Río Grande do Sul: Tragedia ambiental, parasitismo privado y deuda pública

José Menezes Gomes y Osvaldo Coggiola

El gobierno federal ha anunciado la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de Rio Grande do Sul al gobierno federal por un período de tres años. Según el gobierno, los fondos no utilizados para el pago irán a un fondo que se destinará a la reconstrucción tras las inundaciones. La suspensión está siendo analizada por el Congreso. Rio Grande do Sul ya forma parte del Régimen de Recuperación Fiscal (RRF), creado en 2017 para ayudar a los estados con altos niveles de deuda en relación con los ingresos. La adhesión al RRF dependía de la manifestación de interés del estado y de la aprobación del gobierno federal.

A cambio, los gobiernos estatales deben aprobar un plan de recuperación, adoptando algunas medidas para el equilibrio fiscal, como la aplicación de un techo de gasto. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda de RS con el gobierno federal ascendía a 95.700 millones de reales. Según el gobierno del estado, la deuda creció debido a la fórmula adoptada por la Unión para corregir las cantidades adeudadas, un reclamo obvio en su legitimidad. En lo que va de 2024, RS ha pagado aproximadamente 1.200 millones de reales. La estimación era de un pago total de R$3 mil millones este año – pago suspendido por la medida anunciada.

La deuda interna de Rio Grande do Sul se remonta a la década de 1990, cuando la deuda totalizaba R$7,7 mil millones (o sea, ha habido un aumento de la deuda de casi R$90 mil millones en dos décadas, en valores nominales – sin actualización). También se liberaron líneas de crédito por un total de 2.500 millones de reales en el marco del Programa de Incentivo a la Reducción de la Actividad Bancaria del Sector Público Estatal (Proes), creado en 1996. La iniciativa del gobierno federal pretende evitar el gasto de 11.000 millones de reales (correspondientes a la suma de 36 cuotas de deuda) y otros 12.000 millones de reales en intereses de deuda en un período de tres años.

Se trata de una suspensión de pagos durante este periodo, ya que esta cantidad impagada tendrá que devolverse: la medida sólo suspende temporalmente los pagos. Esto sólo prolonga el drama, ya que RS tendrá que pagar los atrasos, lo que podría llevar a su colapso fiscal, teniendo en cuenta que el Estado tendrá una gran reducción de su actividad económica como resultado de la tragedia actual, lo que se traducirá en una reducción de sus ingresos, ya que no puede aumentar la presión fiscal.

Se trata de un problema general, agravado por las inundaciones. En Brasil, incluso con la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), el 4 de mayo de 2000, que fijó límites a los gastos sociales de la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, la deuda pública siguió creciendo. Según Arildo B. Oliveira, presidente en funciones de la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul (FIERGS), el 90% del PIB industrial de Rio Grande do Sul está inundado, bajo el agua. Por lo tanto, habrá una caída de la actividad económica, lo que provocará una caída aún mayor de los ingresos fiscales. Sin embargo, la situación fiscal de RS se vuelve más delicada cuando nos damos cuenta de que el estado ya estaba bajo el FRR, un régimen aplicado para «ayudar» a los estados con altos niveles de deuda en relación con sus ingresos, sin tocar las causas de la crisis fiscal. Los estados que se adhirieron al FRR son: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Goiás.

Según el gobierno, los estados deben alrededor de 740.000 millones de reales. La mayor parte se concentra en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y Minas Gerais. El FRR es un plan de recuperación financiera, con medidas de austeridad encaminadas al equilibrio fiscal, la introducción de un techo de gasto, pensiones complementarias y privatizaciones. En el marco del programa, las deudas de los Estados con el Gobierno federal se reembolsan a plazos. El plan de RS prevé plazos hasta 2030, cuando el Estado debería, según se dice, poder pagar sus deudas. En esencia, tenemos una nueva dimensión del techo de gastos, ya que el límite de gastos fue una exigencia en las diversas etapas de renegociación, ya sea en 1997, cuando la deuda fue federalizada por la Ley 9496/97 y prorrogada por 30 años, o por la Ley Complementaria 156, que en 2016 prorrogó esta deuda por otros 20 años.

