Medidas para independizar Argentina del dólar y evitar una devaluación
Horacio Rovelli
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) puso en marcha este mes en Argentina un sistema de clearing bancario para operaciones de corresponsalía en la moneda asiática a instituciones financieras locales, que permite que las exportaciones e importaciones se concreten directamente pasando de pesos a yuanes y viceversa. Hasta ahora, del swap (pases) chino, que era equivalente a 18.000 millones de dólares, se permitían usar 473 millones de dólares cada 90 días.
Tras el nuevo acuerdo firmado el pasado 15 de noviembre, el swap pasa a incrementarse el equivalente a otros 5.000 millones de dólares, que es a la vez (la suma en yuanes equivalente a 5.000 millones de dólares) el cupo para operaciones comerciales hasta julio de 2023 y que es renovable (incrementa la operatoria a 625 millones de dólares mensuales).
Desde hace años y en forma creciente, el comercio internacional registrado con China es deficitario. En los nueves primeros meses de este año se realizaron exportaciones por 5.212 millones de dólares y se importó por 13.353 millones de esa moneda, por lo que resultó un déficit comercial de 8.141 millones de dólares. China es nuestro segundo cliente (después de Brasil), pero es el primero que nos vende (con más del 20% de las compras totales que realiza la Argentina).
La Argentina le compra a China máquinas y equipos, motocicletas y ciclomotores, telefonía (incluidos celulares), computadoras y partes de computadoras, televisores y partes de televisores, etc. Y le vende básicamente forrajes (soja y maíz en grano) y en forma mucho menor, aceite de soja, biocombustibles, tabaco, cueros y otros productos primarios (hierro, litio, etc.). Obviamente nos venden mayor valor agregado (trabajo incorporado) que los bienes que compra de la Argentina. Esto sucede en la mayor parte de nuestro comercio internacional, pero con China es exacerbado.
Sin embargo, que se expanda la forma de pago en yuanes y pesos no es un tema menor, dado que como sucede con todas las operaciones de comercio internacional de nuestro país, debemos comprar dólares para adquirir bienes y servicios [1]. Y al revés, si por ejemplo Chile, Bolivia u otra nación quieren comprar productos argentinos, antes deben comprar dólares para hacerlo.
En gran parte del comercio internacional se va sustituyendo el dólar por acuerdos como los firmados entre India y China, China y Japón y China y Rusia, donde se opera en forma creciente con las monedas de cada país.
Es obvio que esto va en contra de Estados Unidos, que se beneficia con la fuerte demanda mundial de su moneda. Así financia su déficit fiscal, que en 2021 fue del 16,7% de su PIB, en forma mayoritaria con emisión monetaria. En cambio, a nosotros el FMI nos limita severamente el déficit fiscal para que sea del 1% del PIB este 2022 y del 0,6% del PIB en 2023 [2]. ¿Por qué? Porque dice que es inflacionario.
El caso argentino
Es imprescindible que la Argentina propicie acuerdos con otros socios comerciales en sus respectivas monedas. A su vez, indirectamente, esto le confiere al peso un mayor valor por su utilización (y mayor demanda de pesos).
El problema en la Argentina es la inflación, porque la paridad real o imaginaria, acicateada por los grandes operadores económicos que “dolarizan” permanentemente sus precios y ganancias, desvaloriza el rol de nuestro dinero. Esa desvalorización es mayor en momentos de crisis y esas crisis se desencadenan con la pérdida de reservas internacionales del Banco Central (BCRA).
La hiperinflación de 1989-1990 se genera cuando José Luis Machinea, entonces presidente del Banco Central de la República argentina (BCRA), dijo el 6 de febrero de 1989 que la autoridad monetaria no tenía más reservas de libre disponibilidad. Ese día el precio oficial del dólar era de 17,82 australes. Cuando, en forma anticipada, Carlos Menem asumió el gobierno el 8 de julio de ese año, se fijó en 650 australes.
La corrida cambiaria se frenó el 1° de abril de 1991 con la convertibilidad de 10.000 australes por un dólar. En ese proceso se produjeron las privatizaciones, que implicaron suficientes ingresos de divisas al país para estabilizar la situación, pero a costa de malvender YPF, Agua y Energía, SEGBA, Hidronor, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, etc.
