El ajuste estructural y el Consenso de Washington no se abandonaron

En los años 1980, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se ganaron, ante las poblaciones de los países en desarrollo, una reputación totalmente justificada y bien poco envidiable: la de ser los responsables de medidas muy impopulares impuestas a los gobiernos, o, en pocas palabra, esos que llevan la desgracia a los pobres. Hay que decir que a los gobiernos, con frecuencia cómplices de las clases dominantes, les conviene trasladar sus responsabilidades a esas instituciones que tienen la sede tan lejos, en Washington, en la 19ª avenida. Esa demoníaca reputación corrió como un reguero de pólvora y la prensa de los países del Sur comenzó a informar ampliamente sobre tema [1].

Habituadas a decir sin ambages que era necesario reducir drásticamente los presupuestos sociales o privatizar las empresas de servicios públicos, ambas instituciones, finalmente, comprendieron que ese lenguaje directo no servía a sus intereses. La gente identificó de inmediato y claramente su papel de propulsoras de las catástrofes económicas y humanas que les caían encima. Muy pronto, las revueltas que seguían a los aumentos de precio de los productos de primera necesidad fueron bautizadas como «disturbios anti-FMI», y la opinión pública ejerció una fuerte presión sobre los gobiernos para que dejaran de ceder ante las órdenes tajantes del FMI o del Banco Mundial. La píldora, muy amarga por cierto, era cada vez más difícil hacer que se la tragaran…

Se lanzó entonces una gran operación de propaganda, en los años 1990, para hacer frente a la grave crisis de legitimidad, bien merecida, que atravesaban (y que continúan atravesando) el FMI y el Banco Mundial. El discurso utilizado como pantalla se transformó en el tema de la reducción de la deuda y la lucha contra la pobreza. Las instituciones habían comprendido lo que pasaba y habían cambiado, nos decían. Sin embargo, las condicionalidades ultraliberales, de siniestra memoria desde los programas de ajuste estructural de los años 1980, nunca se abandonaron. Una serie de ejemplos de comienzos de los años 2000 y más recientes, en todos los continentes, son suficientes para enfrentar a estas dos instituciones a sus contradicciones.

Sri Lanka, Ecuador, Haití: prosecución de las políticas neoliberales

En Sri Lanka, en 2005, el gobierno rechazó un préstamo de 389 millones de dólares condicionado a reformas políticas tales como la reestructuración del régimen de jubilaciones y la privatización de los recursos relativos al agua.

En Ecuador, en julio de 2005, el gobierno decidió reformar la utilización de los recursos petroleros. En lugar de servir íntegramente al pago de la deuda, una parte debía servir para los gastos sociales, especialmente para las poblaciones indígenas, a menudo desfavorecidas. Disgustadísimo, el Banco Mundial bloqueó un préstamo de 100 millones de dólares que había prometido a Ecuador (véase capítulo 22 ).

En Haití, el FMI impuso en 2003 el fin de un sistema que permitía al gobierno controlar el precio de la gasolina, volviéndolo de esa forma más «flexible». En pocas semanas, el precio del combustible aumentó el 130 %, con unas consecuencias terribles: dificultades para potabilizar el agua o para cocer los alimentos; aumento del coste del transporte, que los pequeños productores repercutían en el mercado, provocando a su vez el aumento del precio de numerosos productos básicos. Pero como la inflación era combatida a «capa y espada» por el FMI, logró que el gobierno impusiera la congelación de los salarios.

De golpe, el salario diario mínimo, que era de 3 dólares en 1994, cayó a 1,50 dólares, lo que, siempre según el FMI, debería atraer a los inversores extranjeros…Eso también sirvió a intereses geopolíticos: el debilitamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, prefigurando su partida del poder, como querían las grandes potencias, el 29 de febrero de 2004.

