EEUU a medio camino: La ley del clima y el avance del cambio climático
Michael Roberts
La norma de reciente aprobación parece demasiado modesta para enfrentar un problema global que avanza a gran velocidad. La guerra europea, en tanto, refuerza el cortoplacismo en la política mundial.
La promulgación por Joe Biden de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que finalmente contó en el Congreso con el respaldo del díscolo senador demócrata Joe Manchin, propietario de minas de carbón, ha sido recibido con una ola de optimismo de que se podrá cumplir el objetivo de Estados Unidos de reducir sus emisiones de carbono a la mitad antes del final de esta década.
Para 2030, la norma reducirá las emisiones de Estados Unidos entre un 31 y un 44 por ciento por debajo de los niveles de 2005, según Rhodium Group, otra empresa de investigación no partidista. Un análisis separado de Energy Innovation apunta a una reducción similar, de entre el 37 y el 41 por ciento durante esta década.
¿Será suficiente para salvar el planeta? Tal como fue aprobada, luego de gigantescas concesiones realizadas a Manchin y a los republicanos, la ley en realidad permite una importante expansión en el corto plazo de la perforación de petróleo y gas, incluso en territorio de parques nacionales. Puede que en su implementación haya aún más concesiones al lobby de los combustibles fósiles.
Luego están las medidas reales propuestas en el IRA. «Supone un punto de inflexión masivo», argumentó a The Guardian Leah Stokes, experta en política climática de la Universidad de California, Santa Bárbara, «incluye muchas cosas, dedica casi 370.000 millones de dólares en inversiones al clima y la energía limpia. Es realmente histórico. En general, el IRA es una gran oportunidad para abordar la crisis climática». ¿Es realmente así?
Gran parte del proyecto de ley implica en realidad créditos fiscales a las empresas para que estas inviertan en proyectos de energía limpia, así como un reembolso de hasta 7.500 dólares para los estadounidenses que quieran comprar vehículos eléctricos nuevos.
Hay 9.000 millones de dólares para adaptar las casas para hacerlas más eficientes energéticamente, créditos fiscales para bombas de calor y energía solar en la azotea, y un «acelerador de tecnologías de energía limpia» al que se destinan 27.000 millones de dólares para ayudar a desplegar nuevas tecnologías renovables.
Otros 60.000 millones de dólares se destinarían a proyectos de justicia ambiental, y hay un nuevo programa para reducir las fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero, en la perforación de petróleo y gas. Gran parte de esto no es inversión pública directa en proyectos climáticos, sino incentivos al sector privado. Se deja al sector capitalista la tarea de cumplir con los objetivos.
Y eso en Estados Unidos. En otras partes del mundo, la inversión para alcanzar el objetivo ya muy modesto de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para 2030 parece demasiado pequeña. De hecho, se está yendo en la dirección contraria. Por ejemplo, debido a la amenaza de pérdida de energía en Europa por el bloqueo de las importaciones rusas, el Parlamento de la Unión Europea ha votado a favor de designar como sostenibles el gas y la energía nuclear.
La necesidad de energía para calentar los hogares y hacer funcionar la industria y el transporte después de la crisis de Ucrania ha entrado en conflicto con el objetivo de salvar el planeta. La ironía es que una recesión global reduciría la demanda de energía de combustibles fósiles a nivel mundial y, por lo tanto, ayudaría a reducir el impacto ambiental.
Además, está la guerra en sí misma. El sector militar a nivel mundial es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Y, sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prometió recientemente en la cumbre de Madrid que habría una expansión de casi ocho veces de las fuerzas de la alianza atlántica en alerta máxima, hasta alcanzar los 300 mil efectivos. Los países miembros también están aumentando el gasto en defensa con el objetivo de dedicarle, al menos, el 2 por ciento del PBI.
El gasto militar de Rusia en 2021 alcanzó los 66.000 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En aquel entonces, Estados Unidos estaba gastando 801.000 millones de dólares al año y otros miembros de la OTAN alrededor de 363.000 millones de dólares. Ahora se espera que la OTAN supere en gasto al ejército ruso diez a uno, según Dan Plesch, profesor de Diplomacia y Estrategia de la Universidad de Londres.
Lo que la guerra y los altísimos precios de la energía han puesto sobre la mesa es que la fijación del precio del carbono no es una solución para controlar el calentamiento global. En efecto, ahora tenemos un impuesto mundial sobre el carbono que causa dificultades reales a las personas de todo el mundo, sin acelerar mucho la transición energética.
Aunque la «solución de mercado» plantea muchos problemas, se la ha privilegiado hasta ahora a un plan global de inversión pública que involucre la energía renovable, la agricultura orgánica, el transporte público, los sistemas públicos de agua, la adaptación ecológica, la salud pública, las escuelas de calidad y otras necesidades actualmente insatisfechas.
