DOSSIER | En Guatemala, la movilización popular marca el camino
Las elecciones generales de 2023 se realizaron el domingo 25 de junio de 2023, cuando Bernardo Arévalo fue electo presidente. Fue la décima elección general realizada en dicho país desde el retorno a la democracia en 1985. Guatemala solo es noticia en la prensa internacional cuando sucede alguna catástrofe. Pero ahora puede ser noticia por la situación política que se está creando, con las maniobras desde el poder corrupto para impedir la asunción de Arévalo.
Factores de poder para entender el choque político y social
Ociel Alí López
Hay cuatro elementos socio-políticos que son claves para entender la actual situación de crispación que vive Guatemala en los últimos días y que seguramente seguirá sufriendo los próximos meses.
Todo comenzó con una “sorpresa”
Para entender la fuerza de cómo los sectores populares de Guatemala han venido enfrentándose al intento de obstaculización de la transición política después del triunfo de la fórmula progresista del partido Movimiento Semilla, que hoy ya se denuncia como golpe de Estado, hay que entender los resortes, la base sólida con que cuenta este movimiento. Las manifestaciones en Guatemala no son nuevas. Desde 2015 existen fuerzas sociales que han protestado con contundencia por la forma evidente en que grupos políticos y élites manejan el Estado.
No ha sido un comando de campaña, ni la cúpula de un partido la que convocó el lunes pasado un paro indefinido a escala nacional. Han sido los propios representantes comunitarios, en su mayoría indígenas, en concreto los alcaldes auxiliares de los 48 cantones del departamento Totonicapán, al sur-occidente de Guatemala, junto con múltiples organizaciones sociales en los departamentos de Sololá, Quiché, Chimaltenango y Quetzaltenango, los que han decidido plegarse, de manera activa, a una protesta social que ya lleva rato en la capital.
Pero además no es poca cosa que Bernardo Arévalo haya ganado en el balotaje con casi el 60 % de los votos en la segunda vuelta, sacando más de 20 puntos de ventaja a la ex primera dama, Sandra Torres.
Es decir, hablamos de un movimiento enraizado profundamente en el tejido social de Guatemala con una mayoría social que lo sustenta. Por todo esto, lo que hoy representa el movimiento Semilla del actual presidente electo no es una jugada de marketing de algún sector de izquierda, ni tampoco un injerto foráneo para cooptar las relaciones políticas del país centroamericano.
Hablamos sí, de un movimiento que tiene muchos años realizando acciones de protesta. Su punto de emergencia puede ubicarse en las manifestaciones anticorrupción de 2015.
Pertenece a un conglomerado que se ha movilizado, y que en muchas ocasiones, ha manifestado su resistencia a lo que es el sistema político imperante muy corrupto, relacionado con la industria narco-criminal, y donde el presidente saliente Alejandro Giammattei, así como la fiscal general Consuelo Porras, se han apertrechado para poner en duda el cambio de gobierno que dictaron las urnas.
A pesar de toda esta potencia organizacional, el 25 de junio, día de la primera vuelta, las élites se sorprendieron al ver la emergencia y el poder que representaba Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla cuando logró anotarse para el balotaje. A partir de allí saltaron todos los resortes del conservadurismo y la corrupción para impedir el triunfo definitivo que se concretó el 20 de agosto.
El líder
Arévalo tampoco es un líder advenedizo, ni un aparecido ‘influencer’ de las redes sociales. Es un 
intelectual que se mantenido consistente en su relación con las luchas populares de Guatemala.
Ha sido también embajador de su país. Y por sobre todas las cosas, representa la historia de los oprimidos de Guatemala en tanto su padre, Juan José Arévalo, que gobernó de 1945 a 1951, fue el primer presidente elegido en democracia, tras la revolución de 1944, de marcado carácter progresista y compañero de Jabobo Árbenz, derrocado durante la intervención estadounidense de 1954.
Giro en la región
Pero los tiempos han cambiado. En aquella ocasión, varios países centroamericanos se articularon bajo el mando de Washington para invadir el país.
Ahora, y desde hace algunos años, la región ha producido un giro importante en torno a la cuestión ideopolítica.
Honduras, por ejemplo, el territorio desde donde se desplegaron las fuerzas invasoras de entonces, tiene hoy un gobierno progresista, de la presidenta Xiomara Castro, que se ha solidarizado con Arévalo y se ha acercado con países contrapuestos a los EE.UU. También el presidente de El Salvador, Nayibe Bukele, independientemente de la lectura ideológica que se dé a su gobierno, ha tenido relaciones contenciosas con Washington y Europa, asumiendo un camino propio en las relaciones internacionales.
