Todamérica (los hechos resaltables de la semana) – Edición del 13 de abril de 2024
Inseguridad, delincuencia y narcotráfico: lo que desvela a los uruguayos.
Nicolás Centurión
Según la última encuesta de la consultora Cifra, la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Con un 47%, es decir casi la mitad de los encuestados, plantea que estos son los mayores problemas de Uruguay hoy día. Otra encuesta, la de Equipo Consultores, arrojó como resultado que la delincuencia y la inseguridad pública es el principal problema del país para los uruguayos (55%).
Siguiendo con la encuesta de cifra, en un segundo escalón, el 31% está más preocupado por algún tema vinculado a la economía, en particular, el trabajo y el aumento de precios –o los sueldos que no alcanzan o la pobreza—o la situación económica en general.
Otros temas mencionados como problemas refieren a la educación (5%), “gente, valores, corrupción” (4%), “el gobierno” (3%), la salud (2%) y “políticos, oposición” (2%). En tanto, 5% no identificó ningún problema en la actualidad y 2% optó por la opción “otros”.
Cuando se analiza la evolución de la opinión pública en los últimos 5 años, se observa que la preocupación por temas económicos aumentó sistemáticamente desde 2019 a 2022, cuando casi la mitad de la población estaba preocupada por algún tema económico. Desde entonces se está reduciendo la percepción de que el principal problema del Uruguay hoy está vinculado a la economía y hoy los preocupados son menos de un tercio, una proporción similar a la que había en 2019.
Con la inseguridad ocurre exactamente lo contrario: con la pandemia se redujo mucho la percepción de la inseguridad como problema, a menos de un quinto de la población, pero desde 2022 empezó a aumentar la proporción de preocupados, y ahora casi la mitad considera que es el principal problema del país, apenas menos que lo que se observaba en 2019.
Hasta hace poco la visión sobre cuál era el problema más importante del país tendía a ser diferente según las 
posiciones políticas. Los votantes de la coalición estaban más preocupados por la inseguridad que por la economía, y los del Frente Amplio consideraban que los problemas económicos eran más serios que los de seguridad. Discriminada por tipo de votante de cada partido político, el 53% de los identificados con la coalición de gobierno afirman estar preocupado por la inseguridad, un 24% por la economía y un 23% por otras problemáticas.
Por su parte el 45 % de los votantes del Frente Amplio señalaron a la inseguridad como principal problema, en tanto un 36% seleccionó a la economía, y un 19% habló de otros problemas. Hoy ya no es así, y la mayoría de los dos bloques piensan que el principal desafío hoy es la inseguridad.
Estas encuestas, la opinión de los uruguayos y los datos de la realidad van a contrapelo del relato del gobierno derechista liderada por Luis Lacalle que arguye que los delitos han bajado. Según el sociólogo Gabriel Tenenmbaum “las estadísticas delictivas que difunde el Ministerio del Interior (MI) de cualquier gobierno” tienen sus distintas características: 
“No se informan delitos sino de denuncias. Por lo tanto es erróneo afirmar que bajaron los delitos en el país. Seinforma sobre las denuncias de 5 indicadores delictivos, no se comprende el amplio repertorio contenido en el Código Penal. Por lo tanto, nuevamente, es erróneo afirmar que bajaron los delitos en el país.
A pesar del aumento de los delitos comprendidos en la Ley de Estupefacientes, el MI no informa denuncias de drogas. Este es un problema porque el actor racional se desplaza entre delitos. El hurto y la rapiña pueden bajar porque, por ejemplo, los delitos de droga son más rentables.
Al desconocer el total de un delito, no podemos afirmar si baja o aumenta el mismo. Por ejemplo, si las denuncias de rapiñas bajan respecto del año anterior puede que sea por un aumento en el total (desconocido) de las rapiñas que hace más probable su detección.
Al no conocer cuánto es la parte no detectada del fenómeno nos obliga a tener recaudos al momento de interpretar y aseverar algo leyendo estadísticas delictivas”
Nuevamente el gobierno se apunta otro fracaso y esta vez en lo que fue su caballo de batalla en las elecciones 2019. Su relato que venían con mano dura contra los delincuentes, se contradice fuertemente con las estadísticas, con el sentir de los uruguayos y con las balas en muchos barrios.
Por otro lado, los delitos de guante blanco, la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset, los procesados por lavado de dinero (que son mínimos) van por un carril y por el otro se llenan horas de noticieros por cierres de “bocas de pasta base” (narcomenudeo), de grafiteros en edificios, de delitos menores. Lo que se puede llamar, una política de seguridad con un sesgo fuerte de clase.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Mirko C. Trudeau
La población inmigrante nacida en el extranjero creció en Estados Unidos más de 15 por ciento en los últimos 12 años, y es la fuerza laboral de estos 32,5 millones de trabajadores, generalmente latinoamericanos sobreexplotados, una de las principales causas detrás del fuerte crecimiento económico estadounidense.
