Panorama Económico Latinoamericano – Del 26 de julio al 02 de agosto de 2023
América Latina necesita regular toda la cadena del plástico
Humberto Márquez
Países de América Latina y el Caribe han avanzado en regulaciones parciales para reducir la contaminación por plásticos, pero el problema ya es grave y desde el activismo ambiental se reclaman normas sobre toda la cadena de producción, consumo y disposición de residuos de esos productos.
La liberación de los desechos plásticos en el ambiente “es la punta del iceberg de un problema que comienza mucho antes, desde la explotación de los hidrocarburos, hasta el transporte y transformación de esos precursores de un sinfín de productos”, dijo a IPS el experto colombiano radicado en Suiza, Andrés del Castillo.
Para la bióloga ecuatoriana María Esther Briz, activista de la campaña internacional BreakFreeFromPlastic (Libérate de los plásticos), “la contaminación por plásticos en nuestros países no está en camino a convertirse en un gran problema: ya lo es”.
“Desde la extracción de materias primas, pues sabemos que 99 % del plástico es hecho de combustibles fósiles -petróleo y gas-, más los contaminantes que se liberan durante la transformación en resinas y en el consumo, y en la más conocida fase de cuando son residuos, nuestra región ya está muy afectada”, dijo la activista a IPS desde la ciudad colombiana de Guayaquil.
La producción de plásticos en la región supera los 20 millones de toneladas anuales (TM)- casi 5 % del total mundial de 430 millones de TM- y el consumo llega a 26 millones de TM al año, según la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (Gaia, en inglés), una coalición de 800 organizaciones ambientalistas.
La mayor capacidad instalada para la producción está en Brasil (48 %), seguido de México (29 %), Argentina (10 %), Colombia (8,0 %) y Venezuela (5,0 %).
El consumo anual promedio en América Latina y el Caribe es de unos 40 kilos por habitante, y cada año la región arroja a ríos, lagos, mares y océanos 3,7 millones de toneladas de basura plástica, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Del Castillo, abogado sénior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (Ciel, en inglés), advierte que “si la tendencia no se revierte, de aquí a 2050 la producción plástica llegará a 1200 millones de TM anuales. Parodiando a Gabriel García Márquez, ese es el tamaño de nuestra soledad”.
“Por eso nuestro principal llamado es hacia una moratoria inmediata en el aumento de la producción de plásticos, seguida de una reducción escalonada de la oferta, y complementada con otras medidas cruciales como los sistemas de reutilización y relleno”, expuso del Castillo desde la ciudad de Ginebra.
Enemigo temible
Para la salud, la cadena de vida del plástico aparece como enemiga por la liberación de más de 170 sustancias tóxicas en el proceso de producción de la materia prima, en la refinación y fabricación de sus productos, en el consumo, y en la gestión y disposición de sus residuos.
Una vez que llega al ambiente, en forma de macro o microplásticos, se acumula en las cadenas alimentarias terrestres y acuáticas, contamina las aguas y ocasiona serios daños a la salud de las personas, a especies animales –como las acuáticas que mueren al consumir o asfixiarse con esos productos- y al paisaje.
También representa 12 % de los desechos urbanos. El Pnuma estima que los costos sociales y económicos de la contaminación mundial por plásticos oscilan entre 300 000 y 600 000 millones de dólares al año.
También afectan al clima: los 20 mayores productores mundiales de polímeros vírgenes utilizados en plásticos de un solo uso, encabezados por las empresas petroleras Exxon (Estados Unidos) y Sinopec (China), generan al año 450 millones de TM de gases de efecto invernadero que recalientan el planeta, casi tanto como todo el Reino Unido.
Y prominentes villanos son los plásticos de un solo uso, como empaques, botellas y vasos para bebidas y sus tapas, colillas de cigarrillos, bolsas de supermercados, envoltorios de comida, pajillas, agitadores. De ello se fabricaron 139 millones de TM solo en 2021, según un índice que produce la australiana Fundación Minderoo.
Tras dispararse las alarmas en las Naciones Unidas, se estableció el Comité Intergubernamental de Negociación sobre la contaminación por plásticos, integrado por 175 países. Ya celebró el año pasado sus dos primeras reuniones, en Montevideo y París, y tendrá la tercera en noviembre en Nairobi, en un proceso destinado preparar un tratado internacional vinculante sobre la contaminación por plásticos.
Como si no bastara el auge de la producción, consumo y desecho indebido de plásticos, la región latinoamericana suma la importación de basura plástica desde otras latitudes.
Estudios de Gaia y el grupo de prensa peruano Ojo Público indicaron que en la última década (2012-2022) México, Ecuador, Perú, Chile y Colombia ingresaron más de un millón de toneladas de ese tipo de residuos, desde distintas partes del mundo.
Aunque se alega que la basura plástica se vende para ser reciclada y convertirse en materia prima para productos de menor calidad o textiles, eso rara vez ocurre y termina agregándose a los millones de toneladas que cada año van a los vertederos.
“No podemos hacernos cargo de nuestros propios residuos y sin embargo estamos importando basura plástica de otros países, muchas veces con muy poca claridad y transparencia, con lo cual no tenemos una trazabilidad de lo que se importa so pretexto de reciclaje”, deploró Briz.
Llegan leyes y normas
En el lado positivo de este drama, Antigua y Barbuda se convirtió en 2016 en el primer país de la región en prohibir las bolsas de plástico de un solo uso, en un proceso que paulatinamente ha sumado los envases de poliestireno para guardar alimentos, así como platos, vasos, cubiertos, copas de un solo uso.
Desde entonces, ya son 27 de los 33 países latinoamericanos y caribeños los que han decretado leyes nacionales o locales para reducir, prohibir o eliminar los artículos de un solo uso y, en algunos caso, otros productos plásticos.
