El FMI desembolsa poco pero exige mucho… y Milei sobreactúa

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Claudio della Croce

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó 800 millones de dólares de la octava revisión del acuerdo de la deuda externa argentina con nuevas exigencias para el gobierno ualtraderechista de Javier Milei: devaluación, impuesto a las ganancias para los trabajadores y más ajuste son los principales puntos que puso como condición para seguir sosteniendo el programa de refinanciamiento de la deuda.

El FMI señaló que aún quedan muchas tareas y reformas estructurales pendientes: cuestionó el ritmo del “crawling peg”,  una suerte de devaluación administrada. El gobierno estableció un aumento de la cotización oficial del dólar del 2 % mensual, pero el FMI lo cuestiona porque, con una inflación que se mantendrá alrededor del 4 % mensual, hacia fin de año se producirá un atraso cambiario con una erosión del superávit comercial que logró el gobierno.

Dura represión a manifestantes contra la Ley Bases

No casualmente, el desembolso se produjo después de que se aprobó en Diputados, aunque recortada, la Ley Bases, a sabiendas de que si se deteriora el superávit comercial, la acumulación de reservas se puede detener o incluso retroceder.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, consideró insuficientes la Ley Bases en la versión aprobada por el Senado. En especial los capítulos que refieren a la reforma laboral y el RIGI o régimen de grandes inversiones, patrocinados y escritos por los estudios de abogados que representan a las principales empresas que operan en el país. “Todavía quedan pendientes reformas integrales y de profunda transformación para hacer de Argentina un país viable», señaló.

El Fondo indicó que se tiene que terminar, a fin de junio, el “blend” que existe para el sector agroexportador: esto significa que liquidan un 80 % de las exportaciones al tipo de cambio oficial del dólar y el restante 20 % en el “contado con liquidación”, que es más caro, pero estos dólares no van al Banco Central. El gobierno salió a rechazar la idea de cambiar el “clawling peg” y de terminar con el “blend” exportador. Es decir que, a pesar de que el Fondo celebró el ajuste, existe una tensión con el gobierno.

Luis Caputo y Gita Gopinath, Gerente de FMI

Existen divergencias entre el gobierno y el FMI sobre el “crawling peg” y el “blend”, y coincidencia en levantar el “cepo” y unificar los diversos tipos de cambio, para lo cual el gobierno necesita dólares. Pero los países que dominan el Directorio del Fondo no estarían dispuestos a enviar los 15 mil millones de dólares que pretende el aún ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Quizá desembolse 12 mil millones, pero no se sabe con qué tiempos y menos aún con qué condicionalidades.

Este nuevo capítulo de la pesadilla de las negociaciones con el Fondo devela que atado a una negociación con el Fondo, el gobierno de Milei parece haber abandonado la idea de la dolarización, régimen monetario que es rechazado por el organismo. No se puede olvidar que desde que el FMI volvió a la Argentina de la mano del expresidente neoliberal Mauricio Macri en 2018, la pobreza se duplicó.

En realidad, el objetivo del FMI es que Argentina siga acumulando reservas para pagarle al propio Fondo, pero también a los acreedores privados, fundamentalmente fondos especulativos de Wall Street, a quienes a partir de la segunda mitad del año y en 2025 habrá que pagar vencimientos muy altos de deuda. Argentina le adeuda 45 mil millones de dólares al Fondo.

La caída de la econonomía, que el Fondo estimó a principios de año een 2,8%, ahora se espera que no supere el 3,5%, aun a sabiendas que aaumentará la desocupación, y por ello alerta que “la recesión actual podría prolongarse, alimentando las tensiones sociales y complicando la implementación del programa”.

Las consecuencias

Las consecuencias del plan del gobierno libertario las sienten 46 millones de argentinos: se derrumbaron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings,  por la caída de las ventas, se paró la producción, lo que pega en el empleo, y la brutal represión a los trabajadores y la población no frenta la galopante inflación. Y todos son conscientes de que la recesión con inflación profundiza la pobreza.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un derrumbe del 17,6% respecto a igual mes de 2023. Los datos oficiales demuestran que, a diferencia de lo que sostiene el gobierno, el piso de la recesión aún no ha llegado. La producción se para: por ejemplo, en el sector automotriz seis empresas detuvieron sus operaciones debido a la caída de la demanda y problemas de abastecimiento.

Según la empresarial Unión Industrial Argentina, con Milei ya se destruyeron más de 15.000 puestos industriales. La destrucción de empleo se expande a todos los sectores de la economía, con especial severidad en construcción, la actividad con mayor demanda laboral entre los sectores vulnerables.

El Instituto de Pensamiento y Política Públicas (IPyPP) señala que el nivel de pobreza que se ubica en torno al 56,3% de la población para el primer trimestre del año, un salto exponencial frente a la misma estimación realizada sobre el último trimestre de 2023 (45,1%).

¿Lavado?

El riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los regímenes de regularización de activos o “blanqueos” varía mucho dependiendo de su diseño. El propuesto por el gobierno de Milei en la Ley Bases fue cuestionado por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que presentó un documento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a quien invitan a realizar las observaciones pertinentes.

“El blanqueo del oficialismo podría alentar transformaciones en el país que terminen por convertirlo en un narco-estado. Conocemos muy bien las experiencias de Colombia y México, en donde recientemente ganaron las elecciones gobiernos no liberales, de modo que los grupos delictivos bien podrían elegir como destino a Argentina, un país con condiciones más laxas”, advirtió Claudia Rocca, presidenta de la AAJ en Página12.

La Asociación caracteriza a este régimen como “una amnistía impositiva que favorece a los evasores que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios”. Además realizaron reparos sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) “y el destino que pueda tener la explotación de los recursos nacionales estratégicos, ante políticas de privatización indiscriminada y un Estado que se aleja del ámbito de la regulación”, sostiene el documento.

El blanqueo de Milei propone diluir todos los controles y alivianar las sanciones” de los sistemas de prevención del lavado de dinero, insiste Roca.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)