Incluso en países productores de petróleo, como Iraq o Nigeria, el FMI impuso esa lógica de flexibilidad de los precios. Las tarifas aumentaron, provocando manifestaciones que demostraban el profundo desacuerdo de las poblaciones afectadas, como fue el caso de Basora en diciembre de 2005…

En el África subsahariana, el BM prolongó los ataques neoliberales

En Ghana, el ex presidente Jerry Rawlings se había negado a integrar a su país en la iniciativa para los países pobres altamente endeudados (PPAE), pero después de la llegada al poder de John Agyekum Kufuor, en enero de 2001, el país se sometió a las condiciones impuestas por el FMI. Una de ellas, y no de las menores, concernía al sector del agua, donde el FMI exigía la recuperación íntegra de los costes. Dicho de otra manera, las familias debían pagar el total del coste de su acceso al agua sin beneficiarse de la ayuda del Estado. El precio del metro cúbico de agua debía tener un nivel que permitiera cubrir el coste total de explotación y gestión del servicio. También la electricidad estaba en su punto de mira, según el mismo principio. El objetivo era claro: reflotar las correspondientes empresas públicas antes de la privatización…

Desde mayo de 2001, el precio del agua aumentó un 95 % y no fue más que el comienzo… Las poblaciones, muy afectadas, se movilizaron y crearon la National Coalition Against Privatisation of Water (Coalición Nacional Contra la Privatización del Agua). Mientras que uno de cada tres ghaneses no tenía acceso al agua potable, el Banco Mundial ejerció en 2004 toda su influencia: ese año concedió a Ghana un préstamo de 103 millones de dólares a cambio de la cesión a una multinacional de la alimentación de agua en las principales ciudades.

En Malí es el sector del algodón el que estaba en la picota. Desde hacía varias décadas, todo el sector estaba controlado por la Compañía Maliense de Desarrollo Textil (CMDT), con la participación del Estado en un 60 % y de la sociedad francesa Dagris en el 40 % restante. Verdadera columna vertebral de la economía de este país, la CMDT, mediante beneficios e impuestos, proveía al Estado de la mayor parte de las divisas recaudadas cada año. Su papel fue siempre más allá de la producción de algodón, realizando misiones de servicio público como el mantenimiento de pistas rurales o de alfabetización, aportando una ayuda importante a las organizaciones aldeanas, como, por ejemplo, la provisión de material agrícola o la construcción de infraestructuras vitales. Hasta 1999, la producción no dejó de aumentar: 200.000 toneladas en 1988, 450.000 en 1997, 520.000 en 1998, 522.000 en 1999. Sin embargo, una gestión muy discutible de la CMDT y unos precios muy bajos del algodón provocaron una revuelta de campesinos y el rechazo a recolectar la cosecha 1999-2000. En consecuencia, la producción cayó a cerca de la mitad en esa campaña.

En abril de 2001 se reunieron los estados generales del sector del algodón, y decidieron llevar a cabo un plan draconiano de reformas, con una reducción de la masa salarial del 32 %, la anulación parcial o total de la deuda de los campesinos, la reducción de efectivos (entre 500 y 800 personas sobre 2.400), la anulación del aumento previsto de los salarios del 7 %, el incremento del precio de compra garantizado del algodón a los productores de 170 FCFA/kg a 200 FCFA/kg, apertura del capital, reorganización de las actividades y eliminación progresiva de la participación estatal en la CMDT. A pesar de los fracasos de las privatizaciones en los Estados vecinos (como Benín y Costa de Marfil), el Banco Mundial preconizó la privatización pura y simple, lo que inquietó profundamente a los campesinos afectados. Ya las primeras reestructuraciones, en particular en el transporte y la gestión de los fertilizantes y plaguicidas, provocaron graves disfunciones que penalizaron con dureza a los productores malienses y amenazaron las cosechas de 2003 y 2004 [2].