“Hay de todo: países que tienen ya normas fuertes para la regular los plásticos, sobre todo los de un solo uso, y se aplican. Otros tienen una normativa muy buena pero no se aplica, en otros no existen normas, y hay países donde no pasa nada”, dijo Briz.
En Argentina una resolución de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible abarca el ciclo de vida del plástico (producción, uso, desechos y reducción de la contaminación) y una ley de 2020 prohíbe los productos cosméticos y de higiene personal que contengan micro perlas de plástico.
Belice, Chile, Colombia, la mayoría de los estados de México y Panamá dispusieron normas para proscribir o limitar progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso, y lo mismo ha sucedido en urbes brasileñas como Río de Janeiro o São Paulo. Pero en algunos casos existen dudas sobre el cumplimiento eficaz de esas disposiciones.
Brasil cuenta desde 2019 con un Plan Nacional de Lucha contra la Basura en el Mar que, sin embargo, aún no se ha puesto en marcha. Costa Rica también tiene un Plan Nacional de Residuos Marinos, que busca reducirlos con apoyo de las comunidades.
Ecuador está transformando las Islas Galápagos en un archipiélago limpio de plástico, y eliminó gradualmente en 2018 las bolsas de plástico, las pajitas, los envases y botellas “para llevar” hechos de polietileno.
Vallas, incluso fabricadas con desechos plásticos recuperados, se están instalando en ríos de Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, para recoger los desechos plásticos y evitar que la corriente los lleve hasta el mar.
En Guatemala, según recordó Castillo, fue pionero el municipio San Pedro La Laguna, en la cuenca del lago Atitlán, que en 2016 prohibió la comercialización de pajillas para bebidas y de bolsas plásticas, y la alcaldía ganó en tribunales pleitos sobre esa ordenanza e irradió su ejemplo a todo el país.
Del basurero a la petroquímica
Del Castillo, el especialista ecuatoriano, afirmó que “aparte de iniciativas de naturaleza voluntaria, de planes de acción regionales, y de regulación de productos plásticos de un solo uso, la negociación en curso de un tratado internacional promete ser el camino al que se ha optado para poner fin a la contaminación por plástico”.
Ese texto debería cubrir “todas las emisiones y riesgos de los plásticos durante la producción, uso, manejo de desechos y fugas”, señaló del Castillo, pero “no hay que esperar al tratado para actuar: los Estados pueden desde ya decir ‘No a la expansión de la capacidad de producción de plásticos vírgenes’”.
La Fundación MarViva, que trabaja sobre la contaminación marina en Colombia, Costa Rica y Panamá, sostiene que “la mejor forma de gestionar los desechos de plástico de un solo uso es no generarlos”, y aboga por desincentivar la producción, uso y consumo de esos materiales.
Pero ante propuestas como esa “uno de los mayores obstáculos tiene que ver con el poder económico que tiene la industria petroquímica, que se niega a reducir su producción. En América Latina tenemos como los mayores productores de plásticos a las petroquímicas de México y Brasil”, destacó Briz, la bióloga ecuatoriana.
“El plástico es un producto barato, ya que no se consideran sus costos ambientales y sociales, y si su costo de producción y distribución es barato no lo es el que se carga sobre la salud de las personas y el ambiente”, abundó la activista.
En resumen, para los activistas un enfoque basado solo en reciclaje y prohibiciones, tendrá un alcance limitado, mientras no se imponga una moratoria a la expansión de la producción de plásticos, con un mercado global de 600 000 millones de dólares anuales y que al ritmo actual puede triplicarse en las próximas dos décadas.
Estrés hídrico, el problema de cada día en el sur agroexportador de Perú
Vivir sin agua en una zona desértica es el día a día de Ortensia Tserem, una mujer indígena del pueblo wampis, con su hábitat en la selva amazónica del noreste de Perú, que llegó hace tres años a la periferia de la ciudad costera de Ica con el sueño de mejorar la situación económica de la familia.
Sin embargo, las penurias para abastecerse del recurso hídrico castigan su vida. Cada semana debe comprar agua a los camiones cisterna, lo que la obliga a gastar en el líquido unos 56 dólares mensuales, algo excesivo para los ingresos familiares.
“Tengo una niña de tres añitos y un bebe de un año, lo más difícil es asegurar agua para su aseo y limpieza, para que no se enfermen”, declaró a IPS mientras mostraba los bidones de plástico donde almacena el líquido dentro de su precaria vivienda en el asentamiento Intercultural Nuevo Perú a las afueras de Ica, capital del departamento del mismo nombre.
Al igual que la suya, las 150 familias asentadas en esta zona desértica del departamento de Ica, al sur del de Lima, carecen del servicio de agua, desagüe y luz.
Su asentamiento informal es parte de la zona conocida como Barrio Chino, situada en el kilómetro 163 de la Panamericana Sur, una gran arteria que atraviesa el país. Está poblada por mujeres y hombres venidos de localidades de regiones peruanas de Los Andes y la Amazonia, con la esperanza de ser parte de la bonanza agroexportadora de la que se jacta Ica.
“Esa actividad, que aporta 4 % del producto interno bruto (PIB) peruano, es una de las que ha exacerbado el problema de la escasez de agua en Ica, el sexto departamento de menor tamaño de los 24 del país y que tenía en 2022 poco más de millón de habitantes, según el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática.
“Desde inicios del 2000 en Ica estamos sintiendo que se agudiza la escasez de agua debido a la disminución de la napa freática por efecto de la perforación de pozos, cuando luego de la reforma agraria vuelven los grandes latifundios por el tema de la agroexportación”, señaló a IPS el ingeniero Gustavo Echegaray, reputado experto en el tema de recursos hídricos.
La napa freática, recordó, es el agua subterránea y se considera la reserva para el futuro, por lo que su manejo y uso sostenible es un imperativo.
