Vivimos un momento decisivo, marcado por un alto nivel de fragilidad e incertidumbre ante la emergencia climática y múltiples riesgos globales y destinos posibles. La narrativa de estabilidad, gobernabilidad nacional y gobernanza mundial creada en las últimas décadas por los actores hegemónicos se ha desmoronado; primero con la crisis de 2008 y luego con la pandemia de covid-19. La imprevisibilidad y la inestabilidad se han convertido en norma ante la secuencia de profundas crisis (sociales, políticas, sanitarias, geopolíticas, económicas y ecológicas) que ya no pueden afrontarse como antes, pues se yuxtaponen y refuerzan mutuamente.

Estamos pasando de las crisis múltiples a una policrisis civilizatoria, esto es, a crisis interrelacionadas que se entrelazan causalmente –producen un daño mayor que la suma de lo que producirían de modo aislado¹– y ponen en cuestión el modelo civilizatorio basado en el crecimiento ilimitado, el progreso y el desarrollo. A este escenario se suman el fortalecimiento de la extrema derecha y los autoritarismos, la erosión democrática, el control digital y tecnológico de la vida y el fortalecimiento de la cultura de la guerra, tal como sugiere el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur en su reciente Declaración de Bogotá².

Con el desarrollo de estas tendencias, en los últimos años la transición socioecológica ha dejado de ser un tema restringido a grupos de activistas y científicos para convertirse en eje central de las agendas políticas y económicas contemporáneas. Sin embargo, surgen aquí dos cuestiones importantes. Primero, frente a la urgencia de la descarbonización, existe una tendencia a reducir la transición socioecológica –cuya comprensión integral debería abarcar los planos energético, productivo, alimentario y urbano– a la transición energética³. La segunda cuestión está asociada al modo en que se lleva a cabo la transición energética y a quién pagará los costos.

La transición energética, impulsada principalmente por grandes empresas, fundaciones y gobiernos del Norte global y países emergentes hacia energías supuestamente «limpias», presiona cada vez más al Sur global. Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización, se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Hay varios ejemplos de esta dinámica: la extracción de cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología para los automóviles eléctricos afecta brutalmente al llamado «triángulo del litio» en América Latina y al norte de África; la creciente demanda de madera de balsa –abundante en la Amazonía ecuatoriana– para la construcción de aerogeneradores demandados por China y países europeos destroza comunidades, territorios y biodiversidad; y la nueva puja por megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno incrementa aún más el acaparamiento de tierras.

Este proceso empieza a conocerse, en el activismo y en la academia crítica, como «extractivismo verde» o «colonialismo energético»: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el Sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la transición energética verde.

En este artículo sostenemos que el colonialismo energético es la pieza central de un nuevo consenso capitalista, que definiremos como el «Consenso de la Descarbonización». Se trata de un acuerdo global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles a otra sin (o con reducidas) emisiones de carbono, asentada en las energías «renovables». Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática, estimulando una transición energética promovida por la electrificación del consumo y la digitalización.

Sin embargo, más que proteger el planeta, contribuye a destruirlo, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de bienes naturales y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza. Este artículo analiza cómo se produjo el paso de los consensos capitalistas globales previos –el «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities»– al «Consenso de la Descarbonización». Asimismo, discute sus principales características, así como las líneas de continuidad y ruptura en un mundo multipolar. Por último, presenta una serie de reflexiones y propuestas en relación con la transición energética, tanto en clave geopolítica como en lo local-territorial.

Del «Consenso de Washington» al «Consenso de la Descarbonización» (pasando por el «Consenso de los Commodities»)

El proceso de liberalización comercial y económica, desregulación, privatizaciones, reducción del Estado y expansión de las fuerzas del mercado en las economías nacionales, iniciado en la década de 1980 y consolidado en los años 90, tomó el nombre de «Consenso de Washington». Conocemos bien la trágica receta: un paquete de reformas que impulsó un fundamentalismo de mercado, encumbrando el neoliberalismo como única alternativa tras la caída del Muro de Berlín. Se trató de un consenso entre actores diversos que promovieron la globalización neoliberal, con especial peso de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc). A pesar de las diferencias de matiz, se impuso una serie de políticas de ajuste estructural a los países del Sur que fomentaban el libre mercado.

Estas políticas fueron pensadas teniendo a América Latina como referencia y acabaron refrendadas por buena parte de los gobiernos de la región. Sin embargo, los graves efectos ambientales y sociales y las múltiples crisis económicas que generaron en diversos países latinoamericanos sirvieron como base para su crítica política e intelectual. Resistencias, redes y movimientos sociales empezaron a articularse contra los tratados de libre comercio, la globalización neoliberal y sus principales símbolos. Las protestas contra la omc, el bm, el fmi, las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y el Foro Social Mundial fueron procesos claves que articularon la denuncia del «Consenso de Washington» con el intento de generar alternativas y convergencias hacia «otros mundos posibles».