En Estados Unidos, un país cuya historia forjaron en buena medida los inmigrantes, el discurso contra los extranjeros que llegan en busca de mejores oportunidades es uno de los caballitos de batalla en los discursos preelectorales. Pero más allá de los discurso sobre la amenaza que suponen los inmigrantes están los estudios que muestran con claridad que estas comunidades benefician a la economía del país en su conjunto y a los bolsillos de los nativos en particular.
«Poblaciones de inmigrantes relativamente grandes muestran mejores resultados que aquellas con porcentajes menores de población inmigrante», señala el informe del Instituto George Bush, que muestra su impacto positivo en áreas que van desde los ingresos hasta el desarrollo cultural y que echa por tierra mitos como que le quitan el trabajo a los locales o hacen que los salarios bajen.Las ciudades con porcentajes altos de inmigrantes son más innovadoras que otras y la contribución de las personas no nacidas en Estados Unidos es alta.
Los estudios revelan que los inmigrantes inventan nuevos productos y reciben patentes en tasas mayores que los nativos. El 27% de los estudiantes de maestrías y doctorados en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son extranjeros con visas temporales. Los inmigrantes representan un 14% de la población de las metrópolis, pero ocupan el 23% de puestos en ciencia y tecnología.
Los inmigrantes menos capacitados cubren millones de puestos de trabajos esenciales que quedarían vacantes si no estuvieran en áreas como la salud, la industria manufacturera y la construcción. Su importancia en el área sanitaria fue providencial en la pandemia: uno de cada tres trabajos lo cubrieron inmigrantes. Asimismo, han ayudado a «estabilizar» las industrias en el Medio Oeste, subsanando una falta de mano de obra calificada que hubiera obligado a cerrar fábricas.
Y mientras que el creciente número de inmigrantes en EEUU ha causado división entre los políticos de todo el país y se ha convertido en uno de los grandes temas del debate de cara a las elecciones presidenciales, ha avivado la angustia entre un sector de votantes, pero hay un lugar donde casi todos parecen estar optimistas: Wall Street.
Los empresarios, los fondos de inversión están contentos, sobre todo después que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la inmigración generará un aumento de siete mil millones de dólares al producto interno bruto durante la próxima década. Traducido: la inmigración es un gran negocio, salvo para quienes migran, claro.
Los economistas de los bancos de inversión son quienes dan cuenta del impulso que los migrantes están dando no solamente a la fuerza laboral y sino también al gasto de los consumidores. El banco de inversión Goldman Sachs Group Inc revisó al alza sus pronósticos de crecimiento económico a corto plazo. JPMorgan Chase & Co. y BNP Paribas SA estuvieron entre los bancos que reconocieron el impacto económico del aumento de la inmigración en las últimas semanas.
“La inmigración no es solo una cuestión con mucha carga social y política, sino también una cuestión macroeconómica importante”, señaló Janet Henry, economista jefe global de HSBC Holdings. Señaló que ninguna economía avanzada se está beneficiando tanto de la inmigración como EEUU y “el impacto de la migración ha sido una parte importante del crecimiento de EEUU durante los últimos dos años”.
Los trabajadores inmigrantes representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores estadounidenses, un récord en datos gubernamentales que se remontan a casi dos décadas. Economistas y autoridades resaltan la conexión entre la mayor afluencia de trabajadores extranjeros y la rápida recuperación pospandémica. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha afirmado que la inmigración es una de las razones detrás del fuerte crecimiento económico.
Según cifras oficiales, la población nacida en el extranjero ha crecido de manera considerable a lo largo de los últimos 50 años tanto en tamaño como en porcentaje de la población estadounidense . En 1970 era de 9.6 millones (4.7 por ciento) del total de la población y en 2022 estaba calculada en 46.2 millones (13.9 por ciento) del total de la población de Estados Unidos.
Más de la mitad de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de Sudamérica y Centroamérica, con cifras que se incrementaron en más de dos millones en los últimos 12 años.
A pesar de haber disminuído en un millón, los nacidos en México siguen siendo el sector más grande de los inmigrantes que viven en Estados Unidos hoy día, con un total de 10 millones 680 mil en 2022 , representando una cuarta parte de la población inmigrante total. Los nacidos en México son sólo una parte del total de 36 millones de personas de origen mexicano que viven en el país.También son el mayor grupo de indocumentados que ingresan a EEUU, según el Departamento de Seguridad Interna.
Un 80 por ciento de los nacidos en México han vivido en Estados Unidos desde antes de 2010, aunque unos 2 millones han llegado después de ese año. En los últimos 12 años, el porcentaje de mexicanos que han obtenido la ciudadanía estadounidense se incrementó al punto de que hoy día casi un tercio de los inmigrantes nacidos en México, la mitad de ellos sin mayor educación, son ciudadanos estadounidenses.
