Panorama Económico Latinoamericano- Del 27 de agosto al 3 de setiembre de 2025
Tierras raras, nuevo sueño tecnológico e industrial en Brasil
Mario Osava – IPS
Ese será el foco del proyecto denominado MagBras, como se decidió llamar al Demostrador Industrial del ciclo completo de producción brasileña de imanes permanentes de tierras raras, lanzado oficialmente el 14 de julio en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
El objetivo es unir la industria a la universidad y centros de investigación para que Brasil no siga principalmente como gran exportador de materias primas, sin valor agregado, como pasa con el café, el hierro, el petróleo y la soja.
La tecnología de procesamiento de las tierras raras se desarrolló hace algunas décadas en muchos países, que abandonaron la actividad ante la producción a bajos costos de China, recordó André Pimenta, quien conduce el proyecto como coordinador del Instituto de Tierras Raras de la Fiemg.
Después de China, Brasil es el segundo país con más existencias estimadas de esas tierras raras, por las que ya comenzó una batalla geoestratégica y geopolítica. Imagen: IcogMejores yacimientos
Además de contar con los grandes yacimientos en arcilla iónica, con ventajas sobre las rocosas de otros países, la escala de producción y las escasas o inexistentes exigencias ambientales contribuyeron al avance chino hacia el casi monopolio, apuntó.
Brasil cuenta con áreas similares de arcilla iónica, un factor que con el avance de las tecnologías favorece a que el país pueda alzarse a un productor alternativo, con posibilidades de competir, aunque sea “difícil o mismo imposible” superar a China, reconoció el químico Pimenta en entrevista telefónica a IPS, desde Belo Horizonte.
El MagBras cuenta con un laboratorio en instalaciones originalmente diseñadas para una fábrica con capacidad para producir 100 toneladas anuales de imanes, la única existente en el hemisferio sur, que servirá para investigaciones e incluso la producción en esa escala limitada.
“La incertidumbre no justifica quedar de brazos cruzados. La demanda crecerá y el movimiento por reducir la dependencia empezó antes, durante la pandemia que dejó muchos sin los respiradores y equipos médicos indispensables, porque no había de donde importar. Es un camino sin vuelta, señaló Pimenta.
Nery, del Ibram, alerta para el riesgo de fijarse en un solo recurso en desmedro del conjunto de minerales críticos, que además de las tierras raras incluye el litio, el cobalto y el níquel, entre otros. Son productos sujetos a la escasez.
Ya hubo el entusiasmo por el litio, ante el aumento de la demanda para las baterías de teléfonos celulares y vehículos eléctricos, algunos anos antes pasó lo mismo con el niobio, recuerda. “Las tecnologías cambian y alteran las prioridades”, advirtió. Por eso es necesario definir una política de fomento de los 22 minerales críticos y estratégicos, con prioridades definidas y flexibles.
Conjunto de factores
Además, proyectos de agregación de valor exigen una mirada amplia en los distintos factores que afectan toda la cadena. Una infraestructura adecuada, con buenas carreteras, disponibilidad de energía y una demanda suficiente para los productos elegidos son indispensables al éxito, ejemplificó.
“¿Tenemos demanda firme para imanes permanentes? Los productos que los incorporan, como baterías, motores de autos eléctricos y turbinas eólicas hoy son importados”, destacó Nery.
A su juicio, “el gobierno debe promover condiciones para generar una demanda interna, en un esfuerzo general, ya que la participación industrial en la economía brasileña se redujo mucho en las últimas décadas”.
Centros de investigación ya desarrollaron soluciones para la refinación de las tierras raras, el proceso más costoso, pero hacerlo en escala industrial exigirá muchas inversiones y tiempo, según Nery, un ingeniero de minas.
En la minería cualquier proyecto demora por lo menos cinco años en investigaciones geológicas, trámites para la autorización ambiental y preparación para la operación.“Las tecnologías cambian y alteran las prioridades”, acotó.
Brasil, que en el pasado buscó tierras raras en monacita, desfavorable por contener material radioactivo, ahora concentra su extracción en arcilla iónica, más ventajosa. “Sus depósitos son superficiales, lo que facilita la investigación y limita los impactos ambientales”, apuntó.
Una experiencia concreta en ese tipo de suelo es de la empresa Serra Verde, de dos fondos de inversión estadounidenses y uno británico, con una planta en Minaçu, en el estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil.
Inició sus operaciones en 2024 y este año ya exportó a China 7,5 millones de dólares, según Nery. Produce el concentrado de óxidos, un primer paso en el procesamiento, que enriquece y eleva el índice de tierras raras contenido en la arcilla, que en el suelo es de solo 0,12 %, según Serra Verde.
Un dato positivo es que su concentrado contiene los elementos más demandados porque sirven para hacer los imanes permanentes: los livianos neodimio y praseodimio, además de los pesados disprosio y terbio. Los pesados son más raros, son menos presentes en los yacimientos rocosos o de monacita.
Pero Serra Verde sufre las dificultades de los comienzos. Su meta de producir 5000 toneladas del concentrado por año y duplicar esa cantidad en 2030 parece lejana. En el primer semestre de 2025 solo exportó 480 toneladas, trascendió, ya que la empresa no divulga sus datos.
