Panorama Económico Latinoamericano – Del 31 de julio al 6 de agosto de 2024

el Jul 31, 2024

El trigo HB4 viola leyes en Argentina, Brasil y Paraguay

Lucía Guadagno

El modelo de agronegocio tiene directa relación con la vulneración de leyes y derechos. Una muestra es la aprobación del primer trigo transgénico del mundo: con «estudios» de la propia empresa, confidenciales, y sin cumplir las normas que protegen la salud y el ambiente. Un muy pequeño grupo de personas, todas impulsoras del sector empresario, deciden a espaldas de millones, que son las afectadas.

El trigo transgénico HB4 se autorizó en la Argentina en un proceso irregular, denunciado tanto en las calles como en los Tribunales por violar leyes que protegen la salud y el ambiente, además de vulnerar derechos de agricultores de pequeña y mediana escala, entre quienes se encuentran campesinos e indígenas. La Fiscalía Federal pidió en dos oportunidades que se suspenda su autorización en el país, mientras que en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema debe resolver si deja firme una orden para prohibir su cultivo y comercialización. En Brasil y Paraguay, donde también se autorizó, diversos sectores de la sociedad civil se movilizaron para alertar que el trámite fue ilegal y exigen que se revoque.

A nivel internacional, un grupo de movimientos y organizaciones de América Latina, Asia y África presentó ante la Naciones Unidas un informe en el que detallan su preocupación por los daños que el nuevo transgénico puede generar para las comunidades y sus territorios. En el documento, solicitan a los relatores especiales sobre Derechos Humanos, Salud, Ambiente y Alimentación que insten a los gobiernos a suspender su autorización.

“El trigo transgénico sólo logró su aprobación porque eludió el debido escrutinio público y la participación social”, advierte el grupo formado por la Red por una América Latina Libre de OGM, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza (Uccsnal), la organización internacional Grain, el Centro Africano para la Biodiversidad, Amigos de la Tierra Nigeria y FIAN Indonesia, junto a otras organizaciones.

El informe, presentado a principios de 2024, explica que la liberación del transgénico viola no sólo los derechos a la salud y a un ambiente sano, sino también otros, como el derecho a la tierra y el derecho humano a una alimentación adecuada.

El HB4 es el primer trigo transgénico aprobado en el mundo y es propiedad de la empresa Bioceres, de origen argentino, en sociedad con la multinacional francesa Florimond Desprez. Si bien lo publicitan como tolerante a la sequía, datos del Ministerio de Agricultura de la Nación muestran que el rendimiento no es superior a los trigos convencionales. En cambio, lo que sí está demostrado es que es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato, que fue prohibido en la Unión Europea en 2013.

Liberado para su comercialización en 2022, este es el tercer año que el trigo HB4 se siembra en la Argentina. Hasta 2023, según datos de Bioceres, su cultivo fue marginal y no alcanzó el dos por ciento del área sembrada en el país. Sin embargo, al estar liberado en el ambiente, el riesgo de que se mezcle con los trigos convencionales crece con cada campaña y genera alarma no sólo en la población preocupada por la salud y el ambiente, sino también en el sector del agronegocio, que teme que se cierren mercados de exportación porque los importadores se niegan a comprarlo.

Los productores agroecológicos, en tanto, rechazan el modelo productivo del transgénico porque degrada los suelos y el ambiente, aumenta los costos y lejos de solucionar los problemas del sistema alimentario, los agrava.

Autorización ilegal

El gobierno argentino autorizó el trigo HB4 con el mismo procedimiento con el que en las últimas casi tres décadas autorizó 79 cultivos genéticamente modificados: a puertas cerradas, en un proceso ilegal que sólo tiene en cuenta los estudios confidenciales que presentan las mismas empresas interesadas. Es decir, el Estado no hace estudios propios (ni tiene en cuenta informes independientes) para evaluar los impactos ambientales y sanitarios de los transgénicos que aprueba, pese a que la Constitución Nacional y la legislación ambiental lo obligan a hacerlo.

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó sobre esta situación en un informe en 2019: “Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (…) Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante a modo de declaración jurada”.

La AGN señala que este procedimiento viola, entre otros, el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

En la mayoría de los transgénicos, incluido el trigo HB4, la modificación genética permite que las semillas sean resistentes a uno o más agrotóxicos, en general potentes herbicidas —como glifosato, 2-4D o glufosinato de amonio— que eliminan todas las plantas (consideradas «malezas») menos el cultivo de interés. Desde hace más de 20 años, cada transgénico que se autoriza tiene como resultado la aplicación de grandes volúmenes de venenos sobre millones de hectáreas de campo, lo que impacta de lleno en la salud de las poblaciones cercanas. Al mismo tiempo, el modelo de agronegocio asociado a esa tecnología provoca la destrucción de bosques y la expulsión de familias campesinas y de pequeños productores. Esto es denunciado desde hace años por movimientos campesinos, asambleas de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y científicos independientes.

En este contexto, la autorización del trigo transgénico generó aún más rechazo que en otros casos, como la soja, porque se trata de un cultivo que se consume de manera directa a través del pan, las galletas o los fideos; productos que son la base de la alimentación en gran parte del mundo.

“A partir de esta autorización, el trigo tendrá residuos de glufosinato que se incorporará a las harinas y sus derivados, es decir, habrá presencia de esta sustancia en alimentos básicos de consumo diario (…) con lo cual toda la población estará expuesta a la ingesta de este veneno en su dieta diaria”, advierte el documento de la campaña “¡Con nuestro pan no!”, firmado y difundido por más de 250 movimientos campesinos y organizaciones de la sociedad civil de Argentina y la región.

La campaña denuncia, además, el impacto que el negocio del HB4 implicará para la producción campesina: “Esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación y la agricultura de nuestros pueblos, y viene de la mano de la presión para la modificación de la ley de semillas”. Entre las organizaciones que participan se encuentran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación Agraria Argentina (FAA), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI – Somos Tierra), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, sindicatos docentes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cátedras libres de soberanía alimentaria de universidades nacionales y asambleas socioambientales. Además de difundir el documento, realizan acciones en las calles para visibilizar el reclamo.

