El crimen histórico de la usurpación
Aldemaro Barrios R|
Como si se tratara de una película de ficción, los crímenes de “usurpación” suelen ocupar espacios noticiosos amarillistas en la prensa internacional asì como lo hacen innumerables producciones cinematográficas sobre estos casos. Traemos a la memoria una película norteamericana producida para la red Netflix en internet, citada en el diario Correo del Orinoco de Caracas el 16 de noviembre de 2016 cuando destacaron la obrade ficción“The True Memoirs of an International Assassin” (La verdadera historia de un asesino internacional).
Se trata de una narración del personaje Sam Larson, un ciudadano norteamericano común y corriente que se dedica a escribir un libro de aparente ficción sobre un asesino internacionalcuyo personaje principal es Rosa Bolívar una agente de DEA, que intenta hacer justicia asesinando a un “presidente corrupto” cuyo nombre es Miguel Cueto, es un escenario latinoamericano, donde aparece la bandera de Venezuela. La trama se enreda con la participación de un terrorista ruso mafioso asociado las guerrillas colombianas que se mezclan en el guion complicando la conspiración en la que la usurpación resulta un modelo para infiltrarse en el “poder político” y lograr el clima dramático de la película.
Lo que no es película pero que los venezolanos y el mundo observamos con asombro es el nombramiento de personajes públicos venezolanos que se arrogan funciones públicas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General y hasta Presidente fuera de ley y fuera del territorio nacional, es inédito para la historia de Venezuela.
La escena más parecida a esta “ficción política” que se está desarrollando en Colombia, fue la ocurrida el 11 y 12 de abril de 2002, cuando luego de una artera composición o descomposición política violenta, en la que perecieron venezolanos tanto del chavismo como de la oposición, la derecha venezolana, golpe mediante, se apoderó de la presidencia por un lapso de 48 horas mediante la usurpación de cargos públicos.
¿Qué es lo que se trae esta trama política que tiene como escenario Colombia? ¿Por qué el gobierno colombiano se hace el desentendido ante un crimen que tiene connotaciones internacionales y que está instituido en el Código Penal Colombiano? Las respuestas debe darlas el gobierno colombiano.
Pero aguas adentro y de acuerdo a las leyes venezolanas, esta “película” tiene connotaciones muy serias, citamos del Código Penal Venezolano: Capítulo VI. De la usurpación de funciones, títulos u honores, Artículo 213: “Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse eliminado el cargo.
Podrá disponerse que, a costa del condenado, se publique la sentencia en extracto, en algún periódico del lugar que indicará el juez”
Para el Código Penal Colombiano este delito es muy preciso lo señala el artículo 425: El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.
Pareciera inútil pedirle explicaciones al Gobierno de Colombia, toda vez que su gobernante forma parte del “cartel” de mandatarios que se confabulan contra Venezuela en el Grupo de Lima por vía del garrote norteamericano y que tendrá su próxima movida para excluir a los venezolanos en la cumbre continental próxima a realizarse en Perú, donde recientemente el Presidente Pedro Pablo Kuczynsk renunció desvergonzadamente.
No hay más nada que agregar, todo está dicho, pero los hechos corroboraran una hipótesis que desencadenaría de nuevo ríos de gente reclamando sus derechos políticos en una América Latina cuyos pueblos se movilizan de manera sistemática como un volcán andino que anuncia la salida del magma social desde las entrañas de la tierra.
