La degradación de la burguesía argentina no tiene límites
Horacio Rovelli
El objetivo económico y social del golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue romper el modelo de crecimiento en base a la sustitución de importaciones y con ello la alianza social entre trabajadores y empresarios ligados al mercado interno, donde más vendían cuando los asalariados tenían mayor poder de consumo. La utilidad y la inversión dependían principalmente de la demanda interna, por ende si el objetivo fue el de socavar las bases del modelo forjadas por los trabajadores y la industria destinada al mercado interno –que los empresarios reconvertidos denominaron despectivamente la “coalición populista”– era necesario apuntalar un modelo de valorización financiera del capital subordinado al exterior.
Para ello se instigó un plan respaldado en las Fuerzas Armadas y el control militar de la Nación, que se instrumentó en tres medidas básicas, las misas que luego repite el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo y el de Macri-Cambiemos:
- Retrasar el tipo de cambio (ejecutado por José Alfredo Martínez de Hoz en una “tablita” cambiaria que prefijaba un valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios);
- Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para-arancelarias (desprotección aduanera);
- Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.
De esa manera se propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por las tasas de interés, que eran mayores que el crecimiento de los precios y muy superiores a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo a favor del sector financiero.
La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en divisas) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia, y luego se volvían al dólar retirando la renta. Renta que se abonó con más endeudamiento externo, y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default de 1989) se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, ferrocarriles, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.
La reconversión financiera hizo que Martínez de Hoz –conspicuo miembro de la oligarquía local (su abuelo Toribio Martínez de Hoz fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Rural Argentina en 1866-1870) y él mismo un gran productor agropecuario que en 1976 presidía Acindar SA– privilegiara la integración financiera con el gran capital extranjero. Fue miembro del consejo de The Conference Board-New York (hasta su muerte) y asesor del Chase Manhattan Bank (de la familia Rockefeller), lo que le valió la reprobación de los productores agropecuarios del país (el 4 de abril de 1979 renuncia su secretario de Agricultura, Mariano Cadenas Madariaga [1]) y la disputa con el sector industrial [2], aunque dentro de esos sectores favoreció a grandes productores y empresarios mediante autorizaciones para endeudarse en el exterior, deuda que cancelaron muy parcialmente y que en su mayor parte pagó el pueblo argentino.
Los grandes empresarios beneficiados estaban nucleados principalmente en torno al Consejo Empresario Argentino (CEA), que impulsó la creación de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), responsable del lock-out (paro patronal) de febrero de 1976 y firmante de solicitadas para auspiciar el golpe militar.
El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, y su presidente antes del 24 de marzo de 1976 fue Martínez de Hoz. En 2002 el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA), como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y como tal principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y vicepresidentes son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Fernán Saguier (La Nación), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó).
Hubo otros grandes beneficiados como los Pérez Companc, los Bulgheroni y los Macri. Por disidencia y competencia con miembros del CEA no se sumaron formalmente a ese nucleamiento empresarial, pero sí propiciaron y apoyaron al gobierno militar y a su plan económico.
El caso Acindar SA [3] nos exime de abundar en lo que ya se conoce: tomó deuda externa mientras Martínez de Hoz era ministro por 649.149.000 dólares. Jorge Schvarzer afirma que la mitad de esa suma la usaron para quedarse con la competencia de alambres y alambrones, para ello compró Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa SA y Genaro Grasso SA, se fusionó con Gurmendi SA y relegó a la quiebra a las demás empresas del ramo. Y la otra mitad de la deuda contraída la puso en depósitos a nombre de sus dueños (Acevedo, Martínez de Hoz, López Aufranc, etc.) en los mismos bancos del exterior que le dieron los créditos.
De esos fuegos, estas cenizas
La burguesía local enriquecida con la política de endeudamiento y fuga de capitales no apuesta al mercado interno, solo invierte en aquello que le da una renta extraordinaria y prefiere asociarse al capital extranjero, ya sea financiera o comercialmente. Eso explica los niveles de pobreza que sufre el país por falta de acumulación de capital (IBIF, inversión interna bruta fija), mientras, paralelamente, hay siete familias argentinas con un patrimonio de 1.500 millones de dólares o más: los Rocca de Techint; Marcos Galperín de Mercado Libre; los Pérez Companc de Molinos Río de Plata y Molinos Agro; los Roemmers, del laboratorio medicinal que lleva ese nombre; los Bulgheroni, socios de la British Petroleum en Pan American Energy; los Constantini, del Frigorífico Rioplatense SA; y los Eurnekian, de Aeropuertos 2000 y de la Compañía General de Combustibles entre otras. Los siguen los Magnetto, Pagani, Urquía, Madanes Quintanillas, etc. y las grandes empresas extranjeras que operan en el país (Shell, IBM, Chevron, Unilever, Santander, HSBC, etc.), todos beneficiados por una deuda que contrajeron y pagaron muy parcialmente merced a los seguros de cambio de Domingo Cavallo, la pesificación asimétrica de Eduardo Duhalde y la deuda del gobierno de Mauricio Macri y su no investigación por la administración de Alberto Fernández.