Conocemos de sobra la postura del gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega, desde donde se presenta quizá el flanco más caliente de las relaciones de Centroamérica con EE.UU.
También cabe recordar el gobierno progresista que actualmente ocupa a México por medio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién se ha mantenido expectante con este proceso que vive la región, y específicamente con Guatemala, los últimos días.
Ante este panorama, el triunfo de Arévalo es un signo dentro de una sumatoria de conflictos regionales mucho mayor, que tienen una base sólida, varios triunfos electorales y apoyo popular. Todas estas características hacen pensar que estamos ante una corriente histórico-política que está en franco crecimiento en Centroamérica.
La oposiciónPero la oposición tampoco es cualquier cosa. El presidente saliente, Alejandro Giammattei, ha sido acusado de corrupción, incluso a escala internacional. La vinculación del narcotráfico con la política se ha hecho evidente.
Se conoce de manera pública la relación de alcaldes, campañas electorales y legisladores cercanos al presidente con el dinero del narcotráfico. Este elemento hace que los actores del establecimiento suban el costo de una transición democrática y traten de impedir la investidura del 14 de enero.
La guerra contra el líder no es nueva. Desde el mismo momento cuando sorprendió a la política guatemalteca, ganando un puesto en el balotaje, el sistema político imperante le declaró la guerra.
Su partido ha sido judicializado, los fiscales abren investigaciones por doquier en su contra, y a comienzos de semana, la Fiscalía General allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral para sustraer las actas comiciales que dieron un rotundo triunfo al movimiento Semilla.
Así las cosas, lo que se conoce hoy de la situación política guatemalteca (y la forma en la que este país se ha metido en la agenda noticiosa del mundo) tiene que ver con un choque diametral entre dos sectores políticos claramente definidos: una élite económica y política anidada con elementos criminales y otra, de corte popular y progresista, que viene luchando históricamente para resistir la imposición de las castas coloniales.
Desde comienzos de la semana, ambos bandos han decidido subir el volumen de la presión social. Por esto, es muy probable que Guatemala incremente la atención de todo el mundo político internacional los próximos días cuando se conozca si el statu quo tiene el poder para parar la investidura o si se impondrán los sectores democráticos.
Eso está por verse muy pronto.
Golpe de Estado en curso y una Semilla que no para de brotar
Este lunes 2 de octubre, mientras el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, retornaba de México, donde asistió al IX Encuentro del foro regional progresista “Grupo de Puebla” -y lo que es aún más relevante- tuvo la oportunidad de reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, las y los guatemaltecos volvieron a dar una señal de fuerte defensa de los resultados electorales de agosto.
La Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán se declararon en paro nacional y convocaron a diversos sectores de la población a movilizarse pacíficamente en defensa de la democracia. Desde el balotaje presidencial que otorgó la victoria al Movimiento Político Semilla por el 60% de los votos frente al 39% de la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la movilización popular no cesa. 
Durante los primeros días de septiembre, estudiantes del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) y cientos de ciudadanos llegaron al frente de la sede del Ministerio Público (MP) en Xela, para rechazar la gestión de la fiscal general que dirige el organismo, la cuestionada Consuelo Porras.
Al sector estudiantil que se expresó con banderas, carteles, parlantes y cantos de protesta afirmando “Consuelo golpista, vos sos la terrorista”, “Va a caer, va a caer, Consuelo va a caer”, “Curruchiche no es fiscal es otro criminal”, se sumaron en esa ocasión también, integrantes de la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ), el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y el Movimiento Indígena Guatemalteco.
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El 18 de septiembre Arévalo hizo un llamado a sus seguidores a apoyarlo durante la presentación de un amparo frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando la destitución de Porras y otros funcionarios que aún se encuentran en sus cargos y operando como caras visibles del proceso de persecución política a Semilla.
Entre ellos, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana. Ese día la alcaldía comunal del cantón Paquí, Totonicapán, anunció una peregrinación a la ciudad capital en conjunto con las autoridades de los 48 Cantones (coordinados con otras autoridades ancestrales del país) con cortes de rutas y concentración en el Congreso de la nación.