Residente en la ciudad iqueña de Santiago, vive también el racionamiento cotidiano de agua. Reciben una hora diaria de suministro, que aprovechan para diferentes tareas y para llenar tanques domésticos para poder abastecerse.
Esa complicada cotidianidad en las urbes, se torna mucho más crítica en sus periferias.
El lejano derecho al agua
Para Tserem, de 27 años, el derecho al agua garantizado en normas internacionales y en la Constitución de Perú, es solo papel. “Mire cómo nos afecta vivir sin agua, en la salud, en la alimentación, en tener un ambiente sano, en nuestra propia tranquilidad”, explicó mientras recorría con IPS su vivienda de madera.
El sanitario es un silo (letrina), situado al fondo del patio de la vivienda, y la ducha diaria una experiencia ajena para ella y su familia.
Su pareja es un jornalero de una de las grandes fincas dedicadas a cultivos para la exportación, cuyo trabajo oscila según los requerimientos de mano de obra. “Actualmente estamos en temporada baja, no hay cosecha todavía, está trabajando en la poda de mandarina, pero solo unas horas al día”, contó con voz queda.
Menos horas de trabajo implican la reducción de sus ingresos y por tanto el dolor de cabeza de ver cómo se junta el dinero necesario para la compra del agua.
Ella también se emplea en periodos de cosecha y en otros momentos donde crece la demanda en las grandes fundos cercanos, y el resto del tiempo se dedica a cuidar a sus hijos y a las tareas domésticas.
Para María Huincho, de 39 años, también migrante, en su caso del andino departamento de Huancavelica, colindante con la zona alta de Ica, la situación es similar. Llegó con su pareja y sus tres pequeños hijos con la ilusión de trabajar en alguna de las fincas productoras de arándanos, uvas, mandarinas, alcachofas o espárragos, entre otros.
“Ya tengo tres años aquí y lo más difícil es estar sin agua, yo me baño una vez a la semana, no se puede más”, comentó a IPS. Es vecina de Tserem y se apoyan en las labores cotidianas. “Aquí nunca se puede estar sin hacer nada”, dijo sonriendo mientras miraba a su alrededor, una gran pampa de arena donde se levantan las casitas de madera.
Ica es conocida mundialmente por sus Líneas de Nazca, expresión de la cultura preincaica del mismo nombre, que desarrolló la tecnología hidráulica con una amplia red de acueductos, que cuando se conoció asombró al mundo.
Hoy, el estrés hídrico es una realidad en gran parte del departamento, uno de los más afectados por la creciente escasez hídrica en este país sudamericano de 33 millones de habitantes.
Desbalance hídrico
Según las Naciones Unidas toda persona requiere de 20 a 50 litros diarios de agua limpia y segura para cubrir sus necesidades para una vida saludable. Perú, pese a contar con una gran diversidad de fuentes hidrográficas, no garantiza el derecho al agua a su población.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) ha proyectado que para 2030, 58 % de la población peruana vivirá en zonas afectadas por la escasez del agua. La sobreexplotación es una de las razones.
El ingeniero Echegaray recuerda a IPS desde su ciudad que al finalizar la década de 2000 la frontera agrícola en Ica era menor y que con el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), quien cambió el modelo económico a un régimen de libre mercado, se adjudicaron tierras que eran eriales para la inversión de empresas.
“La frontera agrícola ha crecido mucho en el lado de lo que era desierto, en la pampa de Villacurí, que está antes del ingreso a (la ciudad de) Ica y también en el valle bajo. Por la tecnología de riego que se empieza a aplicar logran habilitar una gran cantidad de tierras eriazas con la perforación de nuevos pozos, lo que se hizo sin control hasta el año 2009”, refirió el especialista.
La consecuencia se evidenció, detalló Echegaray, en la disminución del agua para los cultivos de la pequeña agricultura y para abastecer el consumo humano.
“La población de (departamento de) Ica ha crecido y a la vez la cantidad de agua ha disminuido. Se ha generado un problema serio en la parte baja de la provincia (también llamada Ica) y en general en la mayoría de los distritos donde el agua es racionada, hay zonas donde las familias acceden al recurso una o dos horas por semana o cada 15 días”, dijo.
Agregó que por la sobreexplotación de los pozos la napa freática está más frágil y que se está produciendo un desbalance hídrico, es decir que la cantidad de agua que se infiltra en los acuíferos es menor a la que se extrae mediante los pozos.
Sin agua la vida es muy dura
En marzo del 2009 se aprobó la Ley 29338 sobre los recursos hídricos, que regula las zonas de protección y las de veda.
Esa última se refiere a la “prohibición de ejecutar obras de aprovechamiento hídrico; el otorgamiento de nuevos permisos, autorizaciones, licencias de uso de agua y vertimientos”. La estatal Autoridad Nacional del Agua (Ana) ya la aplicó para los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas, los tres en el departamento iqueño.
Sin embargo, pese a la veda, siguen apareciendo informaciones de la propia Ana sobre pozos nuevos en esos acuíferos. “No todos son detectados”, se lamentó Echegaray
Rosa Huayumbe, de 47 años, nació en la ciudad amazónica de Iquitos y su amiga Alicia Fernández, de 30, en la iqueña Pisco. Llegaron al barrio de Dos de Mayo en el municipio iqueño de Subtanjalla hace ocho años, y en todo ese tiempo nunca han contado con agua potable en su domicilio.
Es una zona en pobreza, desértica, donde la arena cubre las calles sin asfaltar y las pequeñas viviendas, la mayoría de madera.
Están en una zona empinada y deben desenrollar metros de manguera para que el camión cisterna pueda suministrarles el agua hasta sus hogares. Ellas compran el equivalente a tres dólares cada día, y con esa cantidad se arreglan para las necesidades básicas.