En el mismo estado de Goiás, el actual epicentro brasileño de las tierras raras, otro proyecto, el Módulo Carina, de la empresa canadiense Aclara Resources, espera extraer principalmente disprosio y terbio, a partir de 2026, con inversiones de 600 millones de dólares.
“La fase crítica del procesamiento y la que más agrega valor es la separación de los elementos de las tierras raras, con costos elevados por numerosos y sucesivos tratamientos, no tanto por la tecnología”, señaló Fernando Landgraf, ingeniero y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo.
Un kilogramo de óxido de neodimio, presente en esas tierras raras pesadas, vale por lo menos 10 veces más que los cinco dólares de un kilogramo del concentrado, comparó a IPS telefónicamente desde São Paulo.
La planta de la empresa minera Serra Verde, en Minaçu, municipio del estado de Goiás, donde se empezaron a extraer tierras raras que, en un primer procesamiento, se hizo más concentrado y se exportó a China. Contienen cuatro de los 17 elementos de las tierras raras con que se produce imanes permanentes, componentes clave de motores eléctricos, turbinas eólicas y equipos militares y espaciales. Imagen: Serra VerdeLa incertidumbre amenaza
En su evaluación, “el mayor riesgo del negocio es la incertidumbre sobre el futuro”, especialmente ahora que las tierras raras se convirtieron en objetivo y arma de la geopolítica.
La demanda de tierras raras crecerá mucho, pero un gran aumento de la producción en Estados Unidos puede generar exceso de oferta. Se trata de un mercado limitado, lejos de los volúmenes de otros minerales, como el de hierro.
“La incertidumbre no justifica quedar de brazos cruzados. La demanda crecerá y el movimiento por reducir la dependencia empezó antes, durante la pandemia que dejó muchos sin los respiradores y equipos médicos indispensables, porque no había de donde importar. Es un camino sin vuelta”, sentenció Pimenta.
El geólogo Nilson Botelho, profesor de la Universidad de Brasilia, considera segura la estimación de las existencias en Brasil. Su minería en Goiás es exitosa por contar con tierras raras pesadas, las “más críticas” y que se incluyen entre “los cuatro o cinco elementos de más valor”.
Pero hay muchos yacimientos en otras partes de Brasil. Además de la formación geológica de su muy extenso territorio de más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el clima tropical templado, lluvias que se infiltran en el suelo y el altiplano favorecen la presencia de tierras raras, explicó a IPS desde Brasilia.
Otro geólogo, Silas Gonçalves, se contrapone a la idea de que la minería en arcilla iónica presenta menos impactos ambientales.
La minería allí altera el paisaje y el suelo, provoca deforestación y daños difusos, como modificaciones y contaminación de la capa freática, son impactos distintos, no menores, argumentó a IPS desde Goiânia, la capital de Goiás, donde tiene su empresa de estudios geológicos y ambientales, llamada Gemma.
Colombia: ¿Arroz quebrado?
Eudoro Álvarez Cohecha
Debieron pararse duro los campesinos. Tras 11 días del segundo paro arrocero del 2025, sus organizaciones y el gobierno nacional acordaron, entre otros aspectos: fijar y regular precios del arroz pady verde y blanco, frenar el contrabando, en creciente desde Ecuador, regular las importaciones del cereal, y cumplir los acuerdos firmados para levantar el paro del sector de marzo del 2025.
La lucha por la supervivencia del arroz en Colombia completa más de tres décadas, desde cuando Virgilio Barco y César Gaviria decidieron abrir la economía y exponer la producción nacional y la agricultura en particular a una competencia desigual que en cifras significó importar 400 mil toneladas de alimentos en la década de los 90 del siglo pasado, hasta llegar a la astronómica cifra de 16 millones de toneladas de productos agropecuarios que se importan hoy en día.
Una escalada importadora de productos que en su mayoría se pueden producir y procesar en Colombia. Productos agrícolas como algodón, trigo, soya, maíz, garbanzo, arveja, ajonjolí, avena, sorgo, todos los cuales prácticamente han desaparecido o han quedado reducidos a pequeñas extensiones territoriales. Como parte de esa misma realidad, la producción de leche y la porcicultura están seriamente amenazadas por la llamada política de libre comercio.
De los cereales básicos en la alimentación humana –trigo, maíz y arroz–, este último es el único sobreviviente a la oleada aperturista, y ello, principalmente, por la política de resistencia, caracterizada por las movilizaciones masivas de sus productores y otros actores de la cadena arrocera.
Los vaivenes
El año 2025 no ha sido bueno para la agricultura de cultivos semestrales en el Llano y, en general, en Colombia. La soya y el maíz, sometidos a precios internacionales, altamente subsidiados en sus países de origen, y el arroz atropellado por dos bajonazos del precio, aupados por la gran industria molinera: uno en enero y otro a finales de junio.
Dos paros arroceros de carácter nacional, cada uno de once días, señalan la gravedad de la situación de estos campesinos.
