Sergio Ferrari
El próximo 16 de octubre, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las Transnacionales, representantes del campesinado global y de comunidades indígenas y migrantes, así como mujeres, niños y niñas campesinos, pescadores, pastores y pequeños productores, convocan a manifestarse en todos los continentes. El llamado es en defensa de la v
ida, la alimentación sana y soberana de los pueblos y los derechos campesinos.
La convocatoria, difundida por La Vía Campesina, el mayor movimiento rural a nivel planetario, presenta el contexto de esta convocatoria a la protesta ciudadana. Según La Vía Campesina, que aglutina a unos 200 millones de campesinos de 180 organizaciones locales y nacionales en 81 países, “diariamente el mundo despierta con noticias sobre cómo la degradación del medio ambiente se está agravando mientras las élites de poder corporativo no dejan de enriquecerse gracias a las crisis que ellas mismas han generado”. Para La Vía Campesina, “la vida está bajo amenaza constante y muchas políticas públicas están siendo despojadas de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y la alimentación, así como de derechos colectivos y campesinos, [lo que] ha llevado a un deterioro de la justicia social y la monopolización de los bienes comunes”.
En este marco, el campesinado global, junto con otros sectores sociales vulnerables, se confronta con el despojo permanente de sus medios de vida y de subsistencia. Esta realidad se agrava debido a la ocupación militar de territorios que destruye “la biodiversidad y la Soberanía Alimentaria, al mismo tiempo que siembra terror y arrebata vidas en varias partes del mundo, como Palestina, Líbano, Sudán, Yemen y Haití”. Aunque la protesta rural en muchas regiones continúa, la misma se confronta con la criminalización de la lucha por la tierra y el territorio, lucha que sigue cobrando vidas de activistas sociales en Honduras, Filipinas, Colombia y Brasil, entre otros países.
Para La Vía Campesina, el despojo de tierras y la represión sistémica son expresiones del modelo productivo hegemónico: el agronegocio (es decir, la gran producción agroindustrial para la exportación), la explotación extractiva y la minería. Modelo que además agudiza la crisis climática y pone en riesgo el derecho de los pueblos a la alimentación. Según esta organización internacional, más de 2.000 millones de personas —casi un tercio de la población mundial— lucha por acceder regularmente a una alimentación adecuada; en tanto, el hambre y la inseguridad alimentaria aguda ya afectan a otros 864 millones de personas, sobre todo mujeres y niños. Con el fin de construir una verdadera soberanía alimentaria, La Vía Campesina exige un cambio de fondo de políticas y del propio modelo productivo para que el planeta pueda alejarse “de la dependencia de productos agrícolas importados que emiten carbono y de la agricultura impulsada por las corporaciones”.
Dos conceptos diferentes: seguridad y soberanía
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que se puede hablar de seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso a alimentos sanos y nutritivos que brindan satisfacción a sus necesidades alimenticias, sostienen su organismo y les permiten gozar de una vida sana y llena de energía.
Según la Organización No Gubernamental Acción contra el Hambre, la seguridad alimentaria tiene que ver con el costo de una dieta saludable y el acceso a la misma. En otras palabras, con el poder adquisitivo de una persona para comprar alimentos que le garanticen una buena alimentación y así evitar la desnutrición.
Por su parte, La Vía Campesina subraya el concepto de soberanía alimentaria, como “el derecho que cada pueblo tiene para definir su política en materia de alimentos”. El objetivo de la misma es devolverle al consumidor la capacidad de decisión y de control de lo que lleva a la mesa independientemente de los intereses de los grandes productores agroindustriales. Esta organización apuesta a que la soberanía de una región o país no se vea afectada por su dependencia de la producción de alimentos en otros países y su importación a gran escala.
Como lo explica Acción Contra el Hambre, hasta hace poco los conceptos de soberanía y seguridad se entendían de la misma forma, prácticamente como sinónimos. Pero la situación cambió cuando se liberó el comercio de productos alimenticios y agropecuarios a favor de grandes empresas que, en muchos casos, absorbieron una cantidad significativa de pequeños productores rurales. “Una de las principales diferencias entre estos términos”, señala Acción Contra el Hambre, “es que seguridad alimentaria es un concepto neutro que no juzga la concentración de poder en los niveles del comercio de alimentos, mientras que soberanía alimentaria contrasta la asimetría del poder en los diversos mercados mundiales”.