“Trabajamos en los fundos, ahorita solo hay labor para hombres, que es la poda. Tenemos más tiempo para estar con los hijos pero sin dinero y es un problema para comprar el agua”, comentó Huayumbe a IPS.
“Lo peor es no tener agua, al sol te acostumbras, a los vientos… pero sin agua ni desagüe es muy difícil. No nos vamos porque no tenemos otro lugar, solo esperamos que las autoridades cumplan lo que nos prometieron de candidatos, de poder tener agua potable”, agregó Fernández, durante una pausa en la empinada calle que las regresa a sus casas.
Echegaray advierte que si no se corrige la situación actual, Ica colapsará y se quedará sin agua. Plantea la realización de estudios que determinen el desbalance hídrico, que se estima entre 38 y 90 millones de metros cúbicos anuales. “Demasiada diferencia”, anotó.
También propone poner en funcionamiento algunas presas naturales e incrementar las experiencias de siembra y cosecha de agua, obras que recuperan técnicas ancestrales para infiltrar los acuíferos
Energía eólica costa afuera en Colombia: esperanza y cautela
“El viento y la fuerza del mar nos ubican en una zona privilegiada para la instalación de proyectos de generación eólica. Esto nos permitirá ser el primer país en Latinoamérica en producir este tipo de energía costa afuera”, dijo la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, cuando anunció a fines de mayo la subasta para los primeros proyectos de generación de energía eólica costa afuera del país.
Solo unos días después, el gobierno puso en funcionamiento el primer portal informativo sobre el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia. Aquí irán mostrando los avances en el desarrollo de esta tecnología que, por intermedio de unos molinos, aprovecha la constancia y la fuerza del viento en alta mar que no tiene barreras que le generen resistencia, como sí puede suceder en tierra firme.
Según Vélez, los pliegos deberían estar listos en agosto. Quienes obtengan los permisos podrán adelantar estudios, tramitar licencias y realizar actividades para acceder a una concesión marítima con el fin de construir y operar parques eólicos offshore (costa afuera). Sin embargo, los retos son muy grandes.
Renovables estancadas
Un informe reciente de SER Colombia, la asociación que agrupa al gremio de las energías renovables del país, precisó que, de los 80 proyectos de energía renovable no convencional que hay en Colombia ―eólicos y solares― que tenían programado iniciar operación entre 2023 y 2024, solo el 35% avanza sin problema. El resto presenta retrasos por conflictos sociales, ambientales o jurídicos.
Como el proyecto eólico Windpeshi, de la empresa ENEL, ubicado al extremo norte de Colombia, en el departamento de la Guajira. El pasado 24 de mayo se anunció la suspensión indefinida de su construcción, tras dificultades en los acuerdos con algunas comunidades indígenas wayuu, habitantes ancestrales del territorio.
No ha sido el único caso. Colectora, un proyecto que transportaría la energía de siete parques eólicos de la Guajira al resto del país, lleva tres años de retraso. Otros proyectos de energías renovables no han podido ingresar al Sistema Interconectado Nacional, o red eléctrica nacional, donde entregan la energía.
El potencial de los océanos
La energía eólica costa afuera se ha mostrado como una alternativa prometedora. Solo en 2021, la capacidad mundial instalada de plantas eólicas marinas se triplicó, alcanzando cifras récord, ya que se añadieron 21,1 gigavatios (GW) de nueva capacidad frente a los 6,1 GW de adiciones de 2020.
Colombia está entre los lugares del planeta que resaltan por su potencial eólico. “Somos el único país de Sudamérica que tiene dos océanos y una extensión enorme de mar territorial, equivalente a casi el 50% del país”, asegura Andrea Devis-Morales, oceanóloga y PhD en oceanografía, con amplia experiencia en producción energética costa afuera.
«Somos el único país de Sudamérica que tiene dos océanos y una extensión enorme de mar territorial, equivalente a casi el 50% del país», señaló Andrea Devis-Morales.
Devis-Morales trabaja un proyecto para determinar el potencial de los mares en Colombia en cuanto a energías renovables en la Universidad Nacional en Medellín. No solo se enfoca en el viento, sino también en el oleaje, las corrientes, los cambios de temperatura y los cambios de salinidad.
Sin embargo, la investigadora resalta que la eólica tiene una ventaja sobre las otras formas de generación de energía.
“Potenciales como el gradiente térmico o salino no cuentan todavía con una tecnología lo suficientemente avanzada. En cambio, la tecnología para extraer energía del viento ha avanzado mucho, así como la tecnología para mantener unas plataformas a flote a pesar del clima y las variaciones meteorológicas intensas”, explica.
Pendientes por resolver
Pese a que el gobierno afirmó que busca ejecutar a corto plazo la primera ronda de asignación de permisos de ocupación temporal para la eólica costa afuera, las reglas del juego todavía no están tan claras.
Desde el 2020 se empezó a construir en el país un marco regulatorio específico para esta energía. En mayo de 2022 se publicó la hoja de ruta con los potenciales y retos de la eólica offshore a mediano y largo plazo en Colombia, y, recientemente, con la resolución 40284 de agosto de 2022, se plantearon las condiciones para otorgar un permiso de ocupación temporal a las empresas como primer paso para el desarrollo de dichos proyectos.
La costa Caribe colombiana, donde se presenta el mayor potencial para la energía eólica fuera de costa en el país, es también un lugar con zonas protegidas, áreas de importancia biológica y ecológica, hábitats críticos y clave para la conservación de especies y ecosistemas. Sus aguas son utilizadas por pesquerías artesanales y comerciales, y parte de la zona continental es territorio ancestral de comunidades indígenas.
Además, es una zona de alto tráfico marítimo, de turismo, de pesca o de carga, muy cercana al canal de Panamá, y con áreas asignadas para exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.