Campo minado: una transición gubernamental de cinco meses
El lunes 4 de septiembre inició el proceso de transición de mando del poder Ejecutivo, que tiene como punto culmine la asunción de Bernardo Arevalo y Karim Herrera el próximo 14 de enero de 2024, presidente y vicepresidenta. Si es que las fuerzas populares guatemaltecas y la comunidad internacional logran hacer prevalecer el resultado electoral oficializado, frente al proceso de golpe de estado en curso.
Esta transición que cuenta con el explícito compromiso del actual presidente, Alejandro Giammattei, se encuentra bajo la vigilancia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y depende del trabajo conjunto entre representantes del gobierno saliente y del entrante. Más allá de las buenas voluntades expresadas públicamente, es un proceso plagado de tensiones, avances y retrocesos.
Giammattei llegó a asegurar en diálogo con Arévalo: “Si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala; me guste o no me guste, eso es lo que no importa, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió” luego de que el Ministerio Publico a cargo de Porras, por pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), realizara uno de los allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Secuestraron actas oficiales, como parte de una seguidilla de maniobras poco justificadas y realizadas con altos grados de “reserva” de información.
El proceso se suspendió por pedido de Semilla -apenas una semana luego de haber comenzado- implica el intercambio y análisis de información del estado actual del Gobierno a partir de cientos de documentos e informes de ministerios, secretarías y consejos. Y se retomó el pasado 27 de septiembre, tal como anunció Giammattei en su cuenta de X (ex Twitter) “con la metodología planteada por el Pdte. electo, limitada a reuniones sectoriales”.
El apoyo internacional
A esta altura, y desde la primera vuelta electoral, continúan sumándose múltiples y diversas voces del teatro internacional que se posicionan sobre el flagrante ataque al futuro gobierno. Luego del cuarto allanamiento realizado por la Fiscalía -mientras Arévalo se encontraba en Puebla el pasado fin de semana-, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó la maniobra como un “ataque sin fundamento ni motivación clara al órgano electoral, que atenta contra su independencia y autonomía”. Además, denunció que el MP conducido por Porras, está llevando a cabo una “persecución política similar a la de regímenes autoritarios, que viola los estándares democráticos y que ignora los llamados de la comunidad internacional”. La doble vara de la OEA.
Horas antes del comienzo de la transición, en su visita a Guatemala, el Subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei, a quien le transmitió el apoyo a una transición ordenada. Recientemente, Arévalo ha conseguido que importantes mandatarios de nuestra región demuestren públicamente su preocupación y apoyo, frente al ataque jurídico-institucional del que es objeto.
Entre ellos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU alertó a la comunidad internacional, asegurando en su alocución que “en Guatemala hay riesgo de un golpe, que impediría la investidura del ganador de unas elecciones democráticas”, convocando a todos los mandatarios a “velar” por la preservación del Estado de derecho y la democracia. Este sábado 30 de septiembre, fue el turno de López Obrador quien comentó en X “Comimos en Texcoco con nuestro amigo Bernardo Arévalo, presidente electo del hermano y vecino país de Guatemala. Hicimos el compromiso de trabajar juntos en bien de nuestros pueblos”, luego de la reunión que mantuvieron para poner en agenda la cooperación bilateral entre ambos países.
En simultáneo, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmaba en sus redes sociales: “Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder. En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la carta democrática”.
¿Al servicio de quién?
En el centro de la escena, la Fiscal cuya cabeza piden en las manifestaciones por su minuciosa tarea dedicada a suspender al Movimiento Semilla e impedir que se haga efectiva la toma del poder, fue incluida en septiembre de 2021, en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de EE. UU., en virtud del artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel.
Mientras que en mayo de 2022, la oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que se le retiraba la visa a Consuelo Porras y su cónyuge, “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”. De acuerdo con el comunicado, durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos.
“El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, dice la misiva.
Lo cierto es que Porras llegó al Ministerio Público en 2018, de la mano de Jimmy Morales, un actor y productor que se aventuró a la política y no pudo cumplir con ninguna de sus promesas de campaña. Sin embargo, durante ese gobierno y el de Giammattei, en el que fue ratificada en el cargo, la política “anticorrupción” guatemalteca, intentó desprenderse de ciertos tutelajes externos.
A mediados de 2018, expulsó la CICIG (Comisión contra la Impunidad en Guatemala), un órgano creado por la ONU, para dar apoyo al MP en la lucha contra la corrupción. El 23 de julio de 2021, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, fiscal encargado de la fiscalía de sección FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), quien había sido condecorado por los Estados Unidos por su trabajo contra la corrupción.
