Panorama Económico Latinoamericano – Del 1 al 8 de mayo de 2024
El litio argentino rompe récords de producción y exportación
Sin ley de minería y petróleo, la explotación de litio en los últimos años arrojó niveles récord de inversión y actualmente las exportaciones, frutos de esos desembolsos, lideran en la región. El gobierno de Javier Milei busca un esquema de retenciones en que los hidrocarburos seguirán pagando en 8 por ciento, al igual que oro y plata, mientras que litio y cobre se mantendrá en 4,5 por ciento.
A pesar de la fuerte caída de precios, el litio argentino sigue rompiendo récords de producción. «Después de un 2023 de máximos productivos, el primer bimestre del 2024 marca altos volúmenes enviados al exterior. Sin embargo, la formidable baja de precios internacionales recorta el valor exportado», detalla un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Entre 2010 y 2022, Argentina fue el país que más inversión en el mundo recibió para la exploración de litio. En ese mismo período, nuestro país se llevó el 61 por ciento de la inversión en exploración de litio de Latinoamérica. Acercándonos a nuestros días, en 2023 Argentina fue el tercer país con más inversión en exploración: 140 millones de dólares sólo el año pasado, el 17 por ciento de la inversión global, de acuerdo con S&P. Pero no conforme con el crecimiento de la exploración, los proyectos del litio argentino van avanzando en su construcción y puesta en marcha.
En este sentido, al inicio del 2023 sólo dos proyectos del complejo litio se encontraban en producción. En un marco de progresivas puestas en marcha, al cierre de este año se espera que 7 proyectos de litio se encuentren produciendo y exportando en Argentina. El año pasado la producción de litio ya creció más de un 45 por ciento en nuestro país, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Así, Argentina se ubicó como cuarto productor y tercer exportador global de este insumo clave para la transición energética.
Con este contexto, el carbonato de litio, producto responsable de más del 90 por ciento de las exportaciones del Complejo Litio argentino, sigue creciendo y rompiendo récords productivos. El año pasado se exportaron cerca de 40.000 toneladas de este producto, un 33 por ciento más que en 2022. Sin embargo, por el recorte de precios internacionales, las exportaciones medidas en dólares crecieron un 21 por ciento.
Más allá de esto, tanto los volúmenes de producción, así como de divisas, del 2023 marcaron nuevos máximos para el litio argentino. Mientras en 2020 el comercio exterior del Complejo Litio representaba el 3,6 por ciento de las exportaciones mineras argentinas, en 2023 esta participación pasó a ser de cerca del 15 por ciento, sin necesidad de un régimen especial para atraer fondos frescos al sector. El crecimiento productivo se sintió especialmente en el último bimestre del año, durante el cual se exportó cerca del 30 por ciento del total enviado al exterior.
Más aún, el 2024 trae buenos augurios para la dinámica productiva del litio argentino. En los primeros dos meses de este año se exportaron más de 9.000 toneladas de carbonato de litio. Esto representa cerca del 25 por ciento de la exportación nacional del año récord 2023. No conforme con ello, las exportaciones del primer bimestre del 2024 se ubican por encima de cualquier promedio bimestral del que se tenga registro en años anteriores.
Sin embargo, los precios promedio de exportación cayeron un 50 por ciento si comparamos el valor promedio del 2023 con el promedio del primer bimestre del 2024. De esta manera, a pesar de la dinámica productiva alcista, el carbonato de litio marcó exportaciones por 91 millones de dólares en los primeros dos meses del año, un 31 por ciento menos que el promedio bimestral del 2023.
La evolución de los precios se explica fundamentalmente por la recortada demanda china en los mercados internacionales. Una sostenida liquidación de stocks de celdas para baterías redujo sustancialmente la demanda de litio para la producción de estas a lo largo del año pasado. Mientras el 2023 inició con precios spot del carbonato de litio por encima de los US$ 75.000 por tonelada, el 2024 encontró a los mismos precios en torno a los 13.500 dólares la toneladas. Esto representó una caída de precios del 82 por ciento en 365 días.
Pese a esta marcada caída, los precios vienen mostrando una recuperación en lo que va del año. Mostrándose cerca de los 15.500 dólares, acumulan una suba del 15 por ciento desde que inició el 2024. No obstante, la oferta también sintió la baja de precios. En Estados Unidos ya se anuncian proyectos que se demorarán más tiempo y suspensiones de construcción de proyectos de litio, en ambos casos atribuibles a la baja sustancial de precios, Las presentaciones de resultados de las empresas que trabajan sobre minería de litio mostraron sustanciales recortes en este contexto de valores fuertemente bajistas.
Si bien se espera que la producción mundial de litio siga creciendo en este 2024, los cuellos de botella en la demanda y los pisos de costos de la oferta esperan volver a dar cierto impulso a los valores. En este marco, el primer trimestre del año marcó un récord de volumen operado en Chicago para los contratos de hidróxido de litio. Con interés abierto hasta septiembre del año que viene, la liquidez se amplía en los mercados de litio del mundo.
Las medidas impulsadas por el gobierno de Milei, vía decreto y proyecto de ley «ómnibus», implican una entrega total a las empresas extractivas. Respecto a la megaminería, otorga facilidades impositivas y hasta permite avanzar sobre glaciares. Desde las organizaciones sociales y asambleas socioambientales advierten que defenderán los territorios desde las calles.
No obstante, un interés abierto superior a los 22.700 contratos en esta semana, similar al volumen operado en el último trimestre, equivale a 2,3 por ciento de la producción mundial del año pasado. Más allá de ello, el desarrollo cada vez más avanzado de los mercados de futuros para estos productos marca una mayor madurez del litio en la escena minera internacional, con muchísimo más espacio para seguir creciendo. Un metal que espera ser protagonista de la transición energética todavía tiene muchísimo potencial para su desarrollo de mercados.