El negocio del tráfico de gente
En diciembre del 2013 las autoridades de Estados Unidos comenzaron a advertir que los cárteles de la droga estaban metidos ya en el enorme negocio del tráfico de gente, pero nadie hizo nada para impirlo. Hoy el negocio es tan grande que representa por lo menos 10.000 millones de dólares anuales.
En aquellas épocas, los migrantes tenían que contratar “coyotes” que los ayudaban a cruzar a Estados Unidos y los guiaban durante su ruta, pero eso cambió. Hoy los migrantes tienen que contratar a los cárteles, porque obviamente, son esos mismos cárteles quienes han tenido ya, por varios años, el control de las rutas mexicanas de acceso a Estados Unidos, señala el diario mexicano El Economista.
En su camino antes de ser detenidos por la patrulla fronteriza, hoy los migrantes son detenidos por los cárteles: en cada parada tienen que mostrar los brazaletes azules, rojos, verdes o amarillos, que le dirán a los contrabandistas que el migrante ya le está pagando a la gente del cartel, cuota que no es por cruzar a Estados Unidos, sino apenas por dejarlos pasar por territorio mexicano hasta la frontera.
Pero el negocio de la inmigración ilegal en Texas genera prósperas cárceles y emplea a prestamistas, usureros y abogados de medio pelo.En 2018 Texas estuvo en el centro del escándalo producido por la política «cero tolerancia» del presidente Donald Trump, que provocó la separación de más de 2.300 niños de sus familias al ingresar al país ilegalmente o pidiendo asilo.
Texas tiene, también, la mayor cantidad de prisiones para inmigrantes. Construido en 1983, el centro de detención en Houston fue la primera prisión privada de la historia moderna de Estados Unidos. Sus dueños, Corrections Corporation of America (CCA), y GEO Group son las dos mayores corporaciones de prisiones en EEUU. Ambas cotizan en Bolsa.
Según el centro de investigación In The Public Interest (INPI), este esquema provoca que el encarcelamiento masivo por delitos menores sea promovido en la esfera privada. Juntas ambas corporaciones,con ganancias de 4.000 milloenes de dólares en 2017, “invirtieron” más de 10 millones de dólares en candidatos políticos y casi 25 millones en lobby entre 1989 y 2017.
De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población de México los migrantes pueden pagar entre 5.000 y 9.600 dólares por su travesía en ese país y otros 2.200 dólares para el cruce de la frontera acompañados de un guía. Los grupos del crimen organizado, a su vez, dependen de su relación con agentes estatales corruptos. Son muy pocos los migrantes que logran hacer el recorrido sin la participación del crimen organizado.
En México, los cárteles de Sinaloa, de Jalisco y los Zetas son los que figuran detrás del tráfico de migrantes. En la mexicana ciudad Juárez, son frecuentes los enfrentamientos entre los Mexicles (brazo armado del cartel de Sinaloa) y la Línea, (del cártel de Juárez), para capturar el manejo de las caravanas migratorias.
En Colombia, el panorama no es muy diferente. Según Jeremy McDermott, director en Colombia de InSight Crime, hay dos organizaciones detrás del tráfico de migrantes en el país: el Tren de Aragua, una megabanda que trata principalmente con migrantes venezolanos, y las autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo.
Lucrativo Tapón del Darién
El selvático Tapón del Darién se ha transformado con rapidez en una de las crisis políticas y humanitarias. Lo que hace unos años era un flujo a cuentagotas ahora se ha convertido en un torrente: más de 360.000 personas ya cruzaron la selva en 2023, según el gobierno de Panamá, superando el récord de 250.000 en 2022.
En respuesta, Estados Unidos, Colombia y Panamá firmaron un acuerdo para “poner fin al movimiento ilícito de personas”. una práctica que “conduce a la muerte y a la explotación de personas vulnerables con ganancias significativas”.
Hoy en día, dichas ganancias son más grandes que nunca: solo en 2023, los líderes locales han recaudado de los migrantes decenas de millones de dólares en una enorme y sofistgicada operación de movimiento humano. “Hay una economía bonita”, dijo Fredy Marín, quien fuera concejal en la municipalidad vecina de Necoclí y que maneja una empresa de lanchas que transporta migrantes en su trayecto a EEUU. Mensualmente traslada a miles de personas y que cobra 40 dólares por persona.
* Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Los delegados del Comando Sur en América Latina
Paula Giménez y Matías Caciabue
La Embajada de México en Quito se ha convertido en el epicentro de una crisis diplomática que ha sacudido a la región. El asalto perpetrado por las autoridades ecuatorianas a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha desencadenado una serie de reacciones internacionales y ha generado una profunda preocupación por el respeto al derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
El hecho es un signo de que la nueva reconfiguración del tablero político en la región, facilita el camino a la estrategia intervencionista del gobierno de Estados Unidos que aunque no es posible afirmar que ha cesado durante el gobierno demócrata, amenaza con profundizarse en un potencial gobierno de Donald Trump. Esta vez con terminales directas en gobiernos que no tienen reparos en poner en tela de juicio ni al más elemental de los acuerdos básicos de la Diplomacia Internacional.