Prohibición en suspenso en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires —que junto con Córdoba y Santa Fe conforma la región núcleo de la siembra de trigo en el país—, el juez de primera instancia Néstor Adrián Salas prohibió el cultivo del trigo HB4 en julio de 2022. Lo hizo de manera temporaria, hasta tanto se evalúen los impactos del transgénico en el ambiente, la salud y la producción, como lo dispone la Ley General del Ambiente y ley provincial 12.822, de 2001.

La orden del juez Salas, titular en ese momento del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Mar del Plata, respondió a un recurso de amparo colectivo presentado por productores de establecimientos agroecológicos, organizaciones socioambientales y pueblos indígenas, quienes denunciaron que la aprobación del trigo HB4 vulneró los derechos a la alimentación adecuada, a la producción agroecológica, a gozar de la diversidad biológica, a la salud, a la participación ciudadana, a la soberanía alimentaria y al acceso a la información completa, adecuada y veraz.

Uno de los riesgos que el juez identificó es la posible mezcla del trigo transgénico con el convencional. “Si se libera el material en territorio bonaerense, siendo este el primer evento genético que se aplicará a la semilla de trigo, podrá significar el cruzamiento del material con trigo no modificado genéticamente de forma irreversible”, advirtió. Y citó un documento del propio organismo que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), que advierte sobre “la potencial transferencia horizontal o intercambio de genes” entre el trigo transgénico y las demás semillas.

La ley provincial 12.822, una de las normas sobre la que Salas basó la medida cautelar, dispone la creación de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria cuya función es “elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización”. Lo llamativo es que, pasados 23 años de la sanción de la ley, la comisión nunca fue creada. Lo que ordenó el juez, entonces, fue suspender el uso y liberación del HB4 hasta tanto se conforme esa Comisión y se realice un informe.

Sin embargo, y a pesar de toda la argumentación jurídica citada, en marzo de 2023, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata (integrada por Diego Fernando Ucin, Elio Horacio Riccitelli y Roberto Daniel Mora) revocó la medida cautelar ante la apelación por parte del Ministerio de Agricultura. Con ello, habilitó la siembra del transgénico en el territorio bonaerense. Ahora el caso está en la Suprema Corte de Buenos Aires, que tiene que tomar la decisión definitiva.

Contradicciones en tribunales federales

A nivel federal, el Ministerio Público pidió en dos oportunidades que se suspenda la Resolución 41/2020, por la cual el Ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo en ese momento de Luis Basterra, autorizó el transgénico. “La autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, sostuvo el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Fabián Canda, en un dictamen de octubre de 2021. Para el fiscal, la aprobación vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional —que garantiza el derecho a un ambiente sano— y el principio precautorio de la Ley General del Ambiente. En su análisis, entre otros puntos, llama la atención sobre el “uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo”.

El fiscal reiteró su pedido en mayo de 2022, con otro dictamen. Ambos documentos forman parte la causa judicial “Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», iniciada en 2012 por grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, que piden suspender todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio etiquetar los alimentos que los contengan.

Hasta el momento, la Justicia Federal no suspendió el trigo HB4, a pesar de reconocer ilegalidades. Esto ocurrió, por ejemplo, en noviembre del 2021, cuando el juez Santiago Carillo ordenó realizar un proceso de participación ciudadana y que se hagan públicos documentos vinculados a la autorización. Carillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, consideró que hubo una “inobservancia clara e incontestable” por parte del Ministerio de Agricultura del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú, al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana. “El evento de transformación de trigo HB4 (…) es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez.

Ante esto, el fiscal Canda hizo nueva presentación para cuestionar la decisión del juez de reconocer la ilegalidad pero no suspender el cultivo. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental”, sostuvo. Y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.

Pasados más de tres años de fallo de Carrillo, sigue sin llevarse a cabo el proceso de participación tal cual lo prevén la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Denuncia en Brasil

Brasil aprobó el trigo HB4 en dos instancias: primero autorizó la importación de harina, en noviembre de 2021, y luego, en marzo de 2023, habilitó su cultivo y comercialización.

Así como en la Argentina, el gobierno de Brasil autoriza los transgénicos sólo con los informes de las empresas interesadas. La única diferencia es que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), organismo encargado de las autorizaciones, está obligado a publicar los estudios que presentan las empresas y convocar a una audiencia pública, que no es vinculante.

En el caso del trigo HB4, ese procedimiento se cumplió para la autorización de la importación de la harina, que fue aprobada pese a los reclamos diversos sectores de la sociedad, desde movimientos campesinos y socioambientales hasta la poderosa industria molinera. Pero luego, para la liberación del cultivo y comercialización no se realizó un nueva audiencia ni una evaluación específica del riesgo, en violación de la Ley 11.105/2005 d e Bioseguridad.

Esto llevó a que 18 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Campesina Nacional, el Instituto Brasileño de Defensa al consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, la Articulación Nacional de Agroecología, la Campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida y FIAN Brasil, presentaran un oficio ante las autoridades nacionales y el Ministerio Público para que se suspenda la aprobación.

“Una de las ilegalidades más flagrantes (…) radica en que la CTNBio sustentó su decisión técnica en el mismo proceso administrativo para aprobar primero la importación de harina y luego la liberación comercial en diferentes biomas brasileños”, denuncian las organizaciones en el documento entregado en marzo de 2023. “La Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/2005) es clara al determinar que el análisis de bioseguridad y la decisión técnica deben realizarse caso por caso, según cada tipo de evento y según los diferentes propósitos”, explican. Y agregan que los requisitos de información y estudios de bioseguridad de la propia CTNbio son diferentes para cada caso. “La falta de estudios en los diferentes biomas donde se pretende cultivar de este trigo ya hace insostenible la decisión de liberar comercialmente la siembra en el país”, señalan.

Además de denunciar la ilegalidad de esta autorización en particular, las organizaciones brasileñas reclaman un proceso de democratización de la política de bioseguridad en el país. “Mucho más allá de una cuestión técnica a ser decidida por un pequeño grupo de expertos, la aprobación de biotecnologías que influyen directamente en la soberanía tecnológica, alimentaria, energética, ambiental y de salud pública necesariamente debe ser sometida a un amplio debate público con diferentes sectores de la sociedad”, sostienen.