La deuda pública de Rio Grande do Sul sigue la misma trayectoria que la de los demás estados brasileños. Replicó la política de combate a la pobreza del Banco Mundial, precisamente después de haberla incentivado con medidas que llevaron a la ampliación de las desigualdades regionales y sociales. La deuda actual tiene su origen en el endeudamiento externo, especialmente tras el golpe militar de 1964. Este endeudamiento, según el Banco Central, comenzó en 1952; terminó en 2000 (consideramos el período de 1948 a 2003) y tuvo varias fases. Al principio se basaba, como ya he dicho, en préstamos externos; no fue hasta finales de los años ochenta cuando se inició el proceso de internalización de la deuda del Estado. A partir de 1997, con la Ley 9496/97, la deuda se federalizó.

Sus préstamos se destinaron a la electrificación, las centrales térmicas, las telecomunicaciones, los puertos, la lucha contra las inundaciones, la red viaria, la empresa estatal de energía, la refinanciación de la deuda externa, la creación del SIVAM, la lucha contra la pobreza y el éxodo rural. Esta deuda estaba marcada por una profunda ilegitimidad, como demostró la investigación sobre la deuda pública de 2009-2010. En gran parte, estos préstamos se utilizaron para construir la infraestructura necesaria para la acumulación de capital, un proceso que buscaba legitimar a los gobiernos que apoyaban la dictadura militar.

Como se trataba principalmente de préstamos del «euromercado», que cobraba tipos de interés flotantes, estas deudas estallaron cuando EE.UU. subió el tipo de interés del 5% al 20% en 1979, en un momento en que intentaba estabilizar la moneda estadounidense y revalorizar el dólar. En aquel momento, esta iniciativa exigió un ajuste fiscal para poder pagar un mayor volumen de intereses, lo que acabó contribuyendo a la crisis financiera de los estados en Brasil, que acabó desembocando en la creación de la Ley 9496/97, que federalizó las deudas de los estados. El siguiente gráfico muestra la trayectoria de la deuda de Rio Grande do Sul:

 

El crecimiento de la deuda de los países prestatarios fue aún más rápido a partir de 1994, con la política de tipos de interés elevados utilizada para garantizar la estabilidad del Plan Real. La crisis mexicana de 1995, la crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998 provocaron un aumento del tipo de interés básico en Brasil.  El elemento más llamativo del aumento de la deuda de los Estados brasileños fueron las normas impuestas a cada Estado para refinanciar esta deuda durante 30 años. En el caso de RS (y de la mayoría de los estados), la Unión aplicó un tipo del 7,5% anual más el IGP – DI (Índice General de Precios – Disponibilidad Interna) y la obligación de pagar anualmente el 13% de los ingresos corrientes netos. La Unión adoptó la práctica de cobrar intereses sobre intereses entre entidades estatales, conocida como anatocismo. Este mecanismo acabó acelerando aún más el crecimiento de la deuda. Al cabo de veinte años, habiendo devuelto ya tres veces el volumen inicial de préstamos, RS seguía debiendo casi cuatro veces esa cantidad.  Una parte considerable de esta deuda pública tiene su origen en la deuda de Banrisul, a través del Proes, asumida por el gobierno del estado cuando convirtió en deuda pública las deudas privadas del empresariado de Rio Grande do Sul con este banco. En 2016, cuando se renegoció la deuda mediante la Ley Complementaria 156, la deuda del Proes – Banrisul ascendía a 11.000 millones de reales. La deuda pública originada en la conversión de deuda privada contraída por empresas, que no han honrado, es un mecanismo ilegal.