No estamos exentos de repetir el mismo mecanismo y entrar en un proceso hiperinflacionario, azuzado por las distintas paridades cambiarias y quienes las propician. Durante la gestión de Alberto Fernández ha habido un superávit comercial acumulado de 31.000 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales disminuyeron en 7.183 millones de dólares (de 45.190 millones de dólares en diciembre 2019 a 38.007 millones de dólares el 14 de noviembre 2022). La causa se explica en gran parte por la utilización de las reservas del BCRA para pagar deuda externa privada.
Esta situación no depende de la voluntad del gobierno nacional, depende de:
- Deuda externa: 384.804 millones de dólares a octubre de 2022;
- Deuda del Tesoro en pesos, la mayor parte en Bonos Dual (que se ajustan por inflación o por devaluación a preferencia del tenedor del título): el equivalente a unos 26.000 millones de dólares (6,25% del PIB);
- Déficit cuasi fiscal (encajes remunerados) o del BCRA, por $8,9 billones (al tipo de cambio oficial, equivalente a unos 52.000 millones de dólares);
- Déficit fiscal, según la ley de Presupuesto para 2023 de 2,3% del PIB (unos 9.500 millones de dólares).
En forma coordinada, se debe tomar un conjunto de medidas que eviten ese proceso. Las principales son:
- Investigar la deuda externa pública que se está pagando, acrecentada sideralmente en la gestión de Cambiemos, y sancionar por evasión fiscal a los que compraron divisas sin haberla contabilizado en sus balances y/o en sus declaraciones juradas ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) [3].
- Declarar la emergencia cambiaria en base al decreto 2581/64 de la presidencia de Arturo Umberto Illia, repuesto por Eduardo Duhalde y continuado por Néstor Kirchner. Declarar sujeto a embargo a todo activo, tanto en territorio nacional como extranjero, que no haya sido declarado y pagado el impuesto respectivo.
- Fijar y controlar el cumplimiento de cupos de exportación de alimentos y segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias en base a la capacidad y extensión de las superficies productivas.
- Que gran parte del pasivo financiero del BCRA (Pases Pasivos, Leliqs, Notaliqs) sean transformados en encajes o efectivos mínimos no remunerados y se destinen a financiar la producción y el trabajo.
- Recuperar el río Paraná, mal llamado Hidrovía, cesando las concesiones y que la verificación de las exportaciones y las importaciones las haga el Estado Nacional.
Finalmente, para independizarnos del dólar, debemos instrumentar una moneda de uso interno no convertible, como apoyo al sistema productivo y para dar ocupación a los trabajadores. Es una propuesta para evitar a toda costa la devaluación, que con el pretexto de mejorar nuestras exportaciones, beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto de la sociedad.
Se trata de un billete de banco que, a diferencia de los “bonos” nacionales o provinciales, tendría curso legal de aceptación obligatoria, tanto para el sector público como para el sector privado. Con ella no se podrían comprar ni pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.), ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.
A medida que el Estado fuera recibiéndolos, rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos. El remanente sería rescatado al cabo de cinco años. En ese lapso, la moneda no convertible jugaría su rol de nexo entre los agentes económicos, poniendo en funcionamiento el circuito productivo de producción, distribución (pago a los factores de producción: trabajo, capital y recursos naturales), comercio y consumo.
Una vez iniciado el círculo virtuoso de trabajo y consumo, se irían reemplazando los planes sociales y otros subsidios a los que se achaca el permanente déficit fiscal del Estado y el oprobioso Riesgo País. Los únicos que no se verían beneficiados por estas medidas serían los bancos y demás tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales, que medran con las eternas refinanciaciones.
La tarea es de una gran magnitud, no libre de riesgos y de conflictos, pero si no se toman medidas disruptivas, los acontecimientos y la relación de fuerza harán que tarde o temprano se desemboque en un efecto hiperinflacionario. Quienes lo capitalizarán serán los grandes beneficiados del modelo impuesto a sangre y fuego en 1976, que ahora cuentan con más de diez millones de votos.
Sólo con un plan, decisiones claras y participación del pueblo se puede reedificar una nueva y gloriosa Nación, como dijera Néstor Carlos Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003, al asumir la Presidencia de la República.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).