógrafo Dr. Juan Carlos Albizu-Campos et. al., en los últimos años la mayor de las Antillas está retrocediendo en su esperanza de vida al nacer, su acceso a la educación y al trabajo y los ingresos, todo lo cual explicaría su caída de 30 lugares en el Índice de Desarrollo Humano y crearía la posibilidad de que deje de ser un país de Alto Desarrollo Humano para pasar a uno de medio.
Por lo anterior, la pobreza cubana es sui gèneris: difícil de medir con los indicadores “clásicos”; casi imposible, dado lo complejo del escenario.
Según las economistas y Dras. C. Silvia Odriozola e Ileana Díaz, “En el caso de Cuba es un tema muy controvertido. En nuestro país no existe un consenso respecto a un concepto de pobreza. Si bien su forma de manifestación en Cuba puede ser similar a la de otros países, sus causas son diversas…Existen diversas formas de conceptualizar la pobreza y también de medirla…Lo cierto es que la noción de ‘pobreza’ hace referencia a un fenómeno complejo y multidimensional, de necesidades básicas insatisfechas, que puede ser multicausal. En el caso de Cuba se habla de pobreza multidimensional y se analiza por la intensidad de las carencias…”
Partiendo de lo anterior, para Cuba sería procedente el Índice de Pobreza Multidimensional; pero a partir de los datos aquí mencionados, se hace difícil aceptar que aparezca como el segundo país del mundo con más bajo índice del mismo; no es coherente, así de simple, cuando una caída de 30 lugares en el IDH entre 2007-22 –quizás mayor en lo futuro– avisa de lo contrario; no es la única pista: entre otras, aparece la señal inquietante de que el descenso se produjo entre el 2007 y el 2022, mientras que entre 1990 y ese 2007, el IDH no tuvo grandes variaciones resultantes, aunque sí intermedias, sin dudas signadas por las vicisitudes del llamado Período Especial, sobre todo entre 1990 y 1995.
Por ende, algo no cuadra, si se considera que el período 1990-2007 coincide en mínimo un decenio con los años del llamado Período Especial (1991-95) y sus secuelas, y un descenso mayor en el IDH se produce cuando supuestamente Cuba estaría en posición mejor desde el punto de vista económico respecto a ese periodo.
Además, entre 2007-16 el país vivió buenos momentos de su alianza con Venezuela y el llamado deshielo Obama, momento de distensión entre Estados Unidos y Cuba.
¿Cómo explicar que desde 2013 el PIB prácticamente se estancó, calculado a precios constantes de 1997? ¿Cómo explicar la caída del IDH, en el período en que Cuba contó con dos escenarios internacionales favorables?
Ni el bloqueo estadounidense arreciado tras la presidencia de Donald Trump, ni la pasividad de Joe Biden respecto a una distensión “a lo Obama”, ni el empeoramiento de la situación internacional, son causas necesarias y suficientes para atribuir a éstas el origen de una pobreza que se torna creciente. Cuba debió de mantener un IDH relativamente constante, mínimo, no descender en la medida en que lo ha hecho.
Así, la “pobreza a la cubana”, sin desdoro de muy reales factores externos, apunta a lo interno, que a fin de cuentas es que lo que está en las posibilidades de Cuba al menos paliar, al menos en recuperar el IDH que tuvo. Lo otro bordea la frontera entre lo real y las justificaciones, ¿ampliadas por la propaganda?
Pobreza: hurgando, hurgando…
Varios economistas o periodistas hemos señalado de manera reiterada varios factores que estarían provocando el ascenso de la pobreza, a saber:
1) reformas económicas muy necesarias pero muy tardías o por implementar; como anécdota, el propósito de crear cooperativas no agropecuarias data de ¡1985! y se planteó en el III Congreso del Partido Comunista de Cuba; otro tanto ocurre con la micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cuya proposición por distintos economistas se remonta a inicios de los 2000; unas y otras vinieron a ser autorizadas en el 2021, y su despliegue – ya relevante por sus resultados – transcurre en un clima hostil, con extremistas de derechas e izquierdas “echando leña a la hoguera inquisitorial”.