Vale recordar que los estados tenían la posibilidad de reducir el saldo adeudado a la Unión: el Precedente 121 del STF declaró ilegal la deuda o saldo adeudado resultante de la práctica del anatocismo.  Once estados ganaron una medida cautelar del STF basada en el precedente, que podría reducir drásticamente la deuda o, en algunos casos, incluso convertir al estado en acreedor de la Unión, si se eliminaba del cálculo del saldo pendiente la forma ilegal de cobro de intereses. Sin embargo, los gobernadores prefirieron renegociar una nueva refinanciación de la deuda con el gobierno federal y reducir las tasas. Esto dio lugar a la Ley Complementaria 148, seguida de la Ley Complementaria 156, que prorrogaba la deuda otros 20 años, al tiempo que permitía una nueva etapa de endeudamiento externo o interno para los estados, siempre y cuando privatizaran las empresas estatales restantes y aplicaran políticas de techo de gasto. En otras palabras, el gobierno federal refinanció la deuda de los estados durante 30 años; 20 años después, los estados se declararon en calamidad fiscal y renunciaron a aplicar el Precedente 121, lo que llevó a Rio Grande do Sul al Régimen de Recuperación Fiscal, que precedió a la tragedia; antes de ella, el estado ya estaba hiperendeudado.

Otro factor con gran repercusión en la situación de los estados fue el creciente número de exenciones fiscales en la guerra entre los estados para atraer empresas. Estas exenciones, más la Ley Kandir, provocaron una enorme pérdida de ingresos, que puso en peligro los gastos de cada estado. La ley de 1996 sobre los impuestos estatales sobre las transacciones relativas a la circulación de bienes y servicios (ICMS) exime del ICMS a los productos primarios y semiacabados destinados a la exportación. En Rio Grande do Sul en particular, la ley tuvo un efecto devastador, ya que los estados exportadores se vieron penalizados por la exención, que no fue compensada por el gobierno federal. Las pérdidas de Rio Grande do Sul como resultado de esta ley ascendieron a 38.000 millones de reales en 2023, lo que supone casi un tercio de su deuda actual. Los estados quieren flexibilizar algunas de las disposiciones del FRR, como el techo de gasto, debido a la pérdida de ingresos en 2022 por la limitación de las tasas del ICMS en algunos productos, como la electricidad y el combustible. La otra exigencia de los estados es un cambio en los contratos de deuda, una reducción de los intereses del nivel actual -inflación + 4%- a un valor fijo del 3%.

En otras palabras, el modelo de desarrollo vigente en el país, especialmente en Rio Grande do Sul, que prioriza las exportaciones, es la base fundamental de las pérdidas de los estados y compromete sus ingresos, lo que acaba llevando a un escenario que desemboca en el Régimen de Recuperación Fiscal. En los 28 años de vigencia de la Ley Kandir, tenemos una de las principales razones de la crisis fiscal. Por otro lado, el agronegocio, que recibe toda la atención de las tres esferas del poder público, es el gran responsable de la caída de los ingresos del Estado y el principal culpable del cambio climático, que está en el centro de la actual tragedia de las inundaciones, que fue precedida por una gran sequía en la región.

El gráfico anterior muestra que el número de funcionarios públicos en Rio Grande do Sul se redujo drásticamente entre 1991 y 2017 y no puede ser culpado por el aumento de los gastos del Estado. La reducción del número de funcionarios es un obstáculo para el buen funcionamiento de los servicios públicos, que son esenciales en un momento de calamidad. Los problemas de RS, en pocas palabras, son: elevada deuda pública con la Unión, grandes exenciones fiscales, producto de la guerra fiscal o Ley Kandir, desmantelamiento de la máquina pública con un intenso proceso de privatizaciones. RS ha sido un gran laboratorio de políticas neoliberales y antisociales, con un caucus parlamentario mayoritariamente alineado con el bloque BBBB (toro, biblia, bala y bancos), siempre activo en las agendas políticas más conservadoras.

Realizar una auditoría ciudadana de la deuda de la RS es una tarea fundamental para revelar el carácter ilegal y de clase de estas deudas, demostrando que fueron contraídas para impulsar la acumulación de capital privado, haciendo inviables las políticas sociales, la prevención de desastres ambientales y la atención a la población damnificada cuando ocurren. El vínculo entre la dinámica depredadora y expoliadora del capital, el cambio climático y las catástrofes medioambientales ha sido y sigue siendo analizado y demostrado por numerosos investigadores. El efecto de las catástrofes climáticas en la crisis y descomposición del capitalismo, del cual el «sistema deuda» es un ejemplo paradigmático, llevando a tragedias sociales y humanitarias, como en Rio Grande do Sul, aún está por demostrarse, haciendo de esta evidencia el programa y bandera de lucha del movimiento obrero. Suspensión de pagos y auditoría de las deudas: esa es la bandera.

