Nación y provincias: una fisura inesperada de cara a las elecciones argentinas
Juan Guahán
Hay una serie de verdades de Perogrullo, algunas de ellas de conocimiento público, sobre cuya vigencia no quedan dudas. Entre ellas se destacan que gran parte de la sociedad se siente impotente ante una inflación terrorífica que muestra sus afilados dientes, lo que acontece en medio de una campaña electoral donde el oficialismo transita momentos difíciles después de haber salido tercero en la etapa previa, conocida como las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La economía real está estancada, con una tendencia negativa que incluye a sectores claves paralizados, o en riesgos de estarlo, por los límites a las importaciones. El gobierno consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permite tener una cierta garantía de llegar hasta las elecciones definitivas (octubre y noviembre, si hubiera segunda vuelta).
Si bien la mayor parte de los fondos, contemplados en el reciente acuerdo con el FMI, son para pagarle al propio FMI u otros acreedores (Dakar, CAF, China), quedaron algunos recursos para aplicar en función de la crisis social y mejorar las posibilidades del oficialismo en el proceso electoral.
En medio de esos debates, cuyos nefastos efectos recaen sobre los trabajadores y los más humildes, se está desarrollando la actual campaña electoral. Se hicieron públicos los resultados finales de las PASO, que mostraron que hay una diferencia algo menor entre los tres espacios que tienen perspectivas para las presidenciales.
El ultraderechista Javier Milei pasó del 30,04% provisional, al 29,86% definitivo (menos 0,18%); la coalición neoliberal Juntos por el Cambio (Bullrich y Rodríguez Larreta) retrocedió al 28% desde el 28,27% (menos 0,27%) y la oficialista Unión por la Patria (Massa y Grabois) que tenía 27,27%, subió al 27,28% (más 0,1%)
Es obvio que las medidas oficiales giran sobre la base de atender a dos presiones que representan intereses distintos. El FMI, que demanda mayores ajustes, y las demandas electorales que suponen ahondar en aquellas medidas que atiendan a las necesidades de la población. Hay una larga lista de decisiones oficiales que responden a esa lógica.
Medidas en plena campaña
El gobierno informó sobre un plan de 12 cuestiones destinadas a compensar el brutal incremento del costo de vida de las últimas semanas, respondiendo a una demanda humanitaria de buena parte de la sociedad y a sus propias necesidades electorales.
El presidente Alberto Fernández “invitó” a las distintas autoridades provinciales y municipales a que hagan efectiva esa “compensación” a sus empleados por la suma de 60 mil pesos, pagaderos en 2 cuotas de 30 mil pesos cada una, durante los meses de setiembre y octubre, advirtiendo que deberían hacerlo con fondos propios.
Trece provincias (Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán) y las autoridades de la capital manifestaron que no están en condiciones de hacerlo, en algunos casos por tener abiertas las paritarias para esa discusión, en otros porque ya han asumido compromisos semejantes o por estar imposibilitados de hacerlo por la falta de recursos o para evitar el riesgo de desestabilizar sus respectivas economías.
En el caso de la gigantesca provincia de Buenos Aires, el gobernador kirchnerista Axel Kicillof anunció que –ese bono- se pagará, pero bajo el concepto de un adelanto de las paritarias. De ese modo aspira compartir con los sindicalistas las “ventajas electorales” de ese pago.
La oposición -en términos generales- se opuso al mencionado bono, las razones apuntadas, más allá de otros argumentos, está fundada en el momento político que se otorga. Cabe agregar que son 2,2 millones de empleados que, en todo el país, dependen de las diversas entidades subnacionales: provincias y municipios.
Conflictivas relaciones con las provincias
Cuando el ministro de Economia y a la vez candidato presidencial Sergio Massa propone el pago de esta suma está agregando un escalón más a la compleja relación existente entre el gobierno nacional y las diferentes jurisdicciones locales. Las provincias se quejan de la escasa vigencia del federalismo en materia del manejo de los recursos del conjunto de los argentinos.
Son varias las jurisdicciones que manifiestan que su pobreza está alimentando la riqueza de la ciudad puerto y de los gastos federales en detrimento de las provincias.
Quien se tome el trabajo de repasar los resultados de las PASO podrá verificar que debe haber razones muy profundas para algunas significativas diferencias que se dieron respecto de CABA y Provincia Buenos Aires, en relación a los distritos más alejados.
Un dato electoral de las PASO fortalece lo dicho, el ultraderechista Javier Milei salió tercero en la capital y la provincia de Buenos Aires, habiendo ganado en otros 16 distritos, entre ellos los más alejado como Tierra del Fuego y Jujuy, en varios lugares que nunca pisó. Fundados en esa insatisfacción es que la mayoría de las provincias separó las elecciones locales de la nacionales.