Por su parte, aunque a la empresa estatal se la proclama como el actor económico principal, demora de manera inexplicable la promulgación de una Ley de Empresas que norme su gestión; existe un proyecto de ley cuya discusión y aprobación ha sido pospuesta más de una vez;
2) una política inversionista de más de un quinquenio, de gran desproporción a favor de un turismo que dista de ser mínimamente rentable – o no hay información sobre lo mismo – y en detrimento de las inversiones en agricultura, educación, salud y ciencia e innovación tecnológica.
Dicha política está provocando, de inicio, un severo déficit en la oferta de alimentos y la inflación subsiguiente, reconocido ese déficit como primera causa del alza galopante de precios, sin perjuicio de los impactos provocados en los otros sectores y los efectos sobre el valor real de salarios y pensiones, de larga data por debajo de ¡1989!
Evolución del PIB y del efectivo en circulación
“De manual”: semejante crecimiento del efectivo en circulación muy por encima de la evolución del PIB es rotundamente inflacionario y va contra salarios y pensiones reales. Fuente: Carlos Lage Codorniú y Karina Cruz Simón.
3) siguiendo a Albizu-Campos et.al., un descuido de políticas públicas en lo social y a favor de una pretendida sostenibilidad económica, cuyo impacto se está reflejando en la reducción de la esperanza de vida al nacer, el acceso a la educación superior, la construcción y reparación de viviendas y otros sectores, todos lo cuales son factores claves en la caída del IDH;
4) unificación monetaria y cambiaria (Tarea Ordenamiento) muy tardía, mal realizada y hasta contraproducente; se aspiró a la soberanía del peso cubano y están circulando tres monedas y dos unidades de cuentas, con un lógico impacto en la inflación y otros aspectos, entre los cuales se halla el empobrecimiento dado por la caída de salarios y pensiones reales sin la debida indexación.
Así, de acuerdo con un estudio de la economista Tamarys L. Bahamonde, “el salario nominal de 3,854 (pesos) mensuales en 2021 equivalía a 1,117.19 en salario real (1989), menos de la mitad del salario nominal… Ahora, los datos más reveladores del impacto de la escalada inflacionaria sobre el consumo se extraen del 2022. El salario nominal de 4,219 (pesos) en 2022 sólo equivalía a 174.72 en términos de salario real”.
Los cuatro factores, más otros, se unen en una suerte de cóctel explosivo que está atentando contra la credibilidad del proyecto socialista cubano; ninguno se relaciona directamente con los factores externos antes mencionados; son problemas de política interna. Punto…
El gobierno está implementando un programa para corregir lo que llama “errores y distorsiones”, aunque hasta ahora no ha declarado qué entiende por tales; un error amerita explicación y depuración; en Economía, una distorsión es, grosso modo, una desviación de la asignación de recursos económicos del estado en que cada agente maximiza su propia utilidad.Por tanto, ¿cuáles desviaciones se produjeron y por qué?
Mientras esas indefiniciones permanecen sin adecuada explicación ante la opinión pública, las medidas anunciadas por el gobierno se califican de inflacionarias por distintos economistas; de ser así, habrá más caída de los salarios y pensiones reales, y sus consecuencias.
Entretanto, la pobreza avanza.
En México cayó 40% la producción de maíz por la sequía
Debido a la sequía, la producción de maíz cayó en 40 por ciento en 2023, por lo que este año el país tendrá un déficit alimentario ante el derrumbe en estas cosechas y otros productos básicos, lo que ocasionará una mayor importación de éstos, advirtió el Monitor de Sequía de América del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con base en información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
En 2022, la producción de maíz fue de 26.5 millones de toneladas y aún no se ha dado a conocer oficialmente la de 2023. Las importaciones del grano el año pasado tuvieron un valor de 5 mil 872 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México.