Con ese handicap no se aferran a la Argentina y especulan continuar valiéndose del Estado para seguir con su práctica predatoria de endeudamiento y fuga, como lo hicieron y hacen con todos los gobiernos desde que se reinició la democracia el 10 de diciembre de 1983, a excepción del periodo que va del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, de allí el silencio especulativo sobre Javier Milei o Sergio Massa.
Es más, es el empresariado local quien ha abonado año tras año –desde la frase “achicar al Estado es agrandar la Nación”, de 1976– una teoría privatista que ha intoxicado a la sociedad con que todo lo estatal es malo, con el objetivo de no pagar impuestos y, a la vez, rapiñar todo lo que puedan y fugar capitales sistemáticamente sin ser investigados. Por lo tanto presenta cierta lógica que aparezca Milei como profeta de ese credo. Y en lugar de capitalizarlo a su favor, lo hacen los grandes grupos financieros encabezados por BlackRock, que incrementaron fuertemente su presencia en el gobierno de Cambiemos. Y la burguesía local no tiene fuerza ni red de contención para enfrentar a los grandes capitales internacionales, de allí que temen el resultado electoral y deben confiar, para paliar los daños, en el hijo de Franco Macri.
Mauricio Macri jugó con fuego con los “cuadernos de Centeno” y la “Patria Contratista” lo sabe, y sabe también que el interlocutor está touché por casos de sobornos de la empresa IECSA [4] y el corredor verde, la deuda del grupo Macri por la concesión del Correo Argentino, más casos de espionaje y la “Mesa Judicial” con Pepín Rodríguez Simón, etc. Pero de favorecer las elecciones a Milei, como un hecho inevitable y penoso, van a utilizar todas sus armas para sobrevivir al mejor estilo darwiniano.
La degradación de los grandes empresarios locales ya no tiene límites, y se exacerba si triunfa Milei en las elecciones del 19 de noviembre. Sin objetivos en conjunto, subordinados al capital financiero internacional, buscan individualmente quedar de la mejor manera, desentendiéndose del pueblo y sin comprender que la base de crecimiento y desarrollo es el mercado interno.
El economista y prolífico autor Aldo Ferrer sostenía que el desarrollo es, básicamente, industrialización, ciencia, tecnología y transformación, tanto de las industrias de base (acero, aluminio, cemento, petroquímica, etc.) como de la tecnología (biología, informática y electrónica). Y por lo que había estudiado y visto en otros países y sociedades, afirmaba que aquellos que se transformaron, que se industrializaron, cumplían tres condiciones. La primera es la inclusión social: la sociedad participa masivamente en el proceso de cambio; la segunda son los dirigentes nacionales, es decir que exista una elite patriota que acumula poder dentro de las fronteras y no vende el patrimonio nacional; y la tercera es la estabilidad institucional, porque la transformación genera tensiones que deben ser administradas.
Siendo ello así, y conociendo nuestra clase propietaria, podemos decir como Dante Alighieri en su Divina comedia y frente la puerta del Infierno: “Dejad aquí toda esperanza”.
Notas
[1] Cadenas Madariaga era un conspicuo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que formó parte junto a Martínez de Hoz del equipo que se reunía desde 1975 en la casona de la familia Blaquier de la calle Azcuénaga 1673 en la Ciudad de Buenos Aires, para preparar la política económica de la dictadura militar.
[2] El sector manufacturero local se contrajo significativamente, de modo tal que entre 1976 y 1983 se produjo el cierre de más de 20.000 establecimientos fabriles, el producto bruto del sector cayó cerca de 20%, la ocupación disminuyó en forma pronunciada y se redujo el peso relativo de la actividad en el conjunto de la economía (pasó de 28 a 22% del PIB). Más aún, la industria dejó de ser el núcleo dinamizador de las relaciones económicas y sociales en la Argentina, así como el sector de mayor tasa de retorno de la economía.
[3] J. Schvarzer, La política económica de Martínez de Hoz. Hyspamérica. Buenos Aires, Argentina, 1986.
[4] IECSA, creada y presidida por Franco Macri en 1977, fue vendida en 2017 al grupo Mindlin y rebautizada como SACDE (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico).
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).