Panorama Económico Latinoamericano – 3 al 10 de julio de 2024

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Asistencialismo en Colombia: maquillaje para empobrecidos e indigentes

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Libardo Sarmiento Anzola

En Colombia, cuatro de cada diez personas vive bajo condiciones de pobreza. Realidad prolongada pese al conjunto de acciones que realizan las instituciones estatales, provistas de billones de pesos, con la finalidad de socorrer a los marginados. El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de opresión y explotación. ¿Tiene sentido de ser este tipo de programas en un gobierno progresista (o populista)?

Desde décadas atrás tomó cuerpo en toda nuestra región, así como en otros países del mundo, una política social soportada en subsidios asistenciales mediante transferencias directas de dinero, la que tras los años se amplió a diversidad de sectores sociales, comprometiendo importantes porcentajes del presupuesto nacional, así como aportes también significativos de presupuestos distritales y municipales, que a su vez implementaron políticas de igual sentido pero con impacto local.

El propósito de tal política, garantizar que los pobres no terminen en la indigencia y que esta no se traduzca en la muerte por hambre o total desahucio de miles de personas. No hay interés real por la emancipación, dignificación y autonomía sostenible de estas poblaciones, solo se busca su supervivencia, articulación a los circuitos de consumo y fortalecer las cadenas de dependencia al sistema hegemónico.

Estamos ante una política, emanada del Banco Mundial y que ha servido como palanca para el control social, pero sin llegar a significar un medio efectivo para que los empobrecidos dejen de serlo, no por un instante sino para siempre. Desde el mismo momento de su diseño como política social se supo que su perfil es neoliberal, y así continúa siendo. “Patrocinar al pobre ha sido siempre, en política, el más seguro medio de enriquecerse”, sentenció el filósofo bogotano Nicolás Gómez Dávila (1913-1994).

En nuestro país no es distinto, con inmensas implicaciones para el presupuesto. En un principio tal política de subsidios y transferencias de dinero estuvo disgregada en multiplicidad de entidades, pero desde el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 4155 del 3 noviembre de 2011, como medida de racionalidad económica, administrativa y política, quedó centralizada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Daps).

Se trata de una entidad con inmenso poder y burocracia, por el presupuesto que administra y que aumentó 62,1 por ciento en el último año: de $6,6 billones en 2023 a $10,8 billones en 2024, lo que es equivalente a 2,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN 2024), cuyo monto asciende a $503,1 billones (29,6% del PIB). Esta entidad concentra una porción significativa del gasto social del Gobierno, su naturaleza es asistencialista; mediante la transferencia directa de dinero promueve una mentalidad rentista y dependiente en los beneficiarios y funcionalmente está al servicio del clientelismo (votos a cambio de subsidios) y del impulso a los circuitos de consumo. “El amor a la pobreza es cristiano, pero la adulación al pobre es mera técnica de reclutamiento electoral”, agrega Gómez Dávila.

Prosperidad Social establece políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica. La institución obedece directamente las órdenes del Presidente de la República. A esta entidad se encuentran adscritos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf–, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-Anspe,​ la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,​ la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial​ y el Centro de Memoria Histórica.

Es una realidad que crea interrogantes e invita a ser transformada. En tal sentido, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó en Barranquilla el 7 de mayo de 2024 durante la jornada de “Gobierno con los Barrios Populares”: “Los subsidios tienen que acabarse, porque ya está demostrado que no sacan a la gente de la pobreza. El Presidente nos ha ordenado transformarlos en apoyo a proyectos productivos: asociar a la gente que los recibe, para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios, en vez de personas que están sujetas a una transferencia”. Una crítica acertada y un giro por dar, ¿Estamos ante el final del asistencialismo, la mentalidad rentista y las relaciones clientelares que caracterizan la política social en Colombia?

Colombia: evidencia empírica y consistencia lógica

El capitalismo global avanzó de la mano con la invasión, conquista y colonización, la violencia, la esclavitud, el asesinato de pueblos nativos, la destrucción focalizada de competidores potenciales y una inmensa transferencia de riqueza a los países centrales1. Las poblaciones empobrecidas y aculturizadas por la acción bárbara de los invasores quedaron encadenadas al sometimiento, la domesticación y la servidumbre.

La pobreza impuesta, global y crónica, y como un subconjunto de esta la indigencia (población cuyos ingresos per cápita por unidad de gasto son inferiores que la línea de indigencia y, por tanto, no pueden satisfacer al menos sus necesidades alimenticias), es un constructo enteramente nuevo y moderno. La pobreza genera sufrimientos, lástima, degrada y marchita prematuramente la condición humana y lleva a la gente a la desesperanza aprendida (también llamada indefensión aprendida) y pérdida de referentes y proyectos de vida digna.

Un común denominador de la mayoría de las percepciones de la pobreza es la noción de “falta” o “carencia”; además, se fundamentan en las dos estructuras moldeadoras del consumo empírico: la restricción presupuestaria y un nivel mínimo de consumo para los bienes y servicios necesarios. Para la identificación y cuantificación, el gasto total del hogar se divide en una fracción correspondiente a alimentos y otra a no alimentos. Según el Dane, la línea de pobreza monetaria es el valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir (servicios públicos, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros); si una persona tiene un ingreso menor a este valor se considera en situación de pobreza monetaria, y que de acuerdo con los datos oficiales suman 20,7 millones en el país. La pobreza extrema o indigencia es un término que se utiliza cuando alguien no puede satisfacer su necesidad más básica, la de alimentarse, realidad que padecen 9 millones de connacionales

Fue solo después de la expansión del modo de producción capitalista, los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales conducentes al empobrecimiento masivo, y, de hecho, la división de la sociedad en clases sociales y la monetización de la sociedad, que los pobres fueron definidos como carentes de lo que los ricos podían tener en términos de dinero, consumo, disfrute y posesiones.

Los modernos estados paternalistas de beneficencia consideran la ayuda a los pobres como una obligación de la sociedad y como un acto de caridad. Las medidas políticas orientadas a fomentar los principios de justicia y equidad como dimensiones integrales de las políticas de desarrollo, han reducido algo de los efectos secundarios pauperizadores de la economía capitalista. Pero sin redistribución radical y cambio en el modo y relaciones de producción está asegurado el fracaso en los programas de lucha contra la pobreza.

Las políticas de ayuda han fracasado en muchas formas. Es ahora claro que todos los sistemas de ayudas sirven finalmente para perpetuar los procesos de pauperización. Como hace tiempo lo señaló el filósofo, sociólogo y crítico alemán Georg Simmel (1858-1918), “El objetivo de la ayuda es precisamente mitigar ciertas extremas manifestaciones de la diferenciación social, de manera que la estructura social pueda continuar basándose en esta diferenciación. Si la ayuda fuera a basarse en los intereses de los pobres, no habría, en principio, límite alguno sobre la transferencia de propiedad en favor de los pobres, una transferencia que conduciría a la igualdad de todos”2.

Ahora bien, durante los últimos 75 años (tres generaciones) el valor del PIB real de Colombia crece 18,7 veces. El monto del gasto público socio-laboral registró un ritmo de aumento 2,5 veces más rápido que la economía global del país: se incrementó en 46,5 veces. Durante este período, el mercado laboral se convirtió en un problema estructural: la tasa de desempleo presentaba un valor de 3,1 por ciento en 1950 y desde finales de la década de 1960 tiende a convertirse en estructural sobre dos dígitos, el promedio anual del desempleo en 2024 ronda el 12 por ciento. El grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes se reduce en 45,2 puntos porcentuales; no obstante, aun en 2024 cuatro de cada diez connacionales vive bajo condiciones de pobreza. Una realidad con alto impacto en la actual orientación del Estado y que explica la razón por la cual el mismo tiende cada vez más a asumir un rol redistribuidor y asistencialista, financiado con impuestos más altos y confiscatorios, y un aumento imparable de burocracia y deuda pública (gráfico 1).

Si bien este mayor poder del Estado en el corto plazo amortigua los antagonismos sociales, maquilla la pobreza y aumenta el consumo básico, a largo plazo afecta negativamente la acumulación (reduce la tasa de ganancia), el empleo, los ingresos sociales (más impuestos y transferencias de ingreso de la clase trabajadora a los acreedores financieros mediante el servicio de la deuda –intereses y pago del principal) y reduce el consumo (impuestos a la canasta básica familiar, IVA hoy de 19%).

Pese a todo, el gasto público socio-laboral registra una alta dependencia y correlación positiva con el crecimiento del PIB real (el valor de la correlación es de 0,97). La incidencia de la pobreza por ingresos también muestra una importante asociación negativa (cuando el valor de una variable aumenta, el valor de la otra disminuye) con el crecimiento de la economía (correlación: -0,91) y también significativa y negativa con el gasto público socio-laboral (correlación: -0,87). La relación del grado de pobreza es negativa con la tasa de desempleo (correlación: -0,64) debido a factores y dinámicas independientes en los ámbitos laboral, económico, social, político y fiscal; en particular, el crecimiento sostenido del Estado (en poder político, burocracia y apropiación de la riqueza social) genera una reducción de los ámbitos privado y social, lo cual afecta negativamente el crecimiento, cae la inversión, se reduce la demanda de trabajadores y se precariza aun más el empleo (inestabilidad, mayor explotación, informalidad y bajos ingresos o salarios).

