Panorama Económico Latinoamericano – del 3 al 10 de abril de 2024
Penurias económicas impactan en mercado laboral en Cuba
Luis Brizuela-IPS
El desamparo de los salarios estatales en Cuba ante el elevado costo de la vida lleva a muchas personas a optar por empleos en el sector privado o mantenerse en el ámbito informal, en detrimento de su realización profesional o ver mermados derechos.
Se trata de un fenómeno reforzado con la profundización de la crisis económica en la isla, el aumento de la inflación y la irrupción en los últimos años de los llamados nuevos actores económicos, dígase trabajadores autónomos, cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
“A mi juicio existen pocos incentivos para permanecer en trabajos estatales cuando los salarios no alcanzan ni para las necesidades básicas”, comentó Raciel, de 35 años, un profesor que al cabo de 10 años dejó a un lado su profesión y asumió la de camarero en un restaurante privado del Centro Histórico de La Habana.
Raciel solicitó a IPS omitir su apellido, al igual que el resto de las personas que brindaron testimonio para este reportaje.
“Todo el dinero se me iba en comida y transporte. Si ahorraba para un par de zapatos, debía olvidarme de salir a algún lugar bonito con mi novia. Ahora gano seis o siete veces más, y con menos exigencias”, agregó el joven.
Yunia, una contadora de 38 años, opinó que “mientras un salario de 4800 pesos se vaya en una bolsa (de un kilogramo) de leche en polvo, un litro de aceite y dos kilogramos y medio de carne de pollo, será difícil convencer a alguien de que trabajando así podrá triunfar en la vida”.
Aseguró que sus ingresos “mejoraron mucho”, cuando además de su trabajo estatal, comenzó a llevar los libros de cuentas de sendas mipymes en la capital cubana, hace par de años.
Durante el primer semestre de 2023 el salario medio mensual de las empresas del Estado se ubicó en 4856 pesos cubanos, equivalente a unos 40 dólares según la tasa oficial de un dólar por 120 pesos cubanos.
Tal monto se torna en unos 15 dólares según el cambio en el mercado informal de divisas el cual sirve de referencia para la formación de precios de una significativa cantidad de productos, bienes y servicios a los cuales acceden las familias en busca de satisfacer necesidades básicas.
La Constitución, vigente desde 2019, cataloga la empresa estatal como el sujeto principal de la economía.
El propio texto puntualiza que toda persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, mientras la ley No. 116 del Código de Trabajo de 2013, refiere que el trabajo “es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares”.
Algunas medidas proempleo
Desde 2010, diversas medidas gubernamentales han favorecido la expansión del sector cooperativo y privado con el propósito manifiesto de desatar fuerzas productivas y avanzar en la actualización del modelo económico y social de orientación socialista.
Algunas decisiones como la reincorporación de personas jubiladas, el teletrabajo y el trabajo a distancia; así como el pluriempleo, son modalidades poco aprovechadas aún debido a factores como la inflexibilidad de la jornada laboral de ocho horas, desconocimiento de las normas y hasta prejuicios.
A inicios de 2021 se ampliaron a unas 2100 las actividades que puede desarrollar el sector privado y cooperativo, en correspondencia con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas.
En septiembre de ese año llegó la autorización para crear mipymes, que ya suman casi 11 000. A juicio de economistas, tal posibilidad abrió puertas a la iniciativa autónoma de más calificación y especialización, con posibilidades de concretar encadenamientos productivos y ofrecer mayor valor agregado a productos y servicios.
Quedaron vedadas al sector privado total o parcialmente 124 actividades, entre ellas, actividades de médicos y odontólogos, agencias de viajes y operadores turísticos o las relacionadas con la arquitectura, estas últimas entre las más demandadas por una parte de la ciudadanía y esos gremios de profesionales.
Alrededor de 35 % del empleo del país es absorbido por las denominadas formas de gestión no estatal, que han experimentado mejoras en sus ingresos.
No obstante, el todavía abultado aparato del Estado emplea a dos tercios de los 4,5 millones de personas ocupadas, según el Anuario Estadístico 2023, con datos correspondientes a 2022.
Con una población de 11 millones de habitantes, Cuba dispone de siete millones de personas en edad laboral, pero solo 4 590 600 conforman la población económicamente activa.
En la isla, la edad laboral comienza a los 17 años; para las mujeres llega hasta los 60 años y para los hombres hasta los 65 años.
El Anuario Estadístico 2023 muestra que, por cada 100 personas en edad laboral, solo 65,6 estaban ocupadas. En el caso de las mujeres, 52,7 de cada 100 se encontraban activas.
Empleos más inclusivos
“Hay muchas personas con más de 60 años, con deseos de trabajar, pero algunos negocios ponen obstáculos. Anuncios piden muchas veces mujeres jóvenes, con “buena presencia física” y hasta sin hijos”, argumentó Jorge, un especialista en recursos humanos, de 66 años, residente en La Habana.
