Horacio Rovelli
Para 1999 la Convertibilidad ya era insostenible, había que salir del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la apertura sin control de nuestra economía, pero el entonces Presidente Fernando De la Rúa no hizo nada para modificar el rumbo, y siguió sosteniendo el sistema en medio de una fuerte recesión económica con altos niveles de pobreza (38,1% de la población según el INDEC).
Ante los incumplimientos del severo acuerdo firmado con el FMI, en noviembre 2001, la Subdirectora del FMI, Anne Osborn Krueger, anunció que la Argentina no recibiría nuevos créditos y esto provocó el pánico bancario en el país. Por la difícil situación, el 3 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció el Corralito, tras la creciente asonada popular. Con los aciagos días del 19 y 20 de diciembre de 2001, De la Rúa renuncia a la presidencia de la República (un día antes renunció Cavallo) y se escapa en un helicóptero.
Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla, hoy que percibimos que las principales ofertas electorales plantean lo mismo que en esos años en que se priorizaba la subordinación al mercado financiero externo. Con la variante actual, no menor, de que se cuenta con recursos estratégicos como es el agua, la producción agropecuaria, hidrocarburos (Vaca Muerta mediante), litio y minerales raros, pero, como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner el 27 de abril de 2023 en La Plata: “No creamos que nos va a salvar Vaca Muerta o nos va a salvar el litio. Nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos, generar distribución del ingreso que reproduce una sociedad más justa y más equitativa”.
El trabajo
Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a abril de 2023 se contaba con 13,1 millones de trabajadores aportantes previsionales, de los cuales 10,2 millones eran trabajadores asalariados (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). Y 2,9 millones entre monotributistas (la mayor parte) y autónomos.
A su vez según publica el Ministerio de Economía de la Nación a ese mes, los salarios brutos nominales en el sector privado registrado por sectores y promedio era de:
Las remuneraciones brutas recibidas por los trabajadores que se desempeñan en la extracción de metales metalíferos (hierro, oro, plata, litio, cobre, etc.) y de la extracción y transporte de hidrocarburos es, en promedio, del doble o más de lo que reciben quienes forman parte de la explotación de otras minas y canteras (arenas, yeso, piedras calizas, etc.), haciendo constar que el Valor Agregado Bruto generado por la minería ha sido un 27,5% mayor al de abril de 2020.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a su vez conforma la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y sostiene que para el mes de abril de 2023 fue de $ 263.481,22. Y esa discrepancia entre la remuneración promedio del CEP- XXI Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía de la Nación y el RIPTE, no se debe a los salarios de los empleados públicos que en promedio (pese a contar con jueces y legisladores) es menor que el de los privados.
Pero más allá de esa diferencia, otra dependencia pública, el INDEC, para abril de 2023 nos dice que la Canasta Básica Total [1] para una familia constituida por matrimonio y dos hijos fue de $ 203.361 que es la que mide el nivel de pobreza, por ende, y por cualquiera que sea el salario promedio que se tome, es claro que gran parte de los trabajadores trabajan y son pobres.
La Canasta Básica Alimentaria para abril 2023 del INDEC para esa familia de cuatro miembros fue de $ 94.148, que es la que mide el nivel de indigencia, cuando el SMVyM (Salario Mínimo Vital y Móvil) de ese mes fue fijado en $ 80.342 (por debajo de la línea de indigencia). Los 1.268.000 beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo”, perciben el 50% del SMVy M, y pese a lo claramente insuficiente de la ayuda estatal en todos los planes sociales, se logra que el nivel de indigencia sea menor al de octubre de 2001.
Al mes de abril de 2023, 7,8 millones de personas perciben planes sociales nacionales, provinciales o, municipales, entre ellos y los distintos planes laborales [2] y de políticas alimentarias [3], que ha sido verdadera malla de contención social y de asistencia a la población.
Si extendemos a todo el país los 46,5 millones de habitantes de la Argentina y la población económicamente activa (mujeres de 14 a 60 años y hombres de 14 a 65 años que trabajan o buscan trabajo) que fue de 47,6% en los aglomerados urbanos en el año 2022, llegamos a un total de 22 millones de habitantes. Quiere decir que hay más de un millón de personas económicamente activas que no se sabe de qué viven, dado que no tienen ingresos declarados.
La raíz del problema es el modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador que no genera puestos de trabajo. El gobierno hace alarde de tener una tasa de desocupación abierta de 6,3% de los ciudadanos, pero no dice nada sobre los que dejaron de buscar trabajo y recorren las calles en busca de un sustento como lo demuestra el 8,1% de la población indigente.