Menezes Gomes es Professor de Economia na Universidade Federal de Alagoas; coordenador do núcleo alagoano pela auditoria da dívida e membro do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da UFAL e membro da Rede de Cátedras – RICDP. Osvaldo Coggiola es Professor Titular do Departamento de História (FFLCH) da Universidade de São Paulo.

 

Versión en portugués

Rio Grande do Sul: tragédia ambiental, parasitismo privado e dívida pública

José Menezes Gomese Osvaldo Coggiola

O governo federal anunciou a suspensão do pagamento do serviço da dívida do Rio Grande do Sul com a União por um período de três anos. De acordo com o governo, os fundos não usados para o pagamento deverão compor um fundo a ser utilizado para a reconstrução pós-enchentes. A suspensão seguiu para análise do Congresso. O Rio Grande do Sul já faz parte do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), criado em 2017 para ajudar os estados com níveis altos de endividamento em relação às receitas. A adesão ao RRF dependia de manifestação de interesse do estado e de homologação pelo governo federal. Em troca, os governos estaduais devem aprovar um plano de recuperação, adotando algumas medidas para o equilíbrio fiscal, como a implementação de um teto de gastos. Segundo o Ministério da Fazenda, a dívida do RS com a União somava R$ 95,7 bilhões. Segundo o governo estadual, a dívida cresceu por conta da fórmula adotada pela União para corrigir os valores devidos, um pleito óbvio em sua legitimidade. Em 2024, até o momento, foram pagos aproximadamente R$ 1,2 bilhões pelo RS. A estimativa era de um pagamento total de R$ 3 bilhões neste ano – pagamento suspenso pela medida anunciada.

A dívida interna do Rio Grande do Sul remonta à década de 1990, quando o débito somava R$ 7,7 bilhões (ou seja, houve um incremento da dívida de quase R$ 90 bilhões em duas décadas, em valores nominais – sem atualização). Também foram liberadas linhas de crédito de R$ 2,5 bilhões no âmbito do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes), criado em 1996. A iniciativa do governo federal visa evitar gastos de R$ 11 bilhões (correspondentes ao somatório de 36 parcelas da dívida) e mais R$ 12 bilhões com os juros da dívida, durante um período de três anos. Se trata de suspensão do pagamento por esse período, já que esse valor não pago terá de ser desembolsado: a medida apenas suspende temporariamente os pagamentos. Com isso, apenas se prolonga o drama, pois RS terá que pagar o atrasado, o que poderá levar ao seu colapso fiscal, considerando que o estado terá uma grande redução de sua atividade econômica, como fruto da atual tragédia, que resultará na redução de suas receitas, já que não pode elevar a carga tributária.

Se trata de um problema geral, agravado pela enchente. No Brasil, mesmo com a criação Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de 4 de maio de 2000, que estabelecia limite de gastos sociais da União, estados, Distrito Federal e municípios, a dívida pública continuou a crescer. Conforme Arildo B. Oliveira, presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 90% do PIB industrial do RS está alagado, embaixo da água. Haverá, portanto, uma queda da atividade econômica que levará a uma queda da arrecadação ainda maior. Todavia, o quadro fiscal do RS se torna mais delicado quando constatamos que o estado já se encontrava sob o RRF, regime aplicado para “ajudar” os estados com elevados níveis de endividamento em relação às suas receitas, sem tocar nas causas da crise fiscal. Os estados que aderiram ao RRF são: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.

De acordo com o governo, os estados devem cerca de R$ 740 bilhões. A maior parte está concentrada em SP, RJ, RS e MG. O RRF é um plano de recuperação financeira, com medidas de austeridade visando o equilíbrio fiscal, introduzindo um teto de gastos, previdência complementar e privatizações. Com o programa, a dívida contraída pelos estados junto à União é parcelada e paga de forma escalonada. O plano do RS prevê parcelamento até 2030, quando o estado deveria, segundo se diz, ter condições de quitar os débitos. Na essência temos uma nova dimensão de teto de gastos, já que o limite dos gastos foi exigência nas várias etapas de renegociação, seja em 1997, quando a dívida foi federalizada pela Lei 9496/97 e rolada por 30 anos, ou pela Lei Complementar 156, que em 2016 rolou essa dívida por mais 20 anos.