Los autos chinos inundan el mercado latinoamericano
La industria china del automóvil tiene números récord de exportación en los últimos años, y de entre todos los mercados, Latinoamérica tiene un lugar especial y clave. Mientras Chile destaca por la cuota de mercado de diversas marcas, en Brasil llegan las fábricas e inversiones para levantar nuevas líneas de producción. Sin embargo, en Europa también se levantar las alertas por las subvenciones «excesivas» a los autos eléctricos.
La “inundación” de productos chinos abarca de todo: Desde el acero, pasando por la tecnología y también, los vehículos. Mes a mes, las unidades provenientes del gigante asiático llegan a los puertos tanto de Chile como en países vecinos y se logran posicionar al nivel de marcas europeas, estadounidenses o japonesas.
En 2023, China marcó un récord de exportación de vehículos: Vendió casi 5 millones de unidades al extranjero, más del doble que hace dos años.
Y entre esta explosión de productos de autos (tanto a combustión como eléctricos e híbridos), la industria de aquél país mira hacia el mercado latinoamericano como uno de los sectores claves a nivel global.
Chile con gran cantidad de vehículos chinos
Según datos de la plataforma especializada Nyvus, citados por Agencia EFE, los países alrededor del océano Pacífico son de los principales mercados para los autos chinos, y de entre todos los casos destaca Chile.
En suelo nacional, las marcas chinas alcanzaron una cuota de mercado del 33,5% en el sector automotor durante 2022, cayendo a 28,4% a fines de octubre de 2023.
Sin embargo, marcas como Chery llevan desde 2007 en el país, siendo esta pionera en el desembarco de Great Wall. A la vez, la productora de los modelos “Tiggo” cuenta con una línea especial de vehículos para el país, pero no cuenta con una fábrica propia en Chile.
Según EFE, “gran parte de su éxito reside en la mercadotecnia: Años atrás se convirtió en el principal patrocinador del equipo de fútbol Universidad Católica de Chile, uno de los tres grandes del torneo nacional, lo que la llevó a ser una marca muy reconocida”.
Brasil y las inversiones asiáticas
Otros de los países que destaca a nivel latinoamericano es Brasil: No porque los vehículos “made in China” tengan una amplia presencia en el mercado, sino por las inversiones y fábricas establecidas allí.
Volviendo a Chery, esta utiliza dos fábricas, en Jacareí (Sao Paulo) y Anápolis (Goiás), donde en esta última comparte línea de producción con Hyundai.
Por otro lado, Great Wall anunció que invertiría unos US$2.000 millones en el país hasta 2033 e incluso el mayor fabricante de vehículos eléctricos a nivel global, BYD, llegará hasta la antigua fábrica de Ford en Camaçari (Bahia), con una inversión de US$600 millones hasta 2030.
Un caso donde los vehículos asiáticos no han logrado adentrarse tanto es en Argentina, donde representan solo un 0,5% de cuota de mercado según Nyvus, dada su características de productor de vehículos, junto con políticas de producción industrial que hacen más difícil la importación de marcas chinas.
Europa preocupada
Mientras, en Europa, se anunció una investigación sobre las subvenciones estatales a la producción de autos eléctricos. Al entregar el anuncio en septiembre del año pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmo que: “Los mercados mundiales están ahora inundados de coches eléctricos chinos más baratos, y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales”.
La inyección de recursos por parte del Estado chino a sus fabricantes de vehículos eléctricos ha hecho de que la diferencia de precio media sea de un 20% entre modelos asiáticos y los equivalentes europeos. A esto se une la ventaja de China sobre la obtención de materias primas como litio, cobalto o níquel, con lo que el “Dragón” tiene un gran control sobre la cadena de suministro para baterías.
Uruguay: ¿país exitoso?
Leandro Nievas*
En los últimos años, son varios los políticos argentinos que mencionan al Uruguay como un caso exitoso de democracia y políticas de Estado. Libros como “Laboratorio Uruguay”, de Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro, hacen preguntas como “¿por qué tantos extranjeros eligen vivir allí?” Aludiendo en gran parte a la estabilidad económica, las buenas relaciones entre políticos de distintos partidos, el capital simbólico de lo que consideran un “laboratorio de democracia”.
Sin embargo, los datos del Censo 2023 nos cuentan otras historias. La población contabilizada dio 3.444.263 habitantes, un crecimiento de un 1% en el período intercensal 2011-2023. De ese total, 48% son hombres y 52% son mujeres. Casi 600.000 uruguayos residen actualmente en el exterior.
“Si no fuera por la inmigración seríamos menos”, dijo Isaac Alfie, presidente de la Comisión Nacional de Censo, en la presentación preliminar. En los últimos 12 años, casi 62.000 personas se mudaron a Uruguay, provenientes de países como Venezuela (27%), Argentina (22%) y Cuba (20%). Este movimiento migratorio evitó que la población uruguaya se redujera.
La inmigración es un indicador del éxito de una nación
En términos porcentuales, apenas el 3% de la población que vive en suelo uruguayo nació en el exterior. En Argentina este número es del 4%, en Estados Unidos el 15%, en Alemania el 19% y en países como Cánada, el 23%.
Mientras que Uruguay necesitó 12 años para crecer un 1%, Argentina creció poblacionalmente entre 2010 y 2022 un 15%. Cánada por su parte, sólo necesitó de 10 años para crecer un 15%, rompiendo a fines de 2023 el récord de 40.5 millones de personas. No se puede atraer inmigración siendo un país con costo de vida alto y Uruguay tiene precios «europeizados».
