El 20 de mayo de 2015, bajo la dirección de Rex Tillerson, la corporación petrolera ExxonMobil hizo un anuncio que llamó la atención de la industria petrolera a nivel mundial. La compañía reveló que en el bloque de Stabroek, a 120 millas de la costa del Esequibo, había encontrado 1.400 millones de barriles de petróleo de alta calidad.
Sin embargo, lo que podía haber sido simplemente una noticia extraordinaria, se convirtió en el desencadenante de nuevas tensiones internacionales. Esto se debió al hecho de que estas exploraciones se llevaron a cabo en aguas no delimitadas de un territorio en disputa.
Rex Tillerson
Venezuela exigió a Exxon Mobil que suspendiera sus actividades de exploración en la región. En respuesta, ExxonMobil emitió un comunicado en el que evadía responsabilidades.
Como indica el Washington Post, a partir de ese momento, la empresa ExxonMobil y su director, Rex Tillerson, se encontraron en el epicentro de una lucha por el dominio de una de las reservas de petróleo más importante del mundo.
En ese mismo período, el Departamento de Estado, a través de su programa Iniciativa de Capacidad y Gobernanza Energética (ICGE) intensificó sus actividades en Georgetown. Se comenzaron a redactar los acuerdos de participación en las ganancias, establecer regulaciones ambientales y a elaborar un marco legal para las operaciones de explotación que estaban a punto de comenzar.
No obstante, era evidente que las inversiones eran jurídicamente inciertas debido a la disputa territorial. Meses antes, en octubre de 2013, la armada venezolana había interceptado al barco Teknik Perdana, contratado por la ExxonMobil.
Corte Internacional
En estas circunstancias, los asesores de ExxonMobil y la ICGE estimaron que las condiciones legales en las que se desarrollarían las actividades de la empresa planteaban riesgos.
Al buscar alternativas, los abogados llegaron a la conclusión de que el Acuerdo de Ginebra no ofrecía una solución conveniente para la empresa. Esto se debía a que el proceso no sólo sería prolongado, sino que involucraba a un país, Venezuela, con el que ExxonMobil había chocado por las nacionalizaciones.
Una resolución de la disputa en el marco del Acuerdo de Ginebra obligaba a una negociación para llegar a una solución amistosa y satisfactoria para los dos países, lo que no era del interés de ExxonMobil. En consecuencia, los abogados de la empresa habrían recomendado que se tomara un camino diferente y se llevara el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia en la cual las empresas petroleras ejercen una ‘influencia’ decisiva.
Sin jurisdicción
Como presidente de la ExxonMobil, Tillerson realizó las ‘gestiones’ correspondientes en la ONU para que el caso pasara a la CIJ. En atención a la solicitud de esta corporación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decide de forma unilateral, ponerle fin a la figura del buen oficiante.
En 2017, Tillerson es designado Secretario de Estado de Estados Unidos y desde esta nueva posición continúa adelantando las gestiones. No se sabe si fue en Davos u otro lugar donde Tillerson se aproximó al nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que concretara la operación iniciada por Ban Ki-moon.
Guterres y Tillerson
Lo que sí se sabe es que a los pocos meses de la designación de Tillerson, en enero de 2018, Guterres tomó la decisión de favorecer a la petrolera en lugar de cumplir con sus obligaciones y respetar el Acuerdo de Ginebra.
Guterres envió el caso a la CIJ sin tener el consentimiento previo de Venezuela, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, y a sabiendas de que Venezuela no es signataria del protocolo sobre jurisdicción obligatoria de la CIJ.
Intereses distintos
En el interés de ExxonMobil y Guyana está que Venezuela acepte la jurisdicción de la CIJ y valide de forma “responsable” cualquier fallo emanado de esa instancia. Hasta el momento, la CIJ ha dado muestras de suficiente lealtad a los intereses de esta empresa y ha llegado al punto extremo de violar su propia normativa estatuaria, que le impide abrir un juicio sin el consentimiento previo de todas las partes.
Por otro lado, el interés de Venezuela es distinto del de Guyana y la ExxonMobil. A Venezuela le conviene y le interesa una negociación y no un juicio en la CIJ. Por lo tanto, las decisiones de esa instancia no pueden ser convalidas. De aceptarse la jurisdicción de la CIJ, las posibilidades de una negociación y el reclamo del Esequibo fenecen.
*Politólogo y analista poíitico. Cofundador del Movimiento al Socialismo, fue ministro de Trabajo
Rex Tillerson
Al buscar alternativas, los abogados llegaron a la conclusión de que el Acuerdo de Ginebra no ofrecía una solución conveniente para la empresa. Esto se debía a que el proceso no sólo sería prolongado, sino que involucraba a un país, Venezuela, con el que ExxonMobil había chocado por las nacionalizaciones.