A dívida pública do Rio Grande do Sul segue a mesma trajetória daquela dos demais estados brasileiros. Replicou a política do Banco Mundial de combate à pobreza, justamente depois de tê-la incentivado através de medidas que geraram amplificação das desigualdades regionais e sociais. A dívida atual teve sua origem no endividamento externo, especialmente depois do golpe cívico militar de 1964. Esse endividamento, conforme o Banco Central, teve início em 1952; se encerrou em 2000 (consideramos o período de 1948 a 2003) e teve várias fases. No primeiro momento foi baseado, como dito, em empréstimos externos; só no final dos anos 1980 teve início o processo de internalização da dívida estadual. A partir de 1997, com a Lei 9496/97, a dívida foi federalizada. Seus empréstimos ocorreram na área de eletrificação, usinas térmicas, telecomunicações, portos, contenção de enchentes, sistema rodoviário, companhia estatal de energia, refinanciamento da dívida externa, constituição do SIVAM, combate à pobreza e ao êxodo rural. Essa dívida foi marcada por profunda ilegitimidade, como demonstrou a CPI da dívida pública de 2009 a 2010. Em boa parte, esses empréstimos serviram para a implantação de infraestrutura necessária para a acumulação de capital, processo que tentava legitimar governos apoiadores da ditadura militar.

Como se tratava de empréstimos, principalmente, junto ao “euromercado” de moedas, que praticavam juros flutuantes, essas dívidas explodiram quando os EUA elevaram a taxa de juros de 5% para 20%, em 1979, em momentos em que se tentava estabilizar a moeda estadunidense e revalorizar o dólar. Tal iniciativa exigiu, naquele momento, ajuste fiscal para pagar um volume maior de juros, o que acabou contribuindo para a crise financeira dos estados no Brasil, o que acabou levando ao surgimento da Lei 9496/97 que federalizou as dívidas dos estados. No gráfico abaixo podemos ver a trajetória da dívida do Rio Grande do Sul:

O crescimento da dívida dos países tomadores tornou-se ainda mais acelerado a partir de 1994, com a política de juros altos usada para garantir a estabilidade do Plano Real. A crise mexicana de 1995, a asiática de 1997 e a russa de 1998, acabaram levando a uma elevação da taxa básica de juros no Brasil.  O elemento mais marcante da elevação da dívida dos estados brasileiros foram as regras impostas a cada um para rolar essa dívida por 30 anos. No caso do RS (e da maioria dos estados) a União cobrou uma taxa de 7,5% ao ano mais IGP – DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) e a obrigação de pagar 13% da receita corrente líquida todo ano. A União adotou a prática de cobrança de juros sobre juros entre entes estatais, chamada de anatocismo. Esse mecanismo acabou por acelerar ainda mais o crescimento da dívida. Depois de vinte anos, já tendo pago três vezes o volume inicial de empréstimos, o RS ainda devia quase quatro vezes esse volume.  Parte considerável dessa dívida pública tem sua origem na dívida do Banrisul, via Proes, assumida pelo governoestadual quando este converteu dívidas privadas do empresariado gaúcho junto a esse banco em dívida pública. Em 2016, quando ocorreu nova renegociação da dívida via Lei Complementar 156, a dívida vinda do Proes – Banrisul era de R$ 11 bilhões. Dívida pública originada na conversão de dívida privada contraída pelas empresas, não honrada por estas, é mecanismo ilegal.

Vale lembrar que os estados tiveram a possibilidade de redução do saldo devedor junto à União: a Súmula 121 do STF declarava ilegal a dívida ou saldo devedor que resultasse da pratica de anatocismo.  Onze estados ganharam liminar junto ao STF com base na súmula, o que poderia reduzir drasticamente a dívida ou, em alguns casos, até transformar o estado em credor junto à União, se fosse retirada a forma ilegal de cobrança de juros do cálculo do saldo devedor. Entretanto, os governadores preferiram renegociar como o governo federal uma nova rolagem da dívida e redução de índices. Com isso, surgiu a Lei Complementar 148, seguida da Lei Complementar 156, que rolou a dívida por mais 20 anos, ao mesmo tempo que permitiu uma nova etapa de endividamento, externo ou interno, dos estados, desde que privatizassem as empresas estatais que restavam e se implementassem políticas de teto de gastos. Em outras palavras, o governo federal rolou a dívida dos estados por 30 anos; 20 anos depois os estados se declaravam em calamidade fiscal e abriram mão de fazer cumprir a Súmula 121, o que levou o Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal, que antecedeu à tragédia; antes dela, o estado já estava hiper endividado.