Envejecimiento poblacional: Alerta amarilla
En 2015 nacieron en Uruguay casi 49 mil bebés, en 2023 los nacimientos no llegaron a 32 mil. Esta drástica reducción, si bien es algo que sucede en otros países de la región, ha encendido una luz amarilla en los funcionarios de gobierno y políticos de la oposición. A partir de 2021 las defunciones han superado a los nacimientos, tendencia difícil de revertir.
Además, debemos añadir que en 2004 la edad media de los uruguayos era de 29 años y en 2023 de 38 años. Esto implica un estrés extra al momento de pensar políticas públicas ya que el bono demográfico aquí está prácticamente extinto.
País para pocos
En Argentina, la Sociedad Rural tenía por mediados de siglo 20 un concepto de que en nuestro país, deberían haber sólo 1 habitante cada 3 vacas. Considerando el stock de 54 millones de cabezas de ganado vacuno, esa cuenta hoy daría 18 millones de personas. Sorprendentemente, esa relación se cumple con creces en Uruguay: tienen casi 12 millones de vacas para apenas 3.4 millones de habitantes.
De los 200 países reconocidos por la ONU, los hay de distintas geografías y tamaños, y sería injusto adjudicarle a Uruguay las mismas responsabilidades o desafíos que a un país del tamaño de Argentina. Lo que sí es de vital interés, es entender qué caminos sirven para el desarrollo de una nación y cuáles sólo barren problemas bajo la alfombra. Uruguay no sería viable hoy si no pudiera enviar parte de su población a países con economías más dinámicas, como lo ha sido el nuestro en numerosos períodos de la historia.
Sin industria no hay Nación
Cánada es un país ejemplo de prosperidad. Alemania también, por citar algunos. En el caso uruguayo, con los datos y proyecciones a la vista, y ante la posibilidad certera de una extinción paulatina, es menester alejarse de quienes sólo quieren territorios vacíos para disfrutar del turismo ABC1 y volver al concepto de Carlos Pellegrini.
La disputa por el oro verde, la yerba mate
Sergio Alvez
De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Javier Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico «tractorazo» que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del «Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el «oro verde».
Volver al pasado
Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.
“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.
Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.
Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.
“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios», le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).
“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos exproductores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte por su parte Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio norteño de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.
Menos yerba, más monocultivo de pinos
La referencia que hace Steffen, más allá de las negociaciones desiguales —o inexistentes— que se abran de aquí en más entre el sector molinero y los productores para la fijación del precio de la hoja verde, remite a un contexto que hace 23 años marcó el viraje del modelo productivo de la provincia desde la predominancia de la agricultura familiar y la yerba mate, hacia la expansión desmedida del modelo forestal basado en capitales extranjeros.
Los datos actuales son elocuentes: una sola empresa de origen chileno (Arauco) ostenta la posesión jurídica del doce por ciento del total de la superficie territorial de la provincia.
“La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios pagados por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares; o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, explica Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e Investigador del Conicet, quien estudió el caso de Arauco en Misiones.
Pero la desregulación del mercado yerbatero no fue la única herramienta que favoreció al proceso de despojo de los pequeños productores y acumulación de capitales forestales. Otras medidas de la reforma neoliberal del Estado fueron la apertura irrestricta a los flujos financieros externos, la laxitud en materia de regulaciones ambientales y la eliminación del Instituto Forestal Nacional (Ifona).
Entre los años 1991 y 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) que el complejo foresto-industrial argentino recibió fue de 3.500 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46 por ciento), Estados Unidos (31 por ciento), y Canadá (15 por ciento), entre otros países. Un 40 por ciento del total de esas inversiones se concentraron en Misiones, en consonancia con la decadencia del sector productivo primario de la yerba mate.
Delia Ramírez, doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), señala que “con la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada, creció el número de plantaciones y el precio de la materia prima emprendió una abrupta carrera descendente. Entonces se produjo una concentración de las ganancias yerbateras en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas, de la mayoría de los secaderos, y un deterioro en las condiciones de trabajo de los obreros rurales”.
Tractorazo y cooperativismo
Acorralados por el brutal deterioro del sector, cientos de colonos yerbateros organizaron en mayo de 2002 una movilización histórica desde los pueblos del interior profundo de Misiones hacia la capital, Posadas, donde decidieron acampar hasta ser escuchados. Aquella protesta es recordada como “El Tractorazo”, y fue la instancia que posibilitó la creación del INYM que ahora el gobierno de Javier Milei, 22 años después, intenta desmantelar en detrimento de las familias productoras y las pequeñas cooperativas.
Al respecto, son varias las marcas misioneras de yerba mate que se desarrollaron al fragor del cooperativismo y que hoy forman parte de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe): “Titrayju”, “Tamanduá, “Orembaé”, “El Colono” y “Grapia Milenaria”, entre otras.
Salvador Torres, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Río Paraná, que produce dos marcas de yerba, anticipa que “habrá una abrupta concentración de la actividad en manos de los cuatro monopolios de la industria de Misiones y Corrientes, que sin ningún tipo de restricción van a poder tirar los precios de la materia prima abajo” y asegura que el nuevo escenario “va acelerar el proceso de concentración de tierras, sencillamente porque las grandes empresas comprarán miles de hectáreas”.
Producción a pérdida
“Consideramos que hoy la hoja verde tiene que estar por encima de los 460 pesos el kilogramo”, señala el productor y presidente de la Federación Agraria Misiones, Jorge Butiuk, en relación al precio mínimo que los molinos debieren pagar a los productores por la materia prima esencial: la hoja verde.
Sin embargo, la cosecha arrancó con un precio decidido unilateralmente por el sector molinero de 370 pesos. “Lo que está en juego es la viabilidad económica de los productores yerbateros más pequeños, que son los que hoy están en riesgo”, añade Butiuk.