Y remarcan que la aprobación del trigo transgénico, además de tener riesgos para los diferentes ambientes y para la salud humana, puede tener graves repercusiones económicas para el país. “En tiempos de crisis de los precios de los insumos agrícolas y de los alimentos, cualquier tecnología que impacte en los costos de producción y en la cadena del trigo es completamente irrazonable”, advierten. “El control monopólico tanto sobre la semilla modificada así como el cultivar resultante, y del ingrediente activo del agrotóxico (…) genera el pago de regalías derivadas de derechos de propiedad intelectual, haciendo que el sistema de producción con transgénicos tenga mayores costos de producción.”

Movilización en Paraguay

Dos meses después que en Brasil, en mayo de 2023, el gobierno paraguayo también autorizó la venta y cultivo del trigo HB4 en su territorio. Y lo hizo de la misma manera: a puertas cerradas y sólo en base a los informes de Bioceres. La sociedad se enteró casi por casualidad, a través del boletín de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que agrupa a las empresas del agronegocio.

“Supimos de la aprobación por una nota que trataba sobre el avance de la soja HB4 en el Chaco, a partir de una entrevista hecha a una representante del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), institución financiada por empresas del agronegocio”, explicó Lis García, del grupo de investigación paraguayo BASE-IS, dedicado al estudio crítico del modelo agropecuario.

El grupo denuncia que el trigo HB4 se aprobó con el visto bueno de tan solo cinco de las nueve instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio) y sin ninguna evaluación técnica realizada en el territorio por instituciones públicas de manera independiente. “Tampoco se desarrolló ninguna discusión entre los sectores de la población afectados directamente por el impacto de este cultivo tanto en los territorios rurales como urbanos”, agregó García.

BASE-IS forma parte de la Campaña Pan sin Veneno, de la que participan panaderos, empresarios y trabajadores gastronómicos, la red de asociaciones civiles Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y organizaciones socioambientales.

Con una nota acompañada de 6.000 firmas, en agosto de 2023, los integrantes de la Campaña pidieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación que revoque la aprobación del trigo transgénico. Entre los fundamentos del pedido, señalaron: “Este modelo de agricultura profundiza la desigualdad económica y social, beneficia a las multinacionales semilleras y perjudica al pequeño productor, incrementa la dependencia, destruye ecosistemas, deja a su paso territorios devastados ambiental y socialmente y amenaza la soberanía alimentaria”. Pasado casi un año, no tuvieron respuesta.

Reclamo ante la ONU

En este escenario, el pedido conjunto por parte de organizaciones de diversos países ante los Relatores Especiales de las Naciones Unidas —quienes monitorean, elaboran informes y recomendaciones sobre políticas y acciones en diversas áreas— muestra que este no se trata de un problema aislado de Argentina, Brasil o Paraguay. Por el contrario, el modelo de negocio de las empresas de transgénicos y agrotóxicos, ya sea Bioceres, Bayer-Monsanto, Syngenta o cualquier otra, sólo es posible a través de la violación de los derechos de las poblaciones, en connivencia con los gobiernos nacionales.

El documento remarca que este modelo, además de violar derechos a la salud, el ambiente y la alimentación, tiene graves impactos sobre los agricultores, entre quienes se incluyen comunidades campesinas e indígenas. “La aprobación del trigo HB4 viola el derecho de agricultores de elegir libremente el sistema productivo y el régimen jurídico a que están sometidos”, señalan en relación al intento permanente de estas empresas por concentrar los mercados y sancionar leyes que les permitan cobrar regalías por el uso de las semillas modificadas.

A ello agregan: “La introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida”.

Al final del documento, solicitan a los relatores especiales que insten a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay a que revoquen las autorizaciones de venta y cultivo; y a otros gobiernos, como los de Colombia, Sudáfrica, Nigeria e Indonesia, que autorizaron sólo su importación y consumo, a que también revisen esas decisiones.

Además, piden que se “exhorte a los gobiernos a realizar una reforma del marco regulatorio en materia de organismos genéticamente modificados, según el principio precautorio y los estudios socioambientales adecuados, que tenga como pilar fundamental la participación vinculante de los sectores directamente afectados por esta decisión”. Y por último, piden instar con urgencia a los países a que inicien una moratoria sobre todas las aprobaciones de organismos genéticamente modificados “debido a violaciones sistemáticas en los últimos 30 años a los derechos humanos resultante de la siembra y consumo de cultivos transgénicos”.

El informe, junto con la solicitud, fue dirigido a los Relatores Especiales Marcos Orellana, sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos; David R. Boyd, sobre Derechos Humanos y Ambiente; Michael Fakhri, sobre el derecho a la Alimentación; Pedro Arrojo-Agudo, sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento; Olivier De Schutter, sobre extrema pobreza y los Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, sobre los derechos de los pueblos indígenas; y Tlaleng Mofokeng, sobre el derecho a la salud física y mental.

Lo relatores no responden de manera directa a los pedidos, sino que pueden tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus informes. En 2021, Fakhri, relator sobre el derecho a la Alimentación, dejó en claro su postura crítica hacia el modelo de transgénicos y agrotóxicos: “El agronegocio lo que ha hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más ‘sustentables’, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema”.

Chile: Megainversión europea en hidrógeno verde en Magallanes

Franco López

El hidrógeno verde (y amoníaco verde) es el protagonista de la nueva mega inversión anunciada durante este miércoles. Se trata de HNH Energy, consorcio europeo que ingresó a evaluación ambiental un proyecto para la producción y exportación de amoniaco verde.

La instalación, con base en San Gregorio, en la región de Magallanes, consta de una inversión de US$11 mil millones; y cuenta con una capacidad de producción de hidrógeno de 270 mil toneladas al año, de 1,3 millones de toneladas de amoníaco y generación de energía eólica de 1,4 GW mediante 194 aerogeneradores; consigna Diario Financiero.

Dentro del estudio de impacto ambiental, se proyecta la construcción de una planta de procesamiento, un parque eólico, un puerto, otra planta de almacenamiento de amoníaco y una planta desaladora de agua de mar.