Desde el lado de Massa la queja es hacia los gobiernos provinciales por estimar que no le prestaron el apoyo debido
en las PASO presidenciales. No son pocos los ejemplos de cortes de boleta acompañando a las candidaturas locales propias con el voto a Milei en las nacionales, sin contar lo casos donde los oficialismos locales “defendieron” el voto a Milei.
Aunque en esta última alternativa primaba el interés por “engordar” a Milei para reducir el peso de los candidatos de la coalición neoliberal Juntos por el Cambio, a quienes imaginaban –antes de las PASO- el adversario a vencer. En estas condiciones, Massa esperaba que frente al “peligro” de las políticas del libertario hicieran un mayor esfuerzo por su candidatura. Pero la presión para el pago de este bono no contribuye a mejorar las relaciones y una mayor participación de los gobernadores.
Mientras cavilaba por estas situaciones y con los fondos que pudo sustraer de las angurrias del FMI ponía en marcha un modesto plan “platita”, se está encontrando con esta resistencia de algunos jefes provinciales, varios de los cuales responde a fuerzas de sus propias filas.
Evidentemente los sectores más politizados que no han sabido leer la profundidad de la crisis actual, tampoco están entendiendo la dureza del resentimiento que las viejas y tradicionales políticas portuarias producen en la mayor parte del interior de nuestra geografía nacional.
FMI, jubilados, producción y campaña electoral
Todos estos temas están fuertemente entrelazados, en estos particulares momentos que estamos transitando. Respecto al FMI, Kelly Olmos, la Ministra de Trabajo tuvo un ataque de sincericidio, en el marco de tratar de explicar y fundamentar la preocupación del gobierno por la situación actual y algunas medidas
destinadas a paliarla.
Dijo: “El FMI actúa como el usurero del barrio, que ahora preocupado por todo lo que le dio a Macri, pretende condicionar más la capacidad de decisión de nuestro gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con los pagos al FMI, pero intentamos mantener el mayor nivel de autonomía y soberanía en las decisiones que nos es posible”
Este reconocimiento sobre la incidencia de las decisiones del FMI sobre nuestra realidad, hacen innecesarias otras consideraciones. Ellas, simplemente dan la razón a quienes vienen sosteniendo de qué modo la acción del FMI es, en términos institucionales, una delegación de soberanía. Su efecto demoledor es directo e inmediato sobre la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Cuando hablamos de los jubilados la realidad gira sobre la constante pérdida de su capacidad de compra motivada por la caída de los ingresos reales de este sector, posiblemente uno de los más postergados en la actualidad. Es obvio que esta realidad tiene su origen en las –ya señaladas- decisiones que se deben tomar en función del cumplimiento del “acuerdo” con el FMI.
El gobierno lo explica sobre la base que las finanzas del sector están en rojo. Sus recursos provienen: En un 50%, de los aportes y contribuciones salariales (debilitadas por la multitud que trabaja y cobra sin estar formalizada); un 30% viene de impuestos con asignación específica; el 20% restante lo aporta el Tesoro Nacional. Allí está, para los analistas del sistema y los organismos financieros internacionales la principal fuente del déficit fiscal, siempre sujeto a enormes presione para que sea reducido.
Los haberes jubilatorios han perdido, desde la puesta en marcha del actual régimen de “movilidad” (2017), un tercio de su capacidad adquisitiva. Desde el gobierno vienen sosteniendo que en los últimos meses hubo una mejora en los sectores que cobran la mínima. Según voceros oficialistas ello se ha ido logrando -en parte- con sucesivos bonos. El incremento reciente beneficia a 17 millones de personas.
De ese modo y corriendo siempre por detrás de la inflación se pretende reducir la creciente brecha de ingresos con la capacidad adquisitiva de los mismos, batalla que se va perdiendo por goleada. Lo peor de todo ello es que la inflación y las deudas del Banco Central disolvieron aquel compromiso de Alberto Fernández cuando asumió y sostuvo que entre jubilados y bancos, él se quedaría con los jubilados.
Pasaron cuatro años y todos saben el drama de os jubilados, pero también son conocidas las ganancias de los bancos. Los intereses que el Estado paga a los bancos por las famosas Leliq (para absorber el exceso de pesos) son mayores al total de lo destinado a las jubilaciones.
En materia de producción, la situación va entrando en un túnel aún más complejo. Las restricciones del sector externo, por la falta de dólares, están produciendo un parate productivo cuyos alcances están en pleno desarrollo.
Entre los aspectos más destacados, en este aspecto, se puede mencionar el caso de las piezas importadas destinadas a la industria automotriz. Las dificultades para importar están poniendo frenos, en los últimos tres meses, a la industria del sector. Entre un 30 al 50% de la industria opera sobre la base de insumos importados, con la falta de dólares todos esos sectores tienen dificultades para mantener su nivel de producción y los compromisos asumidos.
Solo pueden eludir estas limitaciones las grandes empresas que están en condiciones de gestionar créditos en el exterior. Obviamente las pymes, con la imposibilidad de acceder a esos créditos, son las principales perjudicadas en este juego.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)