Con el fin de acelerar todavía más el proceso, y mostrando su desaprobación por el precio garantizado por la CMTD de 210 FCFA/kg, que juzgaba demasiado alto, el Banco Mundial presionó bloqueando una ayuda de 25 millones de dólares. Con ese hecho, desconocía las dos especificidades del algodón de Malí que produjeron el éxito del sector: un precio mínimo garantizado y una integración vertical. Un estudio del Banco Mundial [3] publicado en mayo de 2005 es muy explícito: «El plan de acción para la puesta en marcha de esa estrategia tenía como objetivo la creación de 3 o 4 sociedades desmotadoras, con la venta del patrimonio actual de la CMDT a inversores privados.» Pero el gobierno de Malí pidió un aplazamiento hasta 2008, ya que no quería ser acusado de liquidar las industrias nacionales a los intereses extranjeros. La presión del Banco Mundial se acentuó: «la agenda de la privatización no está definida, el calendario no está claro y algunas decisiones se han abordado de manera improvisada, lo que no es ninguna garantía de racionalidad económica ni de transparencia», y pedía entonces «un diálogo creíble sobre la reforma del sector, la adopción de un calendario fiable, de un marco aceptable para la privatización y un plan para limitar el impacto de los déficit de la compañía sobre el presupuesto».

En Níger, la reelección del presidente Mamadou Tandja, en diciembre de 2004, no conoció ningún periodo de gracia. Desde enero de 2005, de acuerdo con las órdenes tajantes del FMI, el nuevo presidente promulgó una ley de finanzas que rectificaba la legislación anterior y que comportaba el aumento del IVA al 19 % sobre los bienes y servicios de primera necesidad (harina de trigo, azúcar, leche, agua y electricidad). Muy pronto, las movilizaciones sociales fueron masivas. En marzo, la población, ya empobrecida por años de malas cosechas (sequía, langostas) y de ajustes estructurales (privatizaciones, reducción de presupuestos sociales, despidos y congelación de salarios en la función pública…), bajó en masa a las calles para expresar su descontento. La reacción social, organizada en torno a tres organizaciones de consumidores, consiguió crear una gran fuerza unitaria en torno a una «coalición contra la carestía de la vida» que reunía a 29 organizaciones y 4 confederaciones sindicales. Después de varios días de paralización de la ciudad y de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden, la movilización logró que el gobierno diera marcha atrás.

En la República Democrática del Congo, un informe parlamentario presentado en febrero de 2006 denunció la actuación del Banco Mundial en el ámbito minero. La situación se volvió dramática en torno a una mina de cobre y de plata, controlada por la sociedad australo-canadiense Anvil Mining, en Dikulishi. En octubre de 2004, los milicianos Mai-Mai ocuparon el pueblo vecino de Kilwa, desde donde los minerales son exportados a Zambia. El ejército congoleño lanzó entonces una operación para reprimir violentamente la sublevación, causando la muerte de decenas de personas sospechosas de apoyar a los rebeldes (al menos 100 personas, según fuentes de las Naciones Unidas). Esa ofensiva estuvo marcada por las ejecuciones sumarias y los saqueos. Y en ese marco, la empresa Anvil Mining suministró vehículos y equipamiento al ejército congoleño. Se quería asegurar, de esa manera, una pronta continuación de sus exportaciones.

Eso no impidió a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (AMGI, rama del Banco Mundial) aprobar en abril de 2005 un contrato de seguro que ofrece una garantía de 13,3 millones de dólares con el fin de cubrir los riesgos políticos de la expansión de esa explotación minera. El Banco Mundial no dudo en apoyar la actividad de Anvil Mining, sobre la que hay tanto que decir: un informe de la Comisión especial de la Asamblea Nacional congoleña encargada del examen de la validez de los convenios de carácter económico y financiero, redactado por 17 diputados congoleños de diferentes partidos coordinada por Christophe Lutundula, criticó duramente «la política de despiece de la cartera minera del Estado» en la cual estaba implicada Anvil Mining, esencialmente «para satisfacer las necesidades inmediatas de dinero de las autoridades gubernamentales».