Con costos crecientes de producción, el precio del arroz en cáscara bajó 30 por ciento, mientras el consumidor solo vio una disminución de menos del 2 por ciento; esto indica claramente que alguien, en los eslabones de industria y comercio de la cadena arrocera, se llena los bolsillos mientras los agricultores ven desocuparse los suyos.
La tormenta se acumula: las importaciones del año 2024 pesan en las bodegas de la industria y el comercio; el contrabando permanece sin contención todo lo cual amenaza con arruinar a buena parte de los productores.
El Gobierno se ha quedado sin instrumentos, pues el que había permitido un equilibrio de precios entre industriales y agricultores, como fue el incentivo al almacenamiento, tildado por una ministra fundamentalista de ser un subsidio para ricos, graduando engañosamente a los arroceros de ricos terratenientes, ha desaparecido de la política pública.
En el paro de marzo de 2025, el Gobierno firmó unos acuerdos que solo han sido cumplidos parcialmente y en el caso del Meta prácticamente se ha excluido a la inmensa mayoría de los agricultores, afectados por la primera disminución de precios.
Como si al caído hubiese necesidad de caerle, en junio la gran molinería dio un nuevo golpe a los productores imponiendo un nuevo bajonazo en el precio, provocando la reacción inmediata de los agricultores, nuevamente por la inacción del gobierno parapetado en una dialogadera inútil que finalmente agotó la paciencia del gremio agricultor, que orientado por Dignidad Arrocera Nacional, organizó el segundo paro desde el 14 de julio.
Una segunda negociación incluyó una resolución de intervención del precio del arroz en cáscara, que solo redime costos de producción, al cual debe comprar la molinería so pena sufrir sanciones.
Es evidente que hay una situación de práctica dominante por parte de los molinos que compran y comercializan la mayor parte del arroz hasta los consumidores. Es decir, hay un mercado distorsionado por prácticas claramente prohibidas por la legislación nacional; sumado a ello que las grandes superficies de bajos precios interfieren de manera muy notoria en el mercado al consumidor, creando una situación en la cual, de nuevo, la molinería pretende descargar esos bajos precios que le imponen los comerciantes en los hombros del productor. Ello provocó que en la negociación del paro de julio de 2025 se incluyera la necesidad de intervenir también el precio del arroz blanco, a fin de ordenar el conjunto de todos los eslabones de la cadena arrocera.
La gran molinería, nuevamente mostrando su poder monopólico, se niega a comprar a precios de resolución, colocando en grave peligro no solo los costos de los agricultores sino la cosecha en su totalidad, al negarse a comprar y recibir el arroz pady verde, con el gran riesgo de que se pierda hasta la camisa de los productores por la alta perecibilidad del arroz una vez cortado y transportado a los molinos, a cuyas puertas puede deteriorarse irreversiblemente, de no ser limpiado y secado.
Para birlar la resolución de los precios intervenidos, los molineros ofrecen limpiar y secar el arroz, modalidad que no corresponde al objeto social principal de la molinería.
Una realidad agravada por el contrabando, en este caso estimulado por el lavado de activos, lo que agrava la situación al aumentar inventarios a precios que no le permiten competir al arroz colombiano.
Una molinería monopolizada, el contrabando sin control, un comercio avariento, tratados de libre comercio que no defienden situaciones de coyuntura y la lentitud gubernamental, todo ello está dando un golpe certero que puede acabar con el abastecimiento nacional del único cereal que aguantó la arremetida neoliberal de gobiernos de derecha que impulsaron ese modelo antiagrario, pero también del actual gobierno que de no defender el mercado interno del arroz, contribuirá con el mismo propósito de sus contrarios.
* Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional, Bogotá. Agricultor y Director Ejecutivo de Dignidad Arrocera Nacional.
Cumbre amazónica defiende el bosque pero deja intacto al petróleo
La cumbre de los ocho países de la Amazonia, realizada este viernes 22, adoptó una declaración en favor del bosque, del clima y de los pueblos indígenas, pero sin plantear el abandono de la explotación petrolera como pidieron organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios.
La Declaración de Bogotá anunció el compromiso de los Estados amazónicos de “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa”, pero “teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales” y sin mencionar metas, plazos o mecanismos para su instrumentación.
A esta quinta cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), establecido hace 45 años, acudieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el anfitrión Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.
Cancilleres y otros ministros acudieron en representación de los restantes miembros, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
La declaración apuntó hacia la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el próximo noviembre con Lula como anfitrión, pues se realizará en Belém, junto a la desembocadura del Amazonas y en un área de prospección petrolera.
La cumbre acordó reforzar con urgencia las acciones que vienen realizando los países amazónicos frente a la crisis climática, y articular sus acciones nacionales para proteger la Amazonia, con base en el conocimiento científico pero integrado con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Lula dijo que “necesitamos calibrar qué queremos de la COP30. Por un lado, tenemos a quienes quieren actuar, pero no tienen recursos; por otro, quienes tienen recursos, pero no quieren actuar. Es importante que esta COP sea la más seria de todas y que sea considerada la COP de la verdad”.
En un mensaje a las naciones del Norte industrializado, agregó que “quienes quieren mantener el bosque en pie tienen que ayudarnos a pagar para mantenerlo”.