Es esta nueva realidad lo que ha llevado a La Vía Campesina a identificar como prioritaria la soberanía alimentaria, y es dentro de este marco de referencia conceptual que la movilización del 16 de octubre aboga por “una transformación sistémica que proteja nuestra relación simbiótica con la Madre Tierra y que garantice la justicia social, la paz y una reforma agraria integral que nos asegure vivir con dignidad, libres de pobreza y hambre”.
Las alternativas son posibles
Según la concepción de La Vía Campesina, se debe exigir una transición agro-ecológica que proteja los sistemas alimentarios locales y promueva un nuevo marco de comercio basado en los principios de la soberanía alimentaria. E insta a implementar, con urgencia, políticas públicas que apoyen y promuevan esa transición justa hacia una producción agro-ecológica que priorice modelos de economía campesina, social y solidaria.
Las políticas agrícolas dirigidas por las corporaciones, denuncia La Vía Campesina, solo empeoran la crisis climática, y los productos agrícolas importados están causando una creciente desesperación entre el campesinado, por lo cual es imperativo “frenar el creciente poder de las empresas en los espacios políticos de nuestros países y en los espacios multilaterales”.
Por esta razón propone la elaboración e implementación de un tratado vinculante de las Naciones Unidas que regule las empresas transnacionales, ponga fin a las violaciones de derechos humanos, acabe con la impunidad y garantice el acceso a la justicia por parte de las comunidades afectadas.
El mensaje es claro: es urgente establecer un sistema de respuesta al cambio climático que reconozca al campesinado como un actor clave, en particular las mujeres campesinas, quienes en muchos países y culturas aún carecen de derechos legales. Por eso es esencial enmendar leyes y políticas públicas para garantizarles el derecho a la propiedad de la tierra, reconociendo su rol histórico en la agricultura.
Por otra parte, la defensa y protección de la población campesina, así como de las personas que defienden los derechos humanos, se convierte en tarea esencial frente a la violencia que vulnera esos derechos y promueve estigmatización y criminalización. Finalmente, el alegato de la Vía Campesina reivindica como fundamental la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas de 2018 sobre los Derechos del campesinado y otros trabajadores rurales (UNDROP).
Debate internacional
Desde su fundación en 1993, La Vía Campesina no sólo ha buscado crecer como organización de referencia del mundo rural; también ha promovido la disputa de espacios de debate en organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas. Esta sigue siendo una línea prioritaria de acción que la llevará a participar en varios eventos con movilizaciones sectoriales o regionales en los próximos meses. Entre otros, la convocatoria en defensa de la biodiversidad en el marco de la Conferencia de las Partes COP 16, “Paz con la Naturaleza”, en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre, y el Tercer Foro Global Nyéléni por la Soberanía alimentaria, la Justicia global y el Cambio sistémico, en India en 2025.
En cuanto a Europa, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina vuelve a la carga e insiste en que “debemos priorizar la Soberanía Alimentaria” en el próximo ajuste de la reglamentación de la Política Agrícola Común (PAC). La PAC es la política común para todos los países de la Unión Europea y se gestiona y financia a escala continental mediante los recursos del presupuesto de la Unión.
Comentando sobre el impacto del actual episodio inflacionario, en particular en los alimentos, desde que estalló la guerra Rusia-Ucrania, la Coordinadora señaló que esta nueva situación “también debe llevarnos a replantear la estabilización de los precios de los alimentos como un objetivo en sí mismo dentro de la Política Agrícola Común”.
Y definió la agenda futura: garantizar precios justos y estables; aumentar el número de campesinos y campesinas y de explotaciones agrícolas; ajustar los volúmenes de producción a la capacidad física de los territorios; confrontar los problemas climáticos y ambientales actuales; prevenir la desestabilización de los mercados alimentarios; minimizar las consecuencias de la monopolización de los eslabones de la cadena alimentaria y disponer de herramientas regulatorias para intervenir de manera eficaz y reequilibrar los mercados. Todo esto, apoyando la transición agroecológica y las prácticas agrícolas sostenibles, reforzando la política de prevención y gestión de crisis y aumentando la regulación de las importaciones. Sin duda, un verdadero programa rural para el Viejo Mundo, en busca de nuevos paradigmas de futuro.
*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)