Las acusaciones criminales contra Trump parecen fortalecerlo
Mirko C. Trudeau
Donald Trump fue formalmente acusado por parte de un gran jurado de Washington de cuatro delitos criminales federales por su intento de revertir la elección de 2020 violando los derechos de los votantes, en la tercera acusación anunciada en los últimos cinco meses.
La acusación registrada ante un tribunal federal en Washington por el fiscal especial federal Jack Smith, afirma que a pesar de haber perdido, Trump estaba determinado a mantenerse en el poder. Señala que durante más de dos meses después de la elección de 2020, difundió mentiras sobre fraude electoral, y que sabía que eran falsas.
Se trata de la tercera acusación que encara en cuatro meses: en abril fue incriminado por el uso ilegal de recursos de campaña para sobornar a una actriz porno a fin de que no revelara una relación extramatrimonial, mientras en junio fue acusado de 37 delitos por llevarse a su residencia privada documentos clasificados cuando tuvo que desalojar la Casa Blanca en enero de 2021.
Pero las normas estadounidenses le permiten continuar en la carrera para reelegirse mientras no se le haya dictado una sentencia firme, y seguramente su presencia ante la justicia será parte de sus actos proselitistas. Entre el electorado republicano, no parece haber nada capaz de alterar la fidelidad hacia el magnate.
Las encuestas más recientes registran que sigue siendo el republicano más poderoso del país. En un sondeo del New York Times/Siena realizado esta última semana, Trump aplasta a sus contrincantes por la nominación de la candidatura presidencial republicana al gozar de una ventaja de 37 puntos sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y ganando por más de 50 a los otros cinco que están por ahora en la contienda interna.
Incluso entre quienes lo creen responsable de dichos crímenes, 22 por ciento votaría por él, lo que revela el tipo de devoción que construyó en torno a su persona. Los juicios que enfrenta podrían terminar por favorecerlo si logra articular una campaña eficaz de autovictimización y convence al público de que son una mera manipulación de la justicia urdida por los demócratas para impedir su candidatura.
Su victimización sirvió como plataforma para la recaudación de fondos. Uno de sus comités de acción política, Save America, gastó 40 millones de dólares en el pago de honorarios de los abogados de Trump y sus colaboradores, una suma que fue levantada de manera primordial entre pequeños donantes.
Trump tuvo (y tiene) gran éxito en manipular la narrativa a su favor, sin importar los hechos ni la solidez de las pruebas. Más allá de los juicios y de la sentencia final, nadie duda que operó un asalto a la democracia y que pasó por encima de toda barrera legal en su empecinamiento por perpetuarse en el poder, lo que le costó la vida a varias personas como resultado del asalto al Capitolio.
Trump reaccionó a la noticia con su rutinario ataque a todos aquellos que se atreven a acusarlo o criticarlo, afirmando que es la continuación de una cacería de brujas en su contra, y que todo es parte de un intento por frenar su campaña para retornar a la Casa Blanca en las próximas elecciones de 2024.
Ahora denunció que se trata de una acusación similar a las acciones de la Alemania nazi de los años 30, la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios, y aprovechó para acusar de corrupción al Departamento de Justicia. En un mensaje para sus seguidores, aseguró que será reelecto a la Casa Blanca “para salvar a nuestro país”.
Para Trump, cada investigación es parte del juego de politiquería, y de eso él sabe mucho. Y para sorpresa de los latinoamericanos habló del lawfare, al señalar que las acusaciones son parte de una gran conspiración para usar el Poder Judicial con fines políticos, aunque hay evidencia abrumadora de que cometió múltiples delitos graves, muchos de ellos sin precedente, no solo durante su estancia en la Casa Blanca, sino otros cuando fue empresario y candidato.
Las especulaciones sobre su carrera política se ha adentrado en otro inexplorado territorio tras la acusación del Gran Jurado de Washington por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores. Ahora, para la lectura de los cargos, Trump deberá comparecer ante la jueza Tanya Chutkan, nombrada por Barack Obama, y conocida por la dureza de sus fallos en casos del asalto al Capitolio.
El fiscal especial Jack Smith, que por encargo del Departamento de Justicia supervisa esta causa y la de los papeles de Mar-a-Lago, se ha mostrado confiado en que Trump tenga “un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”.
Los cargos
Si en la causa abierta contra él en Florida está acusado de 37 delitos, en la de Washington le han caído cuatro cargos. Uno, por conspiración “con deshonestidad, fraude y engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, escrutinio y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Asimismo, se enfrenta a una pena máxima de 20 años por conspirar para impedir que el Congreso certificara los resultados de las urnas, y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. El cuarto cargo conlleva una posible sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas.
Los cuatro delitos presentados por fiscal Smith son conspiración para violar derechos civiles protegidos por ley, conspiración para defraudar al gobierno, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiraciones para obstruir un procedimiento oficial. Los primeros dos cargos llevan condenas hasta de cinco años de prisión, los otros dos, hasta 20, si es declarado culpable en un juicio.
Además, menciona que Trump tenía seis co-conspiradores, pero no los identificó, lo que llevó a especular que próximamente serán formalmente acusados. Las acusaciones detallan un esfuerzo de usar el poder para subvertir un proceso electoral y violar el principio democrático fundamental de la transición pacífica del Poder Ejecutivo con el objetivo de mantenerse en el poder, todo en contra de la voluntad del electorado.
La acusación es resultado de una intensa investigación del equipo del fiscal federal durante unos ocho meses, antecedidas por una extensa investigación de un año realizada por una comisión especial del Congreso, ambas girando en torno a lo que ocurrió en los dos meses entre la elección presidencial de noviembre de 2020 y el asalto al Capitolio por fanáticos estimulados por Trump para intentar frenar la certificación de los resultados de la elección.
A pesar de esta grave acusación sin precedente, por ahora para decenas de millones de personas en este país Trump debería de ser reelecto en 2024. El presidente de la cámara baja, el republicano Kevin McCarthy, quien de acuerdo con la Constitución es el tercero en línea para la presidencia, de inmediato reaccionó a la noticia declarando que esta acusación era un intento de distraer al público de la corrupción del gobierno de Biden y un esfuerzo para descarrilar la campaña presidencial de Trump, algo que otros republicanos (aunque no todos) repitieron.
Tal vez más alarmante para opositores de Trump es que las encuestas realizadas después del anuncio de cargos criminales contra el ex presidente en otros casos registraron un creciente apoyo. Pero los comicios generales programados para noviembre de 2024 están muy lejos
Para los demócratas, lo más preocupante de los sondeos es que Trump está empatado con el presidente Joe Biden en una contienda hipotética entre los dos si la elección fuera celebrada hoy. Quizá lo más importante, es que creó una fractura duradera en las instituciones estadounidenses y sembró un odio divisivo que cada día envenena la vida cívica de la nación.
*Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)