“Creemos que los grandes molineros van a bajar o subir los precios según lo que les conviene a ellos. El INYM justamente garantizaba el precio de referencia”, coincide Luis Ángel Grezak, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización de Aristóbulo del Valle (Caficla).
En el mismo sentido, el productor Cristian Klingbeil aporta que con la quita de potestades al INYM también se pierde “trazabilidad”, ya que “la estampilla certificaba calidad, era garantía de que en el yerbal que se produjo la yerba de ese paquete no hubo trabajo ni explotación infantil, se podía detectar el secadero y garantizar el buen estado del producto; ahora hasta se corre el riesgo de que haya marcas que importen yerba de baja calidad para venderla como si fuera argentina”.
Nañde yerba
En el año 1935 se produjo en Misiones la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera, que dio lugar, ese mismo año, a la creación —por ley nacional— de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). A partir de entonces, la cosecha sólo podía llevarse adelante con expresa autorización del organismo.
Pero a pocos meses de su creación, la CRYM estableció una resolución —convertida en ley— que obligaba a los colonos a pagar un impuesto de cuatro pesos por cada nueva planta que se incorpore a la plantación. Esto generó malestar en los productores misioneros, y el reclamo por la quita de dicho impuesto fue una de las consignas elevadas por las familias que protagonizaron la movilización histórica del 15 de marzo de 1936, ferozmente reprimida por la policía local y conocida como La Masacre de Oberá.
La organización y las protestas del sector agrario misionero se extendieron durante las décadas siguientes. El golpe de Estado de 1976 marcó el inicio de una cacería feroz por parte de los militares hacia dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, derivando esto en secuestros, torturas, asesinatos y la prohibición de toda actividad ligada a estos movimientos.
En simultáneo, la dictadura empresaria-militar se caracterizó por la liberación de la cosecha, como así también por la expansión regulada de la superficie implantada. Además, la representación de los pequeños productores en el directorio de la CRYM se vieron absolutamente debilitados, quedando las decisiones en torno a los destinos del comercio de yerba mate, en manos de las dirigencias empresariales.
Al retornar la democracia, en 1983, asumió la gobernación de Misiones el representante de la Unión Cívica Radical, Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, quien además de intervenir la CRYM (buscando equilibrar el predominio abusivo que tenía el sector molinero ante el exterminio de las organizaciones de pequeños productores ejecutada por la dictadura), llevó adelante una singular política pública para el sector yerbatero: el Plan “Ñande Yerba”.
En líneas generales, el “Ñande Yerba” («nuestra yerba», en guaraní), consistió en la creación de una marca estatal de yerba mate, cuya gestión estaba orientada a mejorar la calidad de vida de la entonces alicaídas familias yerbateras. El objetivo del “Ñande Yerba” era que los productores minifundistas conformasen un proyecto asociativo para vender su cosecha a la marca provincial, y de este modo evitar que el esfuerzo de su trabajo reditúe a los molinos privados. Así, en 1984 nació “Ñande Gente”, la marca yerbatera del programa estatal.
Lisandro Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales y profesor de historia, recuerda que, para la puesta en marcha del proyecto, las entidades cooperativas recibieron un crédito a través del Banco de la Provincia y por intermedio del Consejo Provincial de Desarrollo Económico para la compra de yerba canchada. “Además, el plan estipulaba el mejoramiento de los yerbales, la distribución de nuevos plantines, y la instalación de viveros de yerba mate para el mejoramiento de los estratos menos favorecidos. Pero el plan no logró consolidarse y fue víctima del modelo neoliberal”, explica.
Consultado por aquella experiencia, el exgobernador Barrios Arrechea señala que “Ñande Yerba fue una política satisfactoria, que terminaron liquidando los poderosos por ser un éxito. En seis meses se vendían 600.000 kilos por mes, pero entre el gobernador que me sucedió, Julio Humada, y el molino correntino Las Marías, la liquidaron tras nuestra derrota electoral de 1987”.
Reforzando esta posición, el investigador y autor del libro «De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la yerba», Javier Gortari, aporta que “con el plan Ñande Yerba, el gobernador Barrios Arrechea procuró con sana intención y frustrada fortuna, avanzar desde el sector cooperativo apoyado por el estado provincial, sobre el oligopolio industrial comercial”.
Gortari asegura que “esta osadía de pretender entrometerse con los negocios de los dueños de la yerba le costó al radicalismo el gobierno provincial y jamás desde entonces pudo volver a administrar el territorio misionero. Sirvió en cambio para entronizar a partir de un segundo gobierno peronista, a conspicuo representante de los capangas de los yerbales: el ingeniero Ramón Puerta”.
Sergio Alvez
De la crisis yerbatera de 1935 al megadecreto de Javier Milei, de las grandes empresas a la lucha campesina y el histórico «tractorazo» que conmovió a Misiones. Radiografía de una disputa centenaria y el recuerdo del «Plan Ñande Yerba”, iniciativa estatal que beneficiaba a las familias productoras pero que fue boicoteada por las corporaciones del agro.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el fallo de primera instancia que suspendía el artículo del Decreto 70/2023 que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la potestad de fijar los precios de la hoja verde. Sin embargo, abril comenzó con la nueva modalidad de fijación de precios sin la mediación del INYM y con las familias productoras libradas a la voluntad del poderoso emporio molinero. Advierten que con la desregulación del mercado yerbatero, impulsada por el Gobierno, se busca imponer un nuevo modelo agrario en Misiones, similar a lo ocurrido en la década del noventa. Pasado y presente de la disputa por el «oro verde».
Volver al pasado
Desde el 1 de abril, y como consecuencia directa de la vigencia —pese a su rechazo en el Senado de la Nación— del Decreto 70/2023, el mercado de la yerba mate en Argentina quedó completamente desregulado, retrotrayendo la situación del sector al año 1991, cuando otro decreto (2284), había eliminado la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Estos entes tenían competencias similares al ahora acéfalo e incierto INYM, herramienta que desde 2002 mediaba entre los actores de la cadena, en la fijación del precio de la materia prima.