En paralelo, con la reducción del grado de incidencia de la pobreza en 45,2 puntos porcentuales durante los últimos 75 años, el ingreso per cápita aumentó 4 veces: en 1950 el PIB per cápita era cercano a los $ 10 millones y en 2024 es de $ 39 millones en términos reales. La fuerza de la correlación entre el nivel de pobreza y el ingreso per cápita es significativa y, como es lógico de esperar, negativa: -0,94. En esta relación histórica y social interactúan tres fuerzas: el crecimiento de la economía, la velocidad de la expansión demográfica y las condiciones socio-laborales específicas de la población (gráfico 2). La línea de pobreza monetaria per cápita nacional anual estimada para 2024 es de$ 5,6 millones, esto es, un poco menos del 15 por ciento del PIB per cápita; situación que deja un alto margen de maniobra al Estado para la transferencia de ingreso de los ricos hacia los pobres.

En Colombia, el gasto público total se expande más rápido que el gasto socio-laboral, en relación al PIB. En el período 1950-2024, la participación relativa del Presupuesto Público de la Nación respecto al PIB aumenta 23,8 puntos porcentuales y el gasto socio-laboral 11,4. El gasto en burocracia, mantenimiento y funcionamiento del Estado, el peso oneroso de la corrupción-impunidad, los gastos en los aparatos militares, de policía y de “justicia”, el apalancamiento del capital y la carga creciente y onerosa de la deuda pública explican, en parte, estas diferentes velocidades en los componentes del gasto público.

Como es conocido, el coeficiente Gini es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. El coeficiente de Gini se mide en una escala de cero a uno, donde cero constituye a la igualdad perfecta y uno equivale a la desigualdad máxima. Es una medición que permite concluir que Colombia es uno de los países del mundo que presenta un mayor índice de desigualdad. Durante el período 1950-2024, el valor del Gini aumentó de 0,4 a 0,51 (gráfico 3). Resulta paradójico, pero el gasto público en Colombia genera un efecto regresivo en la redistribución del ingreso, principalmente el gasto total (el valor de la correlación es de 0,42) y en menor medida el gasto socio-laboral (correlación: 0,27). Esto es, la mayor concentración de los ingresos en el Estado y el aumento del gasto público se correlacionan positivamente con el incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Son más significativos los subsidios que el Estado otorga a los ricos que el monto asignado al asistencialismo de los pobres. Esta evidencia empírica refuta las fantasías de la izquierda y la derecha respecto a que un Estado sabio, honesto, benevolente y justiciero supuestamente controla el dinero y las finanzas para el bien común. Una vez más Gómez Dávila: “La política sabia es el arte de vigorizar la sociedad y de debilitar el Estado”.

Neolengua, inversión, gasto público y prosperidad social. El célebre escritor británico George Orwell, en su famosa obra de ciencia ficción distópica “1984” describe una realidad alternativa donde la libertad, la intimidad y el espíritu crítico han sido anulados. Una nueva lengua intensifica el cariz manipulador y opresivo de la sociedad. Uno de los recursos del Estado para anular la libertad de los ciudadanos y que estos no desarrollen una ideología opuesta a la que pretende imponer es la creación de la neolengua.

En Colombia el Estado ha creado una neolengua, en particular en el ámbito presupuestal. En la realidad, la mayoría de las actividades del gobierno corresponden a una forma de consumo social, esto es, no son producción y por tanto pueden considerarse improductivas. Los relatos oficiales resignifican al “Gasto” como “Inversión”, otorgando un cambio de sentido interpretativo. Es muy importante entender la diferencia entre gasto e inversión: un gasto no genera retorno, es un dinero que se va y no regresa; al contrario, una inversión tendrá un retorno, genera valor agregado, es dinero que regresará como ingreso incrementado. En resumen, la diferencia fundamental es que el Gasto no genera plus valor, en cambio, se presupone que la realización de una Inversión si debe aumentar los beneficios futuros (mayor riqueza social).

Un caso particular a estudiar corresponde al Daps. El presupuesto desagregado para la vigencia 2024 diferencia los gastos de funcionamiento, gestión y dirección de los gastos en los programas misionales; a los primeros los denomina “gastos” y a los segundos “inversión” (aunque son transferencias monetarias para subsidiar el gasto temporal de los beneficiarios). El presupuesto de la entidad para el año 2024 es de $10,8 billones; el 2,4 por ciento corresponde a los gastos de funcionamiento, gestión y dirección; el gasto en los programas misionales concentra el 97,6 por ciento (gráfico 4).

El análisis empírico de los variopintos programas misionales, desde el punto de vista presupuestal, permite establecer cuatro conclusiones (cuadro 1 y gráfico 5): i) cerca de la totalidad de los $10,5 billones destinados en el año 2024 a los programas misionales corresponden conceptualmente a transferencias monetarias; ii) estas transferencias se gastan en consumo personal o familiar, produciendo una solución temporal de las carencias de pobreza y un incremento de la demanda en los circuitos económicos locales; iii) técnicamente, toda la ejecución presupuestal del Daps es “gasto”, no es “inversión”; iv) los gastos de burocracia (solo se toma en cuenta la planta de personal permanente dejando por fuera la nómina paralela de asesores, consultores y contratistas) ascienden a $ 160.630 millones; un gasto exagerado para una entidad que principalmente cumple la elemental función de hacer trasferencias monetarias a través de la red bancaria.

El seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Daps, con el fin de establecer el avance y cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, con corte a marzo 31 de 2024, así como a los recursos del rezago constituido para la vigencia 2023, muestra una ineficiente o baja ejecución de la entidad y un alto riesgo de pérdida de reservas en las próximas vigencias (además, las evaluaciones de resultados e impactos no hacen parte de la cultura institucional, es decir, no existen).

El presidente Petro y el director del Daps, Gustavo Bolívar, han explicado que el sentido de los subsidios es que estén concentrados en la gente que más lo necesita y que no puede vincularse a las dinámicas de producción; no en la gente que puede trabajar, a la que hay que garantizar el derecho al trabajo digno. A propósito de la directriz de concentrar los subsidios en las personas que más lo necesitan, la entidad realiza pagos correspondientes al programa Renta Ciudadana a cerca de 520.000 hogares, en su mayoría encabezados por mujeres con hijos menores de cinco años (cada hogar recibe $ 500 mil). Adicionalmente, el programa Colombia Mayor, que beneficia a cerca de 500 mil personas mayores de 80 años, triplicó el subsidio: antes recibían $ 80 mil pesos; a partir de junio de este año les giran $ 225 mil pesos”. En general, los diversos programas de transferencias monetarias benefician alrededor de 2,7 millones de hogares.

La meta del gobierno nacional es seguir ampliando rápidamente el programa Renta Ciudadana hasta llegar, en el segundo semestre de 2024, a los 2,8 millones de hogares en pobreza extrema que suman, según el Gobierno, cerca de 9 millones de connacionales.

Como se ve, el conjunto de esta política social es asistencialista, simple aire boca a boca para impedir que el moribundo fallezca de inanición, pero en ningún momento con la pretensión de insuflarle energía para que supere las falencias que lo postraron. Es así como una política social de aliento neoliberal no es confrontada por lado alguno y sí prolongada hasta el extremo. Su ruptura implicaría, al mismo tiempo, plantearse el avance hacia otras formas de propiedad, producción y de relaciones sociales económicas y políticas, y en ello la reindustrialización sostenible del país de acuerdo con los retos que hoy plantean los avances en ciencia y tecnología derivados de la tercera y cuarta revolución industrial, a su vez asumidos y aplicados según nuestra formación histórica, social, geográfica y natural.

Consecuentes con ello, cada ser colombiano aportaría al país, y este a cada uno de sus integrantes, de acuerdo con las proyecciones estratégicas y democráticas de largo plazo de que se dotara la sociedad en un momento dado.

Décadas de aplicación de estos programas asistenciales han demostrado que los mismos no cuestionan ni quiebran la injusticia social y sí la reproducen. Se trata, simplemente, de maquillar una pobreza vergonzante. Estamos ante una realidad que no es desconocida por quienes hoy dirigen el gobierno central. Evidencia de ello es la afirmación que en días pasados realizara el director de Prosperidad Social: “los subsidios tienen que convertirse en proyectos productivos”, pese a lo cual es poco probable que la naturaleza politizada de la entidad se transforme abandonando la esencia clientelar, asistencialista y rentista del gasto social público. El presupuesto del Daps es un dinero de bolsillo que maneja el gobernante de turno, desde la administración Santos hasta la actualidad, para generar réditos políticos. Con un escenario electoral en el cercano 2026 y con una polarización extrema de las fuerzas políticas, la coalición del Pacto Histórico es poco probable que “mate a la gallina de los huevos de oro”. Ya lo dijo el tristemente célebre, patético y recientemente condenado por corrupción “cuasi presidente de Colombia”, Rodolfo Hernández: “El mejor negocio del mundo, tener pobres con capacidad de consumo”.

