Un balance de la política agrícola de los dos años de gobierno de Lasso

Nancy Medina C.

La Constitución de 2008 tiene una visión importante al reconocer los derechos e incluir el ‘Buen Vivir’ como una alternativa al desarrollo. Promoviendo así una convivencia armónica con la naturaleza, con los demás y con uno mismo. Es decir, se enuncia el cuidado de los recursos naturales y ambientales y, por lo tanto, de los sistemas agrarios que proveen a la sociedad de productos que aseguran la soberanía alimentaria.

A pesar de estos enunciados, las políticas públicas agrícolas de los tres últimos gobiernos han hecho caso omiso de los mandatos constitucionales. Tal es así que, en la pandemia del COVID-19 la situación de la agricultura familiar campesina se deprimió, en tanto que la agroexportación creció y con ello los grandes productores. También la pandemia puso en evidencia la importancia de la agricultura familiar, paradójicamente, debido a que ésta provee el 60%, aproximadamente de los alimentos de los hogares ecuatorianos, según el MAG.

A pesar de la importancia de la agricultura familiar campesina (AFC) esta resultará más afectada, contradictoriamente, con los acuerdos comerciales, el ya establecido con la Unión Europea en el gobierno de la “revolución ciudadana”, y otros promovidos en el gobierno de Lasso como el acuerdo con China y Costa Rica ya firmados y otros que están en procesos de negociación como el acuerdo con  Estados Unidos. Esto debido a que el sector agrícola es muy sensible al ser tan heterogéneo, en particular los pequeños productores.

Así la FAO afirma que “[…] la Agricultura Empresarial concentra 80% de la tierra en un 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% del agua para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agroexportación. La Agricultura Familiar representa el 84,5% de las UPAs con una concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego y se dedica principalmente a la producción para la satisfacción de las necesidades básicas. […]

Más del 64% de la producción agrícola nacional está en manos de pequeños productores. La mayoría de los alimentos consumidos en el Ecuador provienen de la AFC (60%). De igual manera, la AFC contribuye con la oferta de productos de exportación, alrededor del 80% de las UPAS de cacao y 93% de las UPAS de café” (FAO 2021).

Es decir que, para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad ecuatoriana es necesario que el gobierno implemente políticas diferenciadas y que haya políticas para el pequeño productor. Justamente, uno de los puntos que se trató en las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional era el fomento productivo y la política de precios de sustentación. Tema de gran importancia sobre el que no se ha hecho mayor cosa. Esto es relevante porque estamos en dolarización y nuestros vecinos tienen un proceso de apertura comercial a través de TLCs que hacen que el referente sea el precio internacional, tanto para la producción interna como para las exportaciones e importaciones. Además, son precios bajos debido a que los vecinos tienen la capacidad de devaluar y la apertura comercial, mencionada.

El gobierno de Lasso ha propuesto, al igual que los dos gobiernos anteriores, la entrega de semillas gratuitas. Esto es preocupante  porque los pequeños productores, en particular, son los que cuidan y usan las semillas que son compartidas entre productores, lo que se constituye en un proceso de identidad cultural que va pasando de generación en generación, y que se estaría vulnerado. El objetivo y el interés es aumentar la productividad y competitividad.

Lasso habló desde su plan de reactivar el agro que, además de lo mencionado, considera el acceso a créditos baratos y directos para el sector. Al respecto lo que se ha propuesto es la inyección de 200 millones de dólares en dos líneas de crédito (crédito del 1% a 30 años y una nueva línea de crédito con 100 millones y montos de hasta 20 mil dólares), pero con esto no logra cerrar la brecha de créditos públicos y privados que en el 2021 supero los 1500 millones.

En cuanto a la gran demanda de los créditos baratos, entre enero y mayo de este de 2022 se entregaron 142 millones de dólares, monto considerado como muy bajo por el Observatorio de Cambio Rural (Singaña 2022).

*Investigadora de la Unidad de análisis y estudios de coyuntura, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central del Ecuador