Para levantar aquellas instalaciones se requeriría de unos 3.600 trabajadores, para luego bajar a 1.800 quienes mantendrán las operaciones.

En cuanto a fechas, se prevé que la construcción durará unos seis años, lo que empezaría en el primer semestre del 2027 al obtenerse la resolución ambiental. La vida útil del proyecto es de 50 años, que comenzaría a operar en el segundo semestre del 2030 y el cierre tomará otros dos años, según rescata DF.

HNH Energy está conformado por las empresas AustriaEnergy (austriaca), Copenhagen Infrastructure Partners (danesa) y Ökowind (también de Austria).

El proyecto más grande en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental

Desde el Gobierno, el ministro de Economía Nicolás Grau reaccionó a la iniciativa de HNH Energy que ingresó al SAE, afirmando que es “por lejos el proyecto de inversión más grande que ha entrado en la historia del Sistema de Evaluación Ambiental. Prácticamente duplica a los proyectos en monto que le seguían”.

“Por lo tanto, es una muy buena noticia que da cuenta de cómo nuestro país está liderando el proceso de. El desarrollo de hidrógeno verde en el mundo, haciendo de la lucha contra la crisis climática, el motor principal de nuestro desarrollo”, dijo Grau en un video.

Noticia se suma a anuncio por minera El Abra

Durante el martes se conoció otra inversión de la mano de la estadounidense Freeport McMoran (FCX), que invertirá US$7.500 millones para extender la vida útil de la faena minera El Abra, donde posee el 51% de la propiedad, mientras que el esto está en manos de Codelco.

Tal iniciativa se trata de la mayor inversión en el sector luego de Quebrada Blanca en su Fase 2.

El nivel de inversión, junto con las mejoras en las relaciones entre la empresa y el Gobierno -según apuntó la CEO de FCX, Kathleen Quirk- llevó a que el presidente Gabriel Boric destacara la noticia, a la vez que reprochó que “algunos todavía insisten en que no nos importa el crecimiento”.

Cuba no logra apuntalar las finanzas con su estrategia económica

Dariel Paradas

Las políticas económicas de Cuba resultan insuficientes para dinamizar sectores productivos y resolver la escasez de alimentos y otros bienes y servicios a precios asequibles para la ciudadanía, así como otros problemas sociales acumulados.

“La situación económica ha ido de mal en peor. Los precios siguen subiendo, y los salarios de los trabajadores se han quedado iguales. Cuesta el doble de trabajo conseguir los alimentos, acceder al transporte, a productos de primera necesidad”, dijo a IPS la gestora del patrimonio de 30 años Chulayne Valdés.

El salario medio mensual en Cuba equivale a unos 35 dólares, el salario mínimo a 17,5 dólares y las pensiones mínimas a 12,7 dólares, teniendo como referencia la tasa oficial de 120 pesos por cada dólar.

Sin embargo, la realidad de un mercado informal de divisas, que dicta la formación de precios de muchos alimentos, bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo, reduce el salario medio a 14 dólares (un dólar está cotizado ahora a unos 300 pesos), el salario mínimo a 7 dólares y las pensiones más bajas, a 5,10.

“Los métodos que tratan de implementarse para tener un segundo semestre menos tenso, están cargados de utopías. No se ha presentado un plan concreto para reanimar la agricultura, sin embargo, se intenta frenar el auge de las empresas privadas que hacen un gran esfuerzo para obtener las divisas necesarias para su importación y que el Estado no las garantiza”, señala Omar Everleny Pérez Villanueva.

Danay Vargas, de 34 años, residente en las afueras de la ciudad de Pinar del Río, en la provincia homónima ubicada en el extremo occidental de la isla, comentó a IPS que los cortes del fluido eléctrico ocurren diariamente, durante cuatro, seis y hasta ocho horas, “pero el transporte es el más complicado de los problemas” en su localidad.

La economía cubana se contrajo en 1,9 % al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, al presentar un informe a los diputados.

El primer semestre de 2024 se ha mantenido con un alto déficit fiscal, emisiones monetarias por encima de lo recomendable y una inflación que, si bien mantiene una tendencia a la desaceleración desde 2023, no baja de 30 % interanual.

Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo”, reconoció el titular de la cartera de economía.

Deterioro de la calidad de vida

Casi todos los indicadores productivos en Cuba se mantienen por debajo de lo requerido. La falta de fluido eléctrico ha sido un agobio desde hace meses para la mayoría de la población. Los productos racionados y subsidiados, esenciales para las personas en situación de vulnerabilidad, incumplen sus fechas de entrega y son cada vez menos.

La construcción de viviendas, un problema de marcada incidencia social por su déficit de 900 000 inmuebles, sigue sin concretar sus metas anuales, mientras un tercio del fondo habitacional del país se encuentra en regular o mal estado técnico constructivo.

El Estado, sin capacidad financiera para revertir tales dificultades, ha optado por recaudar mayores ingresos al eliminar varios subsidios y beneficios fiscales, así como implementar nuevos impuestos, lo que también ha provocado una mayor precarización de la calidad de vida de la población.

Entre los más vulnerables, se encuentran pensionados, familias numerosas, monoparentales y con mujeres jefas de hogar y sin trabajo estable; personas adultas mayores que viven solas y sin apoyo de otros parientes, personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo.

Según los informes oficiales, resultan insuficientes los más de 5900 millones de pesos (49,2 millones de dólares) que destina el presupuesto del Estado a respaldar la asistencia social en la protección a 186 707 familias, integradas por 324 140 personas.

“La situación más crítica la vemos en los niños de ocho años en adelante. No tienen las calorías que necesitan para desarrollarse con salud y felicidad”, afirmó a IPS el ingeniero jubilado Eugenio Martínez, de 82 años y residente en La Habana, cuya pensión de 1622 pesos (13,5 dólares) le alcanza solo para algunos productos del agromercado y medicinas subsidiadas.