Varios instrumentos legales, incluido el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, vigente desde septiembre de 2023, buscan evitar y recurrir situaciones de este tipo.
A juicio de Jorge los empleadores, estatales o no, “deben tener más en cuenta a las personas quizás no tan jóvenes, pero talentosas y aún vitales, más en un país envejecido como el nuestro y con una emigración muy grande”.
El envejecimiento demográfico, las bajas tasas de fecundidad y la emigración de personas jóvenes, calificadas y en edad laboral, retan las metas de desarrollo de Cuba, cuya población comenzó a decrecer.
Se estima que los últimos dos años y medio podría haber emigrado al menos 5 % de la población de este país caribeño.
Para 2025 la isla tendrá una población inferior a 11 millones, 17 años después debe bajar de los 10 millones y serán menos de nueve millones en 2055, según las proyecciones de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei)
Alrededor de 23 % de la población cubana tiene 60 años y más, y para 2025 uno de cada cuatro residentes será un adulto mayor. Una década después este grupo poblacional representará un tercio del total y aumentará las presiones sobre la población económicamente activa, que a su vez disminuirá.
Focalizar el empleo informal
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social más de 209 000 personas se incorporaron al empleo durante 2023. Los datos indican una tasa de desempleo de 1,6 %, que internacionalmente califica como pleno empleo.
Recientes declaraciones ponen en la mira a las personas con empleo informal quienes, insisten las autoridades, incurren en evasión del fisco y se encuentran en situación de vulnerabilidad, al no disponer de protecciones como los demás trabajadores.
El Código de Trabajo establece protecciones, mediante el Sistema de Seguridad Social, en casos de enfermedad, accidente, maternidad, invalidez y vejez; si fallece el trabajador o trabajadora esa protección la reciben sus familiares, de conformidad con la ley.
Quienes trabajan en la informalidad no están registradas oficialmente como ocupados o buscando empleo.
La Encuesta Nacional de Ocupación de 2022, publicada por la Onei el año pasado, mostró que las mujeres representan 63,7 % de la población no económicamente activa (PNEA), vale decir, la población con edad laboral, pero que no estaba ocupada en empleos formales ni estaba buscando empleo.
La mayoría de este grupo corresponde a quienes hacen los quehaceres del hogar (30,7 %), en el caso cubano mayoritariamente mujeres, jubilados y pensionados por edad (28,6 %) y estudiantes (16,1%).
Otra lectura de estos datos sugiere que las mayores reservas del mercado laboral en Cuba se encuentran en la PNEA y, dentro de esta, en la población femenina.
Ecuador: Contratos por horas ¿Qué dice la evidencia?
Jonathan Báez Valencia
Una de las preguntas totalmente inconstitucionales (Mandato Constituyente 8 -M8-) aceptadas por la Corte Constitucional para la consulta popular promulgada por el presidente Noboa y su gobierno es sobre los contratos por horas. Las declaraciones que se difunden por los Grupos Económicos de la comunicación -que no dudarán en aplicar esta precaria forma de contratación- son que no se trata de flexibilizar el trabajo sino de disminuir el empleo. Lo cierto es que la evidencia muestra que este tipo de contratos se asocia con el desempleo y afecta a los trabajadores y trabajadoras.
En primer lugar, es necesario recordar que el M8 promulgado en el país impide el contrato por horas, por su carácter precario, desde 2008 a pesar de las insistencias de la élite empresarial ¿Los resultados? Se mencionó en su momento que, si se eliminaba esta forma de contrato, así como la tercerización, el desempleo aumentaría. Argumentos totalmente alejados de la realidad. Lo cierto es que al observar la decadencia de este tipo de contrato en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU- entre 2007 y 2023 el desempleo muestra una tendencia declinante. De hecho, existe una correlación positiva entre ambas variables, relativamente alta y estadísticamente significativa (0,63). Eso implica que a medida que aumenta el contrato por horas, aumenta el desempleo y viceversa. La evidencia, por tanto, lo demuestra.
Gráfico 1. Contrato por Horas y Tasa de Desempleo en Ecuador 2007-2023 (%)
El segundo elemento a contrastar es que este tipo de contratos por horas no va a generar dinámicas de flexibilidad/precarización. No obstante, Susan J. Lambert (2008) realizó un estudio en EEUU titulado “Pasar la pelota: Prácticas de flexibilidad laboral que transfieren el riesgo a los trabajadores por horas” en el cual encuentra una serie de mecanismos a partir de los cuales se precariza la vida de los y las trabajadoras. Detallados a continuación:
- Prácticas de programación utilizadas para la flexibilidad laboral.
- Variación del número de horas.
- Sin horas mínimas garantizadas
- Variando la distribución de las horas a lo largo de la semana laboral.
- Variando del horario de trabajo.