A este ciclo global y regional de protestas se sumaron en el cambio de siglo movilizaciones intensas en países como Argentina (2001), Venezuela (2002) y Bolivia (2003), que impulsaron la emergencia del llamado «ciclo progresista» latinoamericano y de un imaginario posneoliberal. Los progresismos latinoamericanos reivindicaron un papel más prominente del Estado, con políticas sociales focalizadas y, en algunos casos, de redistribución, pero lo hicieron de forma estrechamente articulada al fortalecimiento de los capitales privados multinacionales. Lo que en varios países se vendió como una política win-win, mediante la cual los pobres mejoraban su vida mientras que los ricos seguían enriqueciéndose, fue posible por el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el auge de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes como China.

Este nuevo orden, caracterizado por la hegemonía del desarrollo neoextractivista, marcó el tránsito hacia otro tipo de consenso capitalista: el «Consenso de los Commodities»⁴, visto por actores muy diversos y heterogéneos –desde los más conservadores hasta los progresismos– como una auténtica «oportunidad económica». Las economías latinoamericanas se reprimarizaron y la dinámica de desposesión se acentuó de manera muy violenta, con destrucción de la biodiversidad y expulsión y desplazamiento de poblaciones de sus territorios.

Ante este escenario, se incrementaron la conflictividad social y la resistencia de comunidades y movimientos sociales a la expansión del agronegocio, los megaproyectos de minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y la expansión de la frontera petrolera y energética a hidrocarburos no convencionales. Pero las luchas de resistencia contra el desarrollismo neoextractivista, con protagonismo de los movimientos ecoterritoriales, no se limitaron a un repertorio reactivo. Del «no» brotaron muchos «síes» y se empezaron a cultivar alternativas al desarrollo y nuevos horizontes propositivos, como el Buen Vivir, los bienes comunes, la plurinacionalidad, los derechos a la naturaleza y el paradigma de los cuidados.

El final del boom de los commodities a mediados de la segunda década de este siglo coincidió con el cierre de aquel ciclo progresista y el fortalecimiento de las derechas en varios países, en medio de un profundo deterioro de los sistemas políticos y cuestionamiento de los actores sociales y políticos establecidos. Se instaló una fuerte polarización entre los progresismos, que se vieron atacados y se pusieron a la defensiva, y fuerzas conservadoras o reaccionarias que empezaron a marcar la agenda.

La pandemia de covid-19 emerge en este contexto como un acontecimiento crítico global, que permitió acelerar y consolidar cambios geopolíticos que ya venían dándose, como la militarización global, el fortalecimiento de China, la puja interimperial y el incremento de las brechas entre centro y periferia⁵. A la vez, se abrió una nueva ventana política de discusión acerca de cómo sería el mundo pospandemia. A pesar de la insistencia de sectores dominantes en mantener el business as usual, apostando más por una «vuelta a la normalidad» que a una «nueva normalidad», empezó a ganar terreno también una lógica adaptativa del capitalismo hacia un modelo supuestamente más «limpio» y «ecológico».

Grandes corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y gobiernos, con el aval de numerosas organizaciones y expertos internacionales, empezaron a colocar en el centro de la agenda económica y política la necesidad de una descarbonización de la matriz energética. El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) se convirtieron en los principales referentes oficialistas con el propósito de generar marcos internacionales compartidos. En el plano nacional, varios países crearon sus Pactos Verdes o Green New Deals e incluso ministerios de Transición Ecológica. Actores supranacionales, como la Comisión Europea, también impulsaron un Pacto Verde Europeo, formulado con el objetivo de ser el primer continente «climáticamente neutro». El discurso «NetZero hacia 2050» empezó así a aparecer en buena parte de los discursos de las colectividades dominantes, incluidas algunas que hace años eran abiertamente negacionistas y ahora empezaron a ofrecer «soluciones climáticas». Es así como emerge el más reciente de los consensos capitalistas: el «Consenso de la Descarbonización».

El «Consenso de la Descarbonización»: características, contradicciones e implicaciones

El «Consenso de la Descarbonización» se basa en un objetivo común de amplia aceptación. Al final, en un mundo herido por el colapso, ¿quién podría oponerse a la descarbonización y la neutralidad climática? El problema principal no es el qué, sino el cómo. La descarbonización es bienvenida, pero no de esta manera. Entre las finalidades de esta descarbonización hegemónica no se encuentran la desconcentración del sistema energético, el cuidado de la naturaleza, mucho menos la justicia climática global, sino otro tipo de motivaciones como la captación de nuevos incentivos financieros, la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas. En otras palabras, si los actores dominantes adoptan esta agenda es porque la entienden como una nueva ventana de oportunidad para el reposicionamiento geopolítico y para la acumulación capitalista, más específicamente, una «acumulación por desfosilización»⁶ que profundiza la contradicción capital/naturaleza.