En este contexto de dificultades, sigue aumentando la emigración.La población efectiva – la que reside permanentemente y vive dentro del país más de la mitad del año-, se había reducido al cierre de 2023 a unos 10 millones de personas, por la baja natalidad y los flujos emigratorios, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

Nuevas políticas del gobierno se avecinan en el segundo semestre de 2024 para redimensionar la economía e intentar mejorar la calidad de vida de los cubanos, como la actualización del sistema tributario y la propuesta de una ley de empresas.

Las reacciones en las redes muestran un similar escepticismo. El usuario Luis escribió en el portal del estatal Cubadebate, el mayor medio digital del país:“Cada día la situación de los trabajadores, jubilados, jóvenes y niños es más dura. ¿Cuándo será que nuestro gobierno haga valer todos esos comentarios que se hacen años tras años en la Asamblea Nacional? Comienzo a sentir cierta desesperación, ya no sé si lograremos salir adelante”.

Las distorsiones

La covid-19, la crisis económica internacional, las sanciones de Estados Unidos hacia esta nación insular caribeña y un infructuoso reordenamiento monetario vaciaron las arcas del Estado y los bolsillos de las personas.

Iniciada en enero de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento incluyó la eliminación del peso convertible (CUC) equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios, elevación de las tarifas de los servicios, así como el aumento de salarios y pensiones.

“La unificación monetaria no fue la solución, o no fue la medida más beneficiosa para ese momento”, dijo Valdés, la gestora del patrimonio.

En ese mismo año, las autoridades permitieron una apertura del sector privado que llegó a expandirse hasta las cifras actuales de 11 046 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y 596 167 trabajadores por cuenta propia. Si bien estos actores no estatales paliaron la escasez de productos, sus precios, muchas veces especulativos, han sido inaccesibles para la mayoría de los habitantes.

Durante las sesiones parlamentarias de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció nuevamente los errores cometidos en la implementación del ordenamiento y exhortó a corregir las llamadas “distorsiones” del proceso. «Hay déficit presupuestario, evasión fiscal alta y una distorsión en los precios”, afirmó.

También mencionó que la resistencia del sector privado a bancarizarse ha propiciado un exceso de efectivo circulante “en manos de muy pocos” y muchas subdeclaraciones de impuestos. “Hasta hace unos días, el 70 % de las cuentas fiscales de las formas no estatales no tenía depósitos”, dijo. Por otra parte, apenas 48 % de los mercados estatales se encuentran bancarizados.

El mandatario se propuso enfrentar fuertemente estas y otras tendencias: “No se trata de una cacería de brujas, se trata de ordenar”, señaló.

Empresas estatales deficitarias

Otra causa que merma los fondos del Estado es la ineficiencia de las empresas estatales, consideradas las principales contribuyentes a la economía y que suman 2674 en número.

Para mantener sus cuentas en positivo, muchas optan por subir los precios de sus bienes y servicios, pero no logran aumentar en productividad o calidad. Aun así, en el primer trimestre existían 319 empresas estatales con pérdidas, 51 más que el mismo periodo de 2023. Del total, 74 pertenecen al sector agroindustrial.

«Si tienen pérdidas no están haciendo su aporte. Las empresas estatales tienen que elaborar un programa para salir de esa situación deficitaria», acotó Díaz-Canel.

El economista Pérez Villanueva opinó que el Estado debe concentrarse en cómo reducir sus gastos para disminuir el abultado déficit fiscal, entre los que se encuentra el subsidio a tales empresas.

“Si las empresas en pérdidas llevan un número de años con esa situación, se deben aceptar sus quiebras, y podrían entregarlas a los trabajadores (en una forma de organización cooperativa) u ofrecerla a cualquier mipyme, pero una empresa no es una unidad presupuestada”, afirmó.

La política monetaria del BCR y su impacto en la economía peruana

Alejandro Narváez Liceras *

El último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (junio 2024) nos dio la noticia de que la inflación interanual cayó en mayo hasta el 2%, por debajo del umbral objetivo del 3% autoimpuesto. La contracara de la guerra contra la inflación llevada a cabo por el banco emisor, es la parálisis de la economía peruana como el efecto inmediato de la feroz escalada de las tasas de interés (precio del dinero) que se dio en poco tiempo y con una rapidez nunca vista. A la severa caída de la inflación hay que relacionarla con la abrupta contracción de la demanda interna (consumo público, privado e inversiones).

Cuando la inflación se convierte en una preocupación para el banco central, éste utiliza la política monetaria contractiva (subir tasa de interés y aumentar el coeficiente de caja) para reducir la cantidad de dinero disponible en el sistema financiero para las empresas y los hogares con el fin de frenar la inversión y el consumo. El resultado es que, al frenar dicha inversión y consumo, la menor actividad económica resultante hace que los precios bajen rápidamente. Esta política tendrá sentido siempre y cuando la economía local está recalentada debido a una alta demanda agregada generalmente prologada en el tiempo.

Cifras en la mano

En los últimos tres años (2021-2023) la tasa de inflación más alta se dio en el 2022 (8.5%) y en ese mismo periodo la tasa de interés manejado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se disparó a 7.75% manteniéndose así hasta agosto de 2023. En el último semestre del 2022, ya era evidente el agotamiento de la economía peruana (PBI de 2022:2.6%) y en el 2023 llegó la recesión con un PBI: -0.6%, sin embargo, la tasa de interés sólo se redujo a 7.5% en un contexto de fuerte caída de precios debido al estancamiento de la economía.

La lucha antiinflacionista se convirtió en un objetivo de primera magnitud del BCRP. El proceso de desinflación ha ocurrido en muy poco tiempo (2022 -2023) pero ha causado estragos en la economía del país. Suena goloso, suena muy bien, presentar una inflación baja de 2%. Esto tendría que ser positivo, pero no lo es, como veremos luego. No es difícil de entender con las cifras en la mano. Y, es precisamente algo negativo para la actividad económica. El objetivo final no es no tener inflación, sino simplemente que los precios no suban tanto como para perder poder adquisitivo de nuestros ingresos.