- Publicación de última hora de los horarios de trabajo.
- Ajustes de última hora y en tiempo real.
- Variación del número de empleados programados para cualquier hora.
- Rotación.
- Despidos informales.
- Tiempo parcial y Tiempo Completo.
Sobre el tiempo parcial, Lambert (2008) menciona que:Estos resultados sugieren que las empresas recurren a acuerdos de tiempo parcial para lograr flexibilidad laboral y que, dentro de las empresas, los trabajadores de determinados empleos corren un alto riesgo de trabajar a tiempo parcial con horarios que pueden variar mucho, junto con sus ingresos (p. 1215).
Sobre el tiempo completo, Lambert (2008) menciona que:El hecho de que todos los empleadores estudiados hayan dejado claro que no garantizan un mínimo de horas a los trabajadores en ningún trabajo por horas, ni siquiera a tiempo completo, sugiere que el futuro puede introducir más variaciones en las horas proporcionadas por el empleo a tiempo completo en empleos poco cualificados (p. 1216).
Con estos elementos se observa que la discusión, cuando pasa de la retórica a la evidencia, muestra que los contratos por horas traen flexibilidad/precarización. Con lo que la respuesta del NO en la consulta popular de parte de la mayoría de la población trabajadora del país debe ser contundente para evitar la degradación de las personas en el país en los contratos por horas.
Para finalizar, también está presente el conflicto de interés, al igual que la “Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo” tenía como fin que el presidente no pague las multas, recargos e intereses de los impuestos no pagados de su Grupo Económico, así como el no pago de ningún impuesto por las Zonas Francas
¿Es posible que esta consulta tenga una pregunta a medida del presidente? para que pueda contratar por horas a sus trabajadores y trabajadoras flexibilizándolas/precarizándolas para aumentar sus ganancias. Esto ocurre cuando personajes de grupos de poder con conflictos de interés llegan a espacios de decisión de política pública y elaboran política a favor de ese reducido grupo de interés (élites depredadoras) en perjuicio de las grandes mayorías
Se asocian México y EEUU para fabricar semiconductores
Arturo Sánchez Jiménez
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se asociará con el gobierno de México para explorar oportunidades de crecimiento y diversificación de la cadena de suministro de semiconductores. Hay que recordar que Estados Unidos se ha propuesto impulsar la producción nacional de semiconductores para reducir su dependencia del mercado asiático, particularmente de China y Taiwán.
La fabricación de productos esenciales que van desde vehículos hasta dispositivos médicos depende de la fortaleza y resistencia de la cadena de suministro de semiconductores. Esta colaboración entre Estados Unidos y México subraya el importante potencial de expansión de la industria de semiconductores de México en beneficio de ambas naciones, señaló el gobierno estadunidense en un comunicado retomado por su embajada en México.
La fase inicial incluye la evaluación exhaustiva del ecosistema de semiconductores existente en México y del marco regulatorio, así como de las necesidades de mano de obra e infraestructura.
Los principales actores del ecosistema mexicano de semiconductores, como gobiernos estatales, instituciones educativas, centros de investigación y empresas, participarán en este análisis junto con la Secretaría de Economía.
Estados Unidos y México son socios claves para garantizar que la cadena de suministro global de semiconductores siga el ritmo de la transformación digital que se está produciendo en todo el mundo, ponderó el gobierno estadunidense.
En agosto de 2022, el presidente Joe Biden firmó la Ley Chips de 2022, que asignaba nuevos fondos para impulsar la fabricación nacional y la investigación de semiconductores en Estados Unidos.
La Ley Chips de 2022 creó el Fondo ITSI, que proporciona al Departamento de Estado 500 millones de dólares (100 millones anuales durante cinco años, a partir del año fiscal 2023) para promover el desarrollo y la adopción de redes de telecomunicaciones seguras y fiables y garantizar la seguridad y la diversificación de la cadena de suministro de semiconductores mediante nuevos programas e iniciativas con aliados y socios.
Biden elabora lista negra de empresas chinas
El gobierno de Estados Unidos está redactando una lista de fábricas chinas de chips a las que se prohíbe recibir herramientas claves para facilitar a las empresas la contención de los flujos de tecnología hacia Pekín, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
El Departamento de Comercio prohibió en 2022 a empresas estadunidenses el envío de equipos a las fábricas chinas que producen chips avanzados, en un intento de Estados Unidos de limitar drásticamente los avances tecnológicos de Pekín por motivos de seguridad nacional.
Pero las compañías afirman que es difícil determinar con precisión qué fábricas de China producen chips avanzados. La lista podría publicarse en los próximos meses.