En este nuevo consenso, la descarbonización no es vista como parte de un proceso más amplio de cambio del perfil metabólico de la sociedad (en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos), sino como un fin en sí mismo. Aunque se reconoce la gravedad de la emergencia climática, se construyen políticas no solo insuficientes, sino además con gravísimos impactos, dado que se intensifica la explotación de bienes naturales y se mantiene la ideología del crecimiento económico indefinido. Con otra vuelta de tuerca a la retórica de la «sostenibilidad» se abre, por lo tanto, una nueva fase de despojo ambiental del Sur global, que afecta la vida de millones de seres humanos y seres sintientes no humanos; compromete aún más la biodiversidad y destruye ecosistemas estratégicos. El Sur global se convierte de nuevo en un almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos para la transición energética del Norte global, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta nueva «revolución industrial».

El «Consenso de la Descarbonización» moviliza continuamente el discurso de las potencialidades tecnológicas y de la innovación. A la vez, aboga explícitamente por los «negocios verdes», la «financiación climática», las «soluciones basadas en naturaleza», la «minería climáticamente inteligente», los «mercados de carbono» y diversas formas de inversión especulativa. Casi sin solución de continuidad, las políticas de «responsabilidad social» de las empresas extractivas se han convertido en las últimas décadas en políticas de «responsabilidad socioambiental», en un intento de construir una imagen de responsabilidad ecológica que contrasta fuertemente con la realidad. En definitiva, se propone un tipo de transición basada en una lógica fundamentalmente mercantil y con una interfaz hiperdigitalizada, lo que genera nuevas mercancías y formas sofisticadas de control social y territorial.

Como consecuencia, el «Consenso de la Descarbonización» está marcado por el imperialismo ecológico y el colonialismo verde. Moviliza no solo prácticas, sino también un imaginario ecológico neocolonial. Por ejemplo, muchas veces gobernantes y empresas utilizan la idea de «espacio vacío», típica de la geopolítica imperial. Si en el pasado esta idea, que complementa la noción ratzeliana de «espacio vital» (Lebensraum), generó ecocidio y etnocidio indígena –y sirvió luego para promover políticas de «desarrollo» y de «colonización» de los territorios–, hoy se usa para justificar el expansionismo territorial para la inversión en energía «verde». De esta manera, grandes extensiones territoriales en zonas rurales con poca población son vistas como espacios vacíos aptos para la construcción de molinos de energía eólica o plantas de hidrógeno. Estos imaginarios geopolíticos de las transiciones corporativas reproducen las relaciones coloniales, que no solo pueden verse como una imposición de afuera hacia adentro, del Norte hacia el Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de colonialismo verde interno, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las elites nacionales y las elites globales.

Debemos reconocer asimismo que, en nombre de la «transición verde», el «Consenso de la Descarbonización» también genera presiones sobre los propios territorios del Norte global, tanto en eeuu como en Europa⁷, con un impacto principal en zonas rurales menos pobladas. Pero nada de ello puede compararse con los impactos y la envergadura que estos procesos tienen en la periferia globalizada. Como señala atinadamente un estudio reciente de Alfons Pérez sobre los Pactos Verdes:

La distribución geográfica de la extracción actual y de las reservas de estas materias primas críticas dibuja un mapa ciertamente diferente al de la extracción de los combustibles fósiles. Mientras el Oriente Medio ha sido el epicentro geoestratégico para el suministro de hidrocarburos, ahora el foco se pone sobre otras zonas del planeta. Las regiones claves para la explotación de estos elementos se concentran en el Sur global y en regiones como África subsahariana, Sudeste asiático, Sudamérica, Oceanía y China.⁸

A pesar de la búsqueda incesante de esos minerales críticos, la forma y la temporalidad de la implementación del «Consenso de la Descarbonización» desencadenan contradicciones incluso entre sus propios promotores. La exacerbación de conductas y políticas esquizofrénicas –o de double bind [doble vínculo], por utilizar los términos de Gregory Bateson⁹– parece ser así un signo de la policrisis civilizatoria. Hay quienes, aun reconociendo su importancia, pretenden retrasar la descarbonización y extraer hasta la última gota de petróleo, como es el caso de muchas empresas fósiles y sus lobbies hacia los gobiernos. Un ejemplo fue el presidente Joe Biden que, desdiciéndose de su promesa electoral, aprobó en marzo de 2023 el Proyecto Willow, que permite avanzar en la expansión de la frontera petrolera en el Ártico de Alaska, y pone así en peligro un ecosistema extremadamente frágil y ya castigado por el derretimiento de los hielos debido al calentamiento global.