Acercándonos a la lógica del sistema y al concepto de pobreza

Orden y desorden del sistema capitalista3. La historia económica del capitalismo enseña que el orden, propiedad emergente, se alcanza mediante choque de los desórdenes. Del caos nace un patrón. De una parte, encontramos un progreso casi constante, crecimiento inexorable de la producción, acumulación de capital, niveles de vida cada vez más altos, cambio técnico continúo y aumento de la productividad, elevación de los salarios reales, del consumo por trabajador y del ingreso per cápita.

De otra parte, el crecimiento del sistema siempre se manifiesta mediante y a través de fluctuaciones recurrentes acompañadas de auges, caídas, depresiones periódicas y desintegraciones. El crecimiento siempre es turbulento, antagónico y conflictivo. Es evidente una tendencia histórica a la creciente desigualdad a escala local y mundial. El capitalismo tiende a incrementar la desigualdad porque la tasa de ganancia propende a ser mayor que la tasa de crecimiento (la primera relaciona el excedente respecto al stock de capital y la segunda es la relación entre la parte reinvertida del excedente –inversión– respecto al stock de capital) de modo que quienes viven del ingreso proveniente de la riqueza (excedente de explotación) pueden acumular más rápido que los que obtienen salarios e ingresos mixtos. El grado general de desigualdad, tal como lo mide el coeficiente de Gini, depende de la relación del ingreso proveniente de la propiedad respecto al ingreso de la clase trabajadora. El ingreso de los sueldos y salarios producen una difusión aditiva mientras que el ingreso por las inversiones y las ganancias del capital genera una difusión multiplicadora. Las dos leyes son diferentes porque los dos tipos de ingreso son diferentes.

La desigualdad es la misma moneda que por una de sus caras registra la acumulación de riqueza (reproducción ampliada) e ingreso concentrado en unos pocos y, en la otra, la pobreza, vulnerabilidad, desempleo, riesgo e incertidumbre de muchos (reproducción simple). En el sistema capitalista, las esferas pública y privada están entrelazadas en todos los procesos, al igual que la riqueza y la pobreza, el desarrollo y el subdesarrollo, el progreso desigual y combinado de localidades, regiones y naciones. Los estragos del modo de producción capitalista se sienten a escala global, y recaen en su mayor parte, y en primera instancia, en los países periféricos o dependientes y en estos en el gran número de mujeres, niños, desempleados y pobres que experimentan sufrimiento diario.

El Estado añade otra dimensión al análisis de la distribución del ingreso: puede intervenir directamente en la balanza de poder entre el capital y el trabajo y afectar el crecimiento y el empleo por medio de las políticas fiscal y monetaria. Ambas intervenciones pueden cambiar la distribución del ingreso alterando los niveles absolutos y relativos de las ganancias y los salarios. También el Estado puede cobrar impuestos y realizar transferencias para cambiar la distribución de los ingresos después de impuestos. No obstante, el salario de mercado y los ingresos por trabajo permanecen como los determinantes centrales del nivel de vida general de los trabajadores y las clases populares. La clase trabajadora poco se beneficia de la redistribución efectuada por el Estado, reciben en beneficios un valor equivalente a sus pagos en la seguridad social; el Estado redistribuye hacia las poblaciones indigentes, pero en mayor medida hacia los capitales con mayor poder (en la intermediación pública, la clase política corrupta, la burocracia, los aparatos de represión y “justicia”, además de los acreedores financieros, se quedan con cerca de la mitad del presupuesto público).

El Estado, sin duda, puede influir en el curso de los eventos, pero siempre opera en una etapa turbulenta motivada por la ganancia (que es el propósito mismo de la inversión capitalista) y la acumulación (reproducción ampliada). Con el tiempo el Estado ha respondido a las luchas sobre las condiciones laborales, prestaciones sobre desempleo, niveles mínimos de calidad de vida, beneficios sociales y redistribución del poder de compra después de impuestos. Sin embargo, la intervención del gobierno –integrado en un sistema global con dinámicas intrínsecas imposibles de neutralizar por un solo actor– no ha abolido las depresiones recurrentes, la desigualdad estructural ni los males sociales: pobreza, desempleo involuntario, vulnerabilidades, incertidumbre, exclusión y violencia.

Finalmente, pero no menos importante, la liberación comercial y financiera sobre todo el sistema mundo capitalista ha conducido a un menor crecimiento, a mayor desigualdad, a un aumento en la pobreza global, así como a recurrentes crisis financieras, económicas y políticas en la mayoría de países.

Desigualdad y pobreza del ingreso4. Es necesario conectar la desigualdad a la pobreza. Hay una conexión estrecha entre la evaluación de la pobreza y la estimación de la desigualdad (incluida la desigualdad entre los pobres). La mayor parte de los estudios se han realizado en el contexto de un indicador unidimensional del ingreso individual, considerando la pobreza como un ingreso inadecuadamente bajo; esto podría llamarse “pobreza del ingreso”. Sin embargo, el ingreso es sólo uno de los muchos factores que influyen sobre las oportunidades reales de que disfruta la gente. Una concentración exclusiva en las desigualdades de la distribución del ingreso no puede ser adecuada para el entendimiento de la desigualdad económica. En consecuencia, el uso exclusivo de la “pobreza de ingreso” oculta algunos aspectos cruciales de la privación económica.

La evaluación de la pobreza se divide en dos pasos: i) identificación: clasificar a los pobres entre la población total de la comunidad; ii) agregación: tendrán que reunirse las características de los pobres (sufrimientos y privaciones) para llegar a una evaluación del nivel de la pobreza agregada en esa comunidad.
La identificación del nivel de ingreso en que las personas pueden ser descritas convincentemente como pobres depende del patrón de prosperidad y privación que experimentan otros, y esto puede verse afectado por el ingreso medio y por la distribución efectiva alrededor de la media.

La elección de la “línea de pobreza” es importante. La pregunta sobre si debe verse ésta elección principalmente como un ejercicio “descriptivo” (¿cuál es el nivel del ingreso por debajo del que se consideraría a una persona “pobre” y seriamente privada de recursos en una sociedad dada?) o principalmente como un ejercicio “prescriptivo” (¿cuál es el nivel de ingreso por debajo del que no debiera permitirse que cayera nadie en esa sociedad?) requiere una respuesta vinculada: la prevención de una privación significativa puede considerarse uno de los objetivos éticos importantes de la sociedad y el Estado. Por lo demás, hay una importante distinción conceptual entre i) el reconocimiento de la privación económica y ii) la viabilidad política y económica de su eliminación.

Adicionalmente, el “axioma de la concentración” establece que el estado de los pobres depende de la situación que viven los pobres solamente y en particular que la pobreza no puede considerarse disminuida como consecuencia de ningún aumento de los ingresos de los no pobres (por grande que sea). Esto parece lo bastante razonable para la evaluación de la pobreza en el sentido descriptivo, pero no nos dice cuán fácil –o difícil e inviable políticamente– será la eliminación de la pobreza mediante transferencias de los ricos a los pobres (en el contexto de la elaboración de las políticas públicas socio laborales). Una de las preocupaciones es la proporción del ingreso nacional total que tendría que destinarse para llevar a todos por encima de la línea de pobreza mediante transferencias de los ricos. Pero más allá de todo, se trata de las condiciones materiales, del valor agregado y los excedentes generados, del grado de conciencia y de la correlación de fuerzas en un momento dado de la historia en cada sociedad concreta.

Notas

1   Shaikh, Anwar (2022). Capitalismo. Competencia, conflicto y crisis. Fondo de Cultura económica, México, p. 48.

2   Sachs, Wolfgang (1996). Diccionario del Desarrollo. Una guía del conocimiento como poder. Pratec, Perú, pp. 263-264.

3   Este acápite está fundamentado en el trabajo de Shaikh Anwar, Capitalismo,…, op. cit.

4   Este acápite se orienta en la edición ampliada con un anexo fundamental de James E. Foster y Amartya Sen al libro original de éste último: La desigualdad económica (2001). Fondo de Cultura Económica, México, pp. 131-249.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.

 

La amenaza del maíz transgénico de EEUU al campo mexicano

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María Aneiros

En el trasfondo de los campos de maíz de México se entreteje una historia compleja de cultura, economía y soberanía alimentaria. Una historia que relata como un cultivo venerado desde tiempos ancestrales está ahora en el centro de una disputa transfronteriza más entre México y Estados Unidos.

El decreto del gobierno proclamado por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador el 13 de febrero de 2023, por el cual se prohibían las importaciones de maíz transgénico para consumo humano así como se implementaban acciones contra el uso de algunos agrotóxicos como el glifosato, no ha hecho más que tensionar la relación con su vecino del norte. Amparándose en los mecanismos contemplados en el T-Mec, Estados Unidos ha demandado a México por incumplimiento del mismo solicitando un Panel de Controversia que tuvo lugar los pasados días 26 y 27 de junio en la Ciudad de México.

Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su sucesor, el T-MEC, el maíz mexicano ha estado bajo presión debido a las importaciones masivas de maíz estadounidense, desafiando la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los agricultores mexicanos.

La introducción de semillas transgénicas estadounidenses, propiedad de grandes corporaciones, supone un desafío para la biodiversidad y la seguridad alimentaria en México, además de una amenaza a la autonomía de los agricultores locales, a los cuales se les imponen modelos agrícolas dependientes de tecnologías costosas y controvertidas.

Para la sociedad civil es urgente replantear las políticas que regulan el intercambio de semillas apostar por métodos agrícolas que no comprometan ni la salud pública ni el medio ambiente. El informe final resultante de ese Panel de Controversia marcará la dirección de este conflicto, de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y de la lucha por la preservación de la biodiversidad del campo mexicano.

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de extractivismo? El caso uruguayo.

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Alfredo Falero *

En términos generales, extractivismo designa la explotación de grandes cantidades de recursos naturales. La idea que subyace es que de algún modo todos los países de América Latina, reproducen y profundizan la condena de origen: la región básicamente es exportadora de materias primas, de productos primarios. El tema es clave a la hora de pensar proyectos sociopolíticos y futuros posibles para nuestros países. Sobre esas ideas, siguen algunas reflexiones sobre la relación entre campo político y extractivismo en el caso uruguayo.

La economía-mundo actual, globalizada pese a algunas tendencias contrarias, proyecta presiones fuertes sobre las periferias del sistema (América Latina, África, partes de Asia, principalmente) para el suministro de materias primas. Estas presiones provienen de Estados-nación de regiones centrales de acumulación pero también de gigantes transnacionales y sus intereses específicos. Cabrían aquí innumerables consideraciones y cifras, pero para pasar rápidamente al centro de la cuestión, se pueden resumir en dos las grandes novedades del siglo XXI que en verdad están íntimamente relacionadas.

Una es que a las necesidades históricas de las regiones centrales de acumulación (Estados Unidos y Europa principalmente), se agregan los requerimientos para ocupar otra posición global de grandes países en términos territoriales ubicados en el oriente del mundo: China con sus necesidades para consolidarse como una nueva región central de acumulación y eventualmente disputar luego la hegemonía global, India en su ascenso como aspirante a ocupar un lugar más significativo pero muy desigual y con graves problemas sociales a su interior como para tener posibilidades de otra cosa y Rusia, igualmente en su ascenso como aspirante, pero con importantes contradicciones y particularmente contenida geopolíticamente por occidente. Por las dudas: Rusia no solamente vende petróleo y gas, como señala David Teurtrie (en Le Monde Diplomatique de junio), es también el primer exportador de centrales nucleares y una de las tres principales potencias espaciales. Como sea, aún siendo los tres territorios muy extensos, requieren extractivismo mineral de otras regiones pero también agrario, lo que impulsa el agronegocio y la expansión de la frontera de la soja por ejemplo.

Una segunda novedad es la presión que impone la transición energética y la revolución informacional y las grandes transnacionales que las sustentan. Por supuesto que el petróleo y el gas seguirán teniendo su lugar, pero la búsqueda de alternativas energéticas es notoria. Claro que eso no tiene que ver con discursos sobre pactos verdes, “new green deal” o similares, rápidamente olvidables en función de la geopolítica. Una de las apuestas va por el lado del hidrógeno que puede producirse a partir de otras fuentes de energía y particularmente con el hidrógeno verde y los requerimientos de agua pura para alimentar los electrolizadores que separan el hidrógeno del oxígeno. Recuérdese que toda revolución energética ha implicado una “succión de naturaleza” del sur (como han fundamentado investigadores como Jason Moore) y la actual no es la excepción. Además, la revolución informacional en el marco de una mutación cualitativa del capitalismo y desatada hace unas cuatro décadas, requiere ahora mayor extractivismo mineral como tierras raras, cobalto y litio.

Podrían agregarse otras formas de extractivismo que implica el capitalismo actual en transformación y que están en la histórica lógica de flujos que van de las periferias a las áreas centrales. De este modo hay una extractivismo de biodiversidad entendiéndose por tal la identificación y apropiación de variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, o de ecosistemas en general con sus múltiples interacciones que permiten luego sintetizar sustancias, por ejemplo, para desarrollos biotecnológicos en el norte.

También hay un extractivismo del intelecto colectivo, es decir de la creatividad, de capacidades, de experiencias, del conocimiento social, de esa fuerza social productiva intangible que ahora trasciende los espacios de las fábricas para integrar la sociedad en su conjunto bajo la lógica del capital. De este modo, puede haber un extractivismo de diseños indígenas. Por ejemplo, un caso que salió a la luz en 2022 fue el del diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren que debió disculparse por haber plagiado diseños indígenas mexicanos. Pero, por supuesto el tema es mucho más amplio que esto.

En este marco, hay investigaciones que hablan hoy de “colonialismo de datos”. Es decir países que poseen una gran infraestructura digital, con transnacionales conocidas como Apple, Microsoft o Alphabet (Google), entre otras, que pueden acumular y procesar muchísima información y apropiarse de una enorme cantidad de datos. Se podría denominar, extractivismo informacional. Y cabría seguir adicionando elementos, pero baste lo anterior como cuadro general para establecer una conclusión parcial: no todos los flujos extractivos sur – norte son medibles, cuantificables y por tanto no son considerados en las cuentas públicas, ni, por supuesto, tenidos en cuenta por la mayoría de los economistas. Y sobre señalar que no son tratados en los medios masivos de comunicación.

Pero a los efectos de este artículo lo central es considerar que toda propuesta política, desde la izquierda a la derecha, no puede dejar de decir algo sobre este tema, aunque sea extremadamente simplificado, apologético y acrítico. Es más, todo gobierno, sea de derecha o de izquierda se verá enfrentado a gestionar proyectos extractivos, ya sean reales o puras promesas. Y aquí está la clave de lo que no suele aparecer claro: guste o no, el crecimiento económico de Uruguay es paralelo a la profundización de dinámicas extractivas y su dependencia con las regiones centrales de acumulación. Las plantas de celulosa son eso. El Uruguay, no es una novedad, sigue siendo básicamente un exportador de materias primas (por las dudas, no hay más que seguir las cifras de exportación de Uruguay XXI).

¿Puede ser algo más que esto?. Tal vez, pero por ahora, las alternativas políticas se juegan en el fondo en el terreno común nunca explícito de cómo gestionar estas dinámicas extractivas y paralelamente como correr menos riesgos electorales. En las campañas aumentan las formas de autocensura en relación a esto, no solo pensando en el electorado posible sino en que nadie puede “inquietar” al clima de negocios, es decir al capital, y ser acusado por ello. Los límites de la democracia terminan en las puertas del capital. De modo que no esperemos grandes novedades.

Para un gobierno, cualquiera sea, la necesidad de contar con la mayor generación de excedentes económicos para cubrir necesidades de diverso tipo, lleva a tener en cuenta el despliegue y las promesas de grandes empresas transnacionales. De modo que en lo que resta de esta columna trataremos de sintetizar dos problemas de esta “gestión de lo extractivo”.

En primer lugar, está el tema del medioambiente, particularmente pensando en emprendimientos extractivos agrícolas, forestales, vinculados al hidrógeno verde y potencialmente mineros. Entre lo que puede denominarse el “ambientalocentrismo”, es decir el respeto casi religioso de la naturaleza que impediría cualquier movimiento y el extractivismo puro y duro sin pensar en consecuencias ambientales de futuro, hay todo un continuo de posibilidades de ubicación. Todo agente político debe mostrar públicamente una sensibilidad medioambiental que le quita el sueño pues es una agenda potencialmente antisistémica. Lo real es que tenderá a ser un problema subsidiario del emprendimiento extractivo en cuestión y si se presentan conflictos territoriales, se deberá hacer algo. Todo elenco político tratará de localizar, circunscribir territorialmente el conflicto, mientras paralelamente llevará al plano nacional el discurso de desarrollo en base al emprendimiento en cuestión.

En segundo lugar, están precisamente las interesadas confusiones sobre desarrollo. En general da la idea de una carrera entre países para alcanzar niveles ubicados en las regiones centrales de acumulación. En esta perspectiva participa alegremente también la academia. En el caso de Uruguay se invoca además la escala: aquí cualquier inversión mueve la aguja fácilmente, se dice. De modo que, de fondo, “cualquier monedita sirve”.

Lamentamos informar que crecimiento económico más algunas medidas de inclusión social (hablar de “estado de bienestar” en la periferia ya entra en el nivel de lo ridículo), no representa una carrera al desarrollo. Habilitar más zonas francas de servicios globales (extractivismo informacional) con sus gigantescas exoneraciones impositivas, puede generar empleo, pero tampoco es desarrollo. Por las dudas y para que quede claro: no se está tratando de fundamentar el rechazo a cualquier inversión extranjera directa, sino que esa necesidad lleve a legitimar una economía de enclaves en versión siglo XXI y que las ilusiones de futuro que el campo político debe construir, inhiban la exigencia de ser más críticos y creativos en cuanto a alternativas.