Las decisiones del banco central que preside Julio Velarde, no son inocuas, tienen sus consecuencias, tienen su cara y su cruz. Por un lado, el récord de ganancias de los bancos peruanos gracias a las elevadas tasas activas, incluido el Banco de la Nación en los últimos tres años (ésa es la cara) (véase las estadísticas de la banca múltiple de la SBS). Por otro lado, se ha enfriado la economía del país con el ascenso vertical de tasa de interés siendo sus efectos inmediatos: más desempleo, más subempleo y aumento de la pobreza (la cruz).

Aquí algunas evidencias

Las consecuencias más dolorosas son: la quiebra de empresas (principalmente del sector pyme) y de los hogares. Según la demografía empresarial del INEI (junio 2024) en el 2022 se crearon 66,179 empresas y dejaron de operar (quebraron) 54,253 de ellas. En el 2023 se dieron de alta (nacieron) 68,847 empresas y cesaron sus actividades (bajas) 68,326 negocios. Y, las pocas que sobreviven, son en parte, gracias al dinero público trasferido con el programa “Reactiva Perú”. La teoría es sencilla: el costo de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas que alcanza hasta el 50% anual es abusivo (usura), a diferencia de las grandes empresas que obtienen recursos con tasas que no superan los dos dígitos anuales. Al cierre de 2023 la morosidad real del sistema microfinanciero (SMF) aumentó al 11. 87% (2022:10.79%) (véase Moody’s, Perú, diciembre 2023).

Según la información estadística del Sistema COOPAC de la SBS, en el 2022 se disolvieron 77 cooperativas de ahorro y crédito, en el 2023 un total de 61 cooperativas y en lo que va de este año (a junio 2024) dejaron de existir 24 cooperativas. Se alegan distintas razones (pérdida total del capital social y reservas, inactividad, entre otras.). No menos importante es la reciente quiebra de la CMAC Sullana, quinta en el ranking de cajas municipales y con una cartera de colocaciones de 2,200 millones de soles a diciembre de 2023. La tasa de morosidad promedio a mayo de 2024 del sistema financiero (bancos, financieras, cajas y empresas de crédito) se disparó a 6.98%, el nivel más elevado en casi dos décadas (véase estadísticas de la SBS). Estas son las consecuencias de decisiones humanas erróneas de las que se habla poco o nada.

Política Monetaria: análisis costo/beneficio

La política monetaria (política instrumental) sirve como un medio para alcanzar algunos de los objetivos propios de la política económica de un gobierno. Más concretamente, la política monetaria consiste en la acción consciente emprendida por el banco central, o la inacción deliberada, para cambiar la cantidad, la disponibilidad o el precio del dinero (tasa de interés), con el fin de contribuir -repito- al logro de los objetivos básicos de la política económica (crecimiento, empleo, estabilidad de precios, distribución de la renta, etc.,). Obviamente, el objetivo más importante de la política monetaria es, la estabilidad de precios, pero nada impide que también pueda contribuir al logro del crecimiento sostenido, al pleno empleo, etc.

Por ejemplo, La Fed de Estados Unidos tiene un doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo.
Ahora bien, la primera meta que la política económica y otras políticas gubernamentales deben perseguir en cualquier país es aumentar el «bienestar material” de sus ciudadanos. La idea de que, en último término, lo que los gobiernos persiguen con sus políticas es tratar de «mejorar» el bienestar de la gente, o cuando menos que éste no empeore y que se reduzcan los problemas más negativos que afectan a la mayoría de ellas. Por lo tanto, los objetivos de las políticas económicas de un gobierno y las instituciones que toman decisiones deben ser evaluados de acuerdo con su contribución al bienestar de la sociedad (se conoce como el análisis costo – beneficio). Es una cuestión de capital importancia que casi siempre se ignora.

Apuntes finales

La tasa de interés también conocido como tasa de referencia, es el precio base que el directorio del BCR pone a tu dinero de manera discrecional, por lo tanto, es una decisión política. A partir de dicha tasa los prestamistas (bancos, financieras, etc.) pueden cobrar libremente la tasa que deseen a los tomadores de un préstamo (prestatarios) y siempre será para arriba. Es decir, el banco central fija libremente la tasa activa, pero no la pasiva, mejor dicho, los intereses que el banco debe pagar al ahorrista o al que tiene un depósito a plazo fijo.
El diagnóstico del Banco Central ha sido erróneo: ha creído que la causa de la inflación ha sido la demanda agregada mayor a la oferta agregada. En un país con una tasa de desempleo de 7%, un subempleo de 47% de la PEA, con un tercio de su población en situación de pobreza monetaria, la demanda es menguante. La inmensa mayoría de peruanos apenas sobreviven.
Ningún empresario sube precios en un contexto económico de parálisis. Todo el mundo lo sabe. El problema es que se deterioran los márgenes empresariales, y eso puede retrasar el ciclo inversor. Las Instituciones que tomas decisiones viven de espaldas al resto del país. Están desconectadas de la realidad. En mi opinión, trabajan mucho más para perjudicar que para ayudar.
Una economía con inflación cero (o próximo a cero) incluso negativo, es síntoma de que está enferma, muy mal, casi en coma. Las economías funcionan a base de consumo e inversión. Si quitas el consumo y la inversión, estrangulas la actividad económica, y eso se llama en economía “el silencio de los cementerios” (hay mucha paz, no hay inflación, todos están muertos). Yo prefiero la inflación al silencio de los cementerios. Y si me preguntara sobre cuánta es la inflación que prefiere, mi respuesta sería “de un digito».

*Profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.

Venezuela: acuerdos de cooperación energética con Trinidad y Tobago

El miércoles 24 de julio se firmaron siete acuerdos de cooperación energética entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con la finalidad de desarrollar los recursos de la plataforma Cocuina del Delta. Los documentos suscritos comprenden Licencias de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana de Venezuela.

Durante el acto de firma, el presidente Nicolás Maduro señaló que se continúan dando pasos monumentales para consolidar una relación de buena vecindad y hermandad entre ambas naciones, y que dichos acuerdos estás suscritos en el marco del respeto de la soberanía. Indicó que “nosotros somos gente de palabra” e invitó a venir al país a los inversionistas de Estados Unidos, de Europa, de China, Rusia entre otros países, que “vengan a tiempo, ya han llegado muchos”.