Otro ejemplo viene de la Unión Europea que, mientras busca expandir el Pacto Verde Europeo, optó por regresar al carbón a mediados de 2022, usando como justificación la crisis energética acelerada por la guerra en Ucrania. Así, el gobierno alemán ordenó en enero de 2023 la demolición de una aldea para dar paso a la expansión de una mina de carbón de lignito, el tipo de carbón más contaminante entre los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, como parte del plan europeo de recuperación tras la crisis, Alemania presionó a los Estados miembros de la ue para que destinaran parte de esos fondos al desarrollo del hidrógeno verde¹⁰.

El tipo de lógica posfósil que promueve el «Consenso de la Descarbonización» conduce, por lo tanto, a una transición corporativa, tecnocrática, neocolonial e insustentable. Numerosas proyecciones alertan sobre el hecho de que, planteada de esta manera, la transición energética es insostenible desde el punto de vista metabólico. El propio bm advertía en 2020 que la extracción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de aquí a 2050, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se requerirán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr una reducción de la temperatura por debajo de los 2 ºC en el futuro.¹¹

Informes más recientes son aún más escalofriantes respecto del aumento del uso de «minerales para la transición». Como sostiene el periodista francés Guillaume Pitron, «cientos de miles de turbinas eólicas, algunas más altas que la torre Eiffel, serán construidas en los próximos años y exigirán enormes cantidades de cobalto, zinc, molibdeno, aluminio, zinc, cromo… entre otros metales»¹².

El «Consenso de la Descarbonización» restringe el horizonte de combate contra el cambio climático a lo que la investigadora brasileña Camila Moreno define como la «métrica del carbono»: una forma limitada de cuantificar el carbono solo a partir de las moléculas de co2, que ofrece una especie de moneda para el cambio internacional, lo que genera la ilusión de que se está haciendo algo contra la degradación ambiental¹³. De esta manera, se encubre el problema de fondo y no solo se sigue contaminando, sino que además se hacen nuevos negocios con la contaminación (a través, por ejemplo, del comercio de compensación de emisiones). Se siguen ignorando los límites naturales y ecológicos del planeta, pues claramente no hay litio ni minerales críticos que alcancen si no se cambian los modelos de movilidad y los patrones de consumo. El hecho en sí de que las baterías de litio, así como los proyectos eólicos y solares, requieran también de minerales (como el cobre, el zinc, entre tantos otros) debería alertarnos sobre la necesidad de realizar una reforma radical del sistema de transporte y del modelo de consumo existente.

Por eso, la transición no puede reducirse únicamente a un cambio de matriz energética que garantice la continuidad de un modelo insustentable. Al proponer una transición energética corporativa de corto alcance, el «Consenso de la Descarbonización» mantiene el patrón hegemónico de desarrollo y acelera la fractura metabólica, con el objetivo de preservar el estilo de vida y el consumo actual, muy especialmente de los países del Norte y los sectores más pudientes a escala global.

Continuidades y rupturas entre los tres consensos capitalistas

Si durante la Guerra Fría la imaginación geopolítica hegemónica hablaba de un mundo bipolar, dividido en dos bloques polarizados ideológicamente, desde la caída del Muro de Berlín se empezó a forjar una imaginación geopolítica hegemónica basada en consensos capitalistas globales. Si observamos el «Consenso de la Descarbonización» en una perspectiva de procesualidad sociohistórica, veremos que entre los tres consensos hegemónicos vigentes en las últimas décadas hay continuidades y rupturas. Entre los puntos de continuidad, se pueden subrayar tres elementos principales. El primero es el discurso de la inevitabilidad, que plantea que no hay alternativa a estos consensos.

Esta restricción del mundo de lo posible ha sido perfeccionada a lo largo de las últimas décadas con diferentes repertorios de legitimación social, sea el acceso al consumo por parte de los sectores populares o la retórica de respirar un aire más saludable. Asimismo, el «Consenso de los Commodities» se construyó sobre la idea de que existía un acuerdo sobre el carácter irrevocable o irresistible de la dinámica extractivista, resultante de la creciente demanda mundial de materias primas, cuyo objetivo era cerrar la posibilidad a otras alternativas. De forma similar, el «Consenso de la Descarbonización» pretende instalar hoy la idea de que, dada la urgencia climática, no hay otra transición posible, y de que la única existente y «realista» es la transición corporativa.