La Dimar, autoridad marítima encargada de controlar y autorizar las actividades marítimas y costeras en Colombia, se encargó de determinar las áreas con “bajos niveles de conflictividad”, donde se permitiría el desarrollo de los proyectos eólicos offshore y su coexistencia con otras actividades marinas.
Como señala la hoja de ruta, a mayor escala, aumentan los riesgos de impactos sociales y ambientales, por lo que “se requerirán datos, participación y una planificación espacial marina cuidadosa para minimizarlos”.
Eso mismo señala un informe reciente de CLEANaction, una plataforma que reunió a más de 10 organizaciones internacionales para determinar los posibles impactos de varias fuentes de energías renovables.
“Sabemos que la energía renovable es nuestra mejor opción para alcanzar las necesidades de energía sin dañar irreparablemente nuestro clima o naturaleza, pero incluso las renovables pueden ser disruptivas con el ambiente mientras son instaladas y durante su mantenimiento”, dice.
Según el investigador Juan Gabriel Rueda, PhD en ingeniería civil y experto en energía eólica marina, el país aún no cuenta con información suficiente. “No hay un contexto legal claro para regular la explotación sostenible y segura de la energía eólica no convencional”, señalaba en una investigación publicada en 2019. Y sus percepciones no han cambiado.
«La hoja de ruta, que es la que está guiando hoy las discusiones, no tuvo en cuenta la investigación que se había hecho aquí en Colombia sobre el tema. Se tomaron decisiones sin consultar a la academia del país y al Estado le falta mucha información, justificando entonces la contratación de consultorías extranjeras que, si bien tienen experiencia, no tienen en sus países las condiciones y particularidades sociales, ambientales y culturales que tenemos nosotros”, explica.
Entre otros desafíos están los impactos en las aves migratorias. “Los peligros que presentan la construcción de parques eólicos costa afuera para las aves siguen siendo principalmente: la barrera que presentan al movimiento, la pérdida de hábitat y el riesgo de colisión”, se lee en la hoja de ruta.
Una preocupación similar se tiene con los mamíferos marinos, como delfines o manatíes.
En el Caribe colombiano se han identificado 29 especies, es decir, el 83% de las especies registradas en Colombia, que pueden ser particularmente sensibles a actividades de construcción, al ruido submarino y al riesgo de colisión con embarcaciones.
“Actualmente no hay un mapa de acústica marina, de los niveles de ruido actuales, y no sabemos cómo (el desarrollo de proyectos eólicos offshore) puede impactar a las especies marinas”, señala Rueda.
Un mecanismo que ha implementado Colombia para la disminución o compensación de esos impactos es la licencia ambiental. La legislación nacional establece que, quienes quieran adelantar este tipo de proyectos, deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que será el punto de partida para que se otorgue o no la licencia.
Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) son los encargados de publicar los términos de referencia para la elaboración de los EIA de los proyectos eólicos costa afuera, al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta sobre los avances.
El 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, se publicó un estudio que indicaba que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero habían alcanzado un máximo histórico de 54 gigatoneladas de CO2 equivalente al año, en promedio, en la última década.
Si el mundo está dispuesto a trabajar para limitar el calentamiento global a 1,5° para final de siglo, es necesario que las energías renovables representen más del 90% de la generación de electricidad para 2050. Un gran reto que necesita más que buenas intenciones.
Bolivia apunta a captar $us 9.600 millones por el litio en 2026
Consolidado como el primer país con los mayores recursos de litio a escala mundial, Bolivia apunta a generar ingresos por Bs 9.600 millones el año 2026, reveló el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta.
“Como meta, por ejemplo, tenemos un desafío implementado al 2026 y es el hecho de obtener 9.600 millones de dólares por ingresos de lo que es la implementación de esta tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), la construcción y puesta en marcha de esta producción a través de la planta de carbonato de litio para lo que es la producción en escala industrial”, explicó en contacto con Panamericana.
La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) es la encargada de explotar y transformar el litio boliviano y en ese propósito firmó convenios con dos empresas chinas y una rusa, que comprometieron $us 2.800 millones de inversión, bajo un modelo de negocios soberano.
En enero, la empresa estatal firmó un acuerdo con el consorcio chino CBC (Catl Brunp & Cmoc), para emplazar dos complejos industriales con tecnología EDL. Garantizó $us 1.400 millones para la edificación de dos factorías en los salares de Uyuni y Coipasa, con una capacidad de producción de hasta 50.000 toneladas (25.000 t cada una) de carbonato de litio al año.
En junio fueron concretados los acuerdos con la Corporación Citic Guoan (perteneciente a Citic Group de China) y la empresa Uranium One Group (perteneciente a la Corporación Rosatom de Rusia), que comprometieron $us 1.400 millones para la construcción de dos plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en Pastos Grandes y Uyuni.
En paralelo, la estatal edificó la Planta Industrial de Carbonato de Litio y en la actualidad se encuentra en la “etapa final de pruebas” para arrancar la producción industrial de 15.000 toneladas anuales en los siguientes meses, recordó el viceministro.
La construcción de esta importante factoría industrial demanda una inversión de alrededor de $us 96,4 millones. Está emplazada en pleno salar de Uyuni del departamento de Potosí.
El carbonato de litio es una materia prima para la fabricación de baterías y ante la creciente producción de vehículos eléctricos, la demanda de éste y otros derivados de litio se disparó en el mercado internacional.
Además, YLB junto con la Universidad Técnica de Oruro y una empresa francesa desarrolló una tecnología 100% boliviana para explotar el litio, cuyos recursos de Bolivia suman 23 millones de toneladas (t) en los salares de Uyuni (21 millones de t), Coipasa (1,8 millones de t) y Pastos Grandes (200.000 t)
Con estos recursos, Bolivia se consolida como el país con el reservorio de litio más grande del mundo, le sigue Argentina con 19,3 millones de toneladas y Chile con 9,6 millones de toneladas, reforzando, además, la ventaja del “Triángulo del Litio” que concentra más del 60% de ese recurso estratégico en el planeta.