“Cuántas intrigas han habido para que nos odiemos, nos maltratemos y siempre ha triunfado los sentimientos de hermandad y como el día de hoy, es la diplomacia del nuevo mundo, no puede la de la cañoneras o de las amenazas”, señaló al tiempo que acotó que “nadie se mete en los asuntos internos de cada país”.

“Surge un mundo multipolar con nuevas potencias que no tienen proyectos coloniales”, agregó Maduro, quien dijo que está triunfando la diplomacia de paz, para la cooperación y para el desarrollo.

Venezuela va saliendo adelante

“Hemos aprendido a salir adelante con fórmulas propias en medio de la agresión más salvaje que se puede hacer contra un país, 930 sanciones contra el aparato económico(…) Nos hicieron perder el 99 por ciento de los ingresos , en un año ingresaron 56 mil millones de dólares y al otro 700 millones de dólares y no se canceló ningún programa social”, refirió.

“Vamos saliendo adelante y tuvimos que rehacernos y reinventarnos. Hicimos una reingeniería de nuestro cerebro y nuestros esquemas y tomamos las negociaciones con Trinidad y Tobago”, acotó.

Maduro señaló que se buscó una fórmula propia, donde los proyectos económicos que tiene un importante calado en la economía de ambas naciones, debido a los ingresos que se prevén tener, tuvieran viabilidad en el marco de relaciones soberanas , independientes, amistosas y de buena vecindad. “Estamos del lado correcto de la historia, el mundo nuevo que está emergiendo nos pertenece”, añadió.

Para el Jefe de Estado no hay dudas que el siglo XXI es el del mundo emergente, donde se superen diferencias a través del diálogo y la diplomacia.

“Buscar oportunidades de negocio en función de los pueblos- puntualizó- , estos documentos históricos que se están firmando van a permitir el desarrollo del campo Cocuina de la plataforma deltana venezolana y es un ejemplo para el mundo entero. Cuántas guerra ha habido por gas y petróleo en el mundo. Es un modelo”, refirió el mandatario.

Reiteró que el gobierno nacional está dispuesto a negociar para acuerdos soberanos y de desarrollo de los recursos petrolíferos y gasíferos. Felicitó a la empresa British Petroleum, ya que se logró un gran acuerdo tomando en cuenta la experiencia que tienen en el mundo. “Creo que integrar las experiencias de la empresa de gas de Trinidad y Tobago, de British Petroleum, de PDVSA, debe dar resultados de alta calidad y tan rápidos como estos documentos que estamos firmando”, subrayó.

Beneficios para los pueblos

“Habrá beneficios para ambos pueblos”, destacó el primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Richard Young quien fue el firmante de los acuerdos en representación de su país.

” Hoy es un día histórico y monumental para el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago, no hubiera sido posible sin su bendición presidente, estamos muy agradecidos (…) esto no pudo haber ocurrido sin los esfuerzos de su equipo, así como el equipo de Trinidad y Tobago. Señor presidente, le felicito y le agradezco. Una vez más hemos demostrado al mundo que ocurre cuando dos países trabajan de manera unida en momentos difíciles lo que es correcto”, apuntó Young.

Prosiguió diciendo que en nombre de Trinidad y Tobago, que garantizará a ambos pueblos que habrá beneficios para ambos pueblos.

En detalle

El jefe de Estado se refirió a los acuerdos firmados como una base jurídica y sólida.

Ambos países firmaron el Acta de Aprobación Concerniente a la Estructura Funcional y de Gobernabilidad para la Operación De la Unidad de Área Campo Manakin-Cocuina. Firmó el ministro del Poder Popular del Petróleo, Pedro Tellechea; por Venezuela; y el ministro de Energía e Industrias Energéticas por la República de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

También se firmó el Acuerdo sobre los Lapsos de Ejecución de la Unidad de Área Manakin-Cocuina.

Igualmente el Acuerdo de Autorización Para la Medición Fiscal de la Producción del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago.

Asi mismo, la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en el Campo Cocuina de la Plataforma Deltana.

En ese mismo sentido se suscribió la Asunción de Obligaciones por parte de las Licenciatarias, en el marco del otorgamiento de la Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados en el Campo Cocuina de la Plataforma Deltana. Firmaron la directora de la Empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.

En séptimo lugar, la Hoja de Términos Base Sobre Distribución Volumétrica y Precios Aplicables a los Contratos de Venta de Gas del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana, que las Licenciatarias NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited, suscribirán con sus compradores de la República de Trinidad y Tobago. Firmó por Venezuela, el ministro del Poder Popular del Petróleo, Pedro Tellechea; y por las Licenciatarias, la directora de la Empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.

Arce instruye acelerar el desarrollo del campo petrolero

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ordenó este martes avanzar de forma acelerada en la construcción del campo petrolero Mayaya, que se ha descubierto recientemente, con el fin de asegurar la pronta explotación de este yacimiento y asegurar la entrada de divisas necesarias al país.

Recientemente descubierto, el pozo de hidrocarburos Mayaya Centro X1 es considerado como un megacampo potencial. Para iniciar la producción requiere de 402 millones de dólares.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, declaró que «la inversión en los tres pozos es alrededor de 250 millones de dólares». La inversión en facilidades, que es todo lo que se necesita para poder llevar el gas desde Mayaya hasta un gasoducto, son 156 millones de dólares. Estamos pensando en una producción de gas con un diámetro de 10 pulgadas. Son 200 kilómetros. El objetivo es llegar desde Mayaya hasta Sencata».

Arce destacó el previsible aporte a la estabilidad económica, que ahora es objeto de boicot por la oposición política.

«Quienes dicen que les preocupa la economía, pero son los primeros en boicotar en la Asamblea más de 900 millones de dólares, que están ahí parados sin aprobarse en la Asamblea Legislativa, especialmente en el Senado Nacional. Imagínense ustedes la inyección de recursos que tendríamos si se aprobaran todos esos recursos que están durmiendo en la Asamblea Legislativa», explicó.

El líder enfatizó que trabaja para asegurar la estabilidad económica a través de un plan de industrialización en varios sectores, que incluye inversiones en la exploración de hidrocarburos.

