Sorpresa en Argentina por nuevo informe del FMI

Claudio della Croce

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó las metas del cuarto trimestre de 2022 del programa con la Argentina, autorizó el giro por 5.400 millones de dólares y flexibilizó las metas de las reservas pero sorprendió al gobierno con un Staff Report que sugiere ajustes fuertes en planes sociales y tarifas y advirtió que el país se volvió más riesgoso: «una mayor inflación y un menor crecimiento podría alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa, en especial dado el ciclo electoral».

Con el desembolso de 5.400 millones de dólares el gobierno de Alberto Fernández puede pagar los vencimientos de la deuda al Fondo y conservar un saldo para las arcas del Banco Central de alrededor de 2.500 millones de dólares.

Sin embargo, el FMI ratificó la meta de déficit fiscal primario para este año. Y, para conseguir dólares el concede un nuevo beneficio a las patronales agrarias en medio de una pobreza creciente en el país. Tras la gira oficial por Estados Unidos y los encuentros de Alberto Fernández con el presidente Joe Biden, y del ministro de Economía  Sergio Massa con Gita Gopinath, la número dos del FMI, el organismo flexibilizó la meta de acumulación de reservas.

Si se atiende a las manifestaciones oficiales, la visita del Presidente Alberto Fernández a Washington fue otro éxito de su política exterior, rotunda desmentida del leit motiv de la oposición sobre un país aislado del mundo. Pero este logro también expone la clase de trampa en que el acuerdo stand-by firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y el de Facilidades Extendidas que lo reemplazó en 2022, encerraron a la Argentina.

Las revisiones trimestrales del staff técnico y su posterior aprobación por el directorio, donde Estados Unidos tiene poder de veto, son un suplicio de Tántalo que condena al país a vivir con el agua al cuello, con hambre y con sed, dependiente de la magnanimidad de quien ocupa el papel asignado a Zeus y los demás crueles dioses en la mitología griega, señala Horacio Verbitski en Elcohetealaluna.

Por si alguien pensaba que en estas relaciones las cosas ocurren por casualidad, el mismo viernes 31 la jueza Loretta Preska, quien sucedió en el juzgado federal de Wall Street a Thomas Griesa, falló en contra de la Argentina en el juicio iniciado por Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012. Burford y Eton compraron el derecho a litigar de los socios minoritarios que reclamaban ser indemnizados igual que el mayoritario socio español Repsol (se trata de la familia Eskenazi, primera en la lista de quienes fugaron capitales del país durante el gobierno de Maurizio Macrì), añade.

Para volver a reimplantar el modelo rentístico fue necesaria la deuda, que es a la vez una fuerte restricción y, con ello, un mecanismo de subordinación en lo económico y en lo político. En el gobierno neoliberal anterior se incrementó la deuda en más de 100.000 millones de dólares, una deuda que se fugó, pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior. Sin embargo, pretenden y accionan para que lo pague el pueblo, indica el economista Horacio Rovelli..

La deuda con el FMI es de unos 44.599 millones de dólares y se hizo para enriquecer a la minoría rentista y para condicionar al nuevo gobierno, por eso es, por un lado, por lo que el FMI, sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban, no hizo ninguna observación al respecto y, por el otro, se acordó con el gobierno de Macri en que se pagaba en tres años a partir del 30 de septiembre de 2021, lo que obviamente fue imposible.

De allí que acuerda con la administración de Alberto Fernández, autorizado por la ley 27.668, a firmar con el FMI el plan de pagos en que, con ahorro argentino, se le abona los intereses y, a cada vencimiento del capital, este se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para amortizar, de manera tal que, cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034.

El acuerdo subordina la política económica al organismo internacional de crédito quien, a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo préstamo con la condición de que el gobierno cumpla las metas fiscales, monetarias, y de acrecentamiento de las reservas internacionales netas del BCRA fijadas.

Tras haberse comunicado la aprobación de la baja en la meta de acumulación de Reservas del Banco Central, el FMI se despachó con un Staff Report que sugiere ajustes fuertes en planes sociales y tarifas y, además, avisa que Argentina se volvió más riesgosa: «una mayor inflación y un menor crecimiento podría alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa, particularmente dado el ciclo electoral», indicó.

El nuevo informe del FMI reivindica la caída de 97 mil programas de trabajo y supone que 400 mil beneficiarios conseguirán empleo por fuera del programa laboral, es decir un nuevo número de personas del que se podría prescindir a futuro, sin estadísticas laborales que fundamenten o justifiquen tal proyección. Ya había planteado una nueva “focalización” de la asistencia social para este año, lo que traducido de la jerga neoliberal significa la profundización del ajuste en curso.

En el ministerio de Economía aseguran que este tipo de comunicados complican, además, el escenario interno y brinda argumentos a los dirigentes oficialistas que consideran que hay que cortar con la dependencia del organismo incumpliendo el pacto; y a la vez alimenta a los opositores con las teorías sobre la situación económica y política actual.

El apoyo de EEUU y la sequía de dólares

A cambio de facilitar el nuevo acuerdo con el FMI, EEUU se encargó de recordar que objeta la participación de empresas chinas en la licitación de telecomunicación 5G, en la hidrovía del Paraná, y en la construcción de centrales nucleares.