En el historial de Porras, que la muestra como instrumento al servicio de la conservación en el poder de un entramado de actores político económicos guatemaltecos, figura una obstrucción de investigación contra el presidente saliente Giammattei, en un caso de sobornos de empresarios rusos para ganar sus favores en el sector minero, además de demorar medidas en contra de la candidatura de Sandra Torres, contrincante en estas elecciones del Movimiento Semilla.
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En junio de 2021, un mes antes de que Porras embistiera al Fiscal avalado por EEUU, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, emprendió su primer gira fuera del país, que tuvo como destino México y Guatemala, para tratar temas referidos a la migración y la lucha contra la corrupción. Allí Harris anunció que los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado de EE.UU. trabajarían ”juntos para realizar investigaciones y capacitar a las autoridades locales para que realicen las suyas propias”. En septiembre el nombre de Porras fue incluido en la lista Engel.
En este contexto es que Arévalo, además del apoyo del progresismo regional, cuenta, al parecer con el acompañamiento de un sector demócrata norteamericano, cuya influencia en centroamérica es un asunto por momentos, poco cuestionado. Dicho esto cabe retomar algunas afirmaciones que venimos sosteniendo sobre la concentración del poder político y público en Guatemala, en una reducida élite de familias que no parecen estar dispuestas a acatar el mandato popular, ni velar por las apariencias democráticas.
No es la primera vez que escuchamos en la historia reciente latinoamericana que la justicia es utilizada como tropa de ocupación para el control de los designios políticos de un país.
La movilización popular indica, por otra parte, que las organizaciones y las y los ciudadanos cansados de la marginalidad, el empleo precario, la falta de acceso a la tierra, los alimentos, la vivienda, la salud o la educación han trazado un camino y elegido a quienes deberán ocupar el Ejecutivo para contrarrestar la lamentable situación de desigualdad que vive el país. Un pueblo que trazó una estrategia, apostó sus fichas y ahora sostiene su decisión involucrándose y apostando a la lucha de calles. Podemos hablar entonces, de varias victorias en curso, conviviendo con el intento de golpe..
*Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Guatemala: un salto cualitativo
Rafael Cuevas Molina
Hace casi dos semanas que en Guatemala tiene lugar un hecho al que debe prestársele especial atención: la población indígena ha asumido un protagonismo inédito en la vida política del país.
Guatemala se caracteriza por un racismo exacerbado producto de su condición poscolonial. La población indígena es vista como inferior por quienes se consideran blancos, aunque en realidad no lo sean. Se le atribuyen características negativas que serían, en buena medida, el lastre que no permite el tan ansiado desarrollo. Serían haraganes, borrachos, taimados y se multiplicarían sin concierto.
Durante el largo conflicto armado que vivió el país entre 1960 y 1996, distintos grupos de población indígena se incorporaron de diferentes formas a la contienda. Los hubo quienes engrosaron las filas de la insurgencia como bases de apoyo; los que ingresaron a las filas de las guerrillas hasta llegar a ocupar lugares dirigenciales, pero también hubo quienes permanecieron al margen, sin que eso significara que fueran indiferentes a lo que ocurría.
Este período de la historia política reciente del país dejó hondas huellas en toda la población, y no podía ser para menos. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, e incluso antes, los indígenas se organizaron de distintas formas para reivindicar su especificidad y sus derechos en el conjunto de la nación. Estos esfuerzos fueron de distinto tipo, desde la conformación de una Academia Maya de la Lengua, hasta la organización política propia en función de sus intereses particulares y específicos.
En distintas zonas con población indígena mayoritaria se institucionalizaron esfuerzos para dar coherencia a este proceso. Los xincas, por ejemplo, que ocupan la parte sur oriental del país, único grupo indígena que desciende de pobladores que llegaron al actual territorio guatemalteco desde el sur del continente, crearon la figura del Parlamento Xinca. 
En Sololá, la Alcaldía Indígena; en Totonicapán, han logrado preservar una organización comunal que hoy desemboca en lo que se conoce como los 48 cantones, que en la coyuntura política actual ha cobrado una especial relevancia al ser los organizadores principales del movimiento de resistencia y protesta ante los desmanes del Pacto de Corruptos, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal Consuelo Porras y una corte de adláteres, fiscales, jueces y organizaciones de extrema derecha, que buscan detener el proceso anticorrupción que ha puesto sobre el tapete la victoria en las elecciones del partido Semilla y su candidato a presidente Bernardo Arévalo.