Los pueblos originarios de la región lograron en la cumbre la adopción del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (Mapi), para consulta permanente y además para que en las reuniones de la Otca no participen solo representantes gubernamentales sino también una representación de los indígenas.
Sin embargo, no prosperó el pedido de medio centenar de organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, que se reunieron en los días previos en Bogotá, para que los gobiernos de la Otca adoptasen un cese programado de la producción de hidrocarburos en la Amazonia.
Colombia habría propuesto incluir la renuncia a la producción de combustibles fósiles como un objetivo de la Amazonia, pero se opusieron Brasil, Ecuador y Perú, que actualmente extraen o proyectan extraer más crudo en esa cuenca, amén de que el resto de socios también son productores de hidrocarburos.
Alex Rafalowicz, director ejecutivo de la campaña “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, opinó que “los presidentes amazónicos desaprovecharon la oportunidad de reconocer que la extracción de petróleo y gas es una de las mayores amenazas para la Amazonia”.
Diana Chávez, dirigente de la Nacionalidad kichwa de Pastaza , en Ecuador, también observó que “más de 50 organizaciones exigimos en Bogotá declarar la Amazonia libre de combustibles fósiles, pero la declaración final ignora este reclamo y omite al petróleo y al gas, principales amenazas para la selva y nuestros derechos”.
Los presidentes apoyaron el surgimiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la promoción de “una economía orientada al desarrollo sostenible” en la Amazonia, y expresaron preocupación por el auge de los delitos ambientales, en particular el tráfico de fauna y flora silvestres, y la minería ilegal.
Petro expuso que “ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado de la acción armada del narcotráfico”, en alusión a atentados contra las fuerzas del orden que dejaron al menos 18 muertos- y aseguró que “después del cambio climático, el segundo enemigo que hay en Colombia se llama narcotráfico”.
Propuso por ello que se considere la “defensa con armas” de la Amazonia, contra los grupos que ejecuten acciones ilegales en la cuenca, y que se establezca en la subregión un tribunal ambiental.
Arce habló de fortalecer la acción colectiva y dijo que “debemos dejar atrás la diplomacia burocrática y procedimental que nos bloquea e inmoviliza. Es hora de proyectar a la Otca como el instrumento más poderoso que tenemos para enfrentar los retos estratégicos de la región. Para ello se requiere el coraje y la valentía”.
La próxima cumbre de la Otca se realizará el año 2027 en Ecuador.
Venezuela: Arco Minero del Orinoco arribó a sus 14 años
El 23 de agosto de 2011, el presidente Hugo Chávez declaró la delimitación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un área de 111 mil kilómetros, lo que marcó el inicio de una de las áreas estratégicas más importantes del país, que continúa con su trabajo comprometido con el impulso económico en respaldo de los venezolanos. Tal consideración fue expuesta en una publicación difundida por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico para recordar los 14 años del proyecto.
Con una extensión de más de 111.000 kilómetros cuadrados, este territorio se convirtió en un eje fundamental para el desarrollo productivo de Venezuela, bajo principios de sustentabilidad, responsabilidad ecológica y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es así como se reafirma la responsabilidad con la minería ecosocialista, que avanza para el bienestar de toda la población, dice la publicación.
Desde tiempos inmemoriales, la Región Guayana ha sido un territorio muy apetecido por sus riquezas minerales, biodiversidad, recursos forestales y potencial hídrico. La abundante presencia de oro y diamante ha atraído la atención de inversores extranjeros y nacionales, así como de mineros locales y foráneos.
El Arco Minero del Orinoco no solo se presenta como una fuente de recursos naturales, sino como una política integral que busca la diversificación de la economía nacional, que respeta los derechos humanos y el ambiente. Desde su génesis, este proyecto ha sido concebido como una estrategia de vida que equilibra el desarrollo productivo con la preservación ecológica, añade la publicación del ministerio.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que el Arco Minero del Orinoco se enmarca en una “nueva política soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral”.
Hace dos semanas, durante la emisión del programa número 88 Con Maduro +, el jefe de Estado anunció el crecimiento del sector minero en 11,23% durante el primer semestre del año.
“Esta actividad productiva continúa resaltando como uno de los sectores que ha consolidado el crecimiento y fortalecimiento de la economía nacional”, acotó.
ONG que ataca el proyecto minero es financiada por Estados Unidos
Estados Unidos ha acusado a Venezuela de ejercer la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, decretado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1994. Para ello financia a la organización no gubernamental SOS Orinoco, dirigida por Cristina Vollmer de Burelli, según informes a los cuales hemos tenido acceso.
Esa ONG ha elevado informes desde el año 2018 al Centro del Patrimonio Mundial sobre la situación en el Parque Nacional Canaima, donde señalan que “el problema de fondo es la propia política minera del Gobierno venezolano, el llamado Arco Minero”.