La escasez de lluvias ha afectado las presas de uso agrícola, ya que cerraron el año con un almacenamiento de 42.7 por ciento, esto es 34.8 por ciento menos con respecto al cierre de 2022, lo cual también ha llevado a una reducción de la superficie agrícola a sembrar en el ciclo otoño-invierno 2023-2024, señaló el Monitor al cierre del año pasado.
Ejemplificó que Sinaloa, uno de los mayores estados agrícolas, tendrá una reducción de 20 por ciento en la superficie cultivable, en comparación con la superficie sembrada del ciclo otoño-invierno de 2022-2023, a lo que se suma que en esa entidad se han priorizado cultivos de baja demanda hídrica.
Cabe recordar que en enero pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que 2023 fue el más seco de los últimos 82 años, con una caída de 21.1 por ciento en la lluvia respecto al promedio histórico, con lo que se impuso un récord, lo que ha propiciado que 210 de las grandes presas del país presenten un déficit de 26 por ciento.
A todo esto se suma que, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, 2023 terminó con un registro de mil 150 incendios en alrededor de un millón 47 mil 492 hectáreas. Fue el año con mayor superficie siniestrada por incendios, con lo cual superó la temporada de 2011, según datos registrados desde 1998.
En tanto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera reportó que para este mes se prevé que la región agroalimentaria del centro-occidente tenga temperaturas 4.4 por ciento por arriba del promedio. Además, se estima que en alrededor de 3 millones de hectáreas de la región, que representan 67 por ciento de la superficie agrícola, el aumento de temperatura sea de hasta de un grado, aunque en 146 mil hectáreas de Jalisco y Colima podrían tener una disminución de la temperatura de hasta 2 grados.
Panorama Internacional
1.- Los mitos de los países para no asumir su responsabilidad climática
Brais Suárez Eiroa*
En el acuerdo histórico alcanzado el pasado 13 de diciembre en la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), los casi 200 países participantes reconocieron por primera vez la necesidad de “transitar más allá de los combustibles fósiles […] para lograr la neutralidad en carbono en 2050”.
Sin lugar a dudas, se trata de un hito en el ámbito de la negociación internacional para mitigar el cambio climático. Un hito que, por otro lado, es poco significativo en el contexto de urgencia climática en el que nos encontramos.
Del mito al logos climático
Más allá de los aplausos que despertó el acuerdo, están los datos. El cambio climático es un problema acumulativo: su impacto es el resultado de la suma de emisiones generadas durante muchos años.
El presupuesto de carbono hace referencia a la cantidad de emisiones acumuladas a lo largo de los años que supondría que el incremento de temperatura superase un valor concreto. Por ejemplo, según el sexto informe del IPCC, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero desde 2020 deben ser inferiores a 900 GtCO2eq para limitar el incremento de la temperatura media a +2 ºC respecto de los valores preindustriales.
A partir de los presupuestos de carbono presentados por el IPCC y de los datos de emisiones globales incluidos en el proyecto EDGAR, se pueden analizar diferentes escenarios.
Imaginando que la reducción de emisiones tiene lugar de forma lineal desde los niveles actuales hasta llegar a cero en el año en el que se alcanza la neutralidad en carbono, los resultados muestran que para limitar el incremento de temperatura a +2 ºC es necesario alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2049. Un análisis tan simple, sin embargo, permite derrumbar el mito climático que se vende desde reuniones como la COP28.
Por un lado, el objetivo propuesto busca el abandono de los combustibles fósiles en 2050. Sin embargo, los efectos de empezar a reducir su uso en 2025, 2030 o 2040, para completar el proceso en 2050, son muy diferente. Esperar dos, tres, cinco o diez años para empezar a reducir el uso de combustibles fósiles puede suponer la emisión a la atmósfera de todo el remanente de emisiones y “gastar” de este modo el presupuesto que nos queda para limitar el incremento de temperatura a +2 ºC. De hecho, entre 2020 y 2022 ya se han consumido más de 150 GtCO2eq de las 900 GtCO2eq presupuestadas.