La victoria de Arévalo se produjo principalmente por el voto de jóvenes de las más importantes ciudades del país, que están hartos de la corrupción y la arbitrariedad de los actuales grupos dominantes. Se trata de un movimiento subterráneo, que se expresó de forma abierta y contundente en las manifestaciones que desembocaron con la renuncia y juzgamiento del expresidente Otto Pérez Molina en 2015, y luego en la conformación del partido Semilla que hoy gana, de forma sorpresiva, las elecciones presidenciales.
Es una corriente que estuvo conformado principal, aunque ciertamente no exclusivamente, por grupos de clase media urbana, algo característico de una sociedad organizada casi estamentalmente. Mientras tanto, los pueblos indígenas y sus organizaciones particulares han tenido reivindicaciones propias, hasta ahora poco coincidentes con estos movimientos más de citadinos y de ladinos jóvenes; pero el movimiento que ahora encabezan entronca con ellos y, aún más, se pone a su vanguardia.
Se trata de un movimiento pacífico, pero firme, en el que brotan expresiones de creatividad popular que le confiere un ambiente festivo que no ha sido hasta ahora característico de este tipo de movimientos en Guatemala. Se baila, se canta y se presentan grupos artísticos de distinto tipo. ¡Qué alegría ver a los guatemaltecos manifestarse de esta forma luego de tantos años de terror!
Ojalá sea anuncio de una nueva forma de relacionamiento y expresión colectiva que caracterice el nuevo tiempo que se anhela que se abra con Arévalo. Es también un atisbo del tipo de sociedad que ya debería prevalecer en Guatemala, que reconociera, impulsara y se enorgulleciera, de su carácter multiétnico y pluricultural.
Quiere decir todo lo anterior que, así como en 2015 asistimos al surgimiento de un movimiento ciudadano que luego siguió eclosionando hasta llegar a donde estamos actualmente, esta partición activa del movimiento indígena puede ser anuncio de un salto cualitativo que lleve cambios estructurales que posibiliten reorganizar a la sociedad guatemalteca en una dirección distinta a la troglodita hasta ahora prevaleciente.
Rebelión popular y pueblos originarios
Carlos Figueroa Ibarra
La fuerza transformadora, el élan que busca desmantelar a la dictadura delincuencial que hoy rige a Guatemala, ha provenido del interior de la república aun cuando el desencadenante haya sido el triunfo electoral de un partido de clases medias mestizas y urbanas como lo es Movimiento Semilla.
El mes de octubre de 2023 será visto en la historia de Guatemala como el momento en el que los pueblos originarios se convirtieron en el sujeto colectivo central de la transformación que Guatemala necesita. Transformación indispensable debido a la degradación que el país ha mostrado desde la firma de los acuerdos de paz de 1996. A lo largo de muchos años, la vida política del país tuvo su epicentro en la capital del país. Salvo unos breves años, cuando el clímax del estallido insurgente hizo que el altiplano central y septentrional del país se volvieran los puntos nodales del estremecimiento estatal, es en la capital donde los acontecimientos han resultado decisivos.
Fue en la capital donde se fraguó la independencia de 1821, allí mismo se observó la insurrección de 1920 que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue la capital el escenario central del derrocamiento de la dictadura ubiquista que dio nacimiento a la revolución de 1944-1954 y de las jornadas preinsurreccionales de marzo y abril de 1962. Finalmente, fue la capital en donde se observó la acumulación de fuerzas del movimiento social y popular en la década de los setentas del siglo XX, previa al estallido insurgente de fines de esa década.
or ello lo que ahora observamos es diferente. La fuerza transformadora, el élan que busca desmantelar a la dictadura delincuencial que hoy rige a Guatemala, ha provenido del interior de la república aun cuando el desencadenante haya sido el triunfo electoral de un partido de clases medias mestizas y urbanas como lo es Movimiento Semilla.
El otro hecho novedoso es que no son los ladinos o mestizos quienes son los protagonistas centrales como sucedió a lo largo del siglo XX. Hoy la conmoción que sacude al país con el paro nacional fue iniciada el 18 de septiembre cuando ocho comunidades indígenas pidieron al Ministerio Público la renuncia de los esbirros judiciales más notorios de la gobernanza criminal: la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. El paro nacional que ha estremecido a Guatemala es consecuencia de la indiferencia y negativa a dicha demanda.