Uruguay: El estancamiento económico se consolida
Héctor Tajam*
En nuestro artículo de diciembre 2023, “El estancamiento económico se consolida”, con información a setiembre 2023, habíamos anticipado 0,3% de crecimiento de la actividad económica nacional para el año 2023. La realidad no fue muy diferente, 0,4% creció el PIB (Producto Interno Bruto) al final del año pasado según el BCU (Banco Central del Uruguay). Esto da como resultado un desempeño muy magro de la economía uruguaya al cabo de los primeros cuatro años del actual gobierno presidido por Lacalle Pou, acumulando un aumento de casi 4% (1% anual).
Según podemos observar en el Gráfico 1, a excepción de la debacle de principios de siglo (2000-2003, gobierno de Jorge Batlle), este es el cuatrienio de peor resultado. Los primeros cuatro años del segundo gobierno de Tabaré Vázquez significaron un importante descenso en el desempeño económico, pero debemos tener en cuenta que la comparación se realiza con la cúspide del registro del PIB en el período 2004-2014 (que hemos denominado la “década ganada”), década durante la cual se acumuló nada menos que un 69% de aumento en la producción nacional de bienes y servicios.
Gráfico 1
Otra fuente del análisis es la comparación de nuestro desempeño con el que ha ocurrido en los demás países de la región, que sin duda han enfrentado los mismos problemas. Como vemos en el Cuadro 1, Uruguay se encuentra junto a Colombia y Chile en la parte inferior de la tabla, aunque con resultados positivos. El octavo lugar no parece un buen lugar del cual ufanarse a esta altura del partido. Comparándose con un resultado tan bajo (este del año 2023), el que se registre en 2024 seguramente será mucho mejor, de hecho las expectativas recogidas por el BCU entre los especialistas se sitúan en un promedio de 3,4%.
Cuadro 1
El enfoque de la oferta. Los sectores económicos
De los 10 sectores económicos que componen la estructura productiva nacional según la presenta el BCU en las Cuentas Nacionales, el casi nulo crecimiento que se registró en 2023 se debe al desempeño negativo de 3 de ellos: la industria manufacturera, la construcción y la producción de electricidad, gas y agua (EGA), que en conjunto descendieron su valor con respecto a 2022 en el orden de -4%. De esta manera, con la excepción del sector agropecuario (que creció 5%), el estancamiento se va afianzando en la producción material.
El sector agropecuario presentó un desempeño positivo en base a la recuperación de cultivos que habían afrontado la sequía y a la apertura de la tercera planta de celulosa (UPM, demanda de madera al sector de silvicultura). Por el contrario, la inauguración de dicha planta finalizó un período de inversiones en infraestructura y ferroviaria que afectó la industria de la construcción. Por su parte la industria manufacturera presentó un descenso en su actividad que sufrió el detenimiento de la refinería de ANCAP (mantenimiento), no compensada por el aumento de la producción de celulosa. Y el sector EGA se vio perjudicado por el final de la exportación de energía a Argentina.
La producción de servicios se incrementó 1% con respecto a 2022, contrarrestando el descenso de la producción material (-1,5%). Una situación similar se presenta si comparamos con 2019: mientras la producción de servicios se ubica 4,6% por encima del registro de 2019, la producción material está 3% por debajo de su nivel alcanzado 4 años atrás.
El principal aumento se dio en la producción de Servicios Financieros (+3%), y en las actividades inmobiliarias, el comercio, servicios de comidas y alojamiento (hoteles) todos vinculados a la recuperación del turismo.
El enfoque de la demanda. Consumo, inversión y exportaciones
Desde esta perspectiva, la actividad económica nacional se vio favorecida por un aumento del consumo y otro muy escaso en las exportaciones. En el caso del consumo es muy relevante destacar la importancia que en ello tuvo el traslado de demanda de los uruguayos a Argentina, que el informe del BCU lo expresa de la siguiente manera: “El gasto de Consumo Final se incrementó 2,8%, asociado al crecimiento del Gasto del Consumo Final de los Hogares (3,6%) donde se destacó el mayor gasto realizado durante los viajes en el exterior, principalmente a Argentina”. Un resultado de la combinación de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar, con la revaluación del peso uruguayo, que otorgó un inusual aumento en el poder de compra de los turistas uruguayos allende el Rio de la Plata. Pero este mismo fenómeno operó a la inversa con las exportaciones, que se estancaron en un contexto de encarecimiento de nuestros productos en el exterior, con la consecuente pérdida de competitividad, a la par que estimularon las importaciones (que crecieron 6%).
En el contexto del cuatrienio 2019-2023, este fenómeno que popularmente se conoce como “el atraso cambiario”, y que se ha extendido durante los cuatro años de gobierno multicolor, ha redundado en un 24% de aumento en las importaciones frente a un escaso crecimiento de las exportaciones del 6%, deteriorando la balanza comercial del país y derivando en una importantísima pérdida de divisas.