“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresa textualmente en sus fundamentaciones el decreto firmado por Javier Milei y redactado por Federico Sturzenegger.
Una última novedad en materia judicial tuvo lugar el pasado 9 de abril, cuando la Cámara La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el recurso de amparo que el 12 de enero suspendió los artículos del DNU 7023 y que le impedían al INYM fijar los precios de referencia. Por estas horas, asesores jurídicos del INYM analizan la decisión judicial y los pasos a seguir en pos de recuperar las funciones que le fueron extirpadas.
Ante este panorama —que favorece decidida y exclusivamente al poderoso sector molinero—, pequeños productores y cooperativas de yerba mate (cultivo que se concentra en un 90 por ciento en Misiones) advierten que las consecuencias esperables de la desregulación no son ni serán otras que las que ya se vivieron en la década del noventa, ya que se trata de políticas calcadas.
“La desregulación nos deja en un estado de angustia y debilidad ante la cadena superior de la industria. Porque no se fija más el precio, y el mercado no nos reconoce los aumentos de los costos del 10 de diciembre para acá. Habrá algún productor que no entiende lo que va a pasar y que quizá festeja, pero cuando empiece la cosecha gruesa, que es a partir de marzo o abril, se va a dar cuenta que la libertad no llegó para todos sino que solo para los grandes empresarios», le dice a Agencia Tierra Viva el productor yerbatero Cristian Klingbeil, que hasta el 2023 fue presidente dela Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).
“Van a desaparecer todos los pequeños productores y van a subsistir solamente los grandes: Los pequeños vamos a perder rendimiento y van a venir a comprar nuestra chacras, y va a desparecer la economía regional. Esto ya nos pasó, en los años noventa, desregularon el precio, vinieron multinacionales, compraron todas las chacras con yerba y llenaron de pino. Hoy esos exproductores de yerba son empleados de esas empresas”, advierte por su parte Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, del municipio norteño de San Pedro, un espacio que impulsa la producción de yerba mate a partir de la actividad de 96 pequeños productores de la zona, cuyas chacras oscilan entre las 13 y las 20 hectáreas cada una, es decir “microyerbales”, aquellas unidades que fueron las primeras en extinguirse cuando hace más de dos décadas se desreguló la actividad.
Menos yerba, más monocultivo de pinos
La referencia que hace Steffen, más allá de las negociaciones desiguales —o inexistentes— que se abran de aquí en más entre el sector molinero y los productores para la fijación del precio de la hoja verde, remite a un contexto que hace 23 años marcó el viraje del modelo productivo de la provincia desde la predominancia de la agricultura familiar y la yerba mate, hacia la expansión desmedida del modelo forestal basado en capitales extranjeros.
Los datos actuales son elocuentes: una sola empresa de origen chileno (Arauco) ostenta la posesión jurídica del doce por ciento del total de la superficie territorial de la provincia.
“La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios pagados por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares; o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, explica Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e Investigador del Conicet, quien estudió el caso de Arauco en Misiones.
Pero la desregulación del mercado yerbatero no fue la única herramienta que favoreció al proceso de despojo de los pequeños productores y acumulación de capitales forestales. Otras medidas de la reforma neoliberal del Estado fueron la apertura irrestricta a los flujos financieros externos, la laxitud en materia de regulaciones ambientales y la eliminación del Instituto Forestal Nacional (Ifona).
Entre los años 1991 y 2000, la Inversión Extranjera Directa (IED) que el complejo foresto-industrial argentino recibió fue de 3.500 millones de dólares, en su mayoría provenientes de Chile (46 por ciento), Estados Unidos (31 por ciento), y Canadá (15 por ciento), entre otros países. Un 40 por ciento del total de esas inversiones se concentraron en Misiones, en consonancia con la decadencia del sector productivo primario de la yerba mate.
Delia Ramírez, doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), señala que “con la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario de Yerba Mate Canchada, creció el número de plantaciones y el precio de la materia prima emprendió una abrupta carrera descendente. Entonces se produjo una concentración de las ganancias yerbateras en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas, de la mayoría de los secaderos, y un deterioro en las condiciones de trabajo de los obreros rurales”.
Tractorazo y cooperativismo
Acorralados por el brutal deterioro del sector, cientos de colonos yerbateros organizaron en mayo de 2002 una movilización histórica desde los pueblos del interior profundo de Misiones hacia la capital, Posadas, donde decidieron acampar hasta ser escuchados. Aquella protesta es recordada como “El Tractorazo”, y fue la instancia que posibilitó la creación del INYM que ahora el gobierno de Javier Milei, 22 años después, intenta desmantelar en detrimento de las familias productoras y las pequeñas cooperativas.
Al respecto, son varias las marcas misioneras de yerba mate que se desarrollaron al fragor del cooperativismo y que hoy forman parte de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe): “Titrayju”, “Tamanduá, “Orembaé”, “El Colono” y “Grapia Milenaria”, entre otras.
Salvador Torres, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Río Paraná, que produce dos marcas de yerba, anticipa que “habrá una abrupta concentración de la actividad en manos de los cuatro monopolios de la industria de Misiones y Corrientes, que sin ningún tipo de restricción van a poder tirar los precios de la materia prima abajo” y asegura que el nuevo escenario “va acelerar el proceso de concentración de tierras, sencillamente porque las grandes empresas comprarán miles de hectáreas”.
Producción a pérdida
“Consideramos que hoy la hoja verde tiene que estar por encima de los 460 pesos el kilogramo”, señala el productor y presidente de la Federación Agraria Misiones, Jorge Butiuk, en relación al precio mínimo que los molinos debieren pagar a los productores por la materia prima esencial: la hoja verde.