Por otro, los científicos ya han avisado de que superar el límite de +1.5 ºC puede tener efectos catastróficos. Usando el marco de análisis anterior, limitar el incremento de temperatura global a +1.5 ºC supondría alcanzar la neutralidad climática en 2027.
La realidad es que los peores escenarios se están cumpliendo, que el impacto se acelera cada año más y que en el año 2023 la temperatura media ya se acercó a este umbral. A pesar de ello, es fundamental tener en cuenta que cada décima por encima de este valor supone nuevos desafíos, y nuevas catástrofes, a nivel global. Por lo tanto, la urgencia se vuelve cada día más apremiante.
Moralidad y responsabilidad climática
Por desgracia para muchos, el problema no termina ahí. Permítanme ahora introducir aquí las cuestiones de responsabilidad y deuda climática.
La responsabilidad climática hace referencia al porcentaje del presupuesto global de carbono que ha sido consumido por un actor social particular. Léase “un actor social” como, por ejemplo, la comunidad española, el sector de la producción de ropa en España o la empresa productora de camisetas en Bangladesh que interviene en la cadena de producción de ropa para su consumo en España.
La responsabilidad se distribuye entre todos los actores que forman parte del proceso de producción y consumo global. Hablamos de fair share para referirnos al presupuesto asignado a un actor determinado aplicando algún principio distributivo (p. ej., per cápita o grandfathering) y de deuda climática cuando un actor ha excedido su presupuesto de fair share.
A partir de este marco conceptual, el investigador de la Universidad de Londres Jason Hickel expone en este trabajo que el consumo de la Unión Europea (excluyendo Reino Unido) ha sido responsable de aproximadamente el 20 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero y que su deuda climática ascendía ya en 2015 a 207 GtCO2eq. Es decir, en 2015 la UE había consumido más de un 200 % de su presupuesto de fair share si tenemos en cuenta las emisiones históricas.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la responsabilidad en el cambio climático no es equidistante entre todos los actores sociales.
El telos de la acción climática
La cuestión de la responsabilidad climática es central en las negociaciones internacionales. Su complejidad y controversia limita y debilita los acuerdos. Nadie quiere ser culpable, y todos quieren culpar a los demás. Un juego psicológico en el cual el objetivo de los participantes es hacer sentir mal al otro.
Salir del juego implica, necesariamente, no jugar a él. Y esto supone colocar el foco en el telos de la acción climática, y también en la autocrítica sobre la cuestión moral de la responsabilidad.
El propósito de la acción climática –vale la pena recordarlo– es detener una catástrofe social a nivel global. La propuesta, teniendo en cuenta la urgencia, es que cada actor social asuma su responsabilidad, de forma individual o colectiva, y lleve a cabo una transformación ecológica descentralizada basada en datos y libre de mitos.
Así, cada actor social tiene ciertas competencias para movilizar sus recursos y avanzar en la transformación colectiva de las sociedades actuales. Por ejemplo, más allá de los acuerdos alcanzados en la COP28, muchos estados tienen las suficientes competencias para dar pasos acelerados hacia sociedades verdaderamente sostenibles y, por qué no incluirlo, socialmente más participativas y justas.
En su lugar, defienden mitos como el crecimiento verde –que afirma que el crecimiento económico es compatible con la sostenibilidad–, las oportunidades de mercado en la transición ecológica y las tecnologías de captura de carbono como solución al cambio climático.
Permítanme concluir recordando aquello de que, como una orquesta sin director, cada uno debe ser consciente de sus propias responsabilidades. Puede que haya llegado el momento de aplicarnos el cuento.
*Investigador postdoctoral en economía ecológica, Universidade de Vigo.