Además, el mandatario añadió que «Megacampo de 1.7 TCF es sin duda un descubrimiento importante que consolida nuestro plan de desarrollo, porque esto, como les decíamos, es parte del plan».

Por tanto, instruyó el inmediato inicio de las tareas que posibiliten la explotación de lo que se considera una nueva cuenca de hidrocarburos en el país.

«Tenemos los recursos para poder explotar ya, ya no solamente explotar, explotar el campo de Mayaya». Queremos instruirle a usted, junto a todo su equipo que está acá presente y EPGB, a continuar con la perforación de tres pozos más acá», declaró.

También añadió: «Tres pozos más que nos van a garantizar la producción y, por lo tanto, tenemos que acelerar y pisar el acelerador porque estamos contra el tiempo, presidente, porque el pueblo boliviano necesita a la brevedad posible la solución a estos problemas».

El campo Mayaya se encuentra en la región norte del departamento de La Paz. Según los análisis, sería una nueva reserva de hidrocarburos en el norte del país. Hasta ahora, la producción de hidrocarburos se hace en el sur, en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquizaca y Cochabamba.

En los últimos diez años, el país ha disminuido su producción de hidrocarburos al menos a la mitad. Como resultado, importa más del 70 por ciento de su consumo de diésel y gasolina, lo cual tiene un alto costo para el Estado debido a la subvención de los carburantes.

La importación de diésel y gasolina alcanzó los 2.000 millones de dólares el año pasado. La importancia que tiene para el país el descubrimiento de lo que se considera un megacampo se ve reflejada en este panorama. Sin embargo, debido a las leyes de este sector, comenzará a producir dentro de tres a cuatro años.

Panorama internacional

África tiene tierras suficientes para alimentar al mundo

Con el fruto del 65 por ciento del continente sin cultivar, se pudiera abastecer a más de nueve mil millones de personas, estimó el presidente del Banco Africano de Desarrollo.

De los 783 millones de personas que padecen hambre en el mundo, 288 millones se encueran en África, y sin embargo el continente mantiene el 65 por ciento de sus tierras sin cultivar, resaltó el presidente del Banco Africano de Desarrollo, Akinwumi Adesina.

Según el alto funcionario, si esas potencialidades se aprovecharan, sería suficiente para alimentar a unas nueve mil 500 millones de personas para 2050.

Los casi 300 millones de africanos asolados por el hambre equivalen a un poco más del total de la población de Nigeria, comparó Adesina, pero ese número crece cada día debido a múltiples factores negativos.

Entre ellos mencionó el cambio climático, los conflictos bélicos, las tensiones geopolíticas, la inflación mundial de los precios de los alimentos, las restricciones a sus exportaciones y las altas tasas de pobreza y desigualdad.

Desde su perspectiva, lo más preocupante hoy es la desnutrición y el retraso del crecimiento de los menores, lo cual afecta su capacidad cognitiva y reduce las posibilidades de aprendizaje y el rendimiento, y por tanto repercute en las oportunidades económicas a largo plazo.

Para abordar estos desafíos es importante transformar la agricultura, dejar de verla como forma de vida para asumirla como negocio para generar riqueza, valoró el presidente del Banco Africano de Desarrollo.

De cara a la meta de erradicar el hambre en el planeta, las acciones de África con la agricultura serán determinantes, aseguró el banquero.Ese sector es fundamental para diversificar las economías y transformar las zonas rurales, donde vive más del 70 por ciento de la población africana, la mayoría en la pobreza, puntualizó Adesina.

Tesla, México y el riesgo trumpista

Editorial de La Jornada

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, anunció que los planes para construir la nueva planta del mayor fabricante de autos eléctricos del mundo en Santa Catarina, Nuevo León, quedan congelados hasta que pase la elección presidencial en Estados Unidos. El magnate especificó que no tiene mucho sentido invertir en México si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, pues éste ya amenazó con imponer aranceles a los vehículos producidos de este lado de la frontera como parte de su política de obligar a los industriales estadunidenses a devolver a ese país todas las operaciones manufactureras que se trasladaron a regiones donde la mano de obra era más barata durante las décadas de apogeo del neoliberalismo.

Es importante tomar con escepticismo los argumentos esgrimidos por Musk, ya que el multimillonario es bien conocido por su propensión a incumplir su palabra, a hacer con total ligereza promesas y proyecciones irrealizables, así como a cambiar abruptamente de opinión. En este caso, debe recordarse que la noticia de la llegada de Tesla al área metropolitana de Monterrey se dio de modo oficial desde marzo de 2023, pero en todo este tiempo la compañía no dio un solo paso para iniciar las obras, pese a que las autoridades locales se apresuraron a facilitarle todos los permisos necesarios e incluso aprobaron 2 mil 600 millones de pesos en incentivos al gigante de la electromovilidad. En mayo pasado y sin mediar aviso ni explicación, Tesla borró de su sitio web la lista de plazas laborales que había abierto en Nuevo León. Por ello, no puede descartarse la posibilidad de que las diatribas de Trump sean un mero pretexto para una decisión tomada con anterioridad.

Sin embargo, persiste la realidad de que un triunfo electoral del candidato republicano traería consigo un casi seguro fortalecimiento de las políticas proteccionistas y del patrioterismo comercial en detrimento no sólo de rivales comerciales como China, sino también de los más estrechos socios, con México en primer lugar por su elevado grado de integración (o dependencia, según se vea) a la economía estadunidense.

Aunque es sabido que una guerra comercial contra México se traduciría en enormes costos para las empresas de la superpotencia y en un generalizado deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, el primer periodo de Trump en la Oficina Oval demostró que al máximo representante de la ultraderecha no le importa dañar al conjunto de la economía con medidas contraproducentes con tal de alimentar los instintos xenófobos de sus seguidores.

Ante la posibilidad de que Trump concrete su regreso al poder, la clase empresarial y el gobierno mexicanos deben preparar una estrategia que permita contener los estropicios trumpianos e incluso sacar rédito de ellos, por ejemplo, aprovechando las rivalidades de Washington con otras potencias para hacer de México una alternativa deseable de inversión, siempre dentro de un marco de respeto a la soberanía nacional y a los derechos ambientales y laborales.