Las opciones de la derecha política pueden presentarse como discursivamente novedosas (como la que intenta el ultraderechista e intelectualmemte mediocre presidente argentino actual), pero en los hechos seguirán teniendo el mismo libreto histórico: vía libre al capital transnacional y remate territorial sin complejos. Las opciones de izquierda están, en cambio, obligadas a ir generando alternativas y abrir otros horizontes de posibilidades y no quedar atrapadas en la adaptación global de facilitar enclaves extractivos.

América Latina ha sido una cantera de movimientos sociales, de experiencias alternativas y de pensamiento crítico, aunque actualmente no se encuentre en su mejor momento en ello. De modo, que si como parte de la región seguiremos siendo principalmente exportadores de materias primas con el protagonismo de grandes empresas transnacionales, al menos sería deseable también rescatar ese otro aspecto latinoamericano que en Uruguay quedó enterrado bajo discursos de excepcionalidad y desarrollo.

* Doctor en Sociología. Docente e investigador. Integrante de la Red Internacional de Cátedras Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública (RICDP – www.ricdp.org)

 

Cambios tectónicos en el poder económico peruano

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Humberto Campodónico *

En las últimas semanas se han dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI -con una tasa negativa de -0.6% en el 2023-, lo que va a continuar en los próximos años.

El tema de fondo es que, así, el Perú no va a superar el índice de pobreza, que afecta al 29% de la población y, lo más probable, es que siga aumentando. Tampoco va a bajar la tasa de informalidad, que alcanza al 74% de la masa laboral, con bajísima productividad. Recordemos que, incluso con el superciclo de altos precios de las materias primas, la informalidad apenas si bajó dos puntos porcentuales.

La discusión se ha ido elevando de tono. Hace poco se ha dado a conocer que este año el Perú ha tenido el peor Índice de Competitividad de su historia. Y también se ha conocido la carta que la OCDE le dirigió al ex primer ministro Alberto Otárola, donde le advierten que no debe promulgarse la ley que debilita la colaboración eficaz, la misma que, sin embargo, fue aprobada por insistencia por el Congreso en marzo último.

Uno de los temas en discusión es, justamente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esta es una relación de necesidad y apoyo mutuo. Ambos desean quedarse hasta el 2026. ¿Eso es subordinación? ¿O pacto?

Según Ojo Público, de las 547 normas promulgadas desde 2021, al menos, 107 fueron aprobadas por insistencia del Parlamento. Solo en 2023, se promulgaron 57 leyes con ese mecanismo. Hasta hace poco, el Ejecutivo “observaba” una que otra iniciativa legislativa del Congreso. Pero en los últimos tiempos se ha “sacado la careta”, como en el caso del retiro de fondos de las AFP, que no fue “observada”.

Si las supuestas discrepancias entre ambos poderes del Estado (que siguen teniendo “su” objetivo común) tuvieran raíces programáticas, es decir, de maneras distintas de entender al país, podría decirse que esas son las reglas de juego democrático y hay que respetarlas. Pero eso no es así. Varias iniciativas legislativas están orientadas a satisfacer intereses particulares que salen y/o debilitan el marco legal vigente (explosivos para la minería ilegal; debilitar la colaboración eficaz, ya mencionada; legalizar la tala ilegal y el cambio de uso de suelos que contamina el ambiente), entonces, eso es otra cosa. Si el ejecutivo las acepta, va por ese mismo camino.

El poder económico en el país está cambiando. Y esas nuevas relaciones de poder son las que se estamos viendo. Ese cambio no solo se produce en los ámbitos de la economía formal que todos conocemos, uno de cuyos signos es la aparición de nuevos grupos económicos, lo que se visibiliza con la posible candidatura de Carlos Añaños en “Perú Moderno” (1). También se aprecia en la economía informal (que tiene el 19% del PBI) y en las economías criminales y delictivas, ya analizadas (2).

Diferentes tipos de poder 

Las relaciones y las influencias que puede tener el poder económico han sido siempre materia de análisis y estudio. Un reciente libro de Durand, Crabtree y Wolff (3) identifica tres tipos de “poder económico tradicional”, lo que aplican para Ecuador, Bolivia y Perú en los últimos 50 años.

En primer lugar, está el poder estructural, vale decir, la capacidad de las élites económicas para influir en las decisiones del Estado a partir de su peso en la economía y de sus decisiones de inversión (o no inversión). En segundo lugar, viene el poder instrumental, es decir, las maneras en que las empresas expresan sus intereses, lo que generalmente se realiza a través de sus voceros empresariales. En tercer lugar, viene el llamado poder discursivo, mediante el cual se influye en los patrones de formación de opinión pública y en sus bases ideológicas, de modos que van mucho más allá del Estado pero que, a su vez, influyen en la política estatal.

Los autores concuerdan en decir que en el Perú la influencia del sector empresarial ha sido mucho mayor que en Ecuador y Bolivia, países donde ha habido espacios de poder compartidos con otros actores económicos, sociales y políticos. Y ese poder ha sido más pronunciado aún en los momentos del auge económico (impulsado por el superciclo de altos precios de las materias primas).

Lo que está en debate es si esas tres formas de influencia del poder económico tienen (o no) vigencia en el contexto actual nacional e internacional (“slowbalization”). La propia OCDE, en su Informe Económico 2023 sobre el Perú dice: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”.

Y agrega que hay que realizar reformas distintas a las anteriores, orientadas, entre otras, a la diversificación productiva, para garantizar un marco de condiciones favorables.

Otro tema, varias veces analizado acá, es también que hay una gran proporción de la población peruana que vive y trabaja en las economías ilegales, lo que llega hasta los 5 millones de personas (4).

Y buena parte de esas actividades tiene poco que ver con la economía formal, como es el caso de la minería ilegal (que ya exporta US$ 4,000 millones anuales, como lo consigna el BCR), el contrabando (la “culebra” en Puno), la tala ilegal y la deforestación (que promueve el cambio de uso de suelos en la Amazonía). Y también tiene poco que ver con el mercado interno porque la demanda proviene de circuitos internacionales delictivos (que compran en dólares).

Es aquí que aparece el tema del Estado fallido, que se ha comenzado a mencionar en el Perú.

Hay numerosas acepciones. Una de las más comunes es que dicho Estado no puede garantizar el funcionamiento de la administración general, garantizar el acceso a servicios básicos y establecer la ley y la seguridad sobre el terreno que es de su competencia. Las características nos son familiares. Y se puede también agregar el grado extremo de polarización y enfrentamiento entre dos o más sectores de la población y de la política. Pero eso no alcanza, hoy, para una afirmación tan grave. Debe servirnos, sí, para evitarlo.

Para terminar, estamos no frente a un solo poder económico tradicional, sino frente a otros sectores empresariales que ascienden (los “otros apóstoles”, ya citado), amplios sectores que operan en la economía formal y que quieren sus propias leyes (desde nuevas universidades hasta colectiveros), amplios sectores informales que están al margen de la ley (pero no son delincuentes) y economías ilegales y delictivas con poder económico que busca apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.

Hemos pasado de ser el “Jaguar de América” (que en verdad nunca fuimos) a un país fuertemente fracturado. Se necesita un golpe de timón.


Notas

1)  Dice Francisco Durand: “se constata la existencia de un nuevo grupo de emprendedores provincianos, social y geográficamente distintos al tipo establecido limeño, lo que representa un importante cambio histórico: peruanos de origen popular y mestizo, provenientes de la parte baja de la pirámide, constituyen grandes grupos de poder económico» en “Los doce apóstoles de la economía peruana: una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos”, 2017, PUCP.
2)  El Perú se ha lumpenizado, La República, 17/11/2023
3)  Estado y Poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú. Un estudio comparativo, PUCP, 2024 
4)  Ver el detalle en “Debate sobre un Perú fracturado”, 25 de febrero 2019, https://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2831

* Político, escritor, investigador, economista e ingeniero industrial especializado en temas de economía de hidrocarburos. Actualmente es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Inflación de los vendedores en Ecuador 2015-2024

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Jonathan Báez Valencia

La inflación es el objeto de estudio que en la actualidad ha desatado el debate de posiciones en el campo económico y no solo teóricas, también las de defensa de clase. Desde las interpretaciones de Blanchard y Bernanke en el Instituto Peterson (donde se originaron las recetas de ajuste del Consenso de Washington con Williamson a la cabeza),[1] reconocido por su posición de clase hacia la élite económica, hasta las respuestas que defienden a una clase amplia y mayoritaria.

Este es el caso del análisis de Isabella M. Weber y Evan Wasnerque que proponen un marco analítico sobre la inflación con énfasis en la dinámica de su proceso y el conflicto inherente.[2] Una visión que permitirá comprender lo que ocurre en Ecuador con su inflación.

En su artículo “Inflación de los vendedores, beneficios y conflicto: ¿Por qué las grandes empresas pueden subir los precios en caso de emergencia?” Weber y Wasner (2023) explican las distintas etapas de la inflación de la siguiente manera:

(1) El aumento de los precios en los sectores ascendentes de importancia sistémica debido a la dinámica del mercado de materias primas o a cuellos de botella crea beneficios inesperados y proporciona un impulso para nuevas subidas de precios.