Sin embargo, la cosecha arrancó con un precio decidido unilateralmente por el sector molinero de 370 pesos. “Lo que está en juego es la viabilidad económica de los productores yerbateros más pequeños, que son los que hoy están en riesgo”, añade Butiuk.
“Creemos que los grandes molineros van a bajar o subir los precios según lo que les conviene a ellos. El INYM justamente garantizaba el precio de referencia”, coincide Luis Ángel Grezak, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Forestal de Industrialización y Comercialización de Aristóbulo del Valle (Caficla).
En el mismo sentido, el productor Cristian Klingbeil aporta que con la quita de potestades al INYM también se pierde “trazabilidad”, ya que “la estampilla certificaba calidad, era garantía de que en el yerbal que se produjo la yerba de ese paquete no hubo trabajo ni explotación infantil, se podía detectar el secadero y garantizar el buen estado del producto; ahora hasta se corre el riesgo de que haya marcas que importen yerba de baja calidad para venderla como si fuera argentina”.
Nañde yerba
En el año 1935 se produjo en Misiones la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera, que dio lugar, ese mismo año, a la creación —por ley nacional— de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). A partir de entonces, la cosecha sólo podía llevarse adelante con expresa autorización del organismo.
Pero a pocos meses de su creación, la CRYM estableció una resolución —convertida en ley— que obligaba a los colonos a pagar un impuesto de cuatro pesos por cada nueva planta que se incorpore a la plantación. Esto generó malestar en los productores misioneros, y el reclamo por la quita de dicho impuesto fue una de las consignas elevadas por las familias que protagonizaron la movilización histórica del 15 de marzo de 1936, ferozmente reprimida por la policía local y conocida como La Masacre de Oberá.
La organización y las protestas del sector agrario misionero se extendieron durante las décadas siguientes. El golpe de Estado de 1976 marcó el inicio de una cacería feroz por parte de los militares hacia dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, derivando esto en secuestros, torturas, asesinatos y la prohibición de toda actividad ligada a estos movimientos.
En simultáneo, la dictadura empresaria-militar se caracterizó por la liberación de la cosecha, como así también por la expansión regulada de la superficie implantada. Además, la representación de los pequeños productores en el directorio de la CRYM se vieron absolutamente debilitados, quedando las decisiones en torno a los destinos del comercio de yerba mate, en manos de las dirigencias empresariales.
Al retornar la democracia, en 1983, asumió la gobernación de Misiones el representante de la Unión Cívica Radical, Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, quien además de intervenir la CRYM (buscando equilibrar el predominio abusivo que tenía el sector molinero ante el exterminio de las organizaciones de pequeños productores ejecutada por la dictadura), llevó adelante una singular política pública para el sector yerbatero: el Plan “Ñande Yerba”.
En líneas generales, el “Ñande Yerba” («nuestra yerba», en guaraní), consistió en la creación de una marca estatal de yerba mate, cuya gestión estaba orientada a mejorar la calidad de vida de la entonces alicaídas familias yerbateras. El objetivo del “Ñande Yerba” era que los productores minifundistas conformasen un proyecto asociativo para vender su cosecha a la marca provincial, y de este modo evitar que el esfuerzo de su trabajo reditúe a los molinos privados. Así, en 1984 nació “Ñande Gente”, la marca yerbatera del programa estatal.
Lisandro Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales y profesor de historia, recuerda que, para la puesta en marcha del proyecto, las entidades cooperativas recibieron un crédito a través del Banco de la Provincia y por intermedio del Consejo Provincial de Desarrollo Económico para la compra de yerba canchada. “Además, el plan estipulaba el mejoramiento de los yerbales, la distribución de nuevos plantines, y la instalación de viveros de yerba mate para el mejoramiento de los estratos menos favorecidos. Pero el plan no logró consolidarse y fue víctima del modelo neoliberal”, explica.
Consultado por aquella experiencia, el exgobernador Barrios Arrechea señala que “Ñande Yerba fue una política satisfactoria, que terminaron liquidando los poderosos por ser un éxito. En seis meses se vendían 600.000 kilos por mes, pero entre el gobernador que me sucedió, Julio Humada, y el molino correntino Las Marías, la liquidaron tras nuestra derrota electoral de 1987”.
Reforzando esta posición, el investigador y autor del libro «De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la yerba», Javier Gortari, aporta que “con el plan Ñande Yerba, el gobernador Barrios Arrechea procuró con sana intención y frustrada fortuna, avanzar desde el sector cooperativo apoyado por el estado provincial, sobre el oligopolio industrial comercial”.
Gortari asegura que “esta osadía de pretender entrometerse con los negocios de los dueños de la yerba le costó al radicalismo el gobierno provincial y jamás desde entonces pudo volver a administrar el territorio misionero. Sirvió en cambio para entronizar a partir de un segundo gobierno peronista, a conspicuo representante de los capangas de los yerbales: el ingeniero Ramón Puerta”.
Sigue subiendo intercambio económico entre Venezuela y Colombia
Venezuela y Colombia mantienen un ritmo sostenido de crecimiento económico en el marco de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, a raíz de la llegada al poder del gobierno izquierdista de Gustavo Petro en el vecino país.
El primer bimestre del año arrojó un incremento de 17,4% en cuanto al intercambio comercial general entre los dos países, con un incremento 25,9% en las importaciones de productos colombianos a Venezuela.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE), el monto del intercambio comercial entre Caracas y Bogotá ha alcanzado la cifra de US$ 139,9 millones en los dos primeros meses del año, con amplias perspectivas de que siga aumentando en el tiempo.