Al respecto, el Gobierno venezolano ha respondido enviando un informe al Centro del Patrimonio Mundial, titulado “Vinculación entre la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero y el Parque Nacional Canaima”. Allí se explica que existe un área de influencia externa con el límite norte de Canaima, “cuya función principal es el resguardo bajo régimen de administración especial, con la finalidad de mantener la visión de fomentar el desarrollo de una cultura en torno a la minería, no como un país extractivista, sino como un país que sabe usar racionalmente sus recursos en beneficio de la población”.
Informes desclasificados refieren que la ONG SOS Orinoco, registrada en Francia, recibió financiamiento de la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED) por $300.000, a fin de ser empleados en “el combate a la narcodictadura venezolana”, según sus objetivos declarados.
La mencionada ONG, firmante de varias peticiones para que bloquearan la economía venezolana, igualmente recibió 50.000 dólares por parte de la Fundación Nacional Cubano Americana, fundada por anticastristas radicados en Estados Unidos.
El avance del empleo formal en regiones supera al de Lima
El resultado estaría asociado a mayor empleo en sector agropecuario y empresas grandes.
La mejora de la actividad económica ya se refleja en el dinamismo del empleo formal en las regiones que crece por encima del promedio nacional. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el número de puestos de trabajo formales fuera de la capital creció a un ritmo de 6.5% en la primera mitad del año, superando al nivel alcanzado en Lima (+3.9%) y en el total del país (+5.2%).
Varios factores estarían asociados con este crecimiento. Según la autoridad monetaria, durante los primeros seis meses de 2025, el mayor empleo formal se registró en los sectores agropecuario, comercio y servicios. Unas 281 mil personas fueron contratadas con todos los beneficios de ley. De las cuales, el 37% fue reclutada por empresas del sector agropecuario, que incluye a la actividad de agroexportación, dedicada al procesamiento y conservación de frutos y vegetales. Estas se concentran sobre todo fuera de Lima, como en La Libertad, Piura, Lambayeque y Áncash.
También, los sectores comercio y servicios añadieron 115 mil puestos de trabajo en el primer semestre.
Generadoras de empleo
En cuanto a las empresas de mayor generación de empleo, destacó en el primer semestre la contratación de las compañías más grandes. Según el BCR, de las 281 mil personas que entraron al mercado laboral formal, el 58% fue captado por empresas de más de 500 trabajadores, muchas de las cuales conforman el grupo de principales contribuyentes.
El BCR también destacó el dinamismo de la demanda de trabajo. Precisó que el número de anuncios de empleo creció 12.2% durante la segunda semana de agosto respecto del año anterior.
Expertos afirman que Chile sigue siendo líder en la extracción de litio
Con un mejor precio del litio en las últimas semanas —que se proyecta hacia adelante—, expertos debaten las implicancias de esto en el posicionamiento de Chile en la industria, considerando que otros países de la región también avanzan la creación de nuevos proyectos
La ministra de Minería, Aurora Williams, reafirmó los avances de la Estrategia Nacional del Litio, mientras voces internacionales llaman a coordinar esfuerzos para convertirse en una potencia mundial del mineral. Además, expertos afirman que con todo, nuestro país sigue liderando en la producción de litio.
Y es que China se ha convertido, tras Bolivia, en el segundo país en reservas identificadas de litio, con un incremento del 16,5% respecto al total global en el último año.
En tanto, la planta Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estima ingresos superiores a US$4.000 millones gracias al contrato firmado con la empresa rusa Uranium One Group, para implementar una planta de carbonato de litio al sur del Salar de Uyuni.
¿Chile se está quedando atrás en el mercado del litio?
Julietta Zamora, docente de la carrera de Geología de la Universidad del Desarrollo (UDD), dijo que pese a la aparición de nuevos proyectos en la zona, Chile sigue siendo líder de producción. “Lo que ellos están produciendo al año, es similar a lo que se produce en el Salar de Atacama en menos de un mes. Chile no se ha quedado atrás en términos de producción efectiva”, resaltó la académica.
Sin embargo, un mejor precio del litio las últimas semanas ha llevado a las acciones de SQM a impulsar, en mayor medida, los nuevos récord del IPSA en Chile. A esto se suma que la reciente reforma de Beijing podría hacer que los precios salten un 54%, tras el cierre de plantas en China.
Guillermo Yánez, Director académico del departamento de Ciencia de Datos para las Finanzas de la Universidad de Chile, puso paños fríos en el impacto de esto en las proyecciones macroeconómicas del año en curso. Todo porque, según Yánez, esto “no significa esto un deterioro importante de las perspectivas, o lo que está internalizado como el potencial de crecimiento en el país”.
Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que el gobierno sigue impulsando la Estrategia Nacional del Litio, dando cuenta de los avances en materia de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOLES).“Hoy estamos en 10 territorios desarrollando consultas indígenas, que permiten que los privados interesados en desarrollar minería llegan a acuerdos con las comunidades indígenas y el Estado de Chile”, sentenció la Ministra.
Panorama Internacional
1.-Radiografía de la inversión china en el mundo
Fermín Koop * y Patrick Moore**
La región recibió solo el 1% de los 123.000 millones de dólares de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la primera mitad de 2025, pero el comercio sigue siendo clave para China.