Tampoco se busca armonizar el desarrollo a lo largo del mundo mediante la quita de recursos de una producción inútil y dañina en el norte global y su transferencia a proyectos de desarrollo en el sur que permitan la construcción de infraestructura básica, sistemas de saneamiento, escuelas públicas y atención médica. Un plan global de este tipo podría tener como objetivo proporcionar puestos de trabajo equivalentes a los trabajadores desplazados por la reducción o el cierre de industrias innecesarias o dañinas. El IRA no ofrece nada en este sentido.
El otro contrapeso al optimismo que se está extendiendo sobre la posibilidad de mitigar el cambio climático y el calentamiento global es el riesgo de lo que en las estadísticas se llama fat tail o cola pesada con respecto a las probabilidades de aumento de las temperaturas globales en las próximas décadas.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) tiende a considerar que, tal como vienen las cosas, el resultado más probable para 2050 es un aumento de 2,5 grados. Ya es bastante malo. Pero todavía hay una probabilidad razonable de que pueda ser mucho peor.
El informe del IPCC del año pasado sugirió que si el dióxido de carbono atmosférico se duplica desde los niveles preindustriales, algo que el planeta está a mitad de camino de alcanzar, entonces hay aproximadamente un 18 por ciento de probabilidades de que las temperaturas aumenten más allá de 4,5 grados para 2050.
Solo en términos de PBI, un estudio de 2019 del Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos muestra que «un aumento persistente de la temperatura media global de 0,04 grados Celsius al año, en ausencia de políticas de mitigación, reduciría el PBI real mundial per cápita en más del 7 por ciento en 2100.
Por otro lado, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, limitando así el aumento de la temperatura a 0,01 grados Celsius al año, reduciría la pérdida sustancialmente, a alrededor del 1 por ciento». Las pérdidas estimadas serían del 13 por ciento a nivel mundial si la variabilidad de las condiciones climáticas específicas de cada país se diera en consonancia con los actuales aumentos anuales de temperatura de 0,04 grados Celsius.
Eso es solo la pérdida del PBI. El punto es que, en realidad, si las temperaturas globales fueran por encima del aumento optimista de 1,5 o 2,0 grados, el impacto en el planeta sería exponencial, no gradual. «Hay muchas razones para creer que el cambio climático podría volverse catastrófico, incluso con niveles modestos de calentamiento», ha dicho recientemente el investigador del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de Cambridge Luke Kemp.
Entonces aparecerán lo que un estudio publicado a comienzos de mes en The Proceedings of the National Academy of Science ha llamado «los cuatro jinetes del 
apocalipsis climático», a saber: la hambruna y la desnutrición, el clima extremo, los conflictos y las enfermedades transmitidas por vectores. La mencionada fat tail estadística produciría un aumento de temperaturas que amenazaría el suministro mundial de alimentos, con crecientes probabilidades de colapsos en los llamados «grandes graneros», ya que las áreas agrícolas más productivas del mundo sufrirían enormes impactos.
Un clima más cálido y extremo también podría crear condiciones para nuevos brotes de enfermedades a medida que cambian y se reducen los hábitats, tanto para las personas como para la vida silvestre.
El modelo de este estudio concluyó que para 2070 las áreas de calor extremo (es decir, aquellas con una temperatura media anual de más de 29 grados) podrían incluir a 2.000 millones de personas. Estas zonas no solo son algunas de las más densamente pobladas, sino también algunas de las más frágiles políticamente.
«Las temperaturas medias anuales de 29 grados afectan actualmente a alrededor de 30 millones de personas en el Sahara y la costa del Golfo», dijo el coautor del estudio Chi Xu, de la Universidad de Nanjing. «Para 2070, estas temperaturas y las consecuencias sociales y políticas afectarán directamente a dos potencias nucleares y a siete laboratorios de contención máxima que albergan patógenos peligrosos. Existe un grave potencial de efectos fuera de control en cadena», dijo Chi a The Guardian.
El IRA puede suponer algunos pequeños avances en la reducción de emisiones en 
Estados Unidos, siempre y cuando se implemente plenamente. Pero, a nivel mundial, hay pocas señales de que el calentamiento global se pueda contener según el objetivo de París; hoy lo más probable es que las temperaturas globales aumenten bastante por encima de 2 grados, mientras los gobiernos luchan por conciliar la necesidad de energía a precios razonables y la promesa de reducir las emisiones (a menos que una enorme recesión global resuelva esta contradicción de forma momentánea). Los cuatro jinetes están en el horizonte.
*Michael Roberts es un economista marxista británico. Trabajó durante 30 años en la city londinense como analista económico. Tomado de The Next Recession, blog del autor.