(2) Para proteger los márgenes de beneficio del aumento de los costes, los sectores descendentes propagan, o en casos de monopolios temporales debidos a cuellos de botella, amplifican las presiones sobre los precios.

(3) La mano de obra responde intentando evitar la caída de los salarios reales en la fase de conflicto. Sostenemos que este tipo de inflación de los vendedores genera una subida general de precios que puede ser transitoria, pero que también puede dar lugar a espirales inflacionistas autosostenidas en determinadas condiciones. La política debe tratar de contener las subidas de precios en la fase de impulso para evitar la inflación desde el principio (p. 183)

Fuente y Elaboración: (Weber y Wasner, 2023, p. 187)

En efecto, el proceso de inflación tiene dos elementos claves. Por un lado, está la existencia de monopolios (permanentes y temporales). Por otro, momentos de emergencia o de shock que son aprovechados para generar una espiral inflacionaria que aumenta los márgenes de beneficios y ganancias debido a la decisión de aumento en los precios (el impulso y posterior propagación). Solo después los salarios reales entran en conflicto con estas medidas inflacionarias para tratar de recuperar, en cierta medida, la devastación del poder adquisitivo; necesario para mantener altas las ganancias y los beneficios.

Desde esta perspectiva, los mercados en el caso ecuatoriano muestran signos de estar “hiperconcentrados”. En palabras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-. En efecto, el decil 10 acapara el 95,81% del total de ventas según el último Censo Nacional Económico del año 2010.[3] Por otra parte, un informe para la Ley de Regulación y Poder de Mercado muestra cómo varias ramas de actividad se encuentran concentradas por pocas empresas con esta misma base.[4]

En efecto, este es un hecho que parece replicarse en otras ramas y en estudios posteriores.[5] Sin embargo, la cuestión no es asumir de forma automática que los hiperconcentradores pueden aumentar los precios siempre a conveniencia (no porque no lo deseen), es en momentos y bajo dinámicas específicas que logran accionar este proceso. Como lo mencionan Weber y Wasner (2023), es en los momentos de shock.

Fuente y Elaboración: INEC-ASAMBLEA

Existen dos momentos claramente marcados en los que existió un pico inflacionario en el mercado ecuatoriano. El primero se observa desde el segundo trimestre de 2015 y no parece dar tregua hasta el segundo semestre del año 2017. Este periodo coincide con la crisis del precio del petróleo en Ecuador, cuando bajó de 84 dólares a 42 dólares -en promedio- entre 2014 y 2015, hasta ubicarse en 34 dólares durante 2016.[6] Año en el que se exacerba la complicada situación con el terremoto de abril. Al parecer este shock, esta emergencia, fue el contexto idóneo y para que los “vendedores de la inflación” realizaran el paso del impulso y que después se propagó y amplificó, por ello el aumento de los precios observado.

El segundo momento ocurrió después de la pandemia del COVID-19, a partir del segundo semestre de 2021, al parecer aquí el shock o emergencia tardó más en acoplarse y permitirle a los “vendedores de la inflación” accionar el proceso antes mencionado de la inflación. No obstante, este parece ser un periodo más largo y que, a diferencia del descrito antes, está dando señales de no agotarse; al contrario, parece tomar un nuevo periodo de impulso en el año 2024.

Fuente y Elaboración: INEC

Esta diferencia, en un primer momento, puede ser el resultado de una variable que también juega un rol y es el Estado y el régimen de acumulación que promueva. Eso será un indicador quizá no de la probabilidad -o no- de que ocurra un proceso inflacionario, pero sí de la temporalidad del mismo. De esa forma, en el último shock más prolongado se da en medio de una serie de gobiernos aliados más al mercado y su funcionamiento por encima de todo, incluso de las vidas de las personas.

Una muestra de ello es que el gobierno del presidente Lasso implementó un aumento al salario de 50 dólares en sus dos años, ya que no terminó el periodo. No obstante, la canasta básica aumentó en más de 75 dólares. Eso implica que no solo “licuó” el aumento que generó, sino que permitió a los “vendedores de la inflación” incrementar los precios para aumentar su margen de beneficio.

Otro de los elementos que genera interés en este último periodo de shock o emergencia es que se observa un fenómeno no antes visto durante el periodo. A partir de la pandemia del COVID-19. Los bienes de consumo intermedio ahora superan a los bienes finales. Esto puede ser un indicador de que aún la etapa del impulso no pasa a la propagación y amplificación de la inflación, ya que los productores aún no trasladan los incrementos de precios y aumentan los suyos.

Por otro lado, puede ser el indicio de que una serie de productores están en una dinámica no solo de ver sus ganancias disminuirse, sino de pérdidas acumuladas. Dichas pérdidas pueden significar la destrucción de estos capitales, lo que sería un efecto también de la dinámica del proceso de inflación y dejaría con mayor concentración y maniobra a los “vendedores de la inflación” que monopolizan los mercados, para en un siguiente momento profundizar aún más sus ganancias a costa de aumentar los precios y erosionar el poder adquisitivo.

Fuente y Elaboración: INEC

Con el fin de dar un límite a este proceso, impedir la inflación desde el momento de su impulso es lo más adecuado, como mencionan Weber y Wasner (2023). Sin embargo, para que aquello ocurra la dimensión del conflicto para recuperar el poder adquisitivo de los salarios debe canalizarse desde distintas vías en el proceso de estabilización de precios, lo que reforzaría un régimen de acumulación ligado más al bienestar que al mercado. Un régimen que regule.

De cualquier manera, el marco analítico ofrecido por Weber y Wasner (2023) permiten comprender y accionar sobre el proceso, además de quitar de una vez y por todas, la premisa de que la inflación es producto de los salarios. Como menciona James K. Galbraith: “Las presiones inflacionarias son impulsadas en primer lugar por los costos de los recursos y, después, por la competencia especulativa entre los distintos monopolios. Como ha documentado Josh Bivens, las grandes ganancias recientes están en las ganancias. Es un mundo de oligarcas, aquí solo vivimos.” [7]

Es importante vivir y disputar estos procesos, para que los vendedores de inflación no continúen con este proceso que elimina las condiciones de una vida digna. Aún queda por analizar los beneficios y márgenes de ganancia de los «vendedores de la inflación», lo que permitirá seguir discutiendo sobre este tema. Una situación compleja sin la información especializada, espacio en que el Estado también debe intervenir para analizarla.


Notas

[1] https://www.piie.com/publications/working-papers/2024/analysis-pandemic-era-inflation-11-economies

[2] https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/11/2/article-p183.xml?tab_body=pdf

[3] https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/resultados_generales_censo_economico.pdf

[4] https://es.slideshare.net/slideshow/socializacin-de-la-ley-que-regula-el-mercado/9889368?from_search=8

[5] Ver por ejemplo el estudio de la agroindustria y su concentración en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-92452018000100089

[6] https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1978/IEM-412b-e.xlsx

[7] https://medium.com/@monetarypolicyinstitute/convergence-on-conflict-inflation-in-the-21st-century-7bccb7b6479 

 

Perú: Tía María espera iniciar operaciones antes de 2027

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La minera Southern Copper Corporation inició este lunes actividades en la mina Tía María, que está ubicada en la provincia de Islay en Arequipa. El presidente de la empresa, Óscar González Rocha, anunció que se llegó a un acuerdo para la reanudación del proyecto.

González señaló que aún hay grupos disconformes con el proyecto. No obstante indicó que espera que los que están a favor puedan convencerlos.

 “Vamos bien, creemos que este año vamos a empezar la reanudación del proyecto que ya tiene 15 años, la población del Valle del Tambo (Arequipa) está de acuerdo, aunque hay todavía unas pequeñas cantidades de disconformes, pero esperamos que las personas que están a favor los pueda convencer a fin de que el proyecto pueda salir adelante”, dijo.

En esa línea, indicó que se espera realizar una inversión de US$ 1,500 millones y aseguró que esperan iniciar operaciones en 2027. González aseveró que la mina no contaminará los cultivos del valle y aseguró que en otras partes también se desarrolla la minería “junto a la agricultura”.

“La minería y la agricultura son compatibles, pese a que se tenía el pensamiento de que se iba a contaminar el ambiente, pero en otras partes donde se desarrolla minería, esta se desarrolla junto a la agricultura, y con el represo que se va a construir se va a beneficiar a los agricultores”, indicó.

Beneficiará a la población

Como se recuerda, en mayo de este año, el vicepresidente de la empresa, Raúl Jacob, señaló que los diálogos con la comunidad del Valle de Tambo se encontraban avanzadas y que se esperaba que pronto se lleve a cabo la construcción de la mina. En ese sentido, resaltó que la solamente la etapa inicial generará 9,000 puestos de trabajo, mientras que en la etapa de operación serán 5,400.

“En la segunda parte del 2027 ya tendríamos posiblemente la primera producción de Tía María. En la etapa de construcción, nosotros estimamos que se van a generar 9 000 puestos de trabajo y en la etapa de operación 5 400 puestos de trabajo”, dijo.