Los principales productos exportados desde Venezuela hacia la nación vecina durante el primer bimestre de este año fueron: fundición de hierro y acero, abonos, productos químicos orgánicos, combustibles y aceites, y aluminio y sus manufacturas, según indicó la Cámara.
En el registro que se lleva sobre el intercambio comercial binacional, quedó establecido que el 81,7% de las importaciones desde la nación vecina hacia Venezuela se hicieron vía terrestre, siendo Paraguachón la principal aduana de ingreso.
Las buenas relaciones entre los gobiernos, ha hecho que se reanuden muchos negocios entre empresas públicas y privadas de ambos países, lo que ha dinamizado nuevamente una de las fronteras más vivas del mundo.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), todo apunta a que la economía de Venezuela durante 2024 crecerá en un 4%, lo que la ubicaría por encima del crecimiento promedio de la región del 2% y del crecimiento de Colombia.
Las previsiones del FMI indican además que Venezuela mantendría su crecimiento y que para 2025 su PIB se expandería en un 3%. No obstante, el organismo sostiene que esas proyecciones están rodeadas de gran incertidumbre, máxime teniendo en cuenta que las sanciones impuestas por Estados Unidos podrían frenar el crecimiento del país.
Colombia, por su parte, solo crecerá 1,1%. Incluso Ecuador, el otro vecino comercial de Venezuela, solo crecerá 0,1%. De hecho, la economía venezolana crecería más que la de Brasil (2,2%) y la de México (2,4%), dos importantes actores en Latinoamérica.
Disminuyó 12.9% la deuda de Pemex, que duplicó la capacidad de refinación
Julio Gutiérrez
La política de nulo endeudamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) puesta en práctica al inicio de la actual administración ha dado resultados. Al cierre del primer trimestre del año el saldo de la deuda financiera de la empresa fue de un billón 692.8 mil millones de pesos, una disminución de 12.9 por ciento respecto a lo reportado en el mismo lapso del año previo, cuando el monto sumaba un billón 944 mil millones.
El reporte de resultados de la petrolera también detalla que en los primeros tres meses aumentó su capacidad de producción de gasolinas y diésel y en marzo su capacidad de refinación fue la mejor de los últimos ocho años como resultado de la rehabilitación del Sistema de Nacional de Refinación (SNR) y la incorporación de Deer Park, un hecho que está en línea con lo prometido al inicio del sexenio.
Sin embargo, informó sobre una caída de poco más de 90 por ciento en su utilidad, resultado de menores ventas y por el fortalecimiento del peso frente al dólar en los últimos meses. Dado que buena parte del negocio de Pemex es la exportación, las ganancias fueron menores una vez que se convirtieron de dólares a pesos.
Al cierre de 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, el saldo de la deuda era de 2 billones 82 mil millones de pesos. Por lo anterior, si el nuevo monto se compara con este dato hay una disminución de 18.7 por ciento en términos nominales.
Al alza la refinación
Pemex dio a conocer que entre enero y marzo, la producción de petrolíferos promedió un millón 11 mil barriles diarios, un aumento de 156 mil barriles con relación al mismo periodo del año previo. Al mismo tiempo, el proceso de crudo en el SNR registró una recuperación al promediar 985 mil barriles diarios, debido al mejor desempeño en las seis refinerías.
En marzo se alcanzó el mayor procesamiento de crudo mensual en los últimos 8 años con un millón 62 mil barriles diarios.
Enfatizó que con las rehabilitaciones al SNR y con la incorporación de Deer Park se logró revertir la tendencia decreciente en el proceso de crudo, y respecto al inicio de la administración, la capacidad de refinación se ha duplicado.
Específicamente sobre la refinería de Deer Park en Estados Unidos, apuntó que su balance es sólido, al mismo tiempo que opera sin deuda. Su capacidad de operaciones es de 89.7 por ciento y su utilización está al 79.2 por ciento al cierre de marzo.
Menores ventas
De acuerdo con los datos, de enero a marzo las ganancias de Pemex sumaron 4 mil 700 millones de pesos, una disminución de 91.7 por ciento con respecto a los 56 mil 700 millones reportados en el mismo periodo del año previo.
Pemex enfatizó que este resultado fue consecuencia de una reducción en las ventas totales, por la apreciación del peso con respecto al dólar (hecho que redujo los ingresos una vez que fueron convertidos en moneda nacional) y un alza en el costo de las ventas.
Sobre este tema, precisó, la utilidad cambiaria al cierre de marzo fue de 33 mil 400 millones de pesos, mientras hace un año era de 125 mil millones. Lo anterior fue resultado que el tipo de cambio concluyó diciembre en 16.92 unidades por billete verde, y al cierre de marzo la cotización fue de 16.67 pesos por dólar.
Enfatizó que los ingresos totales por ventas y servicios ascendieron a 405 mil 900 millones de pesos, lo que implicó una disminución de 3 por ciento en comparación con los 418 mil 439 millones de pesos registrados en el primer trimestre de 2023.
Panorama internacional
1.- China supera su objetivo de crecimiento del 5% de su PIB
En medio de la reorganización productiva de China, donde la manufactura se pone al frente para superar la relevancia del sector inmobiliario, la economía china superó las expectativas y creció un 5,3% interanual en el primer trimestre, en consonancia con el objetivo de crecimiento anual de «en torno al 5%» fijado en las Dos Sesiones de principios de año.
La inversión en activos fijos alcanzó los 10 billones de yuanes (US$ 1,4 billones), un aumento del 4,5%. En medio de la reestructuración de la industria, la inversión en el sector inmobiliario sigue cayendo (-9,5%), mientras que la industria manufacturera y las infraestructuras conforman el crecimiento global de la inversión, con un aumento del 9,9 y el 6,5%, respectivamente.