2.-La FAO lanza tres nuevos programas por 2900 millones de dólares
Tres grupos de proyectos, sobre sistemas alimentarios, océanos limpios y saludables, y de nexos entre aguas y tierras en Asia Central, con la movilización de recursos por 2900 millones de dólares, comenzará a desarrollar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
María Helena Semedo, directora general adjunta de la FAO, dijo que “estos proyectos, en los que se trabajará en estrecha relación con asociados y países sobre el terreno, tienen el potencial de mejorar millones de vidas a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios”.
“Al mismo tiempo ayudan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, agregó Semedo, al recibir con satisfacción la aprobación de los proyectos por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Se trata de 48 proyectos, con 294 millones de dólares del Fondo y unos 2600 millones en cofinanciación, que beneficiarán a 4,2 millones de personas en cinco regiones diferentes del mundo y restaurarán más de 474 000 hectáreas de tierra.
También mejorarán prácticas en 24 millones de hectáreas de hábitats terrestres y marinos; la gestión de más de dos millones de hectáreas de zonas protegidas terrestres y marinas; mitigarán 133 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, y eliminarán 202 TM de productos agroquímicos peligrosos.
El programa sobre sistemas alimentarios, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), destinará 252 millones de dólares de financiación de proyectos y 2200 millones de dólares de cofinanciación a 32 países.
Se centra en transformar los sistemas agroalimentarios, de la granja a la mesa, a fin de que sean sostenibles, positivos para la naturaleza, resilientes, inclusivos y no contaminantes, indica la FAO.
Reivindica que el programa aportará beneficios para la biodiversidad, dado que abordará la degradación de la tierra y el cambio climático, junto con una mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición, los ingresos, la sostenibilidad de los medios de vida y la resiliencia.
Se ejecutará mediante proyectos en 22 países, de los cuales cinco en América Latina: Angola, Argentina, Benín, Bután, Chile, China, Ecuador, Eswatini, Filipinas, India, Indonesia, Islas Salomón, Kazajistán, México, Namibia, Nigeria, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Sudáfrica, República Unida de Tanzania y Turquía.
El programa se centra en ocho cadenas de valor y sectores agroalimentarios: maíz, arroz, trigo, cacao, aceite de palma, soja, ganadería y acuicultura.
Al programa de océanos limpios y saludables se destinarán 100 millones de dólares, a la financiación de proyectos en 14 países, con una cofinanciación de 748 millones de dólares, con miras a reducir la contaminación oceánica de origen terrestre en nueve grandes ecosistemas marinos.
Entre ellos figuran espacios del Golfo de Bengala, el mar de China meridional, el Caribe, el mar Rojo, el mar Negro, la corriente de Humboldt, la corriente de Agulhas y la plataforma del norte del Brasil.
El programa aborda las zonas muertas marinas mediante una reducción de las fuentes de contaminación terrestres procedentes de la agricultura (uso excesivo de fertilizantes, contaminación ganadera) y de fuentes industriales y municipales (aguas residuales no tratadas)
La iniciativa se orienta a crear un entorno propicio para la promoción de los objetivos de economía azul sostenible de los países. Se prevén mejoras en la gestión de más de 520 000 hectáreas de tierra y 423 000 hectáreas de zonas marinas protegidas, y la restauración de 97 000 hectáreas de diversos ecosistemas.
La FAO ejecutará proyectos en Sri Lanka, Venezuela y Vietnam, y sus asociados en Granada, Jordania, Madagascar, Maldivas, México, Moldavia, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, Tailandia, y Trinidad y Tobago.
Finalmente, el programa sobre el nexo entre aguas y tierras en Asia Central, destinará 26 millones de dólares (con 335 millones de cofinanciación) a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán para restaurar ecosistemas de las cuencas de los ríos Amu Darya y Syr Darya, y mejorar la seguridad hídrica.
Las cuencas del Amu Darya y del Syr Darya son la principal fuente de agua para estos cinco países, y brindan apoyo a unos 60 millones de personas y a gran parte de su agricultura y generación de energía, además de ser fundamentales para otros servicios ecosistémicos y medios de vida. (IPS)