“Son mil 400 millones de dólares, ese es el presupuesto actual, ese presupuesto va a ser revisado para cuando se empiece la construcción… podría ser un poco más porque hubo aumento en el precio de algunos equipos”, aseguró.

“Es lo que necesita el Perú”

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que es una “satisfacción” que se reanude las obras de Tía María: “El Perú necesita inversiones, generar empleo, seguir avanzando en el crecimiento económico”. Así, indicó que “este proyecto va a gatillar otro proyecto más” y resaltó que “la población misma se ha dado cuenta que necesitamos este tipo de proyectos”.

No obstante señaló que este proyecto minero “tiene que ir a la par de otros proyectos, como la construcción de la presa, la intervención misma del Estado en todas las brechas sociales que existe en el Valle”.

“Estamos pisando tierra, somos pragmáticos. El Perú necesita reactivar más proyectos. [Si] Tía María sale, salen otros proyectos también, y así vamos a recuperar el crecimiento económico que en algún momento tuvimos de más de 5%, 6%, que es lo que necesita el Perú para cerrar las brechas y derrotar la pobreza”, dijo.

El titular del sector enfatizó en que el país cuenta con las capacidades para lograr eliminar la pobreza extrema. Pese a ello, también se pronunció un grupo de pobladores que se manifestó en contra de Tía María.

Panorama Internacional

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¿Está llegando a su fin el reinado del dólar?

Vijay Prasad

Aunque el régimen dólar-Wall Street sigue siendo muy poderoso, la desdolarización y las posibilidades de un orden mundial cambiante están siendo impulsadas por la debilidad económica de Estados Unidos, el uso agresivo de sanciones ilegales por parte de dicho país y sus aliados del Norte Global, y la creciente fuerza política y económica del Sur Global a través de plataformas como los BRICS.

A principios de junio empezó a circular el rumor -que gran parte de la prensa india dio por cierto- de que el gobierno de Arabia Saudita había permitido que caducara su acuerdo del petrodólar con Estados Unidos. Este acuerdo, firmado en 1974, es bastante sencillo y satisface varias necesidades del gobierno estadounidense: EE. UU. compra petróleo a Arabia Saudita, y Arabia Saudita utiliza ese dinero para comprar equipamiento militar a los fabricantes de armas estadounidenses, mientras mantiene los ingresos de las ventas de petróleo en letras del Tesoro estadounidense y en el sistema financiero occidental. Este acuerdo para reciclar los beneficios del petróleo en la economía estadounidense y en el mundo bancario occidental se conoce como el sistema del petrodólar.

Este acuerdo no exclusivo entre ambos países nunca obligó a los saudíes a limitar sus ventas de petróleo a dólares ni a reciclar sus beneficios del petróleo exclusivamente en bonos del Tesoro estadounidense (de los que posee la considerable cantidad de 135.900 millones de dólares) y bancos occidentales. De hecho, los saudíes son libres de vender petróleo en múltiples divisas, como el euro, y participar en plataformas de divisas digitales como mBridge, una iniciativa experimental del Banco de Pagos Internacionales y los bancos centrales de China, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

No obstante, el rumor de que este acuerdo de décadas sobre el petrodólar había llegado a su fin refleja la expectativa generalizada de que un cambio sísmico en el sistema financiero derrocará el dominio del régimen dólar-Wall Street. Era un rumor falso, pero encerraba una verdad sobre las posibilidades de un mundo post-dólar o desdolarizado.

La invitación a seis países a unirse al bloque BRICS el pasado agosto fue un indicio más de que ese cambio está en marcha. Entre estos países se encuentran Irán, Arabia Saudita y los EAU, aunque Arabia Saudita aún no ha concretado su adhesión. Con la ampliación de sus miembros, el BRICS incluiría a los dos países con las mayores y las segundas mayores reservas de gas del mundo (Rusia e Irán, respectivamente) y los dos países que representaban casi una cuarta parte de la producción mundial de petróleo (Rusia y Arabia Saudita, todas las cifras son de 2022).

La apertura política entre Irán y Arabia Saudita, mediada por Pekín en marzo de 2023, así como los indicios de que los EAU y Arabia Saudí, aliados de Estados Unidos, buscan diversificar sus vínculos políticos, demuestran el posible fin del sistema del petrodólar. Ese era el núcleo del rumor de principios de junio.

Sin embargo, no hay que exagerar esta posibilidad, ya que el régimen dólar-Wall Street sigue intacto y con un poder considerable. Los datos del Fondo Monetario Internacional muestran que, en el último trimestre de 2023, el dólar estadounidense representaba el 58,41% de las reservas de divisas asignadas, una cifra muy superior a las reservas en euros (19,98%), yenes japoneses (5,7%), libras esterlinas británicas (4,8%) y renminbi chinos (poco menos del 3%).

Mientras tanto, el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de facturación en el comercio mundial, con un 40% de las transacciones comerciales internacionales de bienes facturadas en dólares, a pesar de que la cuota de Estados Unidos en el comercio mundial es de solo el 10%. Aunque el dólar sigue siendo la divisa clave, se enfrenta a retos en todo el mundo, ya que la proporción del dólar estadounidense en las reservas de divisas asignadas ha disminuido de forma gradual pero constante en los últimos 20 años.

Tres factores impulsan la desdolarización: la falta de fuerza y potencial de la economía estadounidense, que comenzó con la Tercera Gran Depresión en 2008; el uso agresivo de sanciones ilegales —especialmente financieras— por parte de EE. UU. y sus aliados del Norte Global contra una cuarta parte de los países del mundo; y el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre los países del Sur Global, especialmente a través de plataformas como BRICS. En 2015, los BRICS crearon el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), también conocido como el Banco de los BRICS, para navegar en un régimen post-Dollar-Wall Street y producir facilidades para fomentar el desarrollo en lugar de la austeridad. La creación de estas instituciones BRICS y el mayor uso de monedas locales para pagar el comercio transfronterizo crearon la expectativa de una desdolarización acelerada. En la cumbre de los BRICS de 2023 en Johannesburgo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, repitió el llamamiento para aumentar el uso de las monedas locales y quizás crear un sistema monetario denominado BRICS.

Ha habido un vibrante debate sobre la desdolarización entre quienes han trabajado en las instituciones de los BRICS y en los grandes países interesados en la desdolarización, como China, sobre su necesidad, perspectivas y las dificultades de encontrar nuevas formas de mantener las reservas de divisas y facturar el comercio mundial. El número más reciente de la revista internacional Wenhua Zongheng (文化纵横), una colaboración entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Dongsheng, está dedicado a este tema.

En la introducción “Los BRICS y el desafío de la desdolarización” (vol. 2, nº 1, mayo de 2024), Paulo Nogueira Batista Jr, primer vicepresidente del BND (2015-2017), resume sus reflexiones sobre la importancia de alejarse del régimen dólar-Wall Street y sobre las dificultades políticas y técnicas de tal transición. El BRICS -afirma correctamente- es un grupo diverso de países con fuerzas políticas muy diferentes al frente de los distintos Estados.

Las agendas políticas de sus miembros -incluso con el nuevo estado de ánimo en el Sur Global- son particularmente diversas cuando se trata de teoría económica, ya que muchos de los estados BRICS siguen comprometidos con fórmulas neoliberales mientras que otros buscan nuevos modelos de desarrollo. Uno de los puntos más importantes planteados por Nogueira es que Estados Unidos “muy probablemente utilizará todos los instrumentos a su disposición para luchar contra cualquier intento de destronar al dólar de su condición de eje del sistema monetario internacional”.

Estos instrumentos incluirían sanciones y amenazas diplomáticas, todo lo cual mermaría la confianza de los gobiernos que tienen compromisos políticos más débiles y no están respaldados por movimientos populares comprometidos con un nuevo orden mundial.

La desdolarización avanzó a un ritmo muy lento hasta 2022, cuando los países del Norte Global comenzaron a confiscar los activos rusos mantenidos en el sistema financiero dólar-Wall Street y se extendió la ansiedad en muchos países sobre la seguridad de sus activos en los bancos norteamericanos y europeos. Aunque esta confiscación no era nueva (Estados Unidos ya lo había hecho antes con Cuba y Afganistán, por ejemplo), la escala y la severidad de estas confiscaciones operaron como una medida “destructora de la confianza”, como señala Nogueira.

A la introducción de Nogueira le siguen tres ensayos de destacados analistas chinos sobre los actuales cambios en el orden mundial. En “¿Qué impulsa el debate sobre la desdolarización entre los países BRICS?”, el profesor Ding Yifan (investigador principal del Instituto Taihe de Pekín) describe las razones por las que muchos países del Sur Global ahora buscan comerciar en monedas locales y liberarse de su dependencia del régimen dólar-Wall Street.

Destaca dos factores que ponen en duda que el dólar pueda seguir sirviendo de moneda ancla: en primer lugar, la debilidad de la economía estadounidense debido a su dependencia del gasto militar frente a la inversión productiva (el primero representa el 53,6% del total del gasto militar mundial) y, en segundo lugar, el historial de incumplimiento de contratos por parte de Estados Unidos.