Pero el componente que más se redujo en 2023 con respecto a 2022 fue la inversión (-7%), explicado fundamentalmente, como ya habíamos indicado, con la finalización de las obras de la planta de UPM (celulosa) y del ramal ferroviario que va a conducir su producción al puerto de Montevideo. Este hecho introduce una gran incógnita sobre el crecimiento económico futuro del país, dado que la magnitud de la caía nos da una señal de cuan importante era esa inversión en la formación de capital.
En síntesis, un complejo panorama que apunta al estancamiento, y a un seguro pobre desempeño quinquenal de apenas un 1,5% acumulativo anual, con sectores económicos de la producción material en retroceso, sin alicientes internos ni externos, y un balance comercial que se vuelve una seria limitante para el desarrollo.
*Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de MateAmargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
Planta de Biodiésel, ahorro en importación de combustibles
La Planta de Biodiésel de Santa Cruz, que fue puesta en marcha el martes, le permitirá al Estado boliviano ahorrar este año cerca de $us 107 millones en importación de combustibles, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Esta primera Planta de Biodiésel ayudará a ahorrar en importación cerca de 107 millones (de dólares) para esta gestión”, informó este miércoles la gerente de Productos y Derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, en contacto con Bolivia Tv.
Bolivia ingresó a la era de los biocombustibles con la puesta en operaciones de la primera Planta de Biodiésel que se levantó en Santa Cruz, con la meta de producir combustible más limpio y amigable con el medio ambiente.
La construcción de la factoría demandó una inversión de $us 47 millones, está situada en predios de la Refinería Guillermo Elder Bell, producirá diariamente 1.500 barriles de biodiésel con materia prima proveniente de aceites vegetales, como el macororó, palma, girasol y soya.
A esta industria se sumará la segunda Planta de Biodiesel de El Alto y la de Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO, por sus siglas en inglés). YPFB prevé concluir la construcción de esta segunda industria en noviembre del presente año.
“Juntando todas estas plantas; es decir, las dos plantas de biodiesel más la planta HVO, una vez que ambas estén funcionando, permitirán al Estado un ahorro en la subvención de combustibles de aproximadamente 400 millones de dólares”, afirmó Delgadillo.
Destacó que estas nuevas industrias son implementadas en el país en la línea de la política de industrialización para sustituir importaciones, que encara el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
“La implementación de nuestra política de sustitución de importaciones ayudará a reducir esta subvención (a los combustibles), pero también activará la economía del sector agrícola del país porque es este sector que (…) nos brinda los insumos, la materia prima para alimentar estas plantas”, resaltó.
Noboa: alza de precios de combustibles y gas en Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un alza de precios del gas de uso doméstico y de los combustibles, en medio de la nueva ola de violencia que enfrenta el país.La medida entró en vigor desde este lunes 1 de abril como parte de la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento.
A través de un comunicado emitido este sábado, el Ejecutivo detalló que no se han retirado los subsidios, sino que se trata de una actualización de precios por el alza del IVA, donde los derivados de hidrocarburos registrarán una elevación de precios que van desde los cinco hasta los 6,5 centavos dólar.
En este sentido, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia precisó que la bombona de gas de 15 kilos aumentará cinco centavos en el depósito, el galón de gasolina extra subirá en 6,5 centavos y el galón de diésel 4,7 centavos dólar.
De esa forma, desde el lunes el valor del gas será de 1,65 dólar, la gasolina extra costará 2,47 dólares y 1,80 dólar el diésel.
Este fin de semana, los comerciantes en esta nación sudamericana aprovechan para vender sus productos antes del aumento del IVA. Un reporte del canal Ecuavisa mostró que en ciudades como Quito y Guayaquil hay gran afluencia a los locales de electrodomésticos.
Allí los consumidores intentan adquirir los productos con el 12 por ciento del IVA antes de que este 1 de abril, ese valor aumente al 15 por ciento. Este feriado de Semana Santa será el último con el IVA reducido y los vendedores proponen ofertas para atraer a los clientes.
En una entrevista ofrecida recientemente al canal de televisión RTS, el presidente Noboa justificó el aumento del IVA como una iniciativa para recaudar los recursos suficientes para afrontar los operativos militares y policiales en el marco del conflicto armado interno.
El gobernante minimizó el impacto de la subida del gravamen al considerar que alimentos de la canasta básica, medicinas, educación y transporte público no resultarán afectados.
Para el economista Marcos Flores, con el aumento del IVA en Ecuador los pobres y personas con menores ingresos serán los mayores perjudicados, pues los precios de los bienes y servicios se incrementan incluso antes de empezar a cobrar el nuevo porcentaje de incremento como resultado de un proceso especulativo.
Mientras tanto, pese a la militarización en las calles ecuatorianas y con impuestos para financiar la llamada guerra interna contra el crimen organizado, el terror persiste aquí, con secuestros, extorsiones, amenazas de bombas y asesinatos.
Panorama internacional
¿Hay o no burbuja financiera?