El conflicto diplomático entre Ecuador y México se remonta a la decisión del gobierno ecuatoriano, el pasado 4 de abril, de declarar persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur.
En una de sus alocuciones cotidianas el mandatario analizó la manera en que Luisa González, la candidata progresista, se vio perjudicada en la campaña electoral de 2023 por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Antes del suceso, González aventajaba a Noboa por 10 puntos. Las declaraciones de AMLO fueron seguidas por la orden de expulsión de la embajadora mexicana de Ecuador y el posterior otorgamiento de asilo político a Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa, por parte de México.
La situación escaló aún más cuando la Policía Nacional ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana para detener al dirigente de Revolucion Ciudadana, desencadenando la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este acto ha sido condenado enérgicamente por diversos actores políticos y organismos internacionales – incluso la OEA y el gobierno de EEUU- que han expresado su solidaridad con México y su repudio por la lesión al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El gobierno mexicano, por su parte, realizó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el hecho, que considera una violación grave a la soberanía de su país y pidió suspender al país de la ONU, en tanto no exprese una disculpa pública.
América Latina ¿zona de paz?
En el 2014, América Latina y el Caribe fue proclamada como zona de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, en el último tiempo, la región se ve presionada por una permanente injerencia extranjera que condiciona su soberanía por diferentes medios, no sólo los estrictamente militares.
Tales estrategias han cobrado diferentes formas (Golpes Institucionales, Lawfare, bloqueos económicos violencia explícita, intentos y golpes de estado), pero todas han contado con la caja de resonancia de las empresas mediáticas que expanden sus mensajes más allá de las fronteras y el apoyo de actores de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, y sus aliados políticos regionales.
La institución del gobierno paralelo de Juan Guaidó, respaldada por EEUU, que intentó derrocar al Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro; los ataques permanentes al gobierno de Nicaragua; las campañas de Lawfare en Brasil y Argentina; los golpes constitucionales en Perú y Ecuador, el golpe y el intento de golpe en Bolivia y Brasil; las maniobras para impedir la asunción presidencial en Guatemala, la campaña sucia feroz contra el gobierno del Pacto Histórico en Colombia, las medidas coercitivas y unilaterales para aplicar bloqueo comerciales a Cuba y Venezuela, son ejemplos de esto.
Desde 2023, el Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado sus actividades en América Latina, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ha expresado preocupación por la «actividad maligna» de adversarios de Estados Unidos -en alusión a China- en el «triángulo del litio» sudamericano, lo que ha llevado a una mayor presencia militar en la región.
En diciembre de 2023, el Comando Sur anunció operaciones de vuelo en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Guyana, lo que generó preocupación en Venezuela por la instalación de bases secretas en el territorio de Guayana Esequiba, donde ya había habido incursión en aguas marítimas adyacentes de un buque de guerra británico. Estas acciones se suman a otras denuncias de bases secretas en la región, como las realizadas por el presidente Nicolás Maduro en abril de 2024.
Además de la presencia militar, Estados Unidos ha buscado influir en la política interna de los países latinoamericanos. En Uruguay, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un acuerdo logístico con el Comando Sur de Estados Unidos en julio de 2023, casi sin análisis previo. Mientras tanto, en Ecuador, el subsecretario adjunto de Defensa se reunió con el presidente Guillermo Lasso para firmar un memorando de entendimiento militar en julio de 2023 y ratificado en febrero de 2024 que incluye colaboración en cuatro líneas: intercambio de información; fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas; entrenamiento y capacitación, y adquisición de recursos imprescindibles.
En Argentina, a principios de marzo, hubo una ola de asesinatos “narcopoliciales” en la ciudad portuaria de Rosario, mientras en simultáneo la Administradora General de Puertos del Estado argentino (AGP) hacía pública la información de que Argentina y Estados Unidos, con su embajador Marc R. Stanley a la cabeza, firmaban un «Acta de Inicio del Memorándum de Entendimiento» con el objetivo de «intercambiar información y capacitaciones sobre hidrovías y ríos» al igual que ya se había hecho con la República de Paraguay en el año 2022.
A mediados de marzo, el jefe de la CIA, William Joseph Burns, mantuvo reuniones “sorpresivas” sin previo aviso en Brasil y Argentina donde se plantearon preocupaciones por las supuestas actividades en la región de la organización libanesa Hezbollah, “respaldada por Irán”, la expansión de la presencia del narcotráfico, los ciberataques realizados por la Rusia de Vladimir Putin y el aumento de la influencia de China en la región.