A la fecha, Bolivia cuenta con la certificación bajo la norma NI 43-10 de 21 millones (t) de ese metal estratégico en el Salar de Uyuni (Potosí), y se tramita la certificación internacional de los nuevos recursos cuantificados.
Para los siguientes meses, la estatal YLB tiene previsto realizar trabajos de exploración en otros cinco salares más (Pastos Grandes, Cañapa, Capina, Chiguana y Empexa), con el fin de determinar el potencial de recursos evaporíticos e incrementar los recursos de litio para el país.
Mayta señalo que la cuantificación “permite tener más certidumbre sobre la cantidad de recursos” que posee el país.
Dijo además que con la tecnología que desarrolló YLB y que será aplicada en uno de los salares nos “independiza de la tecnología extranjera y de las metodologías extranjeras”.
“Si bien vamos a continuar buscando la atracción de inversiones, ya no va a ser para poder tener una manera de explotar nuestros recursos, sino va a ser para diversificar y masificar lo que es esta actividad para generar una mayor potencialidad para el país”, aseguró.
Venezuela superará en 2023 un millón de barriles diarios
Víctor Lara
La producción petrolera del país será superior al millón de barriles diarios para finales de 2023, así lo anunció el ministro para el Petróleo, Pedro Tellechea.“Podemos decir hoy nosotros que estamos por encima de los 800 mil de barriles diarios, eso está publicado en todas las redes de información de la Opep”, señaló.
El ministro explicó que para que se produzca este incremento se está cumpliendo con una planificación y con los procesos industriales que corresponden, que es la exploración, producción y exportación.
También anunció que en los próximos días se estará firmando el contrato para la cuantificación de nuestras nuevas reservas de gas, “que eso nos va a posicionar como el mejor país energético del mundo“, agregó. En este sentido, invitó tanto a las empresas nacionales como internacionales que quieran participar, bajo la legalidad de Venezuela, para su exportación.
Otro dato importante fue el aumento de 20% de las exportaciones de crudo, aunque no ofreció cifras concretas, y desmintió que la industria petrolera paralizara alguna exportación. Recordó que Petróleos de Venezuela tiene 600 sanciones directas, lo que dificulta aumentar la producción.
“Vamos a incrementar Petróleos de Venezuela, va a crecer Petróleos de Venezuela, el país va a seguir brillando y vamos a seguir dando pie a que seamos los primeros productores de petróleos como hemos venido siendo, con las dificultades que tenemos”, agregó.
Durante su ponencia, el ministro aseguró que la empresa petroquímica filial Monómeros no tiene deudas y que está en manos de Pequiven en pleno funcionamiento.
“Está atendiendo 40% de la demanda agraria de Colombia”, agregó Tellechea, quien informó que se firmó una alianza con una empresa internacional con el fin de reactivar la cadena de fertilizantes, las plantas de plástico y de cloros para la potabilización.
Respecto a las alianzas internacionales, comentó que en su reciente gira por Rusia revisaron el estatus de sus cinco empresas mixtas.
“En los próximos días vamos a ver como vienen otra vez el levantamiento de nuestras cinco empresas mixtas”, dijo el ministro, quien adelantó que se realizó un convenio con una universidad del gas en ese país para la formación de jóvenes trabajadores de Pdvsa.
Lula quiere recuperar cooperación de Brasil con África
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en Cabo Verde, donde hizo escala y se reunió con su par José Maria Neves, que el Gobierno de Brasil desea recuperar la cooperación con África. Este resultó el primer compromiso de Lula en ese continente en su tercer mandato que asumió el 1 de enero.
A su regreso de un viaje a Bélgica, donde participó lunes y martes en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (UE), el gobernante brasileño programó un pasaje relámpago por el archipiélago en la costa africana que, al igual que Brasil, forma parte de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.
Lula y Neves hicieron una declaración en Praia, capital caboverdiana, tras del encuentro transmitido por la televisión pública nacional y en que el segundo ponderó el retorno del gigante sudamericano a los foros de discusión internacionales.
Con este retorno, según el fundador del Partido de los Trabajadores, el Gobierno pretende retomar los nexos con los países de África.
«Queremos ahora con mi regreso a la Presidencia recuperar la buena y productiva (relación) que Brasil tenía con el continente africano», señaló el exsindicalista.
Prometió regresar a Cabo Verde para una visita de jefe de Estado, con el fin de discutir la relación entre las dos naciones.
También adelantó que planea visitar una serie de naciones de África, en este y el próximo año, y que desea abrir embajadas en países de la región sin representación.
De igual manera, el extornero mecánico apuntó que procura escuchar a expertos para definir cómo Brasil puede auxiliar a países africanos y en tal sentido mencionó áreas como educación, industria y agricultura.
Tal ayuda sería una forma de pago por el período en que africanos fueron esclavizados en Brasil.
«Los brasileños estamos formados por el pueblo africano. Nuestra cultura, nuestro color, nuestro tamaño, es el resultado de la mezcla de indios, negros y europeos», recordó el petista.
Insistió en que se tiene «una profunda gratitud al continente africano por todo lo ocurrido durante 350 años de esclavitud en nuestro país».
Panorama internacional
Seguridad alimentaria en la OMC, entre el hambre y la mentira
Eduardo Camín*
El programa de trabajo sobre la seguridad alimentaria del Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), centrado en las necesidades de los países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (PDINPA), entró en una etapa decisiva con la meta de alcanzar un acuerdo sobre las recomendaciones para noviembre próximo.