Gabriel Loza Tellería*
Hace un año ocurrió en EEUU una crisis bancaria o minicrisis que se gatilló con la caída del Silicon Valley Bank, uno de los principales prestamistas de las empresas tecnológicas estadounidenses, el décimo sexto banco en el ranking de EEUU y el primer banco grande en desplomarse después de la gran crisis financiera del 2008. Desató una clásica corrida bancaria relacionada con las empresas start up tecnológicas y el colapso del Signature Bank, un banco regional que se había centrado en los activos digitales al convertirse en uno de los pocos bancos que aceptaban criptodepósitos.
El Gobierno de EEUU actuó rápidamente y después se hicieron algunos cambios regulatorios. Sin embargo, Paul Davies en “Las crisis financieras son una característica del sistema estadounidense, no un defecto”, en Blomberg, señala que ha transcurrido un año desde los descalabros de Silicon Valley Bank y Signature Bank con los gritos renovados de “nunca más”, pero que los esfuerzos de las autoridades no solucionarán esencialmente el problema de la banca ni dejarán sin crédito a la economía.
Concluye que “Se trata de simples retoques de acuerdos políticos y sociales de largo plazo, en un país donde el sistema bancario se construye a partir de un equilibrio entre el poder de los grupos de interés para reclamar acceso a los créditos, la habilidad de los banqueros para ejercer presión en favor de sus protecciones y beneficios, y las necesidades de endeudamiento de los propios gobiernos”.
En este contexto del supuesto aterrizaje suave y de condiciones financieras relativamente más laxas llama mucho la atención la efervescencia de los algunos mercados financieros. Así tenemos el ascenso del Standars & Poors 500, uno de los índices bursátiles más representativos, desde un nivel cercano a los 4.000 hace un año hasta escalar para llegar a 5.117 el viernes de la semana pasada, equivalente a una suba del 28%
La exuberancia reciente en las bolsas se relaciona con las empresas tecnológicas y en particular con la Inteligencia Artificial. Parece que el capitalismo en su sobrevivencia, pese a fuertes perturbaciones y crisis, encuentra distintos salvavidas y drogas que le permiten alargar su vida y gozar de buena salud hasta ahora.
Según Reuters, el índice de referencia S&P 500 ha subido más del 25% en los últimos cinco meses, un fenómeno que ha ocurrido solo 10 veces desde la década de 1930. En un avance liderado por las sorprendentes ganancias del fabricante de chips Nvidia, el S&P ya ha alcanzado 16 máximos históricos este año, la mayor cantidad en cualquier primer trimestre desde 1945.
Es justamente la exuberancia del mercado, y en especial el boom de empresas como Nvidia (cuyas acciones han subido más del 80% este año después de triplicarse en 2023) lo que hace recordar con crisis pasadas cuando los precios de los activos se dispararon a alturas insostenibles solo para desplomarse, como la crisis de las puntocom de 1999 y los repuntes de las acciones meme (acción que gana popularidad entre los inversores minoristas a través de las redes sociales y generalmente se basa en memes de Internet) de 2021.
El problema del auge de S&P 500 está en su alta relación con el desempeño de algunas empresas como Nvidia, aunque hace unos años estaba relacionado con el desempeño de las acciones de Tesla, llegando a decir JPMorgan: «Advertimos a los inversores que es probable que esta relación funcione a la inversa cuando la euforia de la IA alcance su punto máximo».
Adicionalmente, está el auge del Bitcoin (BTC) con un precio rondando los 70.000 dólares, cuando hace un año estaba en 28.000 dólares, como resultado de la aprobación en la bolsa de valores en enero de 2023 del ETF (Exchanged Trade Fund) de Bitcoin, que es un instrumento de inversión que, aunque regulado, funciona como una acción en función del rendimiento del Bitcoin.
En conclusión, es muy difícil predecir si este auge es una burbuja y cuándo va a estallar. Ex post se dice que Roubini predijo el estallido de la crisis subprime en 2007-2008, pero desde hace tiempo sigue insistiendo en una crisis financiera y de deuda. Como ya no existen el oráculo de Delfos ni Nostradamus, las predicciones de los economistas han perdido aceptación y lo que único que podría decir, desde que empecé en mercados financieros internacionales, con el Efecto Tequila, en el Banco Central, es que en el ambiente en los mercados financieros algo huele mal.
*Ex Presidente del Banco Central de Bolivia, Ministro de Planificación del Desarrollo y Director de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE). Es economista y Master en Administración de Empresas. Funcionario Internacional de la Comunidad Andina. Consultor de organismos internacionales como PNUD, OIT, FONPLATA.
OIT: acuerdo sobre salarios vitales, pragmatismo sin mañana
Eduardo Camin*
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alcanzado un acuerdo sobre la cuestión de los salarios vitales. El Consejo de Administración abrió el camino a nuevos trabajos sobre la estimación y operacionalización de los salarios vitales, y sobre el compromiso con las iniciativas de salarios vitales. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de Expeertos sobre poplíticas salariales en febrero, y ratificado por el Consejo el 13 de marzo.