El eje central del paro nacional son el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca (Santa Rosa y Jutiapa), las Alcaldías Indígenas Ancestrales Maya Ixil de Nebaj (Quiché). A estas entidades se agregan las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango (Quiché), la Municipalidad Indígena de Santa Lucia Utatlán (Sololá), el Movimiento Social K’ekchí’ (Cobán, Alta Verapaz), la Asociación Indígena de San Francisco el Alto (Totonicapán), la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán.
Otras organizaciones mayas que se han adherido al paro son el Consejo de Autoridades Ancestrales de los Siete Municipios de Totonicapán y Articulación Chimaltenango que agrupa a sectores del pueblo Kaqchikel. Independientemente de la adhesión de otros pueblos mayas al paro nacional como son los pueblos Mam, Poqomam y Chortí, es posible distinguir en un primer plano a los pueblos K’iche, K’ekchi’, Xinca, Ixil y Kaqchikel.
Un registro de los bloqueos ocurridos en las distintas carreteras del país y en la capital revela que del lunes 2 de octubre hasta el lunes 9, los bloqueos subieron de 17 a 115 y que en todos esos días los mismos subieron de manera constante. El martes 10 de octubre la Dirección General de Seguridad Vial (PROVIAL) reportaba 136 bloqueos en todo el país, 23 de los cuales se observaban en la capital del país. El miércoles 11, se reportaban 119 bloqueos, 11 de ellos en la ciudad de Guatemala.
Por datos vertidos conferencia de prensa ofrecidas en el sexto día del paro por las organizaciones indígenas y diversas fuentes es posible deducir que los puntos nodales de los bloqueos han estado en la Cumbre de Alaska (Sololá), Las Trampas (Sololá), Los Encuentros (Sololá), La Cuchilla (Sololá), Cuatro Caminos (Totonicapán), Chupol (Quiché) y El Boquerón (Cuilapa). Manifestaciones de protesta se han observado también las ciudades principales del país como Quetzaltenango, Antigua y aun en los centros urbanos de El Petén como Libertad y Poptún. En suma, la rebelión en esta ocasión ha ido del campo a la ciudad. A diferencia de las luchas populares de los setenta del siglo XX, el movimiento sindical no juega un papel destacado.
En la capital de Guatemala, el centro de concentración de la protesta ha sido la sede del Ministerio Público. En los primeros días del paro la mayor parte de los manifestantes eran integrantes de los pueblos originarios, a tal punto que en un discurso vertido allí por el Cardenal Álvaro Ramazzini no dejó de hacer un reproche a la falta del acompañamiento capitalino. Pero los habitantes de la capital, en su mayoría mestizos o ladinos, se han ido sumando a la protesta a través de los estudiantes de la Universidad del Valle, Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, los locatarios de los mercados de la ciudad y de manera copiosa habitantes de las zonas populares.
Las manifestaciones en contra de la corrupción que se observaron a partir de abril de 2015 y que concluyeron con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, habían sido la referencia más reciente de la protesta popular. Lo que hemos observado en este mes de octubre tiene una envergadura mayor porque es nacional y porque los pueblos originarios han estado al centro de esta.
El estallido insurgente observado entre 1978 y 1982 fue cualitativamente distinto porque fue sustentado en una rebelión de los pueblos mayas. Desde entonces los pueblos mayas se volvieron un sujeto de importancia nacional. Esta nueva rebelión se distingue de la anterior, porque son los pueblos originarios los que están al frente, porque sus formas organizativas son las derivadas de sus formas comunales y autónomas de gobierno y porque los mestizos son acompañantes y no dirigentes.
Al momento de escribir estas líneas todavía falta ver la reacción ampliamente desplegada del núcleo duro del Pacto de Corruptos. Ya la comenzamos a ver con los discursos de la fiscal General Porras, del ministro de Gobernación Napoleón Barrientos y del presidente Alejandro Giammattei.
Todos dijeron lo mismo: hay financiamiento e intervención extranjera en manifestaciones y bloqueos; los manifestantes ejercen violencia con los bloqueos viales; son una minoría de piquetes que incluso están armados; están ejerciendo actos vandálicos y ocasionando el caos; atentan contra los bienes del resto de los guatemaltecos.