Los efectos de la sequía y la guerra no fueron suficientes para el Fondo. El directorio del organismo mantuvo firme la meta de déficit fiscal primario (lo considera “esencial”) para este año que deberá caer a 1,9% del PIB en relación al 2,5% pautado en 2022.

Ante la “falta” de dólares el ministro de Economía rascó otra vez la olla (después de anunciar el manotazo a los recursos previsionales y concede un nuevo beneficio para las patronales agrarias): el dólar agro, un tipo de cambio diferencial para la soja y las economías regionales. El dólar soja ya tuvo dos versiones. La primera fue en septiembre de 2022, a valor  200 pesos por dólar donde se liquidó 8.100 millones, y la segunda en diciembre y las patronales agrarias liquidaron divisas por 3.155 millones de dólares.

Esta medida representó una ganancia adicional para los grandes productores del campo de más de 200.000 millones y más de 130.000 millones, respectivamente. La contracara fue la emisión de una Letra del Tesoro en dólares, a diez años de plazo, para compensar al Banco Central por la diferencia entre la cotización oficial de la divisa y la del «dólar soja», es decir se generó más deuda.

Las empresas que ya ganaron con las versiones anteriores del dólar soja fueron Cargill, Aceite General Deheza, Viterra, Bunge, Molinos Agro, Cofco, entre otras. En esta nueva versión seguramente se agreguen los grandes bodegueros, los dueños de los ingenios, y otras grandes empresas que exportan productos de las economías regionales.

Esta medida también impactará en la suba de otros precios ya que los exportadores priorizarán vender al exterior y esto disminuye la oferta de productos en el mercado interno. Por ejemplo, es probable que aumente el precio de los productos para producir alimentos balanceados para los animales lo que presionará la suba de precios de huevos, leche, lácteos, carne aviar, porcina y vacuna.

El problema, una vez más, es que la devaluación encubierta implica un costo fiscal en que el Tesoro de la Nación coloca un título de deuda en pesos ajustable en el BCRA. Esa mayor deuda pública avala la devaluación puntual, temporaria, pero implica, por el grado de concentración de la tierra y de las firmas acopiadoras y distribuidoras, un nuevo impulso inflacionario para mayor flagelo de la población y con esa mayor suba de los precios de los alimentos, acrecienta la pobreza y la indigencia.

El Fondo sugiere en su comunicado avanzar con la suba de tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos e introducir “regulaciones estrictas” en la nueva moratoria de jubilaciones para reducir el “costo fiscal” de la medida, es decir imponer restricciones para que menos personas puedan acceder a una jubilación. El gobierno teme un estallido social.

El FMI también insistió con sus clásicas recetas de subir las tasas de interés para que en términos reales sean positivas, una medida que desacelera la actividad económica porque encarece el crédito productivo y para el consumo, y seguir con minidevaluaciones del tipo de cambio oficial (“tasa de crawl”), que presionará al alza los precios.

El organismo indicó que “es posible que se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a la política cambiaria para salvaguardar la estabilidad macroeconómica”. Lo que no queda en claro es si se refiere a un ajuste mayor o un salto del tipo de cambio, aun cuando ambas medidas son parte de su manual.

Pagar para garantizar más pobreza

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández se pagaron al FMI 27.816 millones de dólares, pero se recibieron desembolsos por 24.322 millones, lo que significa que se  casi 3.500 millones de dólares para pagar al Fondo. Según el informe de Jefatura de Gabinete, al 28 de febrero de este año se le debe al organismo internacional 52.990 millones de dólares: 42.919 millones de capital y 10.070 millones de intereses.

Para 2023 y 2024 habrá desembolsos del FMI por 16.678 millones y 3.355 millones de dólares, respectivamente, aclaró el documento. Este año se paga más de lo que se recibe (-U$S 177 millones), y en 2024 el desembolso del organismo solo cubrirá la mitad del vencimiento. El último giro que hará el Fondo será en septiembre de 2024.

A partir de 2025, ¿cómo hará el país para pagar los vencimientos pendientes?, pregunta la economista Mónica Arancibia. Los vencimientos desde ese año representan cuatro veces más que el saldo comercial del país (diferencia entre exportaciones e importaciones).

A esta cuenta hay que sumar el pago a otros organismos multilaterales y la reestructuración de deuda que hizo el exministro Martín Guzmán con los lobos de Wall Street. Según el mismo informe oficial en 2022 se pagaron 896 millones por los bonos Globales y en 2023 y 2024 se pagarán 1.329 millones y 2.601 millones, respectivamente.

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados –que son el 35% del total- explica por qué aun en condiciones de crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que continúa aumentando y va consolidando una sociedad con un 40% de argentinos y argentinas por debajo de la línea de pobreza.

Los últimos datos del INDEC sobre el incremento de la pobreza, en especial entre los más jóvenes, son una penosa comprobación de la realidad, como la muerte en la puerta de la Casa de Gobierno de una bebé que dormía con su familia en la calle.

Difícil encontrar una escenificación tan elocuente como esos datos de lo que se está viviendo. Victoria Tolosa Paz, Secretaria Ejecutiva​ del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, escribió que «nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa». Es la principal espada en la batalla presidencial por la reelección.

Estas son las consecuencias de seguir bajo el mando del Fondo, quien seguirá con las revisiones trimestrales sobre la economía argentina. Los burócratas del organismo dirán qué está bien y qué está mal con el chantaje permanente de su decisión de mandar fondos frescos para cancelar los pagos comprometidos.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)