Los expertos coincidieron en que los salarios decentes son fundamentales para el desarrollo económico y social y para avanzar en la justicia social, a la vez que desempeñan un papel esencial en la reducción de la pobreza y la desigualdad garantizando una vida decente y digna.
En realidad, esta es una historia de larga data ya que la importancia de los salarios vitales ha sido destacada en varios documentos fundamentales de la OIT desde su creación. En el preámbulo de la Constitución de la OIT, de 1919, se considera que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social” y, por lo tanto, se hace un llamado a realizar una mejora urgente de las condiciones de trabajo, incluida “la garantía de un salario vital adecuado”.
En 1944, los miembros de la OIT adoptaron, y posteriormente incorporaron a la Constitución, la Declaración de Filadelfia relativa a sus fines y objetivos, la cual afirma la “obligación solemne” de la OIT de fomentar “en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección”.
Varios documentos y declaraciones de la OIT adoptados desde entonces —incluida la Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo de 2019— han reafirmado esos mandatos. Si bien la versión actual de la Constitución de la OIT no menciona cómo debe definirse, hasta 1946 estaba especificado que un salario vital se refería al “pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida razonable, tal como se comprenda en su tiempo y en su país”.
Esta definición es similar a otras más recientes, que en general apuntan a la idea de un nivel salarial que permita a los trabajadores y a sus familias alcanzar un nivel de vida mínimo. La Coalición Mundial por un Salario Vital, por ejemplo, define el salario vital como “la remuneración percibida en una semana de trabajo estándar por un trabajador en un lugar determinado, suficiente para permitir, al trabajador y su familia, un nivel de vida decente”.
Según los expertos, el concepto de salario vital se refiere «al nivel salarial necesario para permitir un nivel de vida decente a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado para el trabajo realizado durante las horas normales de trabajo».
El acuerdo establece que la estimación de los salarios vitales debe seguir una serie de principios, entre ellos el uso de metodologías basadas en pruebas y datos sólidos, consultas con las organizaciones de trabajadores y empleadores, transparencia, disponibilidad pública y la consideración de los contextos regionales y locales y las realidades socioeconómicas y culturales.
Deben lograrse mediante procesos de fijación de salarios acordes con los principios de la OIT, lo que incluye el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva y la capacitación de las instituciones de fijación de salarios.
El documento también recuerda que «las necesidades de los trabajadores y sus familias y los factores económicos son los dos pilares de los procesos de fijación de salarios». «Los salarios vitales no deben seguir un enfoque único y deben reflejar las diferencias locales o regionales dentro de los países», señala el documento que esboza los detalles del acuerdo sobre salarios vitales, y añade que una estrategia sostenible para promover salarios vitales, «debe ir más allá del ámbito de los mecanismos de fijación de salarios por sí solos e incluir una consideración más amplia de factores».
A largo plazo se ha registrado una tendencia mundial positiva de los salarios medios. Sin embargo, millones de trabajadores de todo el mundo —tanto en la economía formal como en la informal— siguen recibiendo salarios muy bajos en comparación con el coste de la vida y viven en la pobreza. Estos trabajadores y sus familias no pueden permitirse una alimentación sana, una vivienda digna, atención médica o escolarización para sus hijos.
Iniciativas en materia de salarios vitales, extraña algebra
Como ocurre con muchos temas de sostenibilidad, el tema de los salarios vitales ha evolucionado durante la última década, pasando de ser un concepto radical y revolucionario para convertirse en un compromiso ampliamente aceptado por empresas de todos los sectores. Esto ha llevado a un aumento progresivo de los compromisos y acciones en materia de salarios vitales (tanto dentro como fuera de la cadena de suministro) y a un creciente interés en los resultados de dichas acciones.
Muchas iniciativas en todo el mundo buscan promover los salarios vitales mediante diversos mecanismos, como los salarios mínimos legales, la negociación colectiva o los mecanismos de ajuste voluntarios. La Coalición Mundial por un Salario Vital (Global Living Wage Coalition), por ejemplo, alienta las iniciativas de múltiples actores para alcanzar salarios vitales en las cadenas mundiales de suministro.
Por su parte, Fairtrade o Rainforest Alliance ofrecen sistemas de certificación que incluyen salarios vitales; la Iniciativa para el Comercio Sostenible (IDH) promueve los salarios vitales al reunir a los gobiernos y a la sociedad civil; la iniciativa ACT fomenta los salarios vitales en la industria textil y de confecciones a través de la negociación colectiva de alcance sectorial.
Y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por medio de su think lab sobre salarios vitales, ofrece un espacio para el intercambio de ideas entre las cada vez más numerosas empresas multinacionales que han anunciado su intención de garantizar el pago de salarios vitales en sus cadenas de suministro.