Al final de su artículo, Ding reflexiona sobre la posibilidad de que los países del Sur Global acepten el renminbi chino (RMB) como moneda de referencia, ya que las capacidades manufactureras de China hacen que el RMB sea valioso como forma de comprar productos chinos.

Sin embargo, en su ensayo “Las reservas de divisas de China: desafíos de seguridad pasados y presente”, el profesor Yu Yongding (miembro de la Academia China de Ciencias Sociales) se muestra cauto sobre la posibilidad de que el RMB suplante al dólar. Para que el RMB se convierta en moneda de reserva internacional, Yu argumenta que “China debe cumplir una serie de condiciones previas, entre ellas establecer un mercado de capitales sólido (especialmente un mercado de bonos del tesoro profundo y de gran liquidez), un régimen de tipo de cambio flexible, flujos de capital transfronterizos libres y crédito a largo plazo en el mercado”.

Esto significaría que China tendría que renunciar a sus controles de capital y empezar a ofrecer bonos del Tesoro en RMB a compradores internacionales. La internacionalización del RMB, sostiene Yu, “es un objetivo que merece la pena perseguir”, pero no es algo que pueda tener lugar a corto plazo. “El agua lejana no saciará la sed inmediata”, escribe poéticamente.

Entonces, ¿a dónde vamos? En su artículo “De la ‘reducción de riesgos’ a la desdolarización: la moneda de los BRICS y el futuro del orden financiero internacional”, el profesor Gao Bai, que imparte clases en la Universidad Duke de Estados Unidos, coincide en que existe una necesidad acuciante de superar el régimen dólar-Wall Street y en que no hay un camino fácil en estos momentos. Se ha extendido el uso de la moneda local —como entre Rusia y China, así como entre Rusia e India—, pero estos acuerdos bilaterales son insuficientes.

Cada vez más, como muestra un informe reciente del Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales de todo el mundo han estado comprando oro para sus reservas y, por tanto, haciendo subir su precio (el precio al contado del oro supera los 2.300 dólares por onza, muy por encima del precio de 1.200 dólares por onza en el que rondó en 2015). Si no se dispone de una moneda inmediata que sustituya al dólar estadounidense, argumenta Gao, entonces los países del Sur Global deberían establecer un “valor de referencia para las liquidaciones en sus monedas locales y una plataforma de intercambio que respalde dichas liquidaciones. La gran demanda de una referencia de valoración de este tipo brinda una oportunidad para la creación de una moneda BRICS”.

El nuevo número de Wenhua Zongheng ofrece una evaluación clara y reflexiva de los problemas del régimen dólar-Wall Street y de la necesidad de una alternativa. El amplio abanico de ideas que se ponen sobre la mesa refleja la diversidad de los debates que tienen lugar en los círculos políticos de todo el mundo. Queremos resumir estas ideas y comprobar su viabilidad técnica y su viabilidad política.

Es importante señalar que dos de los países BRICS han elegido nuevos gobiernos este año. En India, el gobierno de extrema derecha dirigido por el primer ministro Narendra Modi vuelve al poder, pero con un mandato mucho más limitado. Dado que el gobierno de Modi ha planteado una política de “interés nacional”, es probable que siga desempeñando un papel en el proceso de los BRICS y que utilice las divisas locales para comprar bienes como el petróleo ruso.

Mientras tanto, la alianza oficialista de Sudáfrica, encabezada por el partido Congreso Nacional Africano (CNA), ha formado gobierno con la derechista Alianza Democrática, comprometida con el imperialismo estadounidense y poco partidaria de la agenda de los BRICS. Con la probable entrada de Nigeria en el bloque BRICS, el centro de gravedad del BRICS en el continente africano podría desplazarse hacia el norte.

Durante los duros años de lucha contra el gobierno del apartheid en Sudáfrica, Lindiwe Mabuza -conocida como Sono Molefe y miembro del CNA- empezó a recopilar poemas escritos por mujeres de los campamentos del CNA. Guerrilleras, maestras, enfermeras y otras mujeres enviaron poemas que ella publicó en un volumen titulado Malibongwe (‘Alabado seas’), que hacía referencia a la Marcha de las Mujeres de 1956 en Pretoria. En su ensayo introductorio, Mabuza (1938-2021) escribió que en la lucha “no hay romanticismo”, solo hay “la martilleante realidad”.

Esa frase, “la martilleante realidad”, merece hoy una reflexión. Nada surge de la nada. Hay que aporrear a la realidad para crear algo, ya sea una nueva apertura política en lugares como India y Sudáfrica o una nueva arquitectura financiera más allá del régimen del dólar y Wall Street.

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El trono del dólar en el punto de mira de los BRICS 

Marcos de Queiroz Grillo

En el siglo XIX, la división internacional del trabajo, la marcada plusvalía en la producción de mano de obra y la alta concentración de ingresos permitieron a algunos países experimentar una revolución industrial financiada por el crédito interbancario internacional.

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), resultado de las disputas expansionistas de las economías dominantes, hubo una gran inestabilidad global, con inflación, desempleo e iliquidez. En el período 1919-1938, los mercados colapsaron, estallaron crisis políticas, surgieron regímenes totalitarios e intervencionistas, y los acuerdos bilaterales ganaron terreno. En el Tratado de Versalles (1919), se impuso una fuerte compensación a Alemania a los países aliados que resultó en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En 1944 se llevó a cabo la reunión de Bretton Woods, cuyo objetivo era evitar otra Gran Depresión. En la década de 1930, los países se especializaron en exportar el desempleo, manipulando su tipo de cambio, lo que causó una guerra comercial, lo que llevó a la depresión y al desempleo masivo. Para mitigar este problema, todos los países se han comprometido a vincular sus monedas al precio del oro. Esto significaba que todas las monedas habían tenido ahora un tipo de cambio fijo en relación con cada una de las otras monedas. No fue la devolución del viejo patrón oro, abandonado en la década de 1930, en el que las acciones de oro de un país respaldaron sus monedas. El criterio se convirtió en el tipo de cambio y ya no es la cantidad de oro. Otra medida importante propuesta en Bretton Woods es el pacto de la balanza comercial, mediante el cual los países con déficit comercial recibirían préstamos y los que tuvieran superávit comercial tendrían que importar más activos de las economías deficitarios, evitando así otra depresión mundial. Los EE.UU. no aceptaron esta propuesta y obtuvieron importantes excedentes hasta que se restableció el comercio mundial en el período de posguerra.

La reconstrucción del mundo de la posguerra necesitaba un nuevo paradigma. Se crearon instituciones estupernacionales como el FMI, el IBRD (Banco Mundial), entre otras, todas vinculadas a la ONU. El Banco Mundial se encarga de financiar la reconstrucción y el desarrollo de proyectos con efectos macroeconómicos. El FMI era responsable de promover la expansión de la liquidez, haciendo préstamos a los países en dificultades en su balanza de pagos, a cambio de seguir el folleto liberal.

El Acuerdo de Bretton Woods y sus adaptaciones posteriores duraron un cuarto de siglo, de 1945 a 1970, tiempo durante el cual el mundo alcanzó las tasas de crecimiento más altas y el nivel más bajo de desempleo en todo el siglo XX. La era de Bretton Woods terminó de hecho cuando, en 1971, Estados Unidos decretó unilateralmente la inconvertibilidad del dólar estadounidense en oro. El tipo de cambio del dólar frente al oro ha fluctuado, y se ha instituido la era de los tipos de cambio flotantes.

En la actualidad, la gran mayoría de los dólares en circulación en el mundo no tienen ningún lastre. En 2023, según datos del Tesoro de Estados Unidos, las reservas de oro depositadas en Fort Knox ascendieron a 270.000 millones de dólares, mientras que dólares en circulación, sumados a depósitos bancarios en cuentas corrientes y cuentas de ahorro (M2) alcanzaron la cifra de 21 billones de dólares, es decir, los dólares en circulación superaron en un 776% el lastre de oro existente. Es la moneda fiduciaria. El dólar se ha convertido en la moneda de referencia, de la aceptación universal indiscutible.

El problema estructural de este nuevo mecanismo es permitir que el dólar estadounidense se utilice como instrumento de pago multilateral sin la necesaria compensación del tipo de cambio estadounidense. Las trillones de dólares se inyectaron en la economía mundial sin la existencia de una contraparte real de bienes y servicios capaces de equilibrar adecuadamente la Balanza de Pagos de Estados Unidos. Hubo entonces un volumen significativo de la moneda estadounidense en carteras extranjeras, como una reserva de valor y/o en posiciones especulativas largas, que representaba una acumulación, no deseada y no reciclable, de derechos amortiguados de retiro contra el Tesoro de los Estados Unidos. Con la inexorable especulación por encima del dólar, los Bancos Centrales instituyó nuevos mecanismos establecidos en el Acuerdo de Basilea (Suiza, 1962) y, paralelamente, se creó el mercado del libor (intercando de tasas londinán), que formaban tasas de interés para depósitos en dólares fuera de los EE.UU., otiéndolos con la tasa de interés preferencial de los Estados Unidos.