El valor añadido de la industria en China creció un 6% en el primer trimestre, más rápido que los servicios (5%) y el sector primario (3,3%), y, en particular, se aceleró el crecimiento de la fabricación de alta tecnología. El banco central chino pondrá en marcha un programa de préstamos de 500.000 millones de yuanes (US$ 70.000 millones) para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de los sectores científico y tecnológico del país.
En el ámbito internacional, el uso del RMB en las transacciones internacionales siguió creciendo. Según SWIFT, la cuota del yuan en los pagos globales subió a un máximo histórico en marzo (4,69%), manteniéndose como la cuarta moneda más activa del mundo. El dólar estadounidense siguió teniendo la mayor cuota en los pagos globales, en torno al 47%, y el euro cayó por debajo del 22%.
Además, cuando SWIFT comenzó a realizar el seguimiento del uso del yuan en 2010, la moneda representaba menos del 0,1% de las liquidaciones mundiales.
El uso del yuan en las transacciones transfronterizas de China para el comercio de bienes fue de casi el 30% en el primer trimestre, frente al 25% en 2023 y el 18% en 2022.
2.- El hambre aguda persiste en 59 países
Casi 282 millones de personas en 59 países y territorios experimentaron altos niveles de hambre aguda en 2023, un aumento mundial de 24 millones con respecto al año anterior, indicó un informe divulgado este miércoles 24 por agencias del sistema de las Naciones Unidas.
Al presentar el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que “esta crisis exige una respuesta urgente”, y pidió “utilizar los datos de este informe para transformar los sistemas alimentarios y abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición”.
El incremento en el número de personas con hambre aguda el último año se debe a la mayor cobertura del informe sobre los contextos de crisis, y al fuerte deterioro de la seguridad alimentaria, especialmente en la Franja de Gaza y Sudán, escenarios de conflictos armados hasta ahora imparables.
El informe fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco Mundial y otras entidades.
Durante cuatro años consecutivos la proporción de quienes enfrentan inseguridad alimentaria aguda se ha mantenido persistentemente alta en casi 22 % de las personas evaluadas, superando significativamente los niveles anteriores a la covid-19.
Los niños y las mujeres están en primera línea de estas crisis de hambre, con más de 36 millones de niños menores de 5 años gravemente desnutridos en 32 países, según muestra el informe, también suscrito por la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida).
Las agencias pidieron con urgencia “un enfoque transformador que integre la paz, la prevención y la acción de desarrollo junto con esfuerzos de emergencia a escala para romper el ciclo del hambre aguda que permanece en niveles inaceptablemente altos”.
En los análisis del grupo de agencias, 36 países han aparecido constantemente desde 2016, lo que refleja años continuos de hambre aguda, y actualmente representan 80 % por ciento de los más hambrientos del mundo.
En la clasificación internacional de cinco fases (desde Fase 1 con alimentación asegurada hasta Fase 5 de hambruna con riesgo de muerte), el informe registró aumento de un millón de personas que enfrentan emergencia (Fase 4) alimentaria aguda en 39 países y territorios, con el mayor incremento en Sudán.
En 2023, más de 705 000 personas se encontraban en el nivel de inseguridad alimentaria de catástrofe (Fase 5) y en riesgo de morir de hambre, la cifra más alta en la historia de informes de este tipo.
La situación actual en la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva militar israelí tras el ataque de la milicia islamista Hamás el pasado octubre, da cuenta del 80 % de quienes enfrentan una hambruna inminente, junto con Sudán del Sur, Burkina Faso, Somalia y Malí.
Según las proyecciones para 2024, se prevé que alrededor de 1,1 millones de personas en la Franja de Gaza y 79 000 personas en Sudán del Sur se encuentren en catástrofe (Fase 5) para julio, lo que eleva la cantidad total de personas proyectadas en esta fase a casi 1,3 millones.
Al presentar la situación por regiones, el reporte muestra a 19,7 millones de personas encarando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en nueve países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
Son migrantes y refugiados entre 50 y 62 % de quienes encaran esa situación en Colombia, Ecuador y Perú, según el reporte. La inseguridad alimentaria también cubre a Bolivia y Venezuela, pero el reporte no incluyó sus cifras por considerar que los datos sobre esos países eran insuficientes para el estudio.
Hay 49,6 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda en África central y del sur; 64,2 millones en África oriental; 44,3 millones en África occidental; 59,8 millones en Asia, y 36,7 millones en el Medio Oriente y Norte de África.
Los conflictos siguieron como el principal factor que afecta a 20 países con casi 135 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, y Sudán enfrentó el mayor deterioro debido al conflicto: 8,6 millones de personas más que en 2022.
Y los fenómenos meteorológicos extremos fueron los principales impulsores en 18 países, donde más de 77 millones de personas enfrentaban altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, en comparación con 12 países con 57 millones de personas en 2022.
En 2023, el mundo experimentó el año más caluroso registrado y las crisis relacionadas con el clima impactaron poblaciones, con episodios de graves inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales y brotes de plagas y enfermedades.
Las crisis económicas afectaron principalmente a 21 países, donde 75 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda, debido a su gran dependencia de alimentos e insumos agrícolas importados, y a desafíos macroeconómicos como la depreciación de su moneda, los altos precios y los elevados niveles de deuda.
El estudio del grupo de agencias concluye que para hacer frente a las crisis alimentarias persistentes se requiere una inversión nacional e internacional urgente a largo plazo, para transformar los sistemas alimentarios e impulsar el desarrollo agrícola y rural.
Asimismo, una mayor preparación para las crisis, y asistencia fundamental para salvar vidas a escala, donde la gente más la necesita.
“La paz y la prevención también deben convertirse en parte integral de la transformación a largo plazo de los sistemas alimentarios. Sin esto, la gente seguirá enfrentándose a una vida entera de hambre y los más vulnerables morirán”, sentenció la declaración.