El gobierno chileno volvió a rechazar un megaproyecto minero y portuario privado

Cecilia Vergara Mattei

El gobierno de Chile rechazó esta semana la construcción del proyecto minero y portuario Dominga, por el inmenso impacto ambiental que causaría en una rica reserva marítima del norte del país, una decisión que la empresa Andes Iron ya anunció que apelará.

El polémico proyecto de la compañía Andes Iron, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región norteña de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 por ciento de esta especie de pingüinos.

Activistas medioambientales, organizaciones civiles y ecológicas provistas de pancartas contrarias a la mina, con imágenes de la fauna del lugar, celebraron la decisión de rechazar el proyecto que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares. A bordo de pequeñas lanchas, comunidades dedicadas a la pesca artesanal y al turismo de la zona festejaron también la decisión del Consejo de Ministros, según imágenes de la ONG Oceana.

El proyecto estuvo envuelto en polémicas durante la última década, con acusaciones que salpicaron al expresidente Sebastián Piñera, cuya familia estuvo involucrada en la venta de Dominga a uno de los mejores amigos del exmandatario, en una operación concretadada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación periodística de los Pandora Papers reveló a fines de 2021 irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto del expresidente Sebastián Piñera, y difundió una polémica cláusula de compraventa entre Piñera y su amigo el empresario Carlos Alberto Délano, en la que se condicionaba el último pago de la transacción a que no se declarara un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la mina.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder unos meses antes de la venta del proyecto. La Fiscalía abrió una investigación días después de la publicación de los Pandora Papers, pero hasta ahora no le imputaron cargos a nadie. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018), un Comité de Ministros revisó el proyecto y lo rechazó, pero la empresa recurrió a los tribunales.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas anunció que el Comité de Ministros –que integraron los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía- decidió acoger las 12 reclamaciones y concluyó una evaluación desfavorable al proyecto Dominga. Aseguró que la decisión es “robusta, trazable y basada en evidencia técnica” y que los reclamos tienen que ver con “vida marina”, “contaminación de agua” y “calidad de aire”, entre otras.

“El puerto del cual estamos hablando se emplaza en un lugar que tiene un valor ecológico que es absolutamente único. Hay afloramientos de aguas profundas con nutrientes, que son la base para toda una cadena de vida muy única”, explicó Rojas.

También el presidente Gabriel Boric se habían mostrado siempre contrarios al proyecto, incluso antes de asumir el cargo hace un año.

Quienes defienden el proyecto aseguran que este traerá crecimiento y desarrollo económico a La Higuera, una de las comunas más pobres de Chile, ubicada a 500 kilómetros al norte de Santiago. “La protección al medioambiente no es una traba al desarrollo, sino que es una condición del desarrollo. Quienes son de la zona y nos están escuchando, decirles que no están solos, como gobierno los vamos a apoyar”, apuntó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

La minera Andes Iron, que impulsa la iniciativa, y parlamentarios de derecha criticaron el freno a un proyecto que consideran traería desarrollo a una zona pobre del país. “Necesitamos mayor producción de minerales. Para ello requerimos seguir siendo competitivos y mantener el liderazgo como primer productor de cobre, litio y yodo del mundo”, señaló el presidente de la Cámara Minera de Chile, Miguel Zauschkevich.

“Esperamos que a este rechazo del gobierno se sume la declaración de un área protegida para todo el archipiélago de Humboldt y sus alrededores que permita blindar definitivamente este ecosistema de la ambición y corrupción que rodeó la creación este proyecto”, señaló el director de Greenpeace Chile, Matías Asun.

La ONG Oceana Chile aseguró por su parte en su cuenta de Twitter que es “necesario” y “urgente” declarar en la zona “un Área Marina Protegida libre de industrias de alto impacto”.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)