Según este informe, la colusión entre el poder congoleño y Anvil Mining es flagrante: «Exoneraciones fiscales, aduaneras y parafiscales se han otorgado en forma exagerada y por largos períodos, que van de 15 a 30 años. […] El Estado congoleño se ve privado, de esa manera, de importantes recursos fiscales indispensables para su desarrollo.» A pesar de todo, el control de las actividades de Anvil Mining estaba destinado al fracaso: «Los agentes de los servicios públicos afectados a las concesiones mineras quedaron directamente a cargo de unos operadores privados a los que se supone que debían controlar. […] esos agentes no tienen ninguna autonomía, ni independencia ni eficacia.» La guinda del pastel, hasta marzo de 2005, un accionista importante de Anvil Mining era la empresa canadiense First Quantum (con el 17,5 % de las acciones), denunciada en 2002 en un informe de la ONU sobre la República Democrática del Congo por no respetar las directivas de la OCDE sobre las multinacionales. Es decir, ¡desde el comienzo el terreno estaba minado! ¿Cómo el Banco Mundial, a través de la AMGI, pudo continuar dando su garantía a una empresa que había demostrado que no respetaba los derechos fundamentales de los habitantes de la región de Kilwa? Ofrecer su garantía en esas condiciones es convertirse directamente en cómplice de las condenables acciones de Anvil Mining.

En el Chad, desde el origen del proyecto de construcción de un oleoducto de 1.070 km de longitud que une la región petrolífera de Doba (Chad) con la terminal marítima de Kribi (Camerún), el apoyo que recibió del Banco Mundial despertó la alarma de numerosas organizaciones ecologistas, de defensa de los derechos humanos y de solidaridad internacional. Los riesgos ecológicos, humanos y financieros eran exorbitantes desde el comienzo, a tal punto que Shell y Elf decidieron abandonar el proyecto. Pero el consorcio final que agrupaba a Exxon Mobil y ChevronTexaco, de Estados Unidos, y Petronas, de Malasia, pudo llevar a término ese proyecto de 3.700 millones de dólares gracias al potente apoyo estratégico y financiero del Banco Mundial.

Para justificarse, el Banco Mundial había comprometido su credibilidad en un programa piloto que debía permitir a la población chadiana aprovechar los beneficios obtenidos. Realizando así su inversión más importante en África negra, impuso al presidente del Chad, Idriss Déby, que dedicara el 90 % de los ingresos por la venta de petróleo a proyectos sociales seleccionados con su aval y a inversiones en la región de Doba. El 10 % restante debía estar reservado a las generaciones futuras y fue depositado en una cuenta bancaria bloqueada en el Citibank de Londres, bajo el control del Banco Mundial.

Pero ese plan fracasó al apropiarse Déby de parte de las sumas destinadas a las generaciones futuras: por lo menos 27 millones de dólares. Además, cambió las reglas del juego, incluyendo los gastos de seguridad en la definición de sectores prioritarios financiados con los ingresos petroleros. Debilitado por las fuertes tensiones sociales, por las tentativas de derrocamiento y deserciones en el ejército, Déby trató de reforzar su dispositivo militar y represivo. El Banco Mundial reaccionó en diciembre de 2005 bloqueando los préstamos en curso para el Chad, aparentando que acababa de descubrir la naturaleza autoritaria y corrupta del régimen, cuando ese proyecto, que apoyaba desde hacía una década, había permitido a Déby consolidar su poder y aumentar su fortuna personal.

