Pedro Castillo: un suicidio político televisado
Mariana Álvarez Orellana
Lo que se produjo en Perú fue un golpe de estado parlamentario con apoyo militar que destituyó al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, detenido y trasladado a un cuartel en Lima, para que asumiera el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte, traicionando el mandato popular al sumarse el golpismo.
Castillo transitó un año y medio de su gobierno bajo la presión de la derecha, la ultraderecha y los medios que buscó permanentemente su salida y debilitado por las serias falencias de su gobierno, el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas en el pueblo, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción, el mandatario anunció una decisión inconstitucional, lo que precipitó su salida.
Castillo ha tenido una presidencia convulsionada. Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Este fue el cuarto intento de la derecha para sacarlo de la presidencia antes que Castillo decidiera dar un golpe contra el Congreso, intentando cerrarlo en una decisión inconstitucional que fracasó.
Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica.
A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento. Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución.
En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, y denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.
El Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de “una alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada Dina Boluarte como nueva presidenta.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expresó que “si bien es rechazable y condenable cualquier ataque a un gobierno popular, también es rechazable e inaceptable cualquier intento de quebrar el orden constitucional”. Dijo que lo ocurrido deja dos temas para analizar, uno de ellos que hubo una “constante conspiración” y “rechazo a un gobierno de extracción popular”.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, pidió defender la democracia e indicó que “seguirá de cerca los acontecimientos” que vayan ocurriendo en el país y que su país “actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano”.
Los errores y el acoso permanente
El máximo error de Castillo, su suicidio político televisado, fue patear el tablero de la democracia, pero la apuesta le falló y fue destituido y apresado, acosado por una derecha que buscaba destituirlo y debilitado por las falencias de su gobierno y las denuncias de corrupción en su contra.
Fue remplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, ahora la primera mujer en asumir la presidencia en la historia del Perú. Al asumir, Boluarte pidió una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de “todas las fuerzas políticas”. Poco después que el Congreso hubiera destituido a Castillo con 101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones, por haber intentado el cierre inconstitucional del Congreso, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.
Hubo manifestaciones, no muy concurridas, a favor y en contra de Castillo. Se dieron enfrentamientos entre ambos grupos. Manifestantes pidieron que se vayan el Congreso y la recién juramentada presidenta y se convoque a elecciones generales adelantadas.
El miércoles, en un sorpresivo mensaje al país dado por televisión, Castillo anunció el cierre inconstitucional del Congreso. Lo hizo tres horas antes del inicio de la sesión parlamentaria en la que se iba a debatir y votar una moción para destituirlo por “incapacidad moral permanente” por denuncias de supuesta corrupción que están en investigación.
Con el cierre del Congreso, Castillo también anunció el inicio de un “gobierno de emergencia excepcional”, declaró en “reorganización” el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que lo investigan y anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses. Decretó un toque de queda desde la diez de la noche, que no se llegó a aplicar.
Recordó los reiterados intentos de la mayoría parlamentaria de derecha de destituirlo y aseguró que se le imputan delitos sin pruebas. Acusó a la oposición de derecha de intentar instaurar una “dictadura parlamentaria”. Hoy le espera un proceso penal por intentar dar un golpe de Estado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno de México le ha ofrecido asilo.
Todos los gobiernos regionales reclamaron el respeto al estado de derecho y las instituciones democráticas. Tanto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como el boliviano Luis Arce destacaron el papel jugado por “las élites económicas y políticas que desde el comienzo de la presidencia de Castillo mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
La Fiscalía de la Nación empezó una investigación preliminar por “rebelión y conspiración” contra el sindicalista docente destituido, quien fue trasladado a la cárcel de Barbadillo donde cumple sus 25 años de pena el exdictador-genocida Alberto Fujimori.
Lo que resulta inexplicable cómo Castillo se lanzó a anunciar el cierre del Congreso sin tener respaldo para sostener esa decisión. Se quedó solo inmediatamente después de hacer ese anuncio. Sus ministros comenzaron a renunciar uno tras otro denunciando que rechazaban lo que calificaron como un golpe de Estado. La incertidumbre política se mantuvo por una hora y se disipó cuando los militares se pronunciaron anunciando que no obedecerían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso.
Boluarte, la nueva presidenta de 60 años, era poco conocida en el ambiente político hasta que llegó a la vicepresidencia de la mano con Castillo. Ha sido militante de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo al gobierno, pero hace unos meses fue expulsada.
Asume la presidencia sin tener un partido que la apoye, sin una bancada parlamentaria, enfrentada al que era su partido y con una derecha que ya ha demostrado estar dispuesta a todo para defender sus intereses subalternos. El clamor de la calle sigue siendo el mismo que hace casi dos décadas: que se vayan todos.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)