Durante el primer semestre de 2025 se registró el mayor compromiso jamás alcanzado en un periodo de seis meses en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el programa insignia de China en materia de infraestructura global, según un nuevo informe.
El total de 123.000 millones de dólares se desglosa en 66.000 millones en contratos de construcción y 57.000 millones en inversiones, según el último informe sobre inversiones de la Franja y la Ruta elaborado por el Centro de Finanzas Verdes y Desarrollo de la Universidad de Fudan.
Esta cifra incluye un récord de 9.700 millones de dólares en compromisos en los sectores de las energías renovables, como la eólica y la solar, en un momento en que los fabricantes chinos de tecnologías limpias buscan cada vez más mercados en el extranjero debido a la feroz competencia interna.
Sin embargo, aunque las actividades relacionadas con la energía en China alcanzaron los 42.000 millones de dólares, más que en cualquier otro semestre desde la puesta en marcha de la BRI en 2013, el petróleo y el gas fueron los motores principales, con unos 30.000 millones de dólares del total. Las inversiones relacionadas con el carbón también se mantienen activas, a pesar de la promesa del líder chino Xi Jinping en 2021 de poner fin a la financiación en el extranjero de esta fuente de energía.
Unos 150 países se han adherido a la BRI y el compromiso récord ha sido impulsado por África, Asia Central y Oriente Medio, que han atraído más de dos tercios de la inversión en lo que va de 2025. Solo el parque industrial centrado en el gas de Ogidibgen, en Nigeria, representó 20.000 millones de dólares estadounidenses de inversión.
América latina
Sin embargo, en América Latina la historia ha sido diferente. Tras dos años de descenso de los compromisos en el marco de la BRI, los 21 países de la región que se han adherido a la iniciativa recibieron solo el 1,14% de los compromisos de construcción y el 0,4% de la inversión en el primer semestre de 2025.
Las cifras reflejan el reajuste en curso de la inversión china en América Latina durante esta década, ya que los enormes préstamos de los bancos estatales chinos que definieron la participación en la BRI en la década de 2010 se han reducido casi a cero. Los proyectos de infraestructura a gran escala que financiaban esos préstamos también han disminuido.
Esta participación trajo nuevas carreteras, ferrocarriles, represas y puertos a la región, pero las inversiones no siempre fueron bien recibidas en los países anfitriones. Varios proyectos fueron objeto de críticas por motivos medioambientales y sociales, lo que se considera uno de los factores que han llevado a los inversores chinos a replantearse su estrategia.
“Las empresas y los bancos chinos han tratado de minimizar el riesgo, ya sea llevando a cabo proyectos más pequeños o evitando aquellos que podrían ser problemáticos”, dijo Margaret Myers, directora general del Instituto para América, China y el Futuro de los Asuntos Globales de la Universidad Johns Hopkins. “Es muy posible que América Latina se considere un destino más difícil para cierto tipo de proyectos, ya sea por las condiciones locales, los cambios políticos, la atenta mirada de Estados Unidos sobre la región u otras razones”.
Myers añadió que el notable aumento de la participación en otras regiones, como Oriente Medio y Asia Central, podría indicar una “dependencia de la lógica de la BRI” por parte de Beijing, es decir, la búsqueda de nuevos objetivos de crecimiento interno mediante la búsqueda de nueva demanda para las empresas chinas.
Parsifal D’Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, un centro de estudios con sede en Colombia especializado en China, indica que, en el marco de la BRI, Beijing ha tendido a “favorecer las relaciones entre Estados, lo que facilita la entrada de proyectos y financiación en países donde la toma de decisiones se concentra en un pequeño grupo y el mercado desempeña un papel secundario”.
Sin embargo, a pesar de la baja en los montos de los compromisos de la BRI, los analistas consultados coincidieron en que la relación entre China y América Latina sigue siendo sólida, y que la región sigue siendo un foco importante para los inversores y las partes interesadas chinas, especialmente en el ámbito comercial. También destacaron las principales áreas emergentes de compromiso en tecnología verde, energía, minerales críticos y otros sectores relacionados a la innovación.
Cifras vs. compromisos
La BRI y el papel más amplio de China en América Latina no han dejado de ser noticia y tema de debate político durante el último año.
Más recientemente, Colombia se sumó a la iniciativa en mayo. Brasil, que parecía estar finalmente aceptando la idea de adherirse bajo el actual gobierno de Lula, volvió a dudar a finales de 2024. Panamá, por su parte, se ha convertido en el primer país latinoamericano en abandonar la BRI, bajo la presión de Trump en Estados Unidos.
Pero centrarse únicamente en la BRI oculta la magnitud de la participación china en América Latina, incluida la construcción y la inversión fuera de la iniciativa. Tanto D’Sola como Rebecca Ray, investigadora académica sénior sobre China en América Latina en el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, destacaron la ausencia de la BRI —y, por lo tanto, de datos relacionados— en las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, que juntas representan el 60% del PIB regional.
En particular, Brasil, que ya se ha consolidado como el socio comercial más importante de China en la región, ha recibido recientemente importantes inversiones de empresas chinas en el campo de la fabricación de vehículos eléctricos y turbinas eólicas, en el de la infraestructura de la red eléctrica y, de forma más controvertida, en el ámbito del petróleo.