A principios del mes de abril, tras la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas en Argentina, Javier Milei se reunió con Richardson, en Tierra del Fuego, donde entre otras cosas se anunció la construcción de una base naval integrada con EEUU para conectar con la Antártida, intentando “contrarrestar” los intentos de 2009 y 2023 de construcción de puertos “chinos” en Tierra del Fuego, denunciando también la actividad del gobierno oriental en la estación de espacio profundo en la provincia de Neuquén, y la actividad de pesca ilegal en mar argentino por parte de buques chinos.
Si se completa, la nueva base naval conjunta de Estados Unidos y Argentina en Tierra del Fuego se unirá a la red de 76 destacamentos militares desplegados por Washington en América Latina y el Caribe. Las posiciones estratégicas del Comando Sur van desde la Bahía de Guantánamo en Cuba, hasta ocho en Perú y una docena más en Puerto Rico.
Esta influencia no se limita a lo militar, sino que también se extiende a la política interna de los países. En Argentina, Diana Mondino, canciller del gobierno, denunció a supuestos infiltrados de Cuba y Venezuela para desestabilizar al gobierno, mientras que el presidente Javier Milei ha protagonizado polémicas declaraciones contra líderes progresistas de la región, lo que ha generado tensiones diplomáticas con países como Colombia, Brasil y México. Al mismo tiempo Argentina viene interviniendo de manera contundente en el proceso electoral venezolano, en favor de la oposición al gobierno.
Además de Estados Unidos, otras potencias regionales y globales han buscado aprovechar la coyuntura para expandir su influencia en América Latina. China, por ejemplo, ha aumentado su presencia económica en la región, invirtiendo en proyectos de infraestructura y recursos naturales.
El breve repaso por los hechos mencionados indica que la política regional se encuentra inmersa en la agudización de las luchas por la gobernanza global que tiene como protagonistas a las grandes potencias económicas del G2: EE.UU. vs China. En este embate, EEUU avanza sobre el control de la región actualizando la Doctrina Monroe mediante estrategias multidimensionales de cooperación militar para el combate del narcotráfico, bloqueos comerciales, control de puertos y aguas territoriales, injerencia en golpes de estado tradicionales y golpes blandos.
La inédita situación en la que Ecuador violó la soberanía mexicana en su propio territorio con el único objetivo de apresar al referente de un proyecto político que se busca aniquilar, no es otra cosa que un fuerte mensaje respecto de que las cosas en América Latina están cambiando. Países como Ecuador y Argentina, reciben gustosos la colaboración estadounidense y se convierten en guardianes del neoconservadurismo, vehículo de la política de securitización y control territorial para la apropiación de las riquezas, que propone EEUU.
En este contexto, es fundamental que los pueblos latinoamericanos fortalezcan su unidad y soberanía. Es necesario rechazar cualquier forma de intervención externa y promover una agenda de desarrollo y cooperación regional basada en el respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos y después de 10 años de la mentada Declaración en el marco de la CELAC, proclamar más que nunca a América Latina y el Caribe como zona de paz
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Petro y Maduro aflojan tensiones, descartan fractura y apuestan por la integración
Álvaro Verzi Rangel |
El quinto encuentro en Caracas entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, pone de relieve el acercamiento y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países como un proyecto compartido y el interés por mantener un canal de comunicación abierto que permita abordar, conjuntamente, los desafíos y oportunidades que se presentan a escala binacional, regional e internacional.
El nuevo encuentro surgió tras la sobreinterpretación mediática que hubo de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones venezolanas. Los presidentes se han comprometido al apoyo mutuo a “la paz y estabilidad política, social y económica” en ambos países. Tras criticar la libre inscripción de las candidaturas de la oposición para las presidenciales del 28 de julio, lo que calificara como un “golpe antidemocrático”, Petro dijo que Colombia trabajará por la “paz política” en Venezuela a pedido de Maduro.
Las cancillerías de Colombia y Brasil se unieron a comunicados de otros países de la región con relación al proceso de postulaciones en Venezuela: no se pueden descartar las presiones que desde Washington forzar pronunciamientos y enrarecer el normal desarrollo de las relaciones diplomáticas de Venezuela con sus vecinos.
Entre pronósticos alarmistas y la realidad
Los pronósticos alarmistas sobre una inminente fractura en la relación entre ambos países, surgidos días previos a la reunión de los líderes, debieron ser matizados por la prensa hegemónica y los políticos opositores en ambos lados del Arauca.
El encuentro dejó en claro que ambas naciones mantienen una visión común sobre los conflictos que hay en el continente, y sobre las acciones de Colombia con la futura presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que asumirá en 2025, el conflicto y el genocidio de Palestina, la guerra en Ucrania y los temas de las amenazas bélicas en el mundo.
El miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a través de las redes sociales que se reunió con sectores de la oposición venezolana, luego que el día de ayer sostuviera un encuentro con el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Petro ha abierto la puerta como mediador entre las diferencias entre el Gobierno nacional y la oposición venezolana, y ha apostado por el diálogo entre estos sectores.