En segundo lugar, todos estos consensos suponen una mayor concentración de poder en actores no democráticos (grandes corporaciones, actores financieros y organizaciones internacionales), que socavan cualquier posibilidad de una gobernanza democrática, mucho más en un contexto de «transición». Esto se manifiesta de dos formas principales. Por un lado, se observa en la captura corporativa de espacios de gobernanza. Ámbitos como la Conferencia de Partes (cop) que, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, deberían ser foros multilaterales para avanzar en la lucha contra el cambio climático, son cada vez más una feria de negocios del capitalismo verde que mantiene las relaciones de poder energético entre el Norte y el Sur. Podemos decir que las cop sirven al «Consenso de la Descarbonización» como la omc servía al «Consenso de Washington» y el «Consenso de los Commodities».

Por otro lado, se manifiesta en la fuerte concentración de poder entre las grandes empresas, desde el inicio hasta el final de las cadenas globales. Si pensamos el caso del litio en Argentina y en Chile, por ejemplo, al final de la cadena global de valor están los gigantes del automóvil (Toyota, bmw, vw, Audi, Nissan, General Motors) y empresas eléctricas, como Vestas y Tesla. 50% de la industrialización de las baterías para las plantas automotrices se concentra en empresas chinas, y el control de la extracción también está dominado por unas pocas empresas: la estadounidense Albemarle, la chilena sqm, la norteamericana Livent Corp, Orocobre de Australia y Ganfeng de China¹⁴. A su vez, Chile y Argentina exportan carbonato de litio, un commodity sin valor agregado, y más allá de los anuncios recurrentes acerca de la «industrialización», los países del llamado «triángulo del litio» están muy lejos de controlar la cadena global del mineral, desde los salares hasta las baterías.

En numerosos casos, la extracción de litio avanza sin licencia social, acuerdo o consulta a las comunidades indígenas que habitan esos territorios desde hace milenios y que denuncian el sobreconsumo de agua y sus impactos en el proceso de extracción. En las Salinas Grandes en Jujuy, Argentina, desde 2010, un conjunto de comunidades indígenas (llamadas «las 33 comunidades») rechaza la extracción de litio en sus territorios, exige una consulta previa, libre e informada y defiende una perspectiva holística y ancestral, que integra el territorio, la autonomía, el Buen Vivir, la plurinacionalidad, el agua y la sustentabilidad de la vida. El salar es considerado por los indígenas como «un ser vivo, dador de vida», y ellos tienen como lema «El agua y la vida valen más que el litio», como pudo verse reflejado en el Aerocene Pacha, un globo aerostático sin combustible que el artista argentino Tomás Saraceno elevó en enero de 2020¹⁵.

En tercer lugar, la búsqueda constante de ampliación de las fronteras capitalistas supone, en todos estos casos, el fomento de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales. Y para ello hay una apuesta clara por garantizar «seguridad jurídica» a los capitales con bases normativas y legales que posibiliten la mayor rentabilidad empresarial. No es inocente, por ejemplo, que en los nuevos tratados bilaterales de comercio que la ue negocia (entre otros, con Chile y México) haya incorporado capítulos de energía y materias primas para garantizar un acceso a los minerales críticos para la transición. La Comisión Europea ha dejado muy claro en la declaración del Pacto Verde Europeo que «el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para implementar el Pacto Verde» y que es imprescindible «asegurar la oferta de materias primas sostenibles, en particular las necesarias para la tecnología renovable, digital, espacial y de defensa»¹⁶. En este contexto, presentó en marzo de 2023 una propuesta de «Reglamento de materias primas críticas», aparentemente destinada a garantizar un suministro seguro y sostenible de tales materias primas¹⁷. Sin embargo, como se explica en un informe del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (somo, por sus siglas en neerlandés), la estrategia propuesta por la ue no conducirá a un suministro sostenible de minerales críticos para Europa, ya que agravará los riesgos para los derechos humanos y el ambiente, socavará la dinámica económica en los países socios y continuará reforzando el consumo insostenible en los países ricos¹⁸.

Más allá de estas líneas de continuidad, hay también novedades. Una característica importante del «Consenso de la Descarbonización» se vincula a la complejidad de las relaciones neocoloniales en un mundo multipolar, marcado por la puja interimperial, donde la geopolítica se transforma en geoeconomía y colonialismos múltiples. No es solo la ue, carente de los minerales críticos, la que busca acceso directo a ellos. China, pese a contar con estos minerales, se encuentra muy bien posicionada en el Sur global, donde desde hace casi dos décadas viene realizando inversiones muy agresivas en los sectores extractivos estratégicos, manteniendo un tipo de relación distinta de las que establecen eeuu y Europa¹⁹.