Outro fator de grande repercussão sobre a situação dos estados resultou das crescentes renúncias fiscais dentro da guerra entre os estados para atrair empresas. Essas renúncias, mais a Lei Kandir, originaram uma grande perda de arrecadação, que comprometeu as despesas de cada ente estatal. A Lei, de 1996, que dispõe sobre o imposto dos estados nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS), isenta do ICMS os produtos primários e semielaborados destinados à exportação. No Rio Grande do Sul em particular, a Lei teve um efeito devastador, já que os estados exportadores foram penalizados pela desoneração não compensada pela União. As perdas do RS por ação dessa Lei chegaram a R$ 38 bilhões em 2023, valor que representa quase um terço da dívida atual. Os estados querem flexibilizar algumas determinações do RRF, como o teto de gastos, devido à perda de arrecadação em 2022, por conta da limitação das alíquotas de ICMS sobre alguns produtos, como energia elétrica e combustíveis. A outra demanda dos estados é a mudança nos contratos da dívida, uma redução dos juros do patamar atual — inflação + 4% — para um valor fixo de 3%.

Em outras palavras, o modelo de desenvolvimento em vigor no país, em grande destaque no RS, priorizando a exportação, é a base fundamental de perdas dos estados e compromete suas receitas, o que acaba levando ao um cenário que conduz ao Regime de Recuperação Fiscal. Nos 28 anos de vigência da Lei Kandir temos um dos principais motivos da crise fiscal. Por outro lado, o agronegócio, que recebe todas atenções das três esferas do poder público, é o grande responsável pela queda na arrecadação do Estado e o principal responsável pelas mudanças climáticas que estão no centro da atual tragédia das enchentes, que foi antecedida por uma grande seca na região.

O quadro se servidores do RS teve uma grande redução entre 1991 e 2017 e não pode ser responsabilizado pelo aumento das despesas do Estado. A redução de servidores é um obstáculo para o bom funcionamento dos serviços públicos, fundamentais num momento de calamidade. Os problemas do RS, em síntese, são: elevada dívida pública junto ao União, grande renúncia fiscal, produto da guerra fiscal ou da Lei Kandir, desmonte da máquina pública com intenso processo de privatização. O RS foi um grande laboratório de políticas neoliberais e antissociais, com uma bancada parlamentar na sua maioria alinhada no bloco BBBB (boi, bíblia, bala e bancos), sempre atuante nas pautas políticas mais conservadoras.

A realização de uma auditoria cidadã da dívida do RS é tarefa fundamental para revelar o caráter ilegal e de classe dessas dividas, demonstrando que foram contraídas para impulsionar a acumulação privada de capital, inviabilizando políticas sociais, prevenção dos desastres ambientais e atenção à população danificada quando eles acontecem. O vínculo entre a dinâmica predadora e espoliadora do capital, as mudanças climáticas e os desastres ambientais foi e continua sendo analisado e demonstrado por muitos pesquisadores. Falta evidenciar o efeito das catástrofes climáticas na crise e decomposição do capitalismo, das quais o “sistema da dívida” é prova mor, que conduzem a tragédias socias e humanitárias, como no RS, fazendo dessa evidência programa e bandeira de luta do movimento dos trabalhadores. Suspensão dos pagamentos e auditoria das dívidas: essa é a bandeira.

 

 

José Menezes Gomes: Professor de Economia na Universidade Federal de Alagoas; coordenador do núcleo alagoano pela auditoria da dívida e membro do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da UFAL e membro da Rede de Cátedras – RICDP. Osvaldo Coggiola: Professor Titular do Departamento de História (FFLCH) da Universidade de São Paulo.