“Nos están pasando por encima”, dice jefe indígena sobre exploración de gas y petróleo en Amazonas

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 Mariana Costa -Brasil de Fato

Los estudios no consideran la presencia de pueblos indígenas en la región de exploración y las disputas del Ministerio Público Fiscal. Bajo intimidaciones y amenazas, los pueblos indígenas reivindican su propia existencia

En mayo de 2023, la empresa Eneva SA, considerada el mayor operador privado de gas natural del país, reanudó la garantía de licencia para actividades de exploración de gas natural y petróleo en Campo de Azulão, ubicado en el municipio de Silves, en el estado de Amazonas, informó con base en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) realizado en 2013.

En ese período, las licencias habían sido suspendidas por el 7º Tribunal Federal de Justicia de Manaus (AM), con el argumento de que el Ibama era responsable de las licencias, y no el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas (Ipaam), además de la falta de estudios. de componente indígena.

Aún en fase de ampliación, se espera que el complejo esté terminado en diciembre de 2027

Con un desfase de diez años entre el estudio y las operaciones, los planes de la empresa y la realidad socioambiental fueron modificados, pero no se presentó un nuevo EIA-RIMA, además de contener graves errores como, por ejemplo, no considerar la presencia de pueblos indígenas de la región, como lo señala el colectivo Resistência Amazônica, del que forma parte la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

A principios de febrero de este año, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una petición ante el Tribunal Federal solicitando con urgencia la suspensión inmediata de todos los procesos de licenciamiento ambiental ante el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas (Ipaam) que involucran a la empresa Eneva SA y sus filiales.

Estudio presentado para licencia desconoce presencia de pueblos indígenas en la región / Archivo/Jonas Mura

Amenazas a los pueblos indígenas de la región

El infoirme, publicado en agosto de 2023 por la Prelatura CPT de Itacoatiara identifica 7 aldeas en Silves, compuestas por las etnias Mura, Munduruku y Gavião. En Itapiranga, a 50 kilómetros de distancia, la Comisión señala que puede haber indígenas aislados pertenecientes al pueblo Pariqui.

Las actividades de exploración comenzaron sin consulta previa (contrariamente al Convenio 169 de la OIT), y los pueblos indígenas reportan impactos en sus territorios y sus formas de vida. Desde entonces, han sido blanco de amenazas, violaciones de derechos e inseguridad, como es el caso del cacique Jonas Mura, de la Tierra Indígena Gavião Real, quien junto a la Asociación Silves para la Preservación Ambiental (ASPAC) presentaron una denuncia ante el Público Federal. Ministerio (MPF).

Según el cacique Jonas Mura, ya se han realizado cinco perforaciones cerca de casas indígenas / Archivo/Jonas Mura

“El impacto ambiental que ha estado creando [Eneva] es enorme, ha estado dañando nuestra caza, nuestra pesca, el ruido de los camiones que pasan de un lado a otro de nuestra reserva. Y dice que ya tuvo una audiencia pública con nosotros, pero nunca fuimos consultados por ella, ni por ningún organismo que otorgó licencia para que esta empresa pudiera operar aquí. De hecho, hay cinco perforaciones cerca de nuestro pueblo, realizadas sin nuestra autorización, sin nuestra consulta”, denuncia Mura.

Mura también explica que en la región los indígenas sobreviven de la caza y la pesca, que están amenazadas desde el inicio de la exploración. También señala que cuentan con un centro de atención de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI), vinculado al Distrito Especial de Salud Indígena (DSEI) de Manaos.

“Sobrevivimos de la caza y la pesca, tenemos producción y recolectamos del bosque, breu, copaíba, cumaru, castanha, andiroba, pero donde fue esta empresa a hacer estos agujeros, ya no podemos ir allí, porque destruyeron todo, devastado todo. Y mire, si aquí no hubiera indígenas, el gobierno nunca enviaría inversión aquí, pero tenemos un centro de base con un médico, una enfermera, un dentista, todos enviados por el gobierno federal”.

Con el apoyo del colectivo “Resistencia Amazónica”, indígenas garantizan que seguirán defendiendo sus derechos / Archivo/Jonas Mura

La situación llega al punto que, para demostrar su propia existencia y reclamar ser escuchados, los indígenas también recurren a datos públicos, como el Censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

“La mayor prueba de que aquí hay indígenas es el propio IBGE, el último Censo mostró la presencia de 1.066 indígenas sólo en el municipio de Silves y necesitamos ser escuchados por esta empresa, por estos organismos que están licenciando la exploración aquí porque existimos y nos están pasando por alto, no están respetando nuestros derechos”.

Nuevo pedido de suspensión de licencias se encuentra en fase de análisis, bajo amparo del Tribunal Federal

Nueva recomendación para suspender la concesión de licencias

A raíz de este conflicto, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una petición ante el Tribunal Federal solicitando de manera urgente la suspensión inmediata de todos los procesos de licenciamiento ambiental ante el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas (Ipaam) que involucran a la empresa Eneva SA.

El 9 de febrero, el juez del Séptimo Tribunal Federal Ambiental y Agrario de la Sección Judicial de Amazonas (SJAM), Rodrigo Melo, rechazó de plano el pedido de suspensión de emergencia y otorgó un plazo de 15 días para que las partes se pronunciaran sobre la situación. proceso, especialmente en lo que respecta a la inserción de nueva información agregada, como signos de la posible existencia de pueblos indígenas aislados en el área del proyecto, como se muestra en el informe del CPT.

Denuncias sobre exploración de gas y petróleo, durante el encuentro “Diálogos por la Amazonía”

La Prelatura del CPT de Itacoatiara continúa dando seguimiento al caso y exige la realización de un estudio actualizado, que destaque la dimensión real de los impactos en la región, además de garantizar la consulta libre, informada y previa a los pueblos indígenas, según explicó Jorge Barros.

“No hay suficientes estudios de que este proyecto pueda avanzar en esta región sin causar muerte y destrucción, y hablo de impactos que van más allá del estado de Amazonas, inclusive. Esperamos que la justicia federal pueda aceptar esta recomendación del MPF y que el Estado brasileño cumpla su papel, que es garantizar la defensa y protección de la vida humana y la preservación de nuestra casa común”.

Barros también declara preocupación por la vida de los pueblos indígenas que siguen amenazados.

“Están amenazados por resistirse a estos proyectos y el Estado necesita garantizar políticas públicas que les garanticen protección y seguridad alimentaria, y sólo después de los debidos estudios técnicos de que no habrá pérdidas podrán seguir adelante [las actividades de la empresa]”.

Empresa

En nota enviada a nuestro informe, la empresa Eneva SA informa que “las licencias ambientales en el complejo Azulão, en Amazonas, siguen vigentes, según lo decidido por las instituciones responsables”.

También señala que “comunidades tradicionales indígenas y/o quilombolas no fueron identificadas en la zona del Campo de Azulão, según las bases oficiales de la FUNAI y del INCRA, que regulan la definición en Brasil. Por lo tanto, no es necesario hablar de ausencia de estudios indígenas o quilombolas, ya que no existe ninguna disposición legal al respecto”.

Y “reitera que los procedimientos de otorgamiento de licencias siguieron todos los pasos necesarios, incluida la celebración de audiencias públicas y la emisión de licencias de instalación y operación de acuerdo con los requisitos legales. Actualmente, el gas producido en la unidad de Silves suministra un generador eléctrico que reemplaza la generación de combustóleo y diesel oil, que suministra más del 50% de toda la energía consumida en el estado de Roraima”.