“Ayer me reuní con el presidente Maduro y hoy con sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política”, escribió el mandatario neogranadino en su cuenta en la red social X.
A ese respecto dijo que se trata de “una intermediación colombiana, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela“, para lo cual le presentó “una propuesta” a su par venezolano y a “sectores de la oposición, quizá los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política. “La paz política en Venezuela puede ser también la paz del desarme” en Colombia, completó.
Dentro de la dinámica regional, Petro y Maduro discutieron sobre la situación en Ecuador, expresaron su solidaridad con el gobierno de México tras la violación de principios del Derecho Internacional al irrumpir tropas ecuatorianas en la embajada de esa nación y secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas. También abordaron la situación en Haití y coincidieron en la necesidad de buscar soluciones inmediatas para la crisis en la sangrante nación caribeña.
Los mandatarios, que revisaron detalladamente los aspectos de la relación bilateral, expresaron su satisfacción por los avances en materia comercial y de transporte, así como en la consolidación de una red de garantía energética binacional que incluye proyectos de energías limpias. “Hemos tenido una buena conversación con nuestros equipos de trabajo. Pasamos revista de cómo evoluciona y progresa la relación entre Venezuela y Colombia y las nuevas oportunidades que se abren en todos los campos”, dijo Maduro.
Apostar a la integración
Los mandatarios destacaron la importancia de trabajar coordinadamente para preservar la paz en la región. Maduro se mostró dispuesto a colaborar en la construcción de la paz en Colombia y Petro elogió la ayuda de Venezuela en la resolución del conflicto armado de su país, y propuso una agenda común para promover la integración latinoamericana. En cuanto a la cooperación en seguridad y defensa, se comprometieron a dar una respuesta efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos financieros, incluido el uso de criptomonedas.
Venezuela informó que
Con relación a los comicios presidenciales en Venezuela programados para el 28 de julio, Gil señaló que la postulación de candidatos concluyó con la participación de 100% de las organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral, con doce candidatos de la oposición y Maduro, que va por su reelección. Venezuela extendió la invitación a veedores colombianos para participar en los sufragios. Murillo señaló la importancia de la observación electoral de la Celac en los próximos comicios.
Criptomonedas, lavado y bandas criminales
Petro insistió en su intervención pública en que su idea de paz tiene que ver también con la seguridad ciudadana, lo que implica acuerdos alrededor del desmantelamiento de bandas criminales y el combate de los delitos financieros como el uso de las criptomonedas como una vía para el lavado de dinero. “Hay que asegurar que Sudamérica se blinde ante la barbarie”, dijo Petro.
La expansión de las operaciones del Tren de Aragua, una banda originaria de Venezuela que ha recalado en Colombia, Perú, Chile y otros países, es una preocupación regional. Esta semana, sin embargo, el canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró que la organización criminal “es una ficción creada por la mediática internacional” en respuesta a ubnos señalamientos de Chile sobre el tema.
“Ahora inventan un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”, argumentó Gil.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Ecuador: Noboa contra el mundo
Pedro Brieger
El accionar del gobierno ecuatoriano es extraordinario si tomamos en cuenta que algunas de las dictaduras más sangrientas de América Latina acosaron embajadas con refugiados adentro, pero no se atrevieron a invadirlas
El viernes 5 de abril, poco antes de la medianoche, entraron policías armados como para una guerra a la embajada de México en Ecuador y secuestraron al exvicepresidente Jorge Glas, que estaba refugiado allí desde diciembre del año pasado. Glas ocupó diversos cargos durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) y fue su vicepresidente entre 2013 y 2017. Luego fue compañero de fórmula de Lenín Moreno —que iba a seguir la línea política de Correa— de quien había sido vicepresidente entre 2007 y 2013. 
Moreno no solo que traicionó a Correa y se alió con las derechas regionales sino que, a poco de asumir la presidencia, mandó encarcelar a Glas acusándolo de haber recibido sobornos. Glas estuvo preso durante 5 años, fue liberado y ante nuevas persecuciones judiciales de claro tinte político decidió refugiarse en la embajada de México y pedir asilo. El viernes 5 de abril la cancillería mexicana emitió un comunicado donde se informaba que le concedían el asilo político a Glas. A la noche la policía entró a la embajada, agredió al personal mexicano y se llevó a Glas.
La noticia de la irrupción violenta a la embajada provocó un alerta mundial por la gravedad del hecho. Rápidamente fue criticada porque la decisión del presidente Daniel Noboa es una violación de las principales convenciones internacionales de resguardo de las embajadas. Muchas personas no lo saben, pero una embajada es inviolable y si alguien entra a ella está protegida aunque sea buscada por el gobierno del país donde se encuentra la embajada. Es territorio extranjero y soberano. No se puede tocar, ni su edificio ni su personal. Por dicho motivo llamó la atención que Noboa ordenara que la policía entrara en la embajada y secuestrara a Glas. Para justificarlo afirmó a través de un comunicado que “no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”.
El artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 es claro como el cristal: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Es imposible que Noboa y todos sus asesores no lo supieran. De hecho, varios ex funcionarios de Rafael Correa se habían asilado en la embajada de México durante la presidencia de Guillermo Lasso y recibieron salvoconductos para dejar el país. Es verdad que antes del hecho hubo fuertes cruces entre ambos gobiernos.
Pero tomar por asalto una embajada no es algo muy habitual; más bien todo lo contrario, es un hecho excepcional. Por eso no extrañó que tantos países emitieran durísimos comunicados condenando al gobierno de Ecuador, dejándolo aislado, sin apoyos. Incluso Estados Unidos sin ambages condenó la violación de la Convención de Viena de 1961, aunque se cuidó de no censurar al presidente Noboa.
El accionar del gobierno ecuatoriano es extraordinario si tomamos en cuenta que algunas de las dictaduras más sangrientas de América Latina acosaron embajadas con refugiados adentro, pero no se atrevieron a invadirlas. Como bien señaló la senadora Isabel Allende, hija del derrocado Salvador Allende en Chile,
“Ni siquiera Pinochet se atrevió a invadir una embajada que hubiera dado asilo como el que vivimos en 1973”. A poco de cumplirse 50 años de la caída de la dictadura de Salazar al frente del llamado Estado Novo (1926-1974) en Portugal, vale la pena recordar que tampoco el dictador portugués se atrevió a mandar sus tropas a la embajada de Brasil en Lisboa para apresar a su principal opositor, el general Humberto Delgado que se había refugiado allí en 1959. Y podríamos citar innumerables casos de gobiernos dictatoriales que —mientras asesinaban opositores— respetaban embajadas repletas de refugiados y refugiadas.
Entonces cabe preguntarse porqué Noboa decidió enviar sus tropas para secuestrar a Glas en un operativo relámpago consciente de que iba a generar un repudio internacional. Noboa, hijo y nieto de empresarios multimillonarios, ha dicho que quiere implementar la “doctrina Bukele” con el ejército en las calles y cárceles repletas de delincuentes.
Paradójicamente, en los últimos tres años hubo más de 400 muertos a raíz de los enfrentamientos entre bandas dentro de las cárceles. No solo las calles de Ecuador no son seguras, sino que las cárceles son todavía más peligrosas. Es más, pocos días antes de la elección presidencial de agosto 2023 fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio y los seis sicarios apresados asesinados a su vez en…. una cárcel.
Al tomar conocimiento de lo sucedido y que Jorge Glas era trasladado a la cárcel de “máxima seguridad” La Roca, en Guayaquil, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador e inició una campaña internacional para condenar al gobierno de Noboa.
A menos de cinco meses de haber asumido la presidencia Daniel Noboa enfrenta cuatro problemas de manera simultánea. En primer lugar, debe velar por la integridad física de un exvicepresidente. Luego, deberá enfrentar el repudio internacional por haber violado tratados internacionales. En tercer lugar, deberá recomponer las relaciones diplomáticas con México. Por último, aunque es posible que a la mayoría de la población ecuatoriana nada de esto le afecte la vida cotidiana, las consecuencias políticas son imprevisibles en uno de los países donde más presidentes han caído por revueltas populares.
*Periodista y sociólogo argentino, Profesor titular de “Sociología del Medio Oriente” en la Universidad de Buenos Airesm Director de NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Arranca el juicio por los Panamá Papers: Mossack Fonseca en el banquillo
Victoria Korn
El estudio de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016, ocho años atrás, de los llamados Panamá Papers, una amplia red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios y figuras de todo el mundo.
La intensa atención mediática y las investigaciones de los gobiernos de varios países obligaron a su cierre seis años antes del inicio del juicio. El expediente deriva de una investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizada en 2016.
La audiencia del juicio “está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales”, y se desarrollará desde el lunes hasta el 26 de abril, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber empezado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá. Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como Panamá Papers.
Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional del país, acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada. Sin embargo, parte de la actual legislación panameña no existía cuando estalló el caso, lo que podría dificultar a la justicia alcanzar condenas.
Tras los Panama Papers el país realizó algunas reformas legales, lo que le permitió salir en 2023 de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, que consideró que Panamá había hecho progresos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como “paraísos fiscales” por la Unión Europea.
La fiscalía pidió para ambos hasta 12 años de cárcel, pero la sentencia aún no se ha hecho pública. “Me considero responsable de haber constituido […] unas 250.000 sociedades, de las cuales unas cuantas se han mencionado aquí, muy pocas, y que aparentemente pueden haber sido utilizadas por fines no lícitos por algunos clientes finales”, afirmó Fonseca durante el juicio por el caso “Lava Jato”.
