Argentina: Milei ordenó privatizar cuatro represas hidroeléctricas
Rubén Armendáriz
El gobierno ultraderechista argentino de Javier Milei le puso cartel de venta a cuatro centrales hidroeléctricas clave en la generación y distribución de energía en todo el país. A través de un decreto, puso el plazo de 180 días para la privatización – para luego subastar las acciones estatales- para esos complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, y renovó de facto por distintos períodos el paquete accionario de varias centrales más cuya concesión estaban vencidas.
El Presidente busca entregar el agua y la producción de energía a grandes capitales cuando podrían ser estatizadas sin pagar un peso. Las centrales que quedaron afectadas por la decisión son: Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El decreto 718/2024 indica que en dentro de seis meses la Secretaría de Energía “llamará a concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de esas sociedades.
La mayoría de las concesiones de esas plantas se otorgaron el año pasado y lo que hace la media publicada en el Boletín Oficial es ratificar los plazos de explotación, darle continuidad a las operaciones y generar las condiciones para un nuevo concurso público. En la actualidad, los complejos hidroeléctricos están en manos de las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados, ENEL Generación hace lo mismo con El Chocón-Arroyito; AES SA explota la central de Alicurá, y Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila.
El decreto aclara que esas centrales -claves en la conversión de energía eléctrica para luego ser distribuida en la red que llega a hogares, industrias y otros sectores- fueron transferidas al sector privado y que en la actualidad se encuentran vencidos y en período de transición.
El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina NA) como NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez, esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar. Con lo cual, ya no habrá organismo del Estado especializado en el tema que vigile los criterios de la nueva privatización.
El gobierno libertario es responsable de la entrega de los bienes comunes naturales a capitales concentrados para que realicen un negocio garantizado. Las represas son enormes obras de infraestructura que fueron financiadas con fondos públicos y construidas con el trabajo de miles de obreros para producir energía de baja contaminación y bajo costo. Con la ofensiva privatizadora de los ‘90 fueron concesionadas a un puñado de empresarios por 30 años (que en algunos casos transfirieron sus contratos). Un verdadero robo que ningún gobierno cuestionó y que está gestión terminaría de consumar al directamente ceder la propiedad de las mismas, señala Matías Hof.
En el caso de las concesiones hidrocarburíferas o mineras, el discurso extractivista sostiene que son necesarias inversiones en dólares, maquinaria y tecnología con la que no cuenta el Estado. En este caso, la mayor inversión ya está hecha, y el dominio y posesión de los equipos de la concesionaria se debería haber transferido al vencimiento de las concesiones al Estado, añade.