De manera más o menos implícita los tres amenazaron con acciones represivas. La derecha neofascista a través de su principal vocero, Ricardo Méndez Ruiz, ha llamado a la dispersión de los manifestantes con bombas lacrimógenas. Esto fue precisamente lo que provocaron los infiltrados en la Plaza Central la noche del 9 de octubre.
El Pacto de Corruptos ya empezó la infiltración de manifestaciones y protestas, manipula el desabasto, carestía y los contratiempos que provoca el paro, busca atizar la violencia para justificar la represión y agita el racismo de las clases medias urbanas que una vez más en algunos de sus sectores, evidencian la vieja paranoia que imagina una ciudad invadida por “indios” de violencia desenfrenada. Esto último no sucederá. Lo que sí ha empezado a suceder con esta emergencia de los pueblos originarios, es el inicio del largo camino que sustituirá a la comunidad ficticia de Guatemala con la instauración de un Estado Plurinacional.
Guatemala arde. La movilización popular marca el camino
Marcelo Colussi
El Pacto de Corruptos enquistado en todas las estructuras del Estado contaba con ganar las pasadas elecciones y poner a alguno de sus operadores en la presidencia. En la primera vuelta logró parte de su objetivo: mantener el control del Congreso y una gran cantidad de alcaldías. Pero en la segunda vuelta, para su sorpresa, no obtuvo el Ejecutivo. Contrariamente, la población votó hastiada contra su prepotencia e impunidad.
Ese contubernio mafioso está asustado por la posible “limpieza” que, llegado al sillón presidencial, Bernardo Arévalo podría impulsar. Es por eso que está haciendo lo imposible para impedir su asunción el próximo 14 de enero. O, si ello no es posible, intenta condicionarlo totalmente para lograr la impunidad absoluta y seguir sus oscuros negocios.
El Movimiento Semilla no es un partido revolucionario, ni de izquierda. Quizá, muy tibiamente, socialdemócrata. Su vocación fundacional es la lucha contra la corrupción; ello es importante, sin dudas, pero no asegura una mejor situación para las grandes masas populares, por siempre excluidas, ignoradas y, llegado el caso, reprimidas. Bernardo Arévalo, dado que su condición ideológica no le permite ir más allá, puede terminar siendo -si no lo está ya- cooptado por Washington. Son esas grandes masas, de los pueblos originarios básicamente, del pobrerío todo, las que ahora están teniendo un protagonismo fabuloso, movilizándose, protestando, poniendo barricadas por todo el país, alzando la voz.
Pidiendo que se respete el voto popular y que en enero pueda asumir Arévalo sin contratiempos, la población está manifestando para que se detengan las maniobras desestabilizadoras del gobierno, vehiculizadas a través del Ministerio Público. Es por eso que se exige la renuncia de la Fiscal General y algunos de sus adláteres, quienes aparecen ahora como los “malos de la película”.
Las movilizaciones fueron iniciadas por movimientos indígenas, aunque ahora están sumándose numerosos sectores populares, pobres urbanos, clase media, estudiantes universitarios, personal de salud, etc. La respuesta espontánea de la población muestra que el pueblo sigue de pie pese a tanta infamia, perdió el miedo que dejó la guerra interna de varias décadas y ahora expresa una bronca ancestral.
La bronca no es solo por las sucias maniobras arteras que intentan bloquear a Semilla, sino que son expresión de un descontento profundo y acumulado por tanto avasallamiento, pobreza crónica histórica, exclusión, mentiras manipuladoras, represión brutal, por el racismo visceral y el patriarcado que siguen marcando el ritmo, por la falta de oportunidades, por la soberbia de los que tienen todo y miran con desprecio al “populacho”. La gente de a pie pide la cabeza del actual chivo expiatorio, Consuelo Porras y compañía, pero expresa un profundo malestar que viene de siglos de humillación y ninguneo.
No hay de momento un proyecto transformador profundo consistente ni una fuerza política organizada que pueda conducir ese tremendo descontento popular hacia algo que trascienda la protesta contra el Ministerio Público. No hay, en sentido estricto, una propuesta clasista, un ideario socialista tras toda esta marea popular.
En todo caso, es tarea de todas las organizaciones del campo social, sectores indígenas, fuerzas de izquierda, mujeres, jóvenes, empobrecidos varios víctimas de un sistema opresor, aunarse en este momento para tratar de ir más allá de la destitución de un par de marionetas que usan los poderes -tradicionales y de nuevo cuño- buscando cambios más profundos. La situación lo puede permitir.