“Aunque Brasil no forma parte oficialmente de la Franja y la Ruta, en muchos aspectos estamos muy alineados con su espíritu”, afirmó Tulio Cariello, director de contenido e investigación del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC). “Llevamos bastante tiempo recibiendo inversiones en infraestructuras, especialmente en el sector energético, pero también en puertos, almacenamiento, logística y otros ámbitos”.
Más allá de la inversión y la construcción en el marco de la BRI, todos los analistas consultados buscaron destacar el papel del comercio como principal motor de las relaciones entre China y América Latina.
En 2024, el comercio total entre China y América Latina y el Caribe alcanzó los 518.000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio de China. Esto sitúa a China como el segundo socio comercial más importante de la región en general, y el más importante de Sudamérica (excluyendo el Caribe y Centroamérica).
“Latinoamérica sigue siendo de vital interés para China, aunque por muchas de las mismas razones que atrajo la atención a principios de la década del 2000”, afirmó Myers. La región, añadió, “ocupa un lugar destacado en los cálculos de seguridad alimentaria y energética de China, como principal proveedor de productos agrícolas y de los metales y minerales que han permitido el enorme desarrollo de las infraestructuras nacionales de China a lo largo de los años y que ahora alimentan sus industrias de alta tecnología”.
Sudamérica exporta grandes cantidades de soja, cobre, litio, mineral de hierro y petróleo para alimentar la economía industrial de China, mientras que importa maquinaria, productos electrónicos y, cada vez más, vehículos eléctricos y tecnologías verdes. Países como Brasil, Chile y Perú se han integrado profundamente en las cadenas de valor de China.
Sin embargo, D’Sola expresó su frustración por esta relación, que, en su opinión, consolida una dependencia continua de las exportaciones de materias primas. “En lugar de actuar como agente de diversificación productiva, China ha funcionado como una fuerza de ‘reprimarización’, en línea con la dinámica económica histórica de la región: la exportación de una cartera limitada de productos primarios”, afirmó.
La reprimarización se produce cuando una economía vuelve a depender de la extracción de recursos después de haberse diversificado hacia la manufactura o los servicios. “Este patrón, que ha servido a los intereses comerciales de China, refuerza su papel como comprador de materias primas en lugar de inversor transformador”, añadió D’Sola.
Los comentarios de D’Sola reflejan las crecientes demandas de países como Chile, Brasil y Argentina para que sus socios exportadores ayuden a añadir valor nacional a sus materias primas y a ascender en las cadenas de valor.
Nuevas áreas de interés
Una parte cada vez mayor de la participación china en América Latina está impulsada por inversiones estratégicas en nuevos sectores, como los vehículos eléctricos, los minerales críticos y las energías renovables, usualmente lideradas por empresas privadas en lugar de las empresas estatales que dominaban los contratos en los inicios de la BRI.
El sector de los vehículos eléctricos es un claro ejemplo. En Brasil, BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, ha comenzado a producir en el estado de Bahía, donde ha adquirido una antigua planta de Ford con el objetivo de abastecer tanto al mercado nacional como al regional.
La empresa, además, está trabajando en la infraestructura para vehículos eléctricos, como estaciones de recarga y reciclaje de baterías, mientras que otras marcas como GWM y Chery también están instalando instalaciones en el país. Por su parte, Costa Rica, líder regional en la adopción de vehículos eléctricos, ha despertado un creciente interés entre los exportadores chinos de este tipo de vehículos, gracias a la temprana adopción de políticas de movilidad limpia en el país.
Al mismo tiempo, el papel de América Latina como proveedor mundial de minerales críticos, como el litio, el cobre y las tierras raras, ha situado a la región en el centro de los intereses de China. Chile y Argentina, junto con Bolivia, conforman el llamado “triángulo del litio”, una zona en la que empresas chinas como Tianqi Lithium y Ganfeng Lithium han profundizado su presencia en los últimos años. En Perú, las empresas chinas siguen invirtiendo fuertemente en la minería de cobre, mientras que Brasil está experimentando un creciente interés por sus recursos de litio y níquel.
En el ámbito de las energías renovables, el impulso lo lideran actualmente los actores comerciales que buscan joint ventures y adquisiciones. En Brasil, por ejemplo, el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwind está invirtiendo en la producción local para abastecer el consolidado mercado brasileño y facilitar su expansión en toda Sudamérica.
*Máster en Medioambiente y Desarrollo por la Universidad de Reading. **Máster en Medioambiente y Desarrollo por el King’s College de Londres. Este artículo fue originalmente publicado en Dialogue Earth.
2.- ¿Hacia un nuevo orden económico global?
Enrique Dussel Peters
En las últimas semanas se han definido un grupo de condiciones para un nuevo orden económico global que, por el momento, no han recibido suficiente atención ante un cúmulo de noticias que en muchos casos no permiten comprender sus implicaciones a mediano y largo plazos. Sus repercusiones son muy significativas también para América Latina y el Caribe (ALC) y México, como veremos abajo.