Si se observa la integración comercial planteada, veremos que las exportaciones de productos primarios crece en su participación de 21,91% en el período 2003-2015, a 25,41% en 2016-2019, de 28,64% en 2020-2021 y de 28,19% en 2022.
Con las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) pasa lo mismo, dado que representaban el 35,29% en el período 2003-2015, para acrecentase a 38,11% 2016-2019, a 39,71% en 2020-2021 y del 38,81 en 2022.
En cambio, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) descienden en iguales períodos: de 32,60% en los años 2003-2015 a 25,4% en 2022. (Y no desciende más, básicamente por la industria automotriz, dado que se realizan más partes en la Argentina porque la mano de obra del sector es más barata que en Brasil.)
La complejísima situación que atraviesa nuestro país desde que se lo volvió a endeudar con el FMI deriva de la necesidad de cumplir con las metas acordadas con ese organismo, lo cual hace de la “liquidación de divisas” una cuestión central y, por ende, debemos ubicar las conductas de las empresas de aquellos sectores exportadores en el foco de nuestra atención, dado que su actividad es la que genera la afluencia de divisas a nuestro país.
Sin perder de vista las particularidades de cada caso, debe contemplarse a las empresas del sector minero, todas ellas al amparo de la Ley 24.196 (que el 19 de mayo de este año cumplieron sus primeros treinta años de vigencia) y de la pesca de altura, puesto que todas ellas exhiben la misma conducta respecto la opacidad de sus negocios, elusión, evasión y contrabando.
En síntesis
La deuda generada por el gobierno de Cambiemos y no investigada por el gobierno del Frente de Todos, nos obliga a vender a como dé lugar recursos primarios que generan poco trabajo y en puertos que son concesionados y administrados por el capital privado, el caso más flagrante es el puerto de Rosario [5].
Manuel Belgrano, quien asumiera como el primer Secretario del Real Consulado de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1794, día en se conmemora el Día del Economista en la Argentina, planteaba que “un país para crecer debía hace como la nación China (en 1796), que está dando a todas las del mundo conocido un ejemplo constante de lo que es el comercio interior auxiliado; no hay país más poblado que el que habita, ni nación más poderosa en el orbe: todas las que se llaman cultas van en busca de sus efectos.
Llevándole la plata acuñada, principalmente la nuestra, para aumentar su grandeza, ostentación y lujo, su comercio interno es inmenso, y el externo es insignificante respecto de la extensión del Imperio y el número de sus habitadores”.
Es más, ya en el Correo de Comercio de Buenos Aires el 27 de octubre de 1810 escribió: “Constante que el alma de los Estados es el comercio interior, pues con él es que se da vida a todos los ramos del trabajo de los hombres que los promueven” [6].
Notas
[1] La canasta básica total (CBT) amplía la canasta básica alimentaria (CBA) al considerar los bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera. No contempla en ninguno de los casos(lo excluye expresa mente de las canastas de gastos) el alquiler y/o manutención de la vivienda, cuando existen 11 millones de inquilinos, y 5 millones de personas que viven en villas miserias o en barrios populares.
[2] Planes nacionales como AUH (Asignación Universal por Hijo) que comprende a 4.374.699 beneficiarios. Las 102.308 mujeres de la AUE (Asignación Universal por embarazo). Ayuda Escolar a 3.669.723. Existen otros subsidios como son las pensiones no contributivas para 1.133.415 personas discapacitadas para trabajar; 261.857 madres de 7 o más hijos; 46.993 pensiones otorgadas por el Congreso de la Nación; 28.916 pensiones a ex presos políticos y a combatientes de Malvinas; 47.681 seguro por desempleo; y 302.149 pensión universal para el adulto mayor.
[3] Políticas alimentarias: Comprende a 2.432.061 personas beneficiarias de la prestación alimentar (Prestación tarjeta); 15.261 comedores escolares y barriales para a asistir a personas vulnerables.
[4] Elusión fiscal es cualquier tipo de acción conductual realizada dentro del entramado normativo legal, que tiene por objetivo evitar y/o minimizar el pago de impuestos.
[5] Es administrado desde el año 2002 por Terminal Puerto Rosario S. A. por 30 años. En el año 2009 el Grupo Vicentin ingresa como accionista mayoritario (y se nombra a Gustavo Nardelli como Presidente). Es directa la relación con la Bolsa de Comercio de Rosario, en la que fuera Presidente Alberto Padoán
[6] “Pensamiento económico de Manuel Belgrano” Lic. Rodrigo López – Ministerio de Economía de la Nación – Año 2020
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).