El atronador discurso de los expertos del Banco Mundial sobre la buena gobernanza, la corrupción y la reducción de la pobreza no era más que una siniestra farsa. En abril de 2006, presionado por Washington, el Banco Mundial reanudó su apoyo al proyecto después de haber concedido al gobierno de Idriss Déby permiso para utilizar a discreción el 30 % de los ingresos petroleros (en lugar del 10 % previsto hasta ese momento). Estaba claro desde el comienzo que ese proyecto iría a enriquecer a un dictador notorio que acaba de permitirse un corte de manga magistral. En realidad, una vez más, todos hicieron lo que se esperaba de ellos. El Banco Mundial hizo posible un oleoducto que permite a las multinacionales petroleras apropiarse de una riqueza natural y a sus accionistas realizar enormes beneficios. Y el presidente del Chad (en ese momento Idriss Déby) continuaba robando las riquezas de su pueblo.

Aunque el gran ganador de la explotación petrolera chadiana es el consorcio, el Estado del Chad percibe el 12,5 % en royalties sobre la venta directa de este petróleo así como las tasas y bonos diversos depositados directamente en el Tesoro público. El primer bono, depositado como adelanto, no fue un modelo en su género: 7,4 millones de dólares habrían sido desviados. Además, otro desfalco de 4,5 millones de dólares habría servido para la compra de helicópteros para el hijo del presidente. El Banco Mundial estaba al corriente, pero también estaba muy implicado en el proyecto y no rechistó.

La corrupción y la dictadura del Chad deben ser denunciadas y combatidas, pero no será suficiente. El Banco Mundial es un elemento determinante de un proyecto que endeuda enormemente al Chad, que agrava a la vez la corrupción y la pobreza, deteriora el medio ambiente y permite la explotación abusiva de un recurso natural. En resumen, allí como en otros lados, el Banco Mundial sostiene un modelo de proyecto predador y una dictadura corrupta con perfecto conocimiento de causa. En abril de 2021, el dictador Idriss Déby murió en un combate contra rebeldes….

Hay que señalar que una evaluación encargada por el Banco mundial y comunicado a la dirección del mismo en 2009, consideraba que el proyecto era un fracaso desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, con respecto al medio ambiente y a la buena gestión pública: «La evaluación constata que el objetivo fundamental de desarrollo del programa, a saber la reducción de la pobreza y la mejora de la gobernanza en el Chad gracias a la mejor utilización posible de los ingresos del petróleo, de manera duradera sobre el plano medio ambiental y social, no se alcanzó. Estima, por lo tanto, que el resultado global del programa no es satisfactorio a pesar del éxito técnico y financiero del proyecto del oleoducto principal.» [4]

Como otros países africanos, el Chad está siempre enfrentado a un endeudamiento muy alto, ahora en un contexto de coronavirus y bajos precios para el petróleo (su principal producto de exportación).

En 2021, el Chad ha sido el primer país en pedir una reestructuración de la deuda. El FMI anunció la decisión del Chad en una declaración concerniente a un nuevo programa de cuatro años, de un valor de aproximadamente 560 millones de dólares, en el marco de facilidades de crédito y fondos ampliados.

Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales chadianas de mayo de 2024 confirmaron la consolidación a largo plazo en el poder de Mahamat Déby, hijo del dictador fallecido en abril de 2021. Los chadianos se preparan para un nuevo ciclo de gobierno autoritario. Helga Dickow tiene razón al escribir: «Varios incidentes han demostrado que el uso de la fuerza del hijo supera al de su padre. El 20 de octubre de 2022, varios centenares de personas fueron asesinadas a tiros durante las manifestaciones contra la candidatura de Mahamat Déby a las elecciones. La presión sobre la oposición se intensificó con la ejecución del líder opositor Yaya Dillo el 28 de febrero de 2024. Dillo era primo de Mahamat Déby y un serio candidato a la presidencia. Tras su asesinato, casi toda la oposición fue silenciada.»Chad: Mahamat Déby confirma la continuidad del régimen autoritario tras su victoria electoral”, The Conversation, 7 de junio de 2024, https://theconversation.com/tchad-mahamat-deby-confirme-la-continuite-du-regime-autoritaire-apres-sa-victoire-electorale-231692.