El coordinador saliente, Marcel Vernooij (Países Bajos) señaló que “El propósito de mis sugerencias es agudizar sus debates posteriores a agosto para permitirles obtener resultados tangibles de los muy ricos debates y conversaciones que hemos mantenido en el marco del programa de trabajo”.
Los participante hicieron hincapié en la necesidad de un equilibrio entre las medidas inmediatas a corto plazo para responder a las emergencias y los esfuerzos de fomento de la resiliencia a largo plazo, y subrayaron la importancia de abordar los problemas de financiación a que se enfrentaban los PMA y los PDINPA en el fortalecimiento de la producción y la resiliencia.
Examinaron la necesidad de aumentar la transparencia en el comercio y los mercados internacionales y regionales de alimentos, racionalizar los requisitos de transparencia de la OMC sobre la ayuda alimentaria internacional y mantener un equilibrio entre las dimensiones de importación y exportación de las recomendaciones propuestas.
Egipto consideró que eximir a los PMA y los PDINPA de las restricciones a la exportación debería ser una “regla general”. Propuso establecer un marco en la OMC sobre coordinación y evaluación de la ayuda alimentaria y sugirió establecer mecanismos de financiación específicos para los países importadores de alimentos. También abogó por un enfoque global para abordar la seguridad alimentaria, que abarcaría “asistencia para el desarrollo a largo plazo, soluciones a corto plazo y flexibilidades relacionadas con el comercio”.
El Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) hizo hincapié en la necesidad de varias medidas específicas, incluida la simplificación y armonización de las reglamentaciones transfronterizas y la transparencia del comercio regional y mundial de alimentos, además de subrayar la necesidad de acceso a servicios e instrumentos de financiación de importaciones de alimentos bien diseñados, mantenimiento de las existencias mundiales de seguridad alimentaria y acciones responsables de importación y exportación durante la escasez de alimentos.
Además, hizo hincapié en la importancia de invertir las tendencias decrecientes en los desembolsos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y la dependencia de los compromisos cuantitativos de ayuda alimentaria en virtud de la Convención sobre Asistencia Alimentaria para garantizar la suficiencia de la ayuda alimentaria durante los aumentos de los precios mundiales.
Las contradicciones del avispero occidental
Paradojalmente, en el marco de un organismo que está directamente ligado a través del comercio internacional a coordinar aspectos esenciales de las actividades agrícolas de los PMA, llamó la atención el tono con que se trataba este tema sobre la seguridad alimentaria, digamos que se actuaba casi como un contraejemplo al zumbido del avispero que montaba los países occidentales de la OTAN, junto a la prensa internacional sobre como Rusia llevaría a la humanidad a morir de hambre.
Una vez más todo se limita a la conjunción de las dificultades ocasionadas por la financiación. Algunos miembros destacaron que era esencial mantener las actividades agrícolas en los PMA y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios en tiempos de crisis, y que urgía ayudarles a superar las dificultades financieras para garantizar el acceso de los agricultores a las semillas y los abonos.
Pero otros señalaron la limitada adopción del Mecanismo para las Perturbaciones Alimentarias del Fondo Monetario Internacional, un nuevo canal de financiación de emergencia para los países que luchaban por hacer frente a la subida de los precios de los alimentos, y también se plantearon la forma en que los sectores público y privado podían colaborar para hacer frente a la escasez de financiación.
El Grupo también examinó la financiación de las importaciones, incluidas las garantías y los créditos a la importación que podían proporcionar medios financieros complementarios a los gobiernos de los PMA y los PDINPA para apoyar a los comerciantes importadores y facilitar las importaciones de alimentos.
¿Culpa de Rusia? o la mala fe beligerante
Los marcos referenciales crean determinada realidad social dirigiendo la atención hacia lo que interesa y desviándola de los aspectos centrales de esa actividad o realidad. Esta atención selectiva resulta de gran utilidad en algunos casos, pero la capacidad de mantener cierta información al margen del marco de referencia cae presa de una confabulación que compra la comodidad social al precio de omitir importantes verdades.
Desde mucho antes de la guerra, jefes de organismos internacionales pidieron a gobiernos y países donantes la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de seguridad alimentaria y nutricional sin precedentes, tras destacar que 349 millones de personas en 79 países sufren de inseguridad alimentaria aguda y que la prevalencia de la subalimentación va en aumento.
A nivel mundial, tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria están aumentando después de décadas de progreso en el desarrollo. Las interrupciones de la cadena de suministro, el cambio climático, la pandemia de Covid-19, el endurecimiento financiero debido al aumento de las tasas de interés y la guerra en Ucrania han causado un shock sin precedentes en el sistema alimentario mundial, con los más vulnerables más afectados.
El Programa Mundial de Alimentos y la FAO necesitan urgentemente fondos para atender de inmediato a los más vulnerables. En 2022 proporcionaron asistencia alimentaria y nutricional a más de 140 millones de personas, sobre la base de un récord de 14 mil millones de dólares en contribuciones.
El Programa envió más de 3.000 millones de dólares en transferencias de efectivo a personas en 72 países y apoyó programas de alimentación escolar en 80 países, incluidos 15 millones de niños a través de apoyo directo y más de 90 millones de niños a través del fortalecimiento de los programas nacionales de alimentación escolar del gobierno.
Por su parte, la FAO ha invertido mil millones de dólares para apoyar a más de 40 millones de personas en las zonas rurales a través de intervenciones agrícolas urgentes. Estas actividades se centraron en los 53 países enumerados en el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias.
Asimismo, el Banco Mundial está proporcionando un programa de seguridad alimentaria y nutricional de 30 000 millones de dólares para el período de 15 meses hasta junio de 2023, incluidos 12 000 millones en nuevos proyectos, todos los cuales se iniciaron antes de lo previsto y 3.500 millones en nuevo financiamiento para la seguridad alimentaria y nutricional en puntos críticos.