Para determinar el nivel de un salario vital en un lugar específico —y calcular la posible brecha existente entre los salarios vitales y los salarios vigentes—, las multinacionales y las iniciativas en pro de un salario vital suelen basarse en un salario vital “referencial”. Estos puntos de referencia suelen estimar el costo de vida de una familia de un tamaño determinado en un lugar específico, calculando el costo de la alimentación, vivienda, salud, educación y otros bienes y servicios esenciales o imprevistos.
La determinación de un salario vital “referencial” implica asumir algunos supuestos importantes referente al número de trabajadores y al número de asalariados que existen en el hogar. Por ejemplo, un determinado salario puede ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia si es percibido por dos personas de dicho hogar, pero insuficiente si en el hogar hay solo un asalariado.
Los desafíos en el uso de puntos de referencia son múltiples, y entre ellos se encuentran el hecho de que emplear diferentes supuestos y metodologías puede dar lugar a cifras muy diferentes, que hay muchos lugares para los que no se dispone de puntos de referencia actualizados; y que algunas organizaciones producen puntos de referencia con el propósito de venderlos y, por lo tanto, no están fácilmente disponibles o accesibles para los empleadores y los trabajadores en los países productores.
Otros puntos de referencia están disponibles de manera pública, pero son elaborados sin consultar a los trabajadores y empresarios de las cadenas de suministro. También existe una preocupación más amplia relacionada con el hecho de que los puntos de referencia no deberían utilizarse como un sustituto “tecnocrático” del diálogo social bipartito o de la negociación colectiva en los países productores, sino más bien como información para promover el diálogo social basado en evidencia.
También es útil tener en cuenta que un salario vital es un objetivo cambiante. Mientras que las necesidades suelen estimarse a través de “medidas absolutas” que definen cantidades mínimas de determinados bienes y servicios en un momento en particular, las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y sus familias evolucionan de acuerdo con el nivel de renta y consumo del país en el que viven.
Es también por esta razón que, a medida que los países se van haciendo más ricos, definen la pobreza como un concepto relativo, fijando sus umbrales o líneas de pobreza en una determinada proporción de la renta media de los hogares, por ejemplo. Considerando que la inflación o aumento general de los precios afecta y reduce el valor real de los salarios nominales, es necesario que los puntos de referencia existentes se actualicen con regularidad para que estos no pierdan relevancia.
Cerrar las brechas del salario vital puede requerir de un conjunto de medidas que van más allá del ámbito de las políticas salariales. En situaciones en las que la productividad subyacente es baja, esto puede constituirse en obstáculo e impedir el crecimiento de los salarios.
Este es el caso específico de la economía informal, donde la gran mayoría de las empresas son unidades pequeñas y la productividad es, en promedio, mucho más baja que en la economía formal.
En lo que respecta a las cadenas de suministro, la capacidad de los proveedores para pagar salarios vitales también se ve afectada por los precios que pagan los compradores por los bienes y servicios de los productores. Por lo tanto, las estrategias integrales para la promoción de salarios vitales también deben considerar medidas para mejorar las habilidades de los empleadores y los trabajadores, para incrementar la productividad de las empresas de baja productividad, para fomentar la transición a la formalidad y para implementar prácticas sostenibles que permitan a los proveedores pagar salarios vitales.
A nivel de país, se deben facilitar los aumentos salariales sostenibles mediante una combinación de políticas micro y macroeconómicas que contribuyan tanto a un mayor crecimiento económico, como a una distribución justa de los frutos de dicho crecimiento. Como muestra el Informe mundial sobre salarios 2020/21, el incumplimiento de los niveles de salarios mínimos existentes continúa siendo un enorme desafío a nivel mundial.
De los 327 millones de asalariados que se calcula que reciben un salario mínimo o menos, 266 millones perciben menos que el salario mínimo, en gran medida debido a dicho incumplimiento. Por lo tanto, será necesario que las instituciones nacionales encargadas de la fijación de salarios, como las comisiones de salarios mínimos o los mecanismos de negociación colectiva, sean fortalecidas y potenciadas en el proceso.
Desde la creación de la OIT, ya existía el paradigma de las luchas obreras entre el capital y el trabajo, y sus permanentes intentos periódicos por conseguir una subida de salarios que son fenómenos inseparables del sistema de trabajo asalariado y que responden precisamente al hecho de que el trabajo se halla equiparado a las mercancías y, por tanto, —como bien identificaba Karl Marx — sometido a las leyes que regulan el movimiento general de los precios.
Muchos de los debates siguen alejados de la dialéctica y surgen del acercamiento metafísico, que es el que todavía domina la moderna filosofía y la ciencia capitalista. En la política de los organismos internacionales está reflejado en el famoso pragmatismo “si funciona debe ser correcto” y en el constante llamamiento a los hechos, pero siempre aislados.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)