Una de las particularidades de la nueva dependencia que se genera entre China y los países latinoamericanos, de los que en casi todos los casos es el primer socio comercial, es que si bien sus inversiones apuestan al largo plazo y se ubican en diferentes sectores (agronegocios, minería, petróleo, infraestructura ligada a actividades extractivas), en términos de transferencias tecnológicas –muy particularmente en relación con la transición verde– se tiende a usar tecnología china de punta, lo cual incluye también, a veces, mano de obra de ese país²⁰. La puja interimperial se completa con eeuu. Aunque estos temas parecen estar ausentes en las declaraciones del Departamento de Estado, en varias oportunidades la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha dejado claro el interés estratégico de América del Sur para su país (en lo que concierne al agua, petróleo, litio, entre otros)²¹. Por último, agreguemos que Rusia, como actor tendencialmente hegemónico en un mundo multipolar, está lejos de tener el alcance de las potencias antes mencionadas en el campo de disputa por la transición energética.

Otro elemento distintivo significativo entre estos tres consensos es el rol del Estado. Sabemos que el «Consenso de Washington» estuvo marcado por una lógica de Estado mínimo y el «Consenso de los Commodities» sostuvo un Estado moderadamente regulador, pero en estrecha alianza con el capital transnacional. Por su parte, el «Consenso de la Descarbonización» parece inaugurar la emergencia de un tipo de neoestatismo planificador –en algunos casos, más cercano a un Estado ecocorporativo– que busca aunar transición verde con la promoción de los fondos privados y la financiarización de la naturaleza. De esta manera, las transiciones ecológicas impulsadas por las instituciones gubernamentales y por el Estado tienden a aproximarse, facilitar y fundirse con las transiciones corporativas, en una dinámica de sumisión del sector público a los intereses privados. Sin embargo, en algunos casos en que se dan ciclos intensos de movilización social, el Estado puede tratar de recuperar una cierta autonomía relativa, promoviendo transiciones ecosociales que fomenten la descentralización y la desconcentración del poder corporativo.

Asimismo, aunque tanto el «Consenso de los Commodities» como el «Consenso de la Descarbonización» implican una lógica extractivista, los productos y minerales requeridos se han ampliado. En el primer caso, son sobre todo productos alimenticios, hidrocarburos y minerales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, la bauxita y el zinc, mientras que en el segundo, además de los minerales mencionados, el foco del interés recae en los llamados minerales críticos para la transición energética como el litio, el cobalto, el grafito, el indio, entre otros, y las tierras raras. En ambos casos, la extracción y la exportación de materias primas tienen consecuencias catastróficas en términos de destrucción ecológica y generación de dependencia. Sin embargo, como argumenta la socióloga alemana Kristina Dietz²², un aspecto clave que diferencia el extractivismo verde del neoextractivismo es el discurso utilizado para legitimar el primero, ya que los actores que lo promueven afirman que es sostenible y que es la única vía posible para hacer frente a la emergencia climática.

Descarbonizar sí, pero con justicia geopolítica

Para que la descarbonización pueda salir de esta lógica perversa, es necesario descomodificarla y descolonizarla a partir de una contestación estructural. Cualquier hipótesis de transición ecosocial justa e integral debe enfrentar este desafío y no puede anclarse solo en lo local –como muchas veces ocurre–, sino que debe considerar también el nivel geopolítico como prioritario. Esto implica incorporar el imperativo del decrecimiento por parte del Norte global, así como la deuda ecológica que este tiene con los pueblos del Sur, buscando generar puentes entre los actores y diagnósticos críticos en pos de una justicia ecológica global.

El Norte global debe comenzar a decrecer urgentemente en varios ámbitos: en términos de consumo, de reducción de la esfera de mercantilización, de desmaterialización de la producción, de transporte y de reparto de horas de trabajo. Aunque en buena parte de las propuestas decrecentistas los factores mencionados aparecen articulados a una lógica de redistribución social, la «desmaterialización» –esto es, la reducción en la intensidad del uso de materias primas y energía– es inexorable. Si bien es una responsabilidad prioritaria del Norte global, esto no significa que sea «solo una cosa del Norte», como muchas veces se sostiene en el debate público, y que el Sur tenga que reivindicar su «derecho al desarrollo», pues son el llamado desarrollo y la lógica del crecimiento insostenible lo que hoy nos empuja al colapso.

El decrecimiento es una exigencia de justicia global, en el marco de un planeta ya dañado. Además, como vienen advirtiendo varios referentes del decrecimiento (tales como Giorgos Kallis, Federico Dimaria y Jason Hickel, entre otros), la progresiva reducción del metabolismo social se traduciría en una menor presión sobre los bienes naturales y los territorios del Sur, lo que abriría un «espacio conceptual»²³ en el Sur global necesario para transitar hacia el posextractivismo. Como afirma Hickel, «el decrecimiento es una exigencia de descolonización. Los países del Sur deben ser libres para organizar sus recursos y su trabajo en torno de la satisfacción de las necesidades humanas y no en torno del servicio del crecimiento del Norte»²⁴.