Hasta ahora, la nueva ventanilla para las crisis alimentarias del FMI ha respaldado a Ucrania, Malawi, Guinea y Haití, mientras que nueve países que enfrentan inseguridad alimentaria aguda se han beneficiado de su asistencia financiera a través de programas nuevos o ampliados, con un enfoque en el fortalecimiento de las redes de protección social y las políticas para ayudar a hacer frente al impacto de la crisis alimentaria.
Hay que destacar que la batalla sobre el grano ucraniano nada tiene que ver con los derechos humanos. El único interés que tiene son los de las multinacionales de la alimentación y los fondos de inversión occidentales, esencialmente estadounidenses, que han ingresado con capitales en las empresas de cereales ucranianos.
Aprovechando una serie de reformas legislativas durante el 2020 permitieron abrir las puertas de par en par, con una intervención apenas velada del Banco Mundial condicionando sus créditos a medidas que facilitarían la venta del suelo agrícola y el uso de la tierra como garantía para acelerar lo que ellos denominan la inversión extranjera en la agricultura ucraniana. A esto denominan facilitar el comercio y reforzar el papel del sector privado.
En realidad, los cereales (80 por ciento destinados a los países occidentales) como maíz, trigo, cebada y soja, son base de la alimentación, por ejemplo, de los cerdos ibéricos destinados a la categoría de cebo y cebo de campo. Éste es el punto ciego que sería una buena metáfora de la incapacidad para ver las cosas tal como son, una brecha en el campo de visión, un déficit de conciencia.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
El fracaso del sistema financiero global preocupa a la ONU
Mirko C. Trudeau *
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, denunció el fracaso de un sistema financiero internacional que permite que tres mil 300 millones de personas vivan en países donde los gobiernos gastan más en el pago de intereses de su deuda externa que en educación, salud o alimentos.
“La mitad de nuestro mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda”, dijo Guterres. La mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el pago de intereses de su deuda que en educación, salud o alimentos.
Anunció igualmente la creación de un mecanismo que busca aligerar “las barreras a la inversión privada en los países emergentes”, para asociar dicha inversión a la lucha contra el cambio climático. Impulsada por Estados Unidos y apoyada por numerosos países, la reforma de las instituciones financieras internacionales está en negociación desde finales de 2022.
El récord del pasivo público mundial se debe al endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la pandemia de covid-19, y los países en desarrollo son los que más están sufriendo la carga. La mitad del mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda, deploró Guterres. El 70 por ciento de la deuda corresponde a China, India y Brasil. Del total, 52 países, cerca del 40 % del mundo en desarrollo, “tienen importantes problemas de deuda”, recordó.
Estas deudas insostenibles están concentradas en países pobres y no están consideradas como un riesgo sistémico. Son cifras y lamentablemente no un espejismo. Tres mil 300 millones de personas son más que un riesgo sistémico, son un fracaso sistémico.
La composición de esta deuda de los países en desarrollo ha evolucionado, precisó Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). En 2010, los acreedores privados representaban el 47 % de la deuda externa de los países en desarrollo, pero en 2021 se elevó al 62 %. “Mientras estas fuentes privadas pueden proporcionar liquidez vital para los países, los términos suelen ser menos favorables y esto hace la reestructuración más compleja y la deuda pública más cara”, comentó.
Mientras, el nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, anunció que ampliará sus “herramientas” de ayuda internacional con nuevos instrumentos, dijo en una cumbre en París consagrada a repensar las finanzas climáticas. La novedad fundamental, señaló, será “ofrecer una pausa en el pago de la deuda para que los países puedan centrarse en lo que importa cuando hay una crisis, y dejen de preocuparse por la factura que está por llegar”.
Anunció igualmente la creación de un mecanismo que busca aligerar “las barreras a la inversión privada en los países emergentes”, para asociar dicha inversión a la lucha contra el cambio climático. Impulsada por Estados Unidos y apoyada por numerosos países, la reforma de las instituciones financieras internacionales está en negociación desde finales de 2022.
La propuesta se acerca mucho a una idea promovida por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que propugna una pausa en el pago de la deuda en caso de catástrofe natural en un país en desarrollo, vinculada al calentamiento global.
Deuda y desarrollo
Antonio Guterres reclamó sin éxito una reforma de las instituciones financieras internacionales.Los países en desarrollo acumulan casi 30 por ciento de la deuda pública mundial, mientras la arquitectura financiera internacional hace que sel acceso de los países en desarrollo a la financiación sea inadecuado y caro, señaló el informe de la ONU.“La mitad de nuestro mundo se hunde hacia un desastre del desarrollo, alimentado por la aplastante crisis de la deuda”, enfatizó
Tienen el 30 % de esta deuda, que aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos pese a que la deuda cae con relación al Producto Interno Bruto.
Son 59 los países en desarrollo que se enfrentan a un nivel de deuda con relación al producto interno bruto (PIB) superior a 60 por ciento, y que aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos. La deuda aumenta más rápido porque los intereses que pagan son cada vez más altos pese a que la deuda cae con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
En 2010, los acreedores privados representaban 47 por ciento de la deuda externa de los países en desarrollo, pero en 2021 ese porcentaje se elevó a 62 por ciento. En África, la participación de los acreedores creció de 30 por ciento en 2010 a 44 por ciento en 2021, mientras América Latina concentra la mayor proporción de acreedores privados en posesión de deuda pública externa de todas las regiones, con 74 por ciento.
Del total, 52 países –cerca de 40 por ciento del mundo en desarrollo– tienen importantes problemas de deuda, recordó Guterres, quien ha reclamado sin éxito una reforma de las instituciones financieras internacionales. Es un resultado de la desigualdad intrínseca de un sistema financiero obsoleto, que refleja las dinámicas coloniales de la época en que se creó.
*Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)