La audiencia comenzará ocho años después desde que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) informó de que personalidades de todo el mundo evadieron impuestos y blanquearon capitales a través del bufete panameño.La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.
Para ello, habrían constituido sociedades opacas en Panamá para abrir en otros países cuentas bancarias y crear empresas y fundaciones pantalla donde esconder el dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas.
El estudio de abogados, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250 mil sociedades a lo largo de 40 años y que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos.
En la investigación trabajaron más de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el diario La Nación y Canal 13.
Involucrados
El astro argentino del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron algunos de los nombres mencionados entonces
.Los siguientes jefes de Estado o de gobierno aparecen involucrados en los Panamá Papers: Sigmund David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia; Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, David Turnbull, primer ministro de Australia; Salán Abi Abdulazis, rey de Arabia Saudita; Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi; Sebastikán Piñera, presidente de Chile; Maujricio Macri, presidente de Argentina; Guillermo Lasso (luego presidente de Ecuador), Nawaf Sharif, primer ministro de Paquistán; y David Cameron, primer ministro del Reino Unido.
También aparecen involucrados mandatarios anteriores a la investigación, como el expresidenet estadounidense Ronald Reagan, los primeros ministro Italia, Bélgica, Georgia, Moldavia, Irak y Ucrania- Silvio Berlusconi, Jean Luc Dehane y Bidzina Ivanshvili, Ion Sturza, Iyad Allawi y Pavlo Lazarenko.
En el listado también figuran los primeros ministros de Jordani y Catar, Alí Abu al-Ragheb y Hamd bin Jalifa al Thani, el emir de Catar Hamad bin Jalifa Al Thani, el presidente de Sudán, Ahmed al-Mirghani, la ex primera ministra de Paquistán Benazir Bhutto y el exprimer ministro de Mongolia, Sükhbaataryn Batbold.
Los latinoamericanos
En el listado abundan los argentinos: Jorge Macri (actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Lujis caputo (hoy minisro de Economía), Néstor Grindetti, Claudio Avruj, Esteban Bullrich, Carmen Polledo, Darío Lopérfido, Gustavo Arribas, Pablo Clusellas, Carlos Lo Turco, Santiago Bausili, Waldo Wolff, Daniel Ivoskus, Gerónimo Venegas, Eduardo Martelli, Valentón Díaz Gilligan, Guillermo Yanco (esposo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich), Daniel Angelici, Fernando Niembro y Gianfranco y Mariano Macri. Todos ellos funcionarios del gobierno Macri.
Asimismo se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente Macri y al holding Socma.
Entre los políticos latinoamericanos aparecen involucrados el brasileño Joao Lyra, el ultarderechista boliviano Luis Fernando Camacho, los ecuatorianos Alfredo Adum Ziade, Pedro Delgado, y Galo Chiriboga; los uruguayos Sergio Abreu, Ignacio de Posadas, Pedro Bordaberry, Eduardo Novick, Miguel Brechner y Francisco Gallinal; además de los venezolanos Jesús Villanueva y Víctor Cruz Weffer.
¿Qué revelan los documentos?
Los Panamá Papers representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas. En la filtración se nombraron cientos de líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos, celebridades y empresarios.
Junto a una treintena de imputados, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora esperan el fallo de una corte, ante la que fueron acusados por la fiscalía de dar “estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas”. La jueza panameña Baloisa Marquínez decidió acumular en una sola causa los expedientes de los Panamá Papers y el Lava Jato, ya que guardan similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público, según el diario panameño La Prensa.
La defensa de Mossack Fonseca
El estudio de abogados, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca, no sobrevivió a los escándalos de las sociedades offshore y cerró sus puertas en marzo de 2018. “El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público”, explicó en un comunicado el bufete al anunciar el cese de operaciones.
El ICIJ “presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”, dijo entonces el despacho. Mossack y Fonseca siempre denunciaron que el caso se construyó con base en información robada al despacho mediante un hackeo, y acusaron a las autoridades panameñas de no investigar el caso.
Los fundadores del despacho, considerado en su momento un actor destacado en la creación de sociedades extraterritoriales y que llegó a tener más de mil empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, demandaron también en octubre de 2019 a la plataforma de contenidos Netflix por presunta “difamación” en la película La Lavandería, sobre los Panamá Papers. Esta demanda fue desestimada en 2020 por un tribunal de California.
Panamá sufrió un duro golpe a su reputación por este escándalo, que le valió ser incluido en listas grises de Francia, de la Unión Europea (UE) y también, por segunda vez, en la del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de la que fue excluido en octubre pasado. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo destacó “el esfuerzo” realizado para cumplir con los estándares internacionales en materia fiscal y pidió a la UE “un trato igual”, como el que se da en Panamá a las empresas europeas.
Ocho años después del estallido del escándalo, la magnitud de la filtración de los ‘papeles de Panamá’ aún no ha sido superada: llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1,7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la CIA Edward Snowden filtró en 2013.
*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)