El complemento del decrecimiento no puede ser otro que el pago de la deuda ecológica a los pueblos y países del Sur. En términos contables, la deuda climática no es más que una línea en el balance de una deuda ecológica más amplia. Así, la deuda ecológica podría entenderse como la obligación y responsabilidad que los países industrializados del Norte tienen con los países del Sur, por el expolio y el usufructo de sus bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos), a costa de la energía humana de sus pueblos y de la destrucción, devastación y contaminación de su patrimonio natural y de sus propias fuentes de subsistencia²⁵.

La deuda ecológica está, además, estrechamente vinculada a la deuda externa. La sobreexplotación de los recursos naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias²⁶. La presión que los centros capitalistas ejercen sobre la periferia para extraer recursos naturales se agrava en el contexto de la deuda externa. El imperativo de crecimiento de los países ricos tiene como contrapartida el «mandato exportador» del Sur²⁷, que en los países capitalistas periféricos aparece asociado a la necesidad de pagar la deuda externa y sus intereses, lo que renueva un círculo interminable de desigualdad. Esto sucede hoy en día en Argentina, país que arrastra una deuda externa (contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri entre 2015 y 2019) que lo incapacita para pensar cualquier alternativa de cambio que no sea otra que expandir las fronteras del neoextractivismo, para obtener los dólares que alivien los pagos de los intereses de la deuda externa con el fmi.

Desde hace décadas existen numerosas y recurrentes iniciativas que exigen una reparación integral por las responsabilidades históricas y que articulan también explícitamente deuda ecológica con deuda externa. Este fue el caso de la campaña ¿Quién debe a quién? que, en pleno auge del movimiento alterglobalización en el cambio de siglo, exigía la cancelación de la deuda externa y el pago de la deuda ecológica. Además de la denuncia del carácter ilegítimo de la deuda externa, se buscaba sensibilizar a la población del Norte global sobre la responsabilidad en la deuda ecológica²⁸. Más recientemente, el 27 de febrero de 2023, el movimiento Deuda por Clima lanzó una invitación para reunirse con representantes de los países más afectados por la intersección de la crisis climática y la deuda, con el fin de discutir la condonación de la deuda del Sur global y permitir así una transición justa. Ese día se celebraba el 70o aniversario del Acuerdo de Londres por el que Alemania recibió una quita de 50% de la deuda que había acumulado antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países que permitieron a Alemania experimentar su llamado «milagro económico», gracias a esta condonación, hoy están fuertemente endeudados. Sin embargo, Alemania obstaculiza cualquier medida progresiva para aliviar a esos países de su pesada carga de la deuda mientras que, al mismo tiempo, están experimentando las devastadoras consecuencias de la crisis climática (como Bangladesh).

Según el economista Alberto Acosta, si esto fue posible para Alemania, en un contexto de posguerra, ¿por qué no lo sería para los países del Sur, en un escenario de pospandemia y de emergencia climática? El Acuerdo de Londres nos ofrece, además, una lista de temas a considerar para enfrentar la deuda externa: capacidad de pago, condonaciones sustanciales de la deuda, reducción significativa de las tasas de interés, transparencia en las negociaciones para determinar los beneficios de las partes, cláusulas de contingencia, esquemas de manejo de disputas y la posibilidad de un arbitraje justo y transparente, entre muchos otros. Para avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas, es necesario, aunque no suficiente, reclamar la condonación de las deudas, auditorías ciudadanas y la atención a las reiteradas denuncias de tanta violencia y corrupción vinculadas a la deuda externa²⁹. En suma, una reconfiguración del sistema financiero internacional que deje claro que ningún país se salva solo, algo que no surgirá de forma espontánea, sino que requiere de una reactivación de las articulaciones internacionalistas que conecten el Norte y el Sur global en un escenario de policrisis civilizatoria.

En este marco, el decrecimiento y el posextractivismo son dos perspectivas complementarias, de carácter multidimensional, que permiten crear puentes internacionalistas y Norte-Sur alrededor de una transición ecosocial integral. Ambos formulan una crítica a los límites ecológicos del planeta y enfatizan la insustentabilidad de los modelos de consumo imperial y la profundización de las desigualdades sociales. Asimismo, son conceptos-horizonte que constituyen un punto de partida para construir herramientas de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otro régimen socioecológico, diferente del economicista y del pragmatismo de ciertos ambientalismos de ocasión, capaz de transitar en clave de justicia climática hacia un horizonte de transformación ecosocial.

Construir transiciones ecosociales justas, populares y territorializadas

A diferencia de lo que propone el «Consenso de la Descarbonización», la energía debe ser pensada como un derecho y la democracia/soberanía energética, como un horizonte para el sostenimiento del tejido de la vida. La justicia ecosocial debe encaminarse a eliminar la pobreza energética y desmontar las relaciones de poder. En un horizonte de transición energética justa, hay que dejar los combustibles fósiles bajo tierra e ir «desescalando» los procesos de explotación hidrocarburífera, como nos sugieren las compañeras de la organización Censat Agua Viva de Colombia, lo cual implica una ruptura de sentido para resignificar la naturaleza.