El planteamiento de Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, del 7 de agosto en el New York Times ( NYT) es contundente. Estados Unidos está reformando el orden global existente e imperante desde 1944. Los fundamentos de este orden económico internacional (conocido como de Bre-tton Woods) fueron la reciprocidad entre las naciones, el concepto de “nación más favorecida” y diversas instituciones, particularmente la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Greer reitera en varias ocasiones que este orden global no ha favorecido a EU (aunque fue la nación que impuso las nuevas reglas e instituciones) “nosotros subordinamos nuestros imperativos económicos y de seguridad nacional”, Estados Unidos ha “pagado” por este sistema global y otras naciones (particularmente China, Vietnam y México) se han beneficiado a costa del país. Estados Unidos pone en marcha “acciones de emergencia” para reindustrializar su aparato productivo y “balancear” sus relaciones económicas: el resto de los países pagarán diversos tipos de aranceles (“un arancel es un formidable garrote”) y EU exigirá el desmantelamiento de sus barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones estadunidenses.
Desde esta perspectiva, en tan sólo 130 días las “Rondas de Trump” han instaurado los cimientos del nuevo orden económico global, destacando los acuerdos con la Unión Europea realizados en Turnberry a finales de julio de 2025: la UE aceptó aranceles generales de 15 por ciento, otros sectoriales de 50 por ciento para acero, aluminio y cobre, así como compras de energía por 750 mil millones de dólares e inversiones en Estados Unidos por otros 600 mil millones de dólares. Las medidas anteriores con el objetivo de revertir décadas de pérdidas en el sector manufacturero (empleos e inversiones) y reducir o compensar el déficit comercial de EU.
Como resultado, la propuesta estadunidense fija al menos cuatro elementos básicos de su propuesto orden económico global: 1. Importaciones de países que pagarán aranceles entre 10 y 25 por ciento, mientras las exportaciones de EU no pagarán arancel. 2. Países a los que EU impondrá aranceles más altos (por ejemplo, 50 por ciento para Brasil e India) 3. Aranceles sectoriales adicionales sobre autos, acero, aluminio y cobre, así como probablemente sobre semiconductores y productos farmacéuticos y 4. Sanciones vía aranceles a países (y sectores) para castigar a países (o recompensar a otros), también a grupos de países como ha amenazado Trump al BRICS.
La propuesta implica una “constante dinámica” de negociación de EU hacia terceros países en la cual la OMC y los acuerdos a mediano y largo plazos no son relevantes, a diferencia del orden global con acuerdos a largo plazo en la OMC, entre otras instituciones, las cuales, desde esta perspectiva, pierden su funcionalidad.
¿Qué implicaciones tienen estas decisiones por parte de Estados Unidos?
Por un lado, no contemplan las negociaciones (en curso) con China; a diferencia de los acuerdos de Bretton Woods, bajo la indiscutida hegemonía de EU, en la actualidad la “competencia sistémica entre potencias” cuestiona las medidas unilaterales de EU ante la creciente presencia global de China. La relación de Washington con China y de esta nación con el resto del mundo serán al menos tan relevantes como las medidas unilaterales de EU. Como hemos examinado a detalle en esta columna, el proyecto de “globalización con características chinas” es diametralmente opuesto al aquí expuesto por Estados Unidos. La competencia e incluso el liderazgo tecnológico y comercial de China pudieran generar una “fortaleza estadunidense” en creciente declive económico y cuyas medidas arriba expuestas fueran menores en el tiempo.
El impacto en la propia economía estadunidense pudiera ser significativo. Es cuestionable que los compromisos de inversión en su territorio efectivamente se realicen, además del efecto de los aranceles (instituciones como el Yale Budget Lab estima que los aranceles en promedio de 18.6 por ciento serán los más altos desde 1933 y tendrán un costo de 2 mil 700 dólares por hogar estadunidense). Ante estos altos gravámenes ¿las empresas multinacionales de EU y de otros países efectivamente harán retroactivas las masivas cadenas globales que han generado en otros países durante varias décadas?
Las consecuencias para terceros países, incluidos ALC y México, serán drásticas. No sólo por la explícita intención de terminar con las instituciones del “antiguo orden económico global”, haciendo referencia a México como uno de los “ganadores”, sino también por el objetivo de llevar a cabo continuas renegociaciones a corto plazo: acuerdos comerciales están para ser redefinidos ante las propias prioridades de Trump. Para países como México (y Canadá), ante su alta dependencia exportadora hacia EU, la situación es frágil y comprometida.
No sólo porque en la práctica el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, negociado en 2020 bajo la primera presidencia de Trump) en la práctica ya no existe ante las medidas comerciales unilaterales, sino porque además seguramente será profundamente reformulado en 2026 (bajo la nueva racionalidad arriba expuesta). Seguramente los negociadores internacionales del gobierno actual de México ya tienen plena conciencia de estos retos, aunque pareciera ser que organismos empresariales y otros sectores todavía no han percibido estos “cambios tectónicos” en el nuevo orden económico internacional propuesto por EU y sus implicaciones en México.
¿Será?
* Profesor de Economía en la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China-México de esa universidad. Experto en teoría de organización industrial, desarrollo económico y economía política