Hay cada vez más voces que, afortunadamente, buscan desenmascarar el «Consenso de la Descarbonización», argumentando que la transición energética no puede hacerse a costa del agua, los ecosistemas y los pueblos³⁰. A la vez, muestran que las transiciones ecosociales justas no son ni pueden ser una proyección de futuro, sino que están ocurriendo en el presente, en la experiencia cotidiana de múltiples territorios urbanos y rurales, en el Norte y en el Sur. Como consecuencia, el desafío no consiste tanto en construir nuevas utopías y narrativas ecoutópicas para un mundo que nos gustaría vivir, sino en ampliar, reconocer y potenciar estas prácticas, impulsadas por comunidades, organizaciones y movimientos sociales diversos, que ya existen y prefiguran alternativas societarias.

Las transiciones ecosociales populares y territoriales se anclan, por lo tanto, en experiencias concretas que, aunque locales, pueden ampliarse, conectarse e inspirar otras realidades. Presentan diversos ejes estratégicos que se retroalimentan: la energía (comunitaria), la alimentación (agroecología y soberanía alimentaria), la producción y el consumo (estrategias de desrelocalización y prácticas posextractivistas de economía social y solidaria, agricultura urbana), trabajo y cuidados (redes de cuidados y sociabilidades anticapitalistas), infraestructuras (vivienda, movilidad, etc.), cultura y subjetividad (cambio cultural y de mentalidad), disputa política y normativa (generación de nuevos imaginarios políticos relacionales vinculados a los derechos territoriales y de la naturaleza, la ecodependencia, los ecofeminismos, las múltiples dimensiones de la justicia y la ética interespecie).

Estas propuestas entienden que las transiciones ecosociales no pueden restringirse únicamente a cuestiones climáticas y energéticas, como es habitual en el tipo de transición dominante, sino que deben tener un carácter holístico e integral. Reivindican una transformación estructural del sistema energético, pero también del modelo productivo y urbano, así como de los vínculos con la naturaleza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desjerarquizar, reparar y sanar³¹. Además, se persigue un concepto de justicia integral que trascienda la visión limitada de las transiciones corporativas: lo social no puede separarse de lo ambiental; y la justicia social, ambiental, étnica, racial y de género son también indisociables.

Lejos de romantizar las experiencias de transición ecosocial justa, es fundamental entender sus contradicciones, dificultades y obstáculos internos y externos. En este registro, la multiescalaridad y las mediaciones políticas son elementos claves. Por ejemplo, no es lo mismo una alternativa ecosocial restringida a pequeñas comunidades y lugares específicos, que no se relacionan con otras experiencias, que experiencias localizadas, pero no localistas, que buscan construir articulaciones y sentidos más allá de su propio territorio. En un contexto de desglobalización gradual, la tentación de una fuerte desconexión es pujante. Pero para que las transiciones justas progresen, necesitamos la creación de bloques regionales fuertes, así como avanzar en la dirección de un Estado ecosocial.

La crisis ecológica y climática está introduciendo nuevos riesgos, en su mayoría con daños irreversibles, que afectan de forma desigual a la población. Como señala el economista Rubén Lo Vuolo, necesitamos superar la lógica de un Estado que repara daños para construir un Estado capaz de prevenirlos. Debe pensarse la distribución independientemente del crecimiento. Un Estado ecosocial debería buscar un mecanismo de protección social que sea lo más universal posible. Antes que garantizar una jubilación (a aquellos que realizaron aportes durante años), hay que apuntar a un ingreso universal o renta básica, para transitar de un Estado compensatorio a un Estado preventivo, preocupado más por las necesidades de los pueblos que por los intereses de las corporaciones³².

Sin movilización social constante, coordinada y masiva, eso difícilmente ocurrirá. No se trata solo de juntar movimientos por el clima o de repensar el ambientalismo, sino además de integrar una multiplicidad de luchas que no siempre se han conectado entre sí, pero que en los últimos años tienden a adherir progresivamente al paradigma de las transiciones justas, contribuyendo a avanzar en sus diferentes dimensiones: movimientos feministas, antirracistas, campesinos, indígenas, animalistas, sindicales, de economía popular y solidaria, entre otras. Lejos de las salidas individualistas que se desprenden del «Consenso de la Descarbonización», esto permite comprender que la salida es colectiva; que no es solo técnica, sino profundamente política. Esta es la clave para generar procesos de confluencia y